¿Cuánta vida le queda a Christiania?

El cartel que da la bienvenida al visitante es claro: «Estás saliendo de la Unión Europea». No hay ironía en esa frase pintada a mano, justo antes de atravesar la entrada que separa la Copenhague ordenada de una pequeña república libertaria de colores desvaídos, casas autoconstruidas, pasarelas de madera y humaredas dulzonas que flotan sobre Pusher Street. La micronación de Christiania es un organismo extraño en pleno centro de Europa: ni del todo legal, ni del todo clandestino; ni una comuna hippy, ni un parque temático de la contracultura; ni completamente integrada en el Estado danés, ni completamente ajena. Y, sin embargo, desde hace un tiempo, la pregunta que sobrevuela la ciudad no es si Christiania sigue viva, sino cuánto tiempo más podrá seguir siéndolo.

Fundada en 1971 tras la ocupación de unos barracones militares abandonados, Christiania fue una declaración de principios convertida en urbanismo: sin propiedad privada, sin policía, sin jerarquías. Lo que comenzó como un acto de desobediencia civil terminó convirtiéndose en una comunidad autogestionada que ha sobrevivido a gobiernos conservadores y socialdemócratas, a redadas policiales y campañas de prensa, a la especulación inmobiliaria y al desgaste de sus propias contradicciones. El tiempo no ha pasado en vano, y los más de 800 habitantes que hoy la conforman conviven con una idea convertida en legado, y con un legado cada vez más difícil de sostener.

Uno de los principales ejes de conflicto es, desde hace décadas, la venta y consumo de cannabis. Christiania nunca escondió su relación con esta planta: no solo se fumaba, se vendía y se cultivaba, sino que el cannabis era parte de una cultura alternativa que pretendía oponerse a la medicalización, la violencia y la dependencia del sistema. Pero la tolerancia informal que se mantuvo durante décadas comenzó a resquebrajarse cuando el mercado dejó de estar en manos de los propios vecinos y pasó a ser controlado por bandas organizadas. La zona conocida como Pusher Street, el corazón comercial de la marihuana, se convirtió en territorio disputado. La violencia no tardó en aparecer.

En 2016, un policía fue tiroteado por un vendedor, y la respuesta del Estado fue inmediata: redadas, demoliciones, vigilancia. Desde entonces, la tensión ha ido en aumento. Los propios habitantes han intentado desmantelar los puestos en varias ocasiones, con la esperanza de romper el vínculo con el narcotráfico. Pero la demanda no ha desaparecido, y la oferta ha encontrado siempre la forma de reaparecer. Algunos defienden la legalización total como única salida, otros abogan por cerrar Pusher Street para siempre. Mientras tanto, el pulso entre legalidad y autonomía se juega cada día en unos pocos metros cuadrados.