(Viene de la segunda parte)
El golpe militar de 1648 dejó un Parlamento en el que, al menos sobre el papel, ya no quedaban partidarios de entablar negociaciones con el rey. Sin embargo, enjuiciar al monarca bajo cargos de traición era un extremo que no todos los parlamentarios, ni siquiera después de las purgas políticas, veían con buenos ojos. Primero, porque juzgar y (como era presumible) condenar a un monarca en posesión del título era algo inaudito, algo cuyas consecuencias resultaban imposibles de prever. Durante la Edad Media, varios monarcas ingleses fueron asesinados como resultado de conspiraciones diversas, pero desde la modernización de las instituciones no se había visto, ni imaginado, que un rey en activo fuese juzgado ni, por descontado, llevado al cadalso. En 1471, Enrique VI murió prisionero en una celda, aunque en ese momento ya no era monarca, pues Eduardo IV le había arrebatado el trono después del conflicto sucesorio conocido como la Guerra de las Rosas (la misma que, cuentan, inspiró en parte la saga de novelas Canción de hielo y fuego y la posterior serie Juego de Tronos). En 1554, Juana de Inglaterra fue ejecutada tras un breve reinado de nueve días, pero en el momento de su ejecución también había sido despojada del título y sustituida por otra reina, María Tudor. En estos casos, pues, se había juzgado y ejecutado a ciudadanos que ya no eran reyes. También se había decapitado a antiguas reinas consortes, como las famosas Ana Bolena y Catalina Howard, ex-esposas de Enrique VIII, pero que también habían sido despojadas de su condición real.
Lo de Carlos I era distinto; estaba prisionero, sí, pero no había sido destronado. Dado el concepto de legitimidad que existía en la época, este hecho hacía indeseable un juicio por traición que pudiese dejar una Inglaterra sin rey, perspectiva chocante para la mayor parte de los ciudadanos. Tanto era así, que incluso algunos de los escasos políticos republicanos de su tiempo, como Algernon Sidney, opinaban que el procesamiento de un rey no estaba previsto por las leyes y que, por tanto, el juicio de Carlos era un disparate que no debía llevarse a cabo. Imaginen, pues, lo que pensaban quienes sí eran monárquicos. Esto es, la inmensa mayoría de los ingleses.
El regicidio
Poco importaba esto a Oliver Cromwell, que no planeaba detenerse ante obstáculos legales. Desde el momento en que se sintió traicionado por el rey, parecía haber sufrido una metamorfosis política y, con el ejército detrás, se había convertido en un poder fáctico imposible de ignorar. Alejado de los debates, continuaba en un aparente segundo plano, pero el núcleo duro del partido puritano no deseaba llevarle la contraria y lo único que podían hacer quienes se oponían a él era apartarse del Parlamento o, en un arrebato de valentía, protestar sin gran efecto. El 4 de enero de 1648, el espinoso asunto del juicio al rey debía ser votado durante una sesión parlamentaria raquítica a la que solamente se presentaron setenta comunes y una docena de lores (los muchos parlamentarios ausentes, como es obvio, habían preferido no inmiscuirse). Los comunes, como estaba previsto, aprobaron el decreto de enjuiciamiento. Los lores, resistiéndose aún a la idea de perder el paraguas social que era la figura del monarca, ejercieron su derecho de veto y paralizaron el decreto. Para sortear este inconveniente y organizar un juicio de todos modos, los comunes redactaron una ley ad hoc que ya no estaba sujeta a veto, medida muy dudosa de la que tampoco existía precedente alguno (la validez jurídica de esa ley era, en opinión de muchos, inexistente). Pese a la inútil protesta de los lores, la controvertida ley fue puesta en práctica y se confeccionó un tribunal cuya premeditación para obtener una sentencia condenatoria era tan evidente que Thomas Fairfax, jefe del ejército y, como tal, miembro por derecho del tribunal, solicitó ser apartado de la causa. Fairfax deseaba un juicio justo, al menos dentro de los parámetros de justicia que se manejaban en su tiempo, y se negó a seguir participando cuando comprobó que todo parecía diseñado para asegurar la condena del rey. Su decepción era compartida por otros. Se nombró a ciento treinta y cinco «comisionados» para que estuviesen presentes en el juicio y ejerciesen como los ojos y oídos del pueblo inglés representado por el Parlamento. Esos comisionados debían votar el veredicto final. Pues bien, algunos de ellos se atrevieron a rehusar el nombramiento, negándose a participar en un proceso que consideraban ilegal.
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Brillante!!!
uuuu! que malos eran los republicanos! mejor una monarquia…
El comentario es de coña, ¿no?
Pues malos siempre hay, y tontos, y ladrones y todo lo demás. Pero con la monarquía no les ha ido mal a los ingleses. O si?..
Una duda: ¿por qué no se considera a María Estuardo como precedente?
Hola, Fer:
María Estuardo ocupó el trono de Escocia, no de Inglaterra (la que sí fue reina de Inglaterra fue María Tudor). En cualquier caso, cuando María Estuardo fue juzgada y ejecutada ya no era reina porque había abdicado, si bien obligada, en favor de su hijo.
Un cordial saludo.
Creo que el precedente de la abuela paterna de Carlos I, María Estuardo, debió haberse mencionado. Cuando ella huyó a Inglaterra y fue enjuiciada, se le ofreció que renunciase a su corona, cambio de su libertad y una pensión, a lo que ella se rehusó («mis últimas palabras serán las de una reina de Escocia»).
El tratamiento recibido durante sus 19 años como prisionera correspondió al de una reina y la misma perplejidad que sintió el parlamento inglés cuando enjuició a Carlos I la sintieron, en su momento, los que la enjuiciaron, quienes en vano buscaron en los anales de la historia precedentes que justificaran su procesamiento y condena. Abuela y nieto compartieron el mismo cruel destino
Y en eso estamos todavía.
Sigo pendiente de ver como avanza esta «novela» por entregas… Muy interesante
El relato que de este dramático episodio de la historia inglesa (fue la segunda revolución republicana triunfante en Europa en la Edad Moderna después de la sublevación de las Provincias Unidas en 1568) hace E.J. Rodríguez me ha parecido magníficamente expuesto. Unicamente me atrevería a apuntar que quizás conceda un excesivo papel a los protagonistas, Carlos I, Cromwell o Fairfax, cuando cada uno de ellos representaban sectores sociales en conflicto, (aristocracia terrateniente, burguesía comercial y militares, simplificando mucho), cuya resolución a favor de los segundos explicaría el rumbo que tomó la revuelta parlamentaria en la inmediata expansión colonial y comercial inglesa, convirtiéndose en formidable rival de la otra potencia marítima y mercantil, las Provincias Unidas.
Por lo demás, reitero mis felicidades al autor y desde nuestro común pasión por la historia le envío un cordial saludo.
Ya está tardando la siguiente entrega …
Muy buen artículo!
En cierta parte de esta lectura se me paso -tambièn- por la cabeza la idea de que Maria Estuardo aparecerìa, tarde o temprano, como precedente; no fue asi, la justificaciòn del autor me parece acertada. Brinllante.