Si es de los nuestros es menos corrupto

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Imagen: DP.
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Cada vez se hace más difícil abrir un periódico sin recordar aquella escena de Atrapado en el tiempo en la que Bill Murray repite ante las cámaras «hoy es el día de la marmota…otra vez». Cambiemos Granados por Rus, Pretoria por ERE, Taula por Aquamed. Y así podríamos seguir, tejiendo una larga lista de ejemplos que, bajo el nombre de «corrupción» o «escándalo político» implican el mal uso de los recursos públicos.

Puestos a repartir culpas y buscar remedios, ¿en quién debemos fijar la atención? Lo más sencillo es empezar por los propios corruptos. ¿Quién sino ellos deberían ser los primeros en responder ante la ley y la ciudadanía por el uso fraudulento del dinero de todos? Y seguir con los partidos políticos, que están obligados a garantizar la honestidad de sus miembros. Sin olvidarnos, claro está, de la propia Administración pública, que debería contar con mecanismos eficientes de control y supervisión de este tipo de escándalos. Pero, como votantes, ¿no tenemos ninguna responsabilidad en esta sucesión de escándalos de corrupción? Porque lo que no deja de sorprender es que, elección tras elección, muchos políticos denunciados por corrupción sigan siendo elegidos como si nada hubiese ocurrido. ¿Qué nos lleva a seguir votando por políticos corruptos?

Muchos son los factores que hay que tener presentes al analizar cuál es el impacto real de la corrupción en los resultados electorales. Uno de ellos es la difusión que hacen los medios de comunicación. Otro son las alternativas que tienen los votantes a la hora de depositar su voto. Estos dos factores parecen evidentes. Pero hay un requisito indispensable que es menos inmediato: para que los escándalos sean castigados en las urnas es esencial que los votantes conciban esos escándalos como una actividad corrupta. Es decir, como un abuso de poder público para obtener un beneficio particular. Esta conversión de un escándalo en una actividad corrupta implica un proceso mental en el que entra en juego un juicio de valor que depende de cada persona. En principio, parece razonable suponer que una persona juzgará de la misma manera dos casos idénticos de corrupción. Así, si un político es denunciado por un escándalo de blanqueo de dinero esperaríamos que la justicia le juzgase del mismo modo ya fuese del partido X o del partido Y. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando somos nosotros los que tenemos que decidir si continuamos votando o no a un político acusado de corrupción y con el que compartimos la misma ideología? ¿Afectará esa coincidencia ideológica al juicio valorativo que hagamos del escándalo? ¿Nos hará más tolerante a la corrupción en el caso de que sea de «los nuestros»?

Una de las explicaciones de que los casos de corrupción no sean tan penalizados en las urnas como cabría esperar es que algunos ciudadanos puedan mostrarse más tolerantes con la corrupción en función de si el político o el partido es de los suyos. Este sesgo partidista vendría a implicar un ejercicio de disonancia cognitiva consistente en que si el acusado es «de los nuestros» decidamos relativizar la gravedad del escándalo. Si es así, la ideología o el grado de vinculación partidista jugará un rol crucial en cómo los ciudadanos perciben las denuncias de corrupción, y en cómo trasladan estas percepciones a su comportamiento electoral, ya sea decidiendo votar al mismo partido, abstenerse o votar a un partido rival.

Existen varios experimentos que han intentado evaluar esta hipótesis. Es decir, si realmente la ideología política y el nivel de partidismo afectan al juicio de valor que hacemos de los escándalos de corrupción. Los investigadores Eva Anduiza, Aina Gallego y Jordi Muñoz realizaron una interesante encuesta online en la que se enseña a los participantes una noticia sobre un escándalo político. De forma aleatoria asignaron este escándalo al alcalde del partido del encuestado, al alcalde de un partido distinto o a un alcalde sin una afiliación política concreta. Este estudio muestra que la evaluación de la gravedad de un escándalo de corrupción depende de que el votante comparta o no la ideología política con el acusado. Es decir, somos mucho más tolerantes con la corrupción si quien la realiza es de los nuestros.

También utilizando el caso español, que tan fructífero se ha vuelto en los últimos años para los que estudiamos las causas y efectos de la corrupción, he analizado el impacto de los escándalos en la participación electoral. Los resultados van en la misma línea que los obtenidos por Anduiza, Gallego y Muñoz. Aquellos ciudadanos con un menor grado de vinculación política con un partido en concreto son los únicos que, como consecuencia de la corrupción, deciden quedarse en casa el día de las elecciones. Un resultado que surge de este estudio es que los partidarios del partido acusado no solo no reducen su probabilidad de ir votar sino que ni siquiera consideran que haya tenido lugar la corrupción. De nuevo se observa que el grado de rechazo con las actividades delictivas depende en gran medida de que compartamos con ellos la misma ideología.

Pero no debemos sacar consecuencias apresuradas sobre el comportamiento de los votantes españoles. Este distinto grado de tolerancia a la corrupción en función de que sea o no la de los nuestros se da también en otros países. A partir de usuarios de Facebook un estudio para Brasil también identifica la ideología como un buen predictor de la ausencia de castigo electoral a los políticos corruptos. Aunque en este caso parece que la mayor tolerancia a la corrupción en función de que sea o no «de los nuestros» se produce solo en el caso de prácticas clientelares, pero no cuando el escándalo implica el robo de dinero.

Otro experimento aporta también información de interés sobre el comportamiento electoral en casos de corrupción. En México se repartieron de forma aleatoria papeletas informativas de las competencias y niveles de gasto público local días antes de las elecciones municipales de 2009. En algunos casos se informó también a los ciudadanos sobre la existencia de escándalos de corrupción en su localidad. Esta información tuvo un efecto general de reducir la participación electoral. Los votantes estaban menos dispuestos a participar en las elecciones si sabían que sus representantes se estaban beneficiando ilícitamente del sistema. Pero lo interesante de este caso es que cuanto más informados estaban los individuos sobre los escándalos de sus alcaldes menos probable era que se identificasen ideológicamente con ellos. El canal entre ideología y percepción de la corrupción parece que juega en los dos sentidos.

La conclusión que podemos sacar de todos estos estudios apunta en una misma dirección: los votantes evalúan de forma distinta un mismo caso de corrupción si el político implicado es o no de los suyos. Esto podría explicar, al menos en parte, por qué hemos visto en España la reelección de candidatos implicados en diversos escándalos. Si sus votantes no lo consideraban corrupción, ¿por qué castigarles retirándoles su voto?

Sin embargo, hay espacio para la esperanza. Por un lado, se observa que un mayor grado de información política reduce nuestra tolerancia a la corrupción aunque sea la de los «nuestros». A la vez, el número de alternativas políticas entre las que elegir reduce también el efecto de nuestra ideología a la hora de evaluar un caso de corrupción. En una situación en la que existen muy pocos partidos —o incluso solo dos, PP y PSOE— el coste emocional de votar al partido rival es muy elevado. El escenario multipardista surgido de las elecciones del 20D, unido a una información cada día mayor de los escándalos políticos, trae una gran oportunidad para que la corrupción sea finalmente penalizada en las urnas. Quizá podamos confiar en que, cada vez más, al abrir un periódico no nos sintamos atrapados en el tiempo de la corrupción, como le sucedía a Bill Murray con la marmota.

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43 comentarios

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