
La histórica sentencia contra Myanmar por el genocidio de los rohingyas recupera uno de los episodios más oscuros de la historia de las redes sociales. Una década después, las preguntas sobre los algoritmos, el poder tecnológico y la responsabilidad de las plataformas siguen sin resolverse. El genocidio de los rohingyas en Myanmar tuvo también una dimensión digital. Facebook desempeñó un papel importante en la difusión de la propaganda militar y los discursos de odio que acompañaron la persecución de esta minoría musulmana. No hubo ninguna orden de exterminio firmada por Facebook. Ningún algoritmo empuñó un arma ni incendió una aldea. Pero durante años, una de las mayores plataformas de comunicación del planeta contribuyó a distribuir propaganda, alimentar prejuicios religiosos y amplificar mensajes que presentaban a una minoría étnica como una amenaza que debía ser eliminada. El resultado fue una tragedia humana que obligó a más de 700.000 personas a abandonar sus hogares.
Este jueves, 19 de noviembre de 2026, la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el principal órgano judicial de Naciones Unidas, ha dictaminado que Myanmar cometió actos de genocidio contra la minoría musulmana rohingya durante las operaciones militares de 2016 y 2017. La sentencia pone fin a siete años de procedimiento judicial y establece un precedente en la aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. El tribunal ha considerado acreditada la intención de destruir una parte sustancial de la población rohingya. Las atrocidades incluyeron asesinatos masivos, violaciones sistemáticas, incendios de poblaciones enteras y desplazamientos forzosos.
La decisión de la CIJ se refiere a la responsabilidad del Estado de Myanmar, no a Facebook. Sin embargo, resulta imposible reconstruir el contexto social y comunicativo de aquella persecución sin examinar el papel que desempeñó la plataforma. Las investigaciones de Naciones Unidas, Amnistía Internacional y otros organismos documentaron cómo las redes sociales se convirtieron en un instrumento de propaganda y deshumanización. En marzo de 2018, Marzuki Darusman, presidente de la misión independiente de investigación de la ONU sobre Myanmar, advirtió del papel determinante de la plataforma en la propagación del odio: «En lo que respecta a Myanmar, las redes sociales son Facebook y Facebook son las redes sociales». Su declaración resumía hasta qué punto una empresa privada había pasado a controlar buena parte del espacio informativo de un país.
Cuando Facebook era internet
Para comprender lo ocurrido en Myanmar hay que regresar a los primeros años de la expansión de internet móvil. En un país que salía de décadas de aislamiento político y tecnológico, Facebook consiguió una posición extraordinaria. Para millones de ciudadanos, utilizar internet significaba entrar en Facebook. La red social se convirtió en un lugar donde consultar noticias, compartir información, participar en conversaciones políticas y conocer acontecimientos nacionales.
Esta identificación entre plataforma y espacio informativo tuvo consecuencias profundas. En sociedades con instituciones mediáticas débiles, escasa alfabetización digital y fuertes tensiones étnicas, la capacidad de una red social para organizar la información puede adquirir una dimensión política extraordinaria. Facebook no era simplemente una aplicación de entretenimiento. Era una infraestructura de comunicación pública, aunque su funcionamiento respondiera a las decisiones comerciales y tecnológicas de una compañía estadounidense.
El ejército birmano comprendió rápidamente las posibilidades de ese ecosistema. Durante años, organizaciones vinculadas a las fuerzas armadas utilizaron cuentas falsas, páginas aparentemente independientes y campañas coordinadas para difundir mensajes contra los rohingyas. La propaganda presentaba a esta minoría musulmana como una amenaza para la identidad budista del país, atribuía a sus miembros comportamientos violentos y difundía rumores destinados a provocar miedo y hostilidad.
Una investigación del periodista Paul Mozur en The New York Times publicada en 2018 documentó una operación de influencia organizada por militares birmanos que utilizaron Facebook para manipular la opinión pública. No se trataba únicamente de individuos expresando prejuicios personales. Existía una estructura de propaganda que aprovechaba las posibilidades de distribución de la plataforma para alcanzar a millones de usuarios.
La violencia no nació en Facebook. La discriminación contra los rohingyas tenía raíces históricas, políticas y religiosas muy anteriores a la llegada de las redes sociales. La población rohingya había sufrido durante décadas restricciones de ciudadanía, movilidad y derechos fundamentales. Pero Facebook proporcionó una herramienta nueva para acelerar la circulación de mensajes hostiles y normalizar su presencia en la conversación pública.
El algoritmo no era un espectador
Uno de los aspectos más relevantes del caso es la diferencia entre alojar contenidos y amplificarlos. Durante años, las plataformas digitales defendieron su posición como intermediarios tecnológicos que permitían a los usuarios publicar información. Bajo esa interpretación, la responsabilidad principal correspondía a quienes producían los mensajes.
Sin embargo, Facebook no se limitaba a mostrar publicaciones en orden cronológico. Sus sistemas algorítmicos seleccionaban contenidos, recomendaban páginas y organizaban la experiencia informativa de millones de personas. El objetivo era mantener la atención y estimular la interacción. Los mensajes capaces de provocar indignación, miedo o enfrentamiento podían encontrar en ese diseño un mecanismo especialmente eficaz de distribución.
En 2022, Amnistía Internacional publicó The Social Atrocity: Meta and the Right to Remedy for the Rohingya, una investigación que examinó la responsabilidad de la compañía en las violaciones de derechos humanos. Su conclusión fue que los sistemas de Facebook habían contribuido sustancialmente a amplificar contenidos que fomentaban el odio contra los rohingyas. La organización también documentó que la empresa había recibido advertencias sobre estos riesgos durante años sin adoptar medidas suficientes.
El informe incorporó documentación interna y testimonios que mostraban los problemas de moderación de la plataforma. Facebook disponía de recursos insuficientes para identificar mensajes peligrosos en birmano y carecía de un conocimiento adecuado de las particularidades lingüísticas, religiosas y políticas del país.
La responsabilidad de una empresa que no disparó
El caso de Myanmar obliga a distinguir responsabilidades. Los responsables directos de las operaciones militares fueron las autoridades y las fuerzas armadas birmanas. La sentencia de la Corte Internacional de Justicia establece la responsabilidad internacional del Estado por actos de genocidio. Facebook no ha sido condenado por ese tribunal ni puede atribuirse a sus algoritmos la autoría material de los asesinatos.
Pero esa distinción no elimina las preguntas sobre la responsabilidad empresarial. Una plataforma puede contribuir a crear condiciones favorables a la violencia sin participar directamente en su ejecución. Puede hacerlo facilitando campañas coordinadas, amplificando contenidos deshumanizadores o ignorando advertencias sobre daños previsibles.
La cuestión resulta especialmente importante porque el negocio de las grandes plataformas depende de decisiones que no son neutrales. Determinar qué publicaciones aparecen primero, qué contenidos se recomiendan o qué mensajes consiguen mayor circulación implica intervenir en la distribución de la atención colectiva. Esas decisiones tienen consecuencias económicas, culturales y políticas.
Tras las investigaciones internacionales, Facebook terminó reconociendo públicamente que podía haber actuado. El propio Mark Zuckerberg tuvo que dar explicaciones. En abril de 2018, durante una comparecencia ante el Senado estadounidense, reconoció que «lo que está sucediendo en Myanmar es una tragedia terrible y tenemos que hacer más». Días antes, en una entrevista con Ezra Klein para Vox, había admitido que algunas personas utilizaban Facebook para incitar a la violencia, aunque defendió la eficacia de sus sistemas de detección. Seis organizaciones civiles birmanas cuestionaron públicamente esa versión y denunciaron la lentitud de la compañía para reaccionar.
Facebook eliminó 52 páginas y 18 cuentas y prohibió la presencia de veinte personas y organizaciones vinculadas al ejército birmano, incluido su comandante en jefe, Min Aung Hlaing. Las cuentas y páginas retiradas acumulaban casi doce millones de seguidores. Las medidas llegaron después de que más de 700.000 rohingyas hubieran tenido que huir de sus hogares durante la ofensiva militar de 2016 y 2017.
Las demandas de los supervivientes rohingyas contra Meta han encontrado importantes obstáculos judiciales. En 2021, dos refugiadas impulsaron una demanda colectiva en Estados Unidos que reclamaba 150.000 millones de dólares por la contribución de Facebook a la violencia. El caso fue desestimado en 2024 y, el 28 de abril de 2026, un tribunal federal de apelaciones confirmó la decisión, al considerar que la Sección 230 de la legislación estadounidense protege a Meta frente a reclamaciones relacionadas con contenidos publicados por terceros, incluso cuando se cuestiona su amplificación algorítmica. Sin embargo, el procedimiento todavía no está definitivamente cerrado: en octubre de 2026, las demandantes anunciaron que buscarían llevar el caso ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Hasta ahora, los tribunales no han examinado el fondo de las acusaciones ni han establecido una responsabilidad indemnizatoria de Meta por estos hechos.
De Myanmar a la inteligencia artificial: cómo evitar otro genocidio digital
El caso de Myanmar no es un episodio aislado. En Etiopía, durante la guerra de Tigray, Facebook también fue acusado de facilitar la propagación de discursos de odio e incitaciones a la violencia. En 2022, familiares de víctimas y organizaciones de derechos humanos presentaron una demanda contra Meta en Kenia, denunciando la insuficiente moderación de contenidos en lenguas locales. En India, distintas investigaciones también han documentado la circulación de propaganda antimusulmana y las dificultades de las plataformas para contenerla. Son conflictos diferentes, pero comparten un problema: la capacidad de las redes sociales para amplificar tensiones preexistentes.
La inteligencia artificial introduce nuevos riesgos. La producción automatizada de imágenes, vídeos y mensajes permite desarrollar campañas de desinformación a gran escala, adaptadas a diferentes comunidades e idiomas. La economista y experta en políticas digitales Francesca Bria ya advertía en 2023 de que «los grandes modelos de lenguaje y la inteligencia artificial, tal como están programados actualmente, podrían multiplicar el impacto y el alcance de las noticias falsas, los discursos de odio y las ideologías racistas». La combinación de contenidos sintéticos, sistemas de recomendación y escasa supervisión humana puede aumentar la capacidad de influencia de quienes buscan manipular la conversación pública.
La experiencia de Myanmar apunta a tres medidas fundamentales: auditorías independientes de los algoritmos, moderación adaptada a los idiomas y contextos locales y mecanismos legales que permitan exigir responsabilidades a las plataformas. «Son imprescindibles unas reformas urgentes de amplio alcance en sus sistemas de algoritmos para prevenir abusos y aumentar la transparencia», advirtió Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, en 2022. En Europa, la Ley de Servicios Digitales (DSA) ya obliga a las grandes plataformas a evaluar y mitigar riesgos sistémicos, incluidos los relacionados con los derechos fundamentales. Pero ¿es suficiente? ¿Hay un marco efectivo para aplicarlo?
La sentencia contra Myanmar establece la responsabilidad del Estado por el genocidio de los rohingyas. La responsabilidad de las plataformas sigue siendo una cuestión pendiente. Casi una década después, el desafío consiste en impedir que las tecnologías que organizan nuestra conversación pública vuelvan a convertirse en instrumentos para alimentar la violencia. El precedente de Myanmar demuestra que las decisiones sobre cómo se distribuye la información pueden tener consecuencias mucho más allá de las pantallas.







