Le escribo desde España, un país europeo situado al sur de Francia donde tenemos una monarquía parlamentaria, un ministro llamado Óscar López que trabaja para muchas compañías de su país y una organización llamada LaLiga que manda cartas intimidatorias a startups y otras pequeñas compañías. No quiero entretenerle con nuestras peculiaridades domésticas, que bastante tiene usted con las suyas, pero necesito pedirle un pequeño favor. Resulta que nos hemos metido en un lío por culpa del fútbol, un deporte que, por otra parte, nos interesa más bien poco.
Soy editor de Jot Down, una empresa cultural española que publica libros y revistas y que acaba de lanzar deltha, una pequeña red social contralgorítmica con la que pretendemos competir con las grandes plataformas tecnológicas. Ya sé que intentar competir con las multinacionales estadounidenses sin dinero público es una extravagancia, pero aquí todavía quedamos algunos que creemos en esas antiguallas del libre mercado, la iniciativa privada y la libertad de expresión, una combinación bastante exótica que nuestros políticos suelen defender en los congresos empresariales cuando hacen sus perfomances y que tras ellas olvidan instantáneamente.
El caso es que el 14 de octubre recibimos una carta de LaLiga, un poderoso conglomerado dedicado a comercializar los derechos audiovisuales del fútbol español. Nos advierten de que nuestra web «estaba siendo alojada» en la dirección IP 188.114.96.5, desde la que, según afirman, se retransmiten partidos de forma «recurrente e impune». Nos piden que emplacemos a nuestro proveedor para impedirlo, y lo hacen con ese tono entre notarial y mafioso que suelen usar los departamentos jurídicos: si no obedecemos, entenderán que incurrimos en «omisión deliberada» y que somos «aquiescentes» con el delito, palabra que no oía desde el catecismo. Adjuntan una captura de pantalla, prueba documental que siempre impresiona, sobre todo cuando no demuestra que tengamos nada que ver con la infracción: en una esquina se lee el nombre de otra web, un dominio con pinta de ciberlocutorio y un partido del Real Madrid que, se lo juro, no veríamos ni desde el palco. La carta no la firma nadie —hay una raya en el lugar de la firma, como en los anónimos de las películas— y nos emplazan a nuestra «urgentes noticias».
Aquí empieza lo divertido. Esa dirección IP pertenece a Cloudflare, una empresa estadounidense que proporciona infraestructura y seguridad a millones de páginas web. Es una dirección compartida, algo que cualquier estudiante de informática entiende en su primer trimestre y que a LaLiga, por lo visto, desconoce. Nosotros no sabemos quién más la utiliza ni podemos decidirlo. Imagínese que alguien atraca un banco conduciendo un Ford Mustang y los abogados del banco envían una carta a todos los propietarios de ese modelo exigiéndoles que llamen a Detroit para que no vuelva a suceder. Pues eso, con amenaza de denuncia por encubrimiento incluida.
Lo más gracioso es que en septiembre de 2025 LaLiga envió una carta prácticamente idéntica a RevistaCloud citando exactamente la misma dirección. Un año después siguen apuntando al mismo número con la misma puntería. Desconocemos cuántas empresas habrán recibido estas comunicaciones, pero sospecho que, si continuamos así, pronto podremos fundar una asociación de damnificados por compartir vecindario con un pirata informático, con cuota reducida para quienes ya hayan cobrado dos cartas.
Quizá se pregunte por qué recurrimos a usted y no a nuestro Gobierno. Ya escribimos cartas abiertas a Javier Tebas y a nuestro ministro de Economía, Carlos Cuerpo —entre otros—, sin recibir disculpas, explicaciones o un mínimo de comprensión. En España se puede ignorar a una pyme cultural con absoluta tranquilidad. Nuestros políticos son unos impresentables absolutos que actúan con una frivolidad pasmosa. Y como Cloudflare, propietaria de la IP que LaLiga ha decidido convertir en nuestro problema, es estadounidense, hemos pensado que usted podría interceder. No hace falta enviar a la Sexta Flota, aunque ver desembarcar marines en nuestras costas para explicar qué es una IP compartida tendría su gracia. Bastaría con uno de esos aranceles que tanto le gustan: un 200 % a los fueras de juego, por ejemplo. Nuestros ministros quizá no lean una revista, pero seguro que entienden una factura.
En Jot Down también vivimos de la propiedad intelectual. Pagamos a escritores, dibujantes y fotógrafos, y defendemos el derecho de cualquiera a cobrar por su trabajo. Lo que no entendemos es que la protección del negocio de una empresa pueda ocasionar daños a otras que no tienen ninguna relación con las infracciones perseguidas, y menos todavía que pretendan trasladarnos la responsabilidad de resolver un problema técnico sobre el que carecemos de control, con el aviso añadido de que, al amparo de una sentencia de un juzgado mercantil de Barcelona, pedirán a las operadoras que bloqueen la IP. Es decir, que para castigar a un pirata están dispuestos a apagar a todos sus vecinos, y luego a enviarnos la carta a nosotros por no habernos apagado antes.
Si decide intervenir, le estaremos eternamente agradecidos. Incluso podemos dedicarle un número especial de Jot Down, aunque debo advertirle de que nuestros lectores tienen la fea costumbre de pensar por su cuenta.
Y si consigue que dejen de confundir una dirección IP compartida con una propiedad privada, podría anunciarlo bajo un lema que seguramente le resulte familiar.
Make IPs Great Again.
Atentamente,
Un editor español que preferiría estar leyendo a Kafka en lugar de protagonizarlo.
Resumen
El editor de Jot Down denuncia que LaLiga ha enviado a su empresa una carta intimidatoria acusándola indirectamente de facilitar retransmisiones ilegales de fútbol. La acusación se basa en una dirección IP de Cloudflare compartida por numerosas páginas web, sin pruebas de que Jot Down tenga relación alguna con esas emisiones.
El autor subraya que LaLiga ya habría utilizado la misma IP en una comunicación anterior dirigida a otra publicación, lo que apunta a una deficiencia persistente en sus procedimientos de identificación. Además, critica que se amenace con medidas de bloqueo que podrían perjudicar a empresas completamente ajenas a las infracciones perseguidas.
Ante la falta de respuesta de las autoridades españolas, recurre irónicamente a Donald Trump, sugiriendo que utilice sus aranceles para presionar a España. El texto concluye con el lema «Make IPs Great Again», parodia del eslogan trumpista.
Comentario
El artículo combina denuncia empresarial, crítica institucional y sátira política. Su argumento central es razonable: la defensa de la propiedad intelectual no justifica atribuir responsabilidades sin pruebas suficientes ni aplicar medidas técnicas que puedan perjudicar indiscriminadamente a terceros.
La analogía del Ford Mustang ilustra eficazmente el problema: compartir una infraestructura técnica no implica participar en las actividades ilícitas de quienes también la utilizan. Una dirección IP compartida no identifica por sí sola al responsable de una infracción.
Hay, además, una crítica de mayor alcance: cuando la protección de un negocio poderoso se convierte en una cuestión de interés general, el coste de sus errores puede recaer sobre empresas pequeñas y ajenas al conflicto. La asimetría de recursos jurídicos agrava el problema.