Quiero ser marquesa

Me encanta Ágatha Ruiz de la Prada: está en todos los medios de comunicación, habla de su vida y de sus sentimientos íntimos a un objetivo circular, tras el que hay miles de ojos, como si estuviera delante de la celosía de un confesonario. No utiliza palabras soeces para poner verde a su ex, es amable, simpática, muy educada y, sobre todo, muy alegre. Tiene clase y, a la gente con clase desde la cuna se le nota mucho. Es ella. Sea lo que sea lo que haga, siempre es ella. Admiro esa conquista del yo.

Me gusta que a Mercedes Milá le importe un pimiento tener la piel surcada de arrugas y que no se las quiera rellenar de ácido hialurónico. O que haya ido perdiendo pudor de programa en programa: ya mostraba muy poco en el Buenas noches (1982-84) de TVE cuando miraba fijamente a los ojos a los entrevistados y mostró menos todavía cuando se puso al frente del Gran Hermano, donde tuvo mando en plaza sin amilanarse —valga el juego de palabras—. No tuvo reparos en vestirse con modelos imposibles o directamente inclasificables. Ella lo valía.

Me da mucha pena que se haya acallado la voz de una pariente suya, Pilar Vila-San Juan, periodista de primera vocación y religiosa de la orden que regenta un colegio para niñas pobres en Lahore (Pakistán). Relató con mucha seguridad, en algunas televisiones que la contactaron, el desastre que supuso en esa zona el terremoto de 2005, y dejó a Carlos Herrera sin palabras —ya es difícil— cuando le contó, en directo, que a Bin Laden lo conocía allí todo el mundo porque iba a un hospital cercano a tratarse su problema de riñón; desmontaba el costoso operativo secreto de las potencias capitalistas con el desparpajo propio de los bien criados miembros de la burguesía catalana. Y utilizando un castellano académico sin tachas.

Admiro a Natalia Figueroa, que se casó en 1972 con Raphael, cinco años menor que ella, de otra escala social y, a pesar de sus grandes triunfos como cantante, un hombre sobre el que planeaba, en aquellos años de bisoñez extrema, la sombra del armario. «Digan lo que digan», han transmitido amor y estabilidad y él no se cansa de contar que sin ella no habría sido nada.

Creo que a Isabel Preysler habría que estudiarla en las facultades de Sociología porque revolucionó el concepto de familia en España mientras se aprobaba la Ley del Divorcio de 1981. Se atrevió a hacer lo que era más propio de los hombres y de mujeres extranjeras: tener varios maridos sucesivos y tener hijos con todos ellos. Una familia poliédrica en la que cada miembro tiene, a su vez, hermanos de otros progenitores, un caleidoscopio de apellidos que podrían llenar, ellos solos, un salón de celebraciones o una sala de cine de las de ahora. Eso lo hacían, hasta ese momento, los pobres y las gentes sin prejuicios ni educación en valores (de la época). Desde la elegancia de la revista del corazón más chic, fue transformando la mentalidad de los españoles sin perder la compostura y ejerciendo una fascinación tal que se convirtió en un modelo al que seguían las consumidoras de aquellas páginas satinadas; un personaje que ha servido para protagonizar un roman à clef de cierto éxito comercial firmado por Carmen Posadas. 

Me asombró la impavidez de Cayetana Álvarez de Toledo al recibir las palabras con las que el líder de Podemos le contestó el pasado 27 de mayo en el Congreso de los Diputados. La dialéctica venía de largo, pero giraba en torno a ellos mismos y sus procedencias sociales sin que el propósito de tal diálogo se recuerde ahora con exactitud. Un ejercicio de yoísmo por ambas partes en el que la una le acusó, sin pestañear y sin cambiar el tono de voz, de ser el hijo de un terrorista y el otro la llamó señora marquesa hablando despacito para que las palabras cayeran como carámbanos y no como simples gotas de agua. Seguramente no se atrevió a espetarle un ¡privilegiada! y la llamó marquesa porque trasladaba el concepto de clase social a las meninges de sus votantes sin que él mismo quedara involucrado en el diagnóstico.

Todas tienen o han tenido un título nobiliario porque lo han heredado o lo han disfrutado constante matrimonio. Hay otras nobles a las que solo se conoce si se anda en ese mundillo o se hojea papel cuché en salones de estética y consultas de médicos no aficionados al aeromodelismo. Algunas han tenido que pelear para disfrutar de ellos en procesos que han traspasado muy poco el ámbito privado. La discreción es la premisa fundamental del ambiente aristocrático aunque hemos llegado a enterarnos de algunos procedimientos judiciales en los que se litiga por humo; porque eso son ahora los títulos nobiliarios, humo. Muy costoso, por cierto.

Hablar de todo lo que pueda concernir a la nobleza, con la que está cayendo, puede parecer frívolo y vano porque se trata de una institución medieval, perteneciente al Antiguo Régimen, que remite a un modelo de sociedad en el que un grupo reducido de personas disfrutaba de privilegios inaccesibles al resto de la población.

A lo largo de la historia, nobleza y monarquía han sido dos conceptos indisolublemente unidos. El desarrollo del constitucionalismo y la aparición de los regímenes republicanos fueron cercenando esa y otras instituciones obsoletas, vaciándolas de contenido o haciéndolas extensivas —vulgarizándolas— a nuevos grupos sociales, especialmente a los burgueses que tomaron el mando a partir del siglo XIX.

La regulación legislativa española viene de muy antiguo y ha sido muy poco dada a los cambios. Las Partidas de Alfonso X el Sabio (s. XIII) y la Leyes de Toro (s. XVI) establecieron las normas que durante siglos han regido las concesiones que los reyes hacían a aquellos súbditos que servían provechosamente a sus intereses. La disposición de bienes y mercedes que hacían los monarcas era consustancial al sentido patrimonial que se tenía de los reinos: todo esto es mío y dispongo de ello a mi antojo. 

Nadie discutía un modelo jerarquizado inscrito en el ADN de aquellas sociedades en las que no existía el concepto de ciudadano, es decir, de sujeto de derechos y obligaciones susceptibles de ser protegidos por la ley. Bajo el cetro real se hallaba el estamento de los privilegiados, que comprendía tanto la nobleza titulada como la no titulada y los miembros del clero (de alto standing, no los de diario), y por debajo, el resto de gentes.

La nobleza titulada contaba a su vez con las categorías de duque, marqués, conde, vizconde, barón y señor mientras que la no titulada estaba representada por los hidalgos, los caballeros y los maestrantes.

La concesión de un título llevaba generalmente aparejada la de unas tierras y unos siervos sobre los que se otorgaba jurisdicción; en el documento legal que se entregaba al agraciado se establecía además la manera en la que se podía ostentar dicho título, la duración, la forma de trasmisión, la herencia y otras cuestiones que lo regulaban específicamente, aunque había algunas normas que se repetían en casi todos ellos. La tónica habitual era el establecimiento del mayorazgo, es decir, la cesión de todos los bienes y derechos al primogénito o al primero de los varones, saltándose a las hembras si es que habían tenido la mala pata de nacer antes que sus hermanos menores. Ya se sabe que, en aquellos tiempos, imperaba la norma de «donde hay barbas no preceden faldas».

Hubo pocos cambios hasta que, en el siglo XVIII, los pensadores ilustrados dirigieron su atención a las estructuras que les eran contemporáneas y publicaron textos en los que se planteaban nuevas visiones sobre el individuo, el poder y las relaciones entre unos y otros. El Antiguo Régimen empezó a tambalearse en Europa con la Revolución francesa de 1789 y las constituciones hicieron su aparición para establecer sistemas políticos y normas de convivencia en las que ya no tendrían cabida los privilegios de antaño.

La sociedad estamental dio paso a la sociedad de clases; el nacimiento ya no era conditio sine qua non para ocupar un lugar aventajado y la capacidad económica empezó a ser definitoria de la importancia social de los seres humanos.

La nobleza se veía amputada de sus prerrogativas por los propios reyes que, presionados por los nuevos grupos de poder, legislaban a la baja: el rey Carlos III permitió, mediante una Real Cédula de 1783, el acceso al mundo laboral manufacturero de los nobles e hidalgos desocupados —que se contaban por miles en aquellos años— que pertenecían a casas solariegas y que, en su mayoría, no tenían donde caerse muertos por no haber nacido primogénitos o por estar atrapados en sus prohibiciones de casta.

En octubre de 1820 se aprobó un decreto que suprimía los señoríos, los mayorazgos y las jurisdicciones que algunos nobles ejercían sobre sus tierras al tiempo que se desvinculaban los cargos públicos de la condición de ser titulado nobiliario. Aun así, los reyes seguían conservando la capacidad de nombrar y otorgar esas dignidades que durante el siglo XIX seguían formando parte y esencia del nombre civil del que las ostentaba. Los privilegios ya no eran de carácter político, pero seguían ejerciéndose en lo social y en lo económico cuando daban acceso a la educación o a la posesión de latifundios y tierras de labranza que constituían la base de una economía preindustrial.

La llegada del siglo XX trajo nuevas regulaciones en 1912 y 1922 sobre concesión y rehabilitación de grandezas, así como del uso de los títulos, sus precedencias y tratamientos, aunque todo quedó en suspenso durante la II República que prohibió expresamente la concesión y el uso de títulos nobiliarios y los apartó de la esencialidad del nombre propio que distingue a cada individuo. 

Cuando Franco, en 1948, restableció la legalidad nobiliaria anterior a la Constitución de 1931, se abrogó el derecho, hasta entonces solo real, de conceder y otorgar noblezas, aunque hubo algo que mantuvo de los avances republicanos: el nombre, que distingue entre sí e iguala legalmente a las personas, quedaba formado en exclusiva por el llamado nombre de pila y por los dos apellidos que identifican a la familia de procedencia aunque, lo que hoy nos parece tan básico, no fuera regulado hasta 1957 con la Ley General de Registros Civiles. Un título nobiliario no forma parte del nombre, es un adorno, un honor, una referencia sin valor legal alguno.

La Constitución de 1978 dejó unas cuantas puertas abiertas al universo cada vez más inefable y polarizado de la nobleza titulada, con una parte atrincherada en rancios postulados y otra subida al carro de lo que, en propiedad, pueda dar significado a la palabra nobleza: la herencia verdadera de aquellos aristoi griegos que dieron sentido a un comportamiento basado en la lealtad, la honestidad y la solidaridad de los seres humanos. Los mejores.

El constitucionalismo trasvasó al Estado todas las capacidades que eran inmanentes a la autoridad real, entre ellas, la de castigar las conductas contrarias a la convivencia y al bien común y esa capacidad de perseguir el delito se tradujo en leyes recogidas por el Código Penal que ya no dependía de la voluntad de uno solo. Pero si la monarquía tenía tanto la prerrogativa de penar como la de premiar, el Estado debía asumir también la cara B de la moneda, la de las recompensas, estableciendo una serie de normas que sirvieran para galardonar las buenas conductas de los ciudadanos recogidas por el llamado derecho premial o, como se le conoce en el argot universitario, el derecho fantasma. 

Y aquí apareció la disyuntiva entre la tradición nobiliaria y el reconocimiento a los ciudadanos de a pie, dualidad que se resolvió asignando al monarca, como jefe del Estado, la capacidad de otorgar honores y distinciones con arreglo a las leyes, en el art. 62, letra f; Los honores y distinciones comprenden tanto títulos nobiliarios como órdenes, medallas, lazos y otras insignias —en los ámbitos civil y militar— que se otorgan en nombre del rey con el consenso del gobierno y de las instituciones correspondientes; se exceptúa la concesión de algunos títulos nobiliarios que pertenecen en exclusiva a la Corona.

La cuestión que tocaba el corazón de algunas damas valientes y encendió un acalorado debate —totalmente intranscendente para la gran mayoría de los españoles— giraba en torno a la preeminencia del varón sobre la hembra: si la concesión de distinciones civiles y militares no diferencia a los ciudadanos por su sexo, los títulos nobiliarios conservaron la rémora de regirse por las mismas normas que la sucesión real en la que prima la masculinidad a la primogenitura (art. 57.1).

¿Tenía algún sentido para esas mujeres pelear por la eliminación de la prevalencia del varón en el ámbito de la sucesión nobiliaria? Aparentemente el mismo que para Edurne Pasabán escalar los catorce ochomiles del planeta. Que cada uno interprete sus motivos.

Margarita Pérez de Seoane consiguió en 1986 que se le reconociera mejor derecho que a sus hermanos al reclamar el ducado de Pinohermoso y el condado de Villaleal. Otras aristócratas se animaron a llevar sus protestas a los tribunales, encabezadas por Isabel Hoyos y Martínez de Irujo que pretendía para sí y sus descendientes el marquesado de Almodóvar del Río; sus argumentos se basaban en el art. 14 de la Constitución del 78 que impide cualquier tipo de discriminación por razón de sexo. 

Llegaron hasta el Tribunal Constitucional que, en sentencia de 3 de julio de 1997, proclamó que tal prevalencia del varón sobre la mujer en la sucesión nobiliaria no vulnera los derechos protegidos por el art. 14. La resolución, basándose en el principio de legalidad, aduce que una dignidad nobiliaria, cuya significación simbólica carece de contenido material, no supone un estatus o condición privilegiada y, por lo tanto, debe regirse por lo que establezca su carta de concesión. 

No conformes con lo fallado, apelaron al Tribunal de Estrasburgo —que dio la razón al TC español— y llegaron hasta el Comité de Derechos Humanos de la ONU que, en el año 2004, rechazó las denuncias presentadas al estimar que «la nobleza está al margen de los valores subyacentes a los principios de igualdad ante la ley y no discriminación».

Mientras tanto, el revuelo de los nobles que se escandalizaban ante tales peticiones levantaba más que polvareda. Don Manuel Taboada Roca, conde de Borrajeiros y abogado especialista en el tema, lanzaba proclamas bajo el epígrafe de «guerra fratricida nobiliaria» desde diversas publicaciones, incluido su tratado «Estudios de Derecho nobiliario» (2001) y sus artículos en la Revista Hidalguía en los que atacaba los argumentos que apelaban al art. 14, reutilizándolos: si no se debe discriminar por razón de sexo, tampoco por razón de edad pues, al otorgar a las mujeres el título nobiliario en detrimento de los varones, se puede estar discriminando a los más jóvenes solo por no haber nacido antes. El análisis es difícil de entender si no se ve desde la perspectiva del jugador de ping pong, de una bola que va y viene.

¿Quién dijo banal? Todo este barullo lleva tiempo y dinero, hace trabajar a tribunales pagados con los impuestos de todos y a instituciones estatales que deben elaborar complejos informes, puede requerir de la intervención de la abogacía del Estado y enfrenta familias. No es cuestión superficial si el título nobiliario se puede registrar como marca de vinos o aceites y de fundaciones de gestión de patrimonios. La titularidad del título, valga la redundancia, se puede patrimonializar y acabar siendo una cuestión meramente económica, aunque su reclamación haya dado comienzo en otro vértice más etéreo.

En 2006, bajo el gobierno socialista de José Luís Rodríguez Zapatero, se aprobó la ley 33/2006 de 30 de octubre sobre igualdad del hombre y la mujer en el orden de sucesión de títulos nobiliarios, con los votos afirmativos de PP y PSOE y con carácter retroactivo —contraviniendo en cierto modo el art. 3 del CC—. 

Quedaba zanjada la controversia al declarar la igualdad entre los sexos también en la nobleza; ninguna ley puede ser ajena a los tiempos que corren y aquí no se trata tanto del objeto en sí como de los sujetos que intervienen: la lucha de esas nobles, al margen de los intereses personales que defiendan, hablan del coraje de enfrentarse a un sistema obsoleto al que, seguramente, están inyectando vida. He ahí el orgullo con el que Alejandra Romero Suárez, duquesa de Suárez, e Isabela Carvajal y Falcó, heredera del marquesado de Almodóvar del Río, defienden sus legados.

Esta tabula rasa del siglo XXI debería llevar a que se las mire sin prejuicios, quizá como individuos y no como clase: han peleado porque se oiga su voz en un ámbito en el que, de entrada, se las descalifica; el sacrificio y el espíritu de lucha se atribuyen a las componentes de otras esferas sociales y no a ellas porque las penas con pan son menos pero no se puede soslayar que, como aquellos ciudadanos atenienses que desde una posición de poder pusieron los pilares de lo que llamamos democracia, también son observadas y copiadas en sus actitudes (aunque sea secretamente) y en su audacia al defender sus posiciones. 

La nobleza, como cualidad positiva, especialmente de una persona —RAE— también se puede educar y ya se sabe que no existe nada más democrático que la educación cuando sirve para tener en cuenta al otro, cuando incluye, cuando no deja a nadie fuera y expresa respeto absoluto por el semejante.