En febrero de 2026 me invitaron a los Premios Demócrata. Hasta entonces yo no había oído hablar del periodismo parlamentario como un vertical mediático con entidad propia. Conocía, como todos, las crónicas políticas que hacen los medios generalistas y que suelen aportar poco al conocimiento de cómo funcionan las instituciones, aunque nos mantienen puntualmente informados de quién ha llevado un espray de pimienta al hemiciclo o de qué diputado de Vox ha sido expulsado tras encararse con una letrada. Ese tipo de cobertura a la que nos tienen acostumbrados nos informa mucho de todas las salidas de tono de nuestros representantes y sorprendentemente poco sobre lo que hacen cuando se ponen a trabajar.
A juicio de las personas sensatas, gobernar consiste en algo más que hacer decretos populistas sobre temas candentes a la velocidad del sonido, porque también consiste, aunque no lo crean, en redactar leyes, negociar enmiendas, discutir disposiciones adicionales, introducir excepciones y decidir dónde colocar una coma que puede costarle a alguien una prestación. Un trabajo bastante menos fotogénico que liarla parda en el hemiciclo, cuyas consecuencias suelen sobrevivir más legislaturas que la impresora de Rufián.
En agosto de 2024 entró en vigor la Ley de Paridad, cuya disposición final novena retocaba el Estatuto de los Trabajadores para proteger frente al despido a las víctimas de violencia sexual y que, por haberse redactado sobre una versión desactualizada del artículo, borró de paso esa misma protección a quienes pidieran el permiso de cinco días para cuidar de un familiar o una adaptación de jornada. La ministra Ana Redondo lo llamó «error técnico», ninguna de las dos cámaras lo había visto pasar, y el descuido estuvo vigente más de siete meses, hasta que lo remendó una ley que nada tenía que ver, la de eficiencia de la Justicia. Ese mismo otoño el Congreso aprobó por unanimidad una enmienda que permitía descontar las penas cumplidas en el extranjero, y PP y Vox solo descubrieron lo que habían votado cuando una asociación de víctimas avisó de que beneficiaba a decenas de presos de ETA.
Es cierto que los medios generalistas ofrecen el espectáculo que anhelan los ciudadanos, aderezado por las fanfarrias de los «íkeres» y «wiyómines» de uno y otro lado, y que muy poca gente sin un interés específico en la actividad legislativa va a dedicar su tiempo libre a consultar el Boletín Oficial de las Cortes Generales para descifrar qué se esconde detrás de una enmienda transaccional, dado que no parece que su lectura pueda competir como actividad de ocio con ver Slow Horses o jugar a Minecraft.
Para ocuparse de esa parte de la política que apenas aparece en los informativos nació Demócrata en marzo de 2023, un proyecto impulsado por David Córdova que tiene a Manu Bonachela al frente de la dirección editorial y cuya razón de ser es contar lo que sucede en el Parlamento, sea o no un evento circense; de hecho, preferiblemente si no lo es. Dos meses después de su lanzamiento, el Nieman Journalism Lab le dedicó un artículo en el que señalaba que sus periodistas llevaban meses desarrollando herramientas informáticas para recopilar y analizar una información parlamentaria que, siendo pública, estaba dispersa y resultaba difícil de consultar, y con la que habían documentado, por ejemplo, que los hombres protagonizaban casi dos tercios de las intervenciones en las sesiones plenarias.
Eduardo Suárez, del Reuters Institute, explicaba en aquel reportaje que la escasa atención de los periódicos españoles a las políticas públicas, frente a su obsesión por la actualidad política, dejaba un espacio para un medio que examinara los debates legislativos con mucho más detalle. Lo curioso es que para encontrar ese espacio no hacía falta inventar una nueva forma de hacer periodismo, sino ponerse a investigar qué sucedía en el Parlamento cuando los políticos dejaban de insultarse. Desde entonces, el diario ha desarrollado herramientas visuales como «A Mano Alzada», que permite consultar las votaciones en comisión, y ha publicado informaciones como la del complemento retributivo aprobado en 2023 por la Mesa del Senado, que terminó siendo anulado tras la controversia. No hubo que perseguir a ningún diputado por los pasillos ni esperar a que Manos Limpias diera con un juez «justo», puesto que bastó con que un periodista se enterara de una decisión administrativa, la publicara y sus responsables tuvieran que dar explicaciones. Una forma de hacer periodismo que, visto lo visto, es revolucionaria.
También han incorporado tecnología para facilitar ese trabajo, como Fren, un asistente desarrollado por la consultora Vinces —fundada por el propio Córdova— e integrado en el diario, que permite hacer preguntas en lenguaje natural sobre iniciativas legislativas, votaciones y diarios de sesiones. A mí estas cosas me interesan especialmente, si bien mantengo ciertas reservas sobre la fiabilidad de las inteligencias artificiales hasta que me den una receta en condiciones del pollo en pepitoria.
Desde aquella invitación de febrero he empezado a prestar más atención al trabajo que realizan. No voy a decir que me haya convertido en un lector apasionado de las disposiciones transitorias ni que haya sustituido mi enganche a los oscuros grupos de Telegram por el seguimiento de las comisiones parlamentarias, porque sería mentira. Sí he descubierto que muchas de las decisiones políticas que más nos afectan apenas aparecen en las conversaciones que mantenemos sobre política.
Ahora vienen las elecciones y quizás tendríamos que dejar las vísceras descansando y, en lugar de cantar el «Pedro, Pedro, Pedro» o corear cuánto nos gusta la fruta, dedicar un rato a leer Demócrata. No hace falta convertirse en experto en derecho parlamentario ni aprenderse de memoria el reglamento del Congreso, porque basta con enterarse de qué leyes se están tramitando, qué propone cada partido y qué consecuencias pueden tener sus decisiones. Después, que cada cual vote a quien le dé la gana, sabiendo al menos algo más que el último insulto que le han servido en su tertulia favorita.
Y quizás ahí esté la cuestión. Hemos convertido el debate público en una competición de zascas —en la que casi siempre gana Óscar Puente— que proporciona dopamina en vena a los aficionados a la política de cuadrilátero y aporta bastante poco a quienes después tenemos que convivir con las decisiones de nuestros representantes. No pido que dejemos de discutir de política, que sería mucho pedir en un país donde hasta una tortilla de patatas puede provocar un enfrentamiento ideológico, sino que lo hagamos con algo más de información y algo menos de entusiasmo visceral. Al fin y al cabo, las leyes se aplican a quienes votaron a favor, a quienes votaron en contra y a quienes estaban viendo Slow Horses mientras se aprobaban. Y para enterarnos de lo que dicen, por fortuna, ya no hace falta leerse entero el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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