Hace muchos años leí, en un libro de Matt Ridley si no recuerdo mal, sobre las consecuencias de la autoestima en los niveles de cortisol. El asunto tenía su mala leche: en los grupos de primates, el macho dominante no sólo es el que más fornica, sino que además es el que está menos estresado. Digamos que, usando terminología comercial, se encuentra bien consigo mismo, sigue una dieta sana, es el rey de la república independiente de su familia y le gusta conducir. Como el cortisol se segrega en situaciones de estrés, los otros primates —los más pringadetes— tienen niveles más altos de esta hormona. Lo curioso del asunto es que el estrés, que es una respuesta natural para situaciones concretas de peligro, se convierta en una respuesta permanente que a su vez te haga sentir peor, más débil, y que eso te haga entrar en la senda de la depresión, convirtiendo eso de ser un pringado en un círculo vicioso que se retroalimenta. Esto tiene su reverso: si el primate goza de autoestima, es más probable que su organismo reaccione correctamente, estará más sano y fuerte, será más guapo y todos le considerarán un triunfador. Y esa sensación repercutirá en sus niveles de estrés y, en consecuencia, le introducirá en una senda de “crecimiento positivo”.

Bueno, no sé qué tiene esto de cierto, pero la tesis me gusta por su lado positivo. Eso de que el triunfo es en parte una cuestión mental. Tenemos que conseguir que se reduzca el estrés, amigos. Ya, ya sé que los machos dominantes del norte de Europa se ríen de nosotros porque no llegamos a fin de mes. Y además, cada día descubrimos que nuestro estado de salud se deteriora, que no dormimos y estamos irritables, que no nos podemos concentrar en nada útil y que empezamos a perder la memoria. No les negaré que hay alguna noticia que facilita el aumento de la situación de ansiedad permanente, pero quizá estemos reaccionando en exceso, y eso tiene que ver con cómo nos vemos. El primate España aún recuerda los tiempos en los que una dieta rápida y el uso de drogas de diseño y anabolizantes —¡cómo circulaban esas pastillas azules llamadas “crédito fácil”!— nos permitieron conseguir récords asombrosos. Comparar a ese rutilante dueño de la noche con el esmirriado actual deprime a cualquiera. Y así andamos todos, como Toni Montana, con la cabeza metida en kilos de harina —no da para más—, recordando los viejos buenos tiempos de hace apenas un lustro. Como verán, no pretendo que volvamos a esa estafa piramidal que nos hicimos a nosotros mismos mientras bailábamos la conga camino del desfiladero.

Un amigo, en ese momento de clarividencia que aparece en medio de una noche de borrachera, me dijo “los hijos de los ricos son más guapos”. Cuando le objeté, insistió: “fíjate, mira bien, yo no sé a qué se debe, pero son más guapos, más altos, más sanos”. Lo curioso es que, años más tarde, cuando ya era padre, negó haber afirmado eso, y yo no diré que su amnesia tenga que ver con el aspecto poco simétrico de sus hijos, pero me quedé con la copla. Leí que, cien años más tarde de su muerte, los descendientes de Gengis Kan eran, en su mayoría, altos y con ojos azules, y que el mérito de la mejora física se debía a la elección por el conquistador mongol de las mujeres más bellas de Asia. Gengis Kan era un aristócrata, ya lo sé; pero un aristócrata mongol, en el momento de su nacimiento, era el equivalente a un “conde del funky”, para que me entiendan. Los feos de la tierra podemos convertirnos en machos alfa; ese es el mensaje de la gesta “procreatoria” del gran mongol. 

Expulsar al mono dominante de su sitio o, al menos, conseguir que nos haga hueco, depende fundamentalmente de un cambio mental. Sin ese cambio mental previo no podremos ponernos en forma. Tenemos que querer quedarnos con el premio gordo y pensar que somos capaces de conseguirlo. Nadie mueve el culo del asiento si piensa que está derrotado. Napoleón afirmó que lo moral se encuentra, respecto de lo material, en una relación de tres a uno. ¡Y era bajo y feo! Metternich —que, por cierto, se llamaba Clemente, dato este que suele ignorarse y que me parece capital—, cuando María Luisa, hija de Francisco I de Austria, se negaba a aceptar el matrimonio con Napoleón por su origen plebeyo, dijo aquello de “¿Qué prefiere Su Majestad, que se folle a una archiduquesa o que se folle a Austria?” Esto es lo que puede conseguir un enano feo cuando se pone en forma y tiene buena actitud.

Quizá les parezca que mi artículo es frívolo y que estos momentos de incertidumbre exigen análisis sosegados y realistas. Si es así, les pido disculpas y les recomiendo el servicio de “publicaciones” del Banco de España. Allí encontrarán todos los análisis que quieran. Sin embargo, si deciden seguir mi recomendación y cambiar su actitud mental, pueden ponerse en contacto con Jot Down Magazine y solicitar el Programa completo para el cambio mental de Tsé por unos módicos 30 euros. ¡Un momento! Si lo piden en los treinta minutos siguientes a que salga publicado este artículo recibirán además un facsímil con las obras completas de Sócrates.

Y luego habrá quien diga que es caro.

Anoche leí un comentario en Twitter sobre un asunto del que sólo conocía el titular (aunque sólo con eso ya pensé —prejuicios que tiene uno— que se iba a enfocar mal). El comentario decía:

La ley es igual para todos. ¿A qué chorizo no le ha ofrecido la Fiscalía un pacto para devolver lo robado e irse a casa?

El chorizo es Iñaki Urdangarin, como habrán adivinado. La noticia se había publicado en El País y en El Mundo y aunque ya habrá muchos comentarios de todo tipo, imagino que la mayoría irá por una cierta pendiente que sólo se diferenciará por estar más o menos engrasada.

Es ciertamente desafortunado que el autor del comentario se pregunte irónicamente a qué chorizo no le ha ofrecido la Fiscalía un pacto para devolver lo robado e irse a casa, porque la Fiscalía le ha ofrecido eso a cientos de miles de chorizos en los últimos veinte años. Y también lo es —desafortunado— que Arcadi Espada califique ese “ofrecimiento”, si es que es cierta la noticia, como chantaje, porque se está refiriendo a una práctica no sólo legal, sino habitual.

La posibilidad de conformar, es decir de pactar con el fiscal y en su caso las restantes acusaciones una determinada pena, está prevista en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Más aún, una de las pocas reformas legales efectivas que se han realizado en los últimos años fue la del llamado “juicio rápido”. La esencia del juicio rápido es la posibilidad de pactar a cambio de una rebaja en el tercio de la pena. No vean la de dinero y tiempo que nos hemos ahorrado los españoles gracias a esta posibilidad legal. La conformidad es habitual incluso en aquellos supuestos en los que no aparece prevista: fuera del procedimiento abreviado.

Ahora háganse la pregunta: ¿por qué hace pactos la gente? Normalmente porque piensa salir mejor parado que si se arriesga a un juicio. Para conseguir el acuerdo, los fiscales son “generosos”; unos más, otros menos. Esa generosidad se da a cambio de asegurar una condena y, normalmente, de que la víctima se vea resarcida. Digo normalmente porque mucha gente ha podido conformar pese a no poder pagar las responsabilidades civiles si resulta insolvente. Como comprenderán no estoy hablando de gente con posibles, sino en la mayoría de las ocasiones, de las personas en situación más jodida: toxicómanos, alcohólicos, vagabundos …

La gente clama “¡que la justicia sea igual para todos!”, pero luego añade “¡que Urdangarin vaya a la cárcel!”. Y cuando se publica que el abogado sondea a la Fiscalía la posibilidad de un acuerdo para que su cliente la evite, gritamos indignados y nos preguntamos qué chorizo ha recibido antes un trato igual. Por desgracia para él, si Urdangarin fuera un chorizo cualquiera, uno que no saliera en los periódicos, nadie se haría una pregunta así porque la cuestión no es que esté mal que este intente lo que se intenta todos lo días en las Audiencias y en los Juzgados de lo Penal de España, la pregunta es justo la que forma parte de la negociación entre el fiscal y el abogado.

Para que vean por dónde voy, les contaré cómo se hace esto habitualmente. Yo soy el abogado de alguien. Es indiferente que haya cometido o no el delito. Sí, han leído bien: lo que importa es qué pruebas hay en tu contra. Si no has cometido el delito pero puedes resultar condenado —sí, sí, eso pasa— a lo mejor te conviene negociar. Si el acusado carece de antecedentes penales (o si los tiene y es toxicómano) lo primero que intentas es que la pena baje a dos años o menos. Sí, eso te permite pedir la suspensión condicional de la pena y marcharte a casa. No vean la de “chorizos” que hay en casa gracias a esta posibilidad. Si no es posible llegar ahí, siempre merecerá la pena intentar quitarte algún año de prisión. Sigo. Hago cuentas e interpreto todo lo que puedo el Código Penal a favor de mi cliente, incluso provocando alguna atenuante, como la de reparación del daño causado. Si es usted el acusado, le interesa que su abogado haga su trabajo lo mejor posible, porque esto es una negociación. Con mi plan me voy a hablar con el Fiscal. Se puede hacer mucho antes del juicio —y esto es habitual en asuntos de cierta enjundia—, pero les diré que es muy común hacerlo justo antes de entrar a la vista en la que te van a juzgar. El agente preguntará al abogado “¿quiere hablar con el Fiscal?”; yo contestaré que sí, y todos sabemos que no voy a hablar del tiempo. ¿Saben una cosa? A veces los jueces siguen con atención la conversación y es gracioso porque, si no hay acuerdo, luego tendrán que juzgar, pero todos somos muy profesionales. El Fiscal y el abogado discuten de la ley, de los hechos, de las atenuantes y agravantes, de la suspensión de la pena. Y el Fiscal dirá eso de “no puedo bajar de ahí” cuando tú le plantees una rebaja en un grado por no sé qué cuestión. A veces el juez aprieta un poco y el Fiscal termina hablando con algún superior. Y en un par de minutos saldrás y le dirás a tu cliente: lo tomas o lo dejas.

Ahora vuelvo a cuál es la pregunta. Naturalmente, la pregunta no es si Urdangarin chantajea a los fiscales, si los fiscales le ofrecen algo a Urdangarin que no ofrecen a ningún “chorizo”, si te “puedes ir a casa devolviendo lo robado” o si todos debemos ser iguales ante la Ley. La pregunta es: qué pruebas hay y de qué delitos. Sí, lo único que a mí me interesaría saber es qué hay en esas diligencias previas y cómo se puede calificar eso. Justo lo que no conocen todos los que están gritando desde que oyeron la noticia. Así sabría si lo que ofrece el abogado de Urdangarin es absurdo y si el Fiscal hace algo raro aceptándolo, en su caso. Que el abogado haga una interpretación favorable, provocando la concurrencia de atenuantes y construyendo una tesis sobre delitos mediales no me extraña. Coño, es lo que haría yo. Lo interesante es si esa construcción es posible y si el Fiscal la aceptaría —junto con los millones que vuelven— y el ahorro del juicio, de no tratarse de Urdangarin. No vean lo desternillante que es eso de que la Fiscalía no acepta un pacto “a la baja”. ¿Qué hostias significa eso? ¿Ofrecer una pena menor que la que pedirá en el juicio? Pues si no lo hace, ya puede decir Urdangarin que no le estarían tratando igual que al resto de los españoles: le estarían tratando peor.

Y ese es el hilo que me interesa. La Hoguera de las Vanidades se fundamenta en la fuerza de la pulsión por el linchamiento cuando aparece una pieza de caza mayor. Y a esa fiesta se apunta todo el mundo: los unos por resentimiento contra los poderosos, los otros por desviar la atención y dar carnaza al populacho.

Hace un tiempo decía aquí mismo que no sabía qué había hecho Urdangarin; a la vez que señalaba que su mujer, en cualquier otro caso igual, ya habría ido a declarar.

Sigo igual. Eso sí, viendo la diferencia de reacción entre la noticia de que la Infanta no declare ante el juez y el rumor de que el abogado de su marido haga su trabajo, me queda perfectamente claro qué papel le ha tocado al duque. 

El 13 de mayo de 1993 se produjo el “jueves negro” de la economía española. No le den mucha importancia al calificativo. “Día de la semana” + “negro” es como “partido del siglo”, ya saben, pero en fin alguna justificación tuvo. El pánico se produjo por la tercera devaluación de la peseta en pocos meses. Yo llevaba poco más de un mes trabajando, después de haber fracasado en mi intento por superar cierta oposición que —pensaba entonces— me habría resuelto la vida.

“¿Dónde hay un empresario?”, así se debería llamar el “¿Dónde está Wally?” por aquí. La mayor parte de los que tenemos una empresa o negocio, en España, la tenemos porque no nos quedó otra, y el empresario típico está siempre intentando vender a alguna Administración Pública o a alguna empresa “gorda” (que lo es por vender a alguna Administración Pública o formar parte de algún oligopolio nacido al lado del poder). Es lógico, además: el nepotismo y la corrupción, en sus versiones más extendidas, están tan presentes en nuestro desgraciado país que, puestos a escoger entre competir con un buen producto o con un buen contacto, siempre ha merecido la pena invertir en un buen contacto. La ganancia es más rápida y segura.

Yo también fui “empresario a mi pesar”, como verán. Lo que quería —como el 90 % de los universitarios matriculados en cierta Universidad española al decir de una encuesta— era vivir de la teta estatal y tomar el sol.

Así que fui a suspender en una mala época. En 1993 el paro terminó siendo de un 24% y encontrar un trabajo era pelín complicado. Tuve suerte. Sólo hice una entrevista de trabajo y me contrataron. Un hombre, antiguo consejero de un banco, había decidido abrir un despacho de abogados y economistas y buscaba gente. Yo, por no saber, no sabía ni dónde estaban los juzgados, pero al tipo no le importó la falta de experiencia. Pronto descubrí por qué: él tampoco sabía dónde estaban los juzgados. Sin embargo, ¡tenía contactos! Y eso, en España, es mejor que tener ideas.

Me encontré de repente, con otros tres sujetos de mi edad, llevando unos asuntos gordísimos —no hablo del tamaño de los expedientes— por los que mi jefe cobraba unas cantidades desmesuradas. Fue divertido. Cometíamos errores idiotas, propios del becario que acaba de llegar, a la vez que dábamos un enfoque que, en ocasiones, descolocaba tremendamente al “enemigo”. Cada día estábamos en el alero, y temíamos más al abogado de trinchera —el que se conoce los trucos— que al bufete de prestigio.

Más o menos a los quince días de haber comenzado a trabajar, descubrimos que era un error preguntar a nuestro jefe. No sólo porque no supiera nada de Derecho ni de la práctica de la abogacía, sino porque se empeñaba en ocultarlo y nos obligaba a mantener interminables discusiones sobre el lugar de las comas.

A los dos meses, intervenía en reuniones y negociaciones a las que no debería haber accedido sino después de años de trabajo y me preguntaba sobre la prosperabilidad de un procedimiento a mí, al tipo que no había terminado todavía ninguno. Incluso contrató más abogados y nos convirtió en “jefecillos”. Era una situación disparatada. Como cobrábamos un porcentaje de cada minuta, y se nos pedía opinión sobre los presupuestos —no, tampoco sabía presupuestar— siempre aconsejábamos pedir más, mucho más, calculando la parte que nos  correspondía.

No les aburro mucho más. Llegó el verano y nuestro jefe empezó a preocuparse porque habíamos ganado demasiado dinero en unos pocos meses y porque estábamos adquiriendo un exceso de “autonomía”, así que interpretó retroactivamente sus propias condiciones y empezó a racanear. Ese verano adquirió el mote de “rana toro”, como consecuencia de su aspecto a la caída del Sol y de su comportamiento en las comidas. Los estímulos equivocados nos llevaron a trabajar con más renuencia y se inició un círculo vicioso que le llevó a cometer el último error. El 29 de septiembre de 1993 nos planteó, a los cuatro, un ultimátum: iba a restructurar el negocio y dos sobrábamos. Y la guinda fue que nosotros mismos debíamos decidir quién se iba. Lo curioso es que el hombre ganaba más dinero cada mes, pero tenía miedo al monstruo que había creado. Nos dio de plazo hasta la tarde de ese día para decidir.

Al día siguiente abrí mi despacho. En la habitación de uno de mis compañeros redactamos un contrato de sociedad. Nos largamos los cuatro. Aún conservo, sin cobrar, el cheque con mi liquidación; dos mil trescientas noventa pesetas. Ésa fue su pequeña venganza.

Durante estos años he tenido trabajando conmigo a unos cuantos abogados jóvenes. Ninguno de ellos se marchó para abrir su negocio. Todos han terminado trabajando como abogados de empresa. Supongo que es lo mismo que habría pasado conmigo si hubiera entrado a trabajar en un despacho normal. Los negocios se abren porque no queda otra.

Está mal visto que la gente gane dinero. Está mal visto que la gente prospere. Somos partidarios del chiringuito, pero no del negocio a largo plazo. Hacemos las cosas a la fuerza, por obligación, pero siempre esperando dar el “pelotazo”. No es de extrañar que el negocio favorito de estos años fuera el de promotor inmobiliario. Plantearse un retorno de la inversión a décadas vista nos parece un insulto a la inteligencia, porque en el fondo siempre estamos pensando en escapar con la pasta y convertirnos en rentistas.

Si nuestro Gobierno hubiera decidido mantener —no les digo ya aumentar— la inversión en esa cosa del I+D+i los españoles le habrían saltado a la yugular. Tampoco crean que confío mucho en esa inversión, porque estoy seguro  de que detrás de ella hay otros chiringuitos, otros señores preguntando por lo suyo. Me baso en que he visto a rectores y catedráticos firmando peticiones sobre gasto en ciencia, y alguna cosa sé acerca de la Universidad española. Es igual, somos coherentes: ¿cómo vamos a pedir que se invierta —de verdad— en educación y desarrollo si despreciamos a la gente lista, que se esfuerza, que inventa cosas, porque tiene la funesta manía de prosperar?

No sé cómo puede cambiarse este estado de cosas. El nepotismo es un mal terrible. Lo es también el aprecio general por la mediocridad y el sueño. Nadie lo explicó mejor que el Príncipe Salina en el Gatopardo: no mejoraremos porque nos creemos dioses. Sólo actuamos a impulsos, a empellones, deseando parar y descansar cuanto antes, viejos prematuros en busca de una jubilación de décadas, como ranas toro en una charca enfangada.

Leo en El País una noticia sobre unas declaraciones de D. Juan Antonio Reig Pla, obispo católico de Alcalá de Henares. Lo noticioso, al parecer, es que un obispo no sólo considere mala la homosexualidad —a la que denomina producto de “tantas ideologías”—, sino que incluso algunas personas desorientadas se “corrompan”, se “prostituyan” o “vayan a clubes de hombres” para “comprobarlo”. Qué cosas.

En la noticia, Dª Boti García, presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales considera que la declaración fomenta la homofobia. Si tuviera razón Dª Boti, la Iglesia Católica sería una asociación ilícita —el artículo 515 del Código Penal define como tales las asociaciones que promueven el odio contra las personas por razón de su orientación sexual— y no digo yo que no lo haya considerado al dar su opinión. Yo creo que la Iglesia Católica es una asociación homófoba, pero no creo que promueva la homofobia y esa diferencia es importante.

Soy muy crítico con las legislaciones que persiguen opiniones —o califican los delitos por las opiniones de sus autores— y sobre el asunto he escrito algunas cosas. En consecuencia, también lo soy con el código penal español. Sin embargo, no es preciso entrar en una discusión sobre la norma para darse cuenta de que la interpretación extensiva en estas materias es contraria a la libertad de expresión y a la libertad ideológica, y es una forma encubierta de tiranía.

La Iglesia Católica considera que la realización de un acto homosexual es un pecado. Considera, en consecuencia, que un homosexual que tenga una conducta sexual coherente con su condición es una persona corrompida. Naturalmente, eso pasa porque la homosexualidad es mala. La Iglesia Católica no considera pecado la “inclinación homosexual”. Más aún, el acto homosexual no es delito para la Iglesia Católica; es un acto inmoral, desordenado. ¿Eso promueve el odio contra el homosexual? En términos estrictos, no.  De defender esto, deberíamos considerar que también promueve el odio contra los adúlteros, que también pecan contra la institución matrimonial. O deberíamos considerar que las asociaciones contra la fiesta de los toros promueven el odio contra los aficionados. O, por ejemplo, deberían considerar que yo promuevo el odio contra las personas religiosas, considerando que soy ateo y notablemente anticlerical.

La Iglesia me parece homófoba porque su distinción entre el homosexual que se resiste a sus impulsos y el que no es un flatus vocis , típico de una institución construida sobre dogmas, que ha tenido que adaptarse. La Iglesia Católica ya no puede condenar al sodomita, así que denuncia el acto homosexual. Naturalmente, la única opción válida, para ella, es que el homosexual se convierta en una media persona que renuncia al sexo.

El problema, por tanto, no es que el obispo sea coherente. El problema es de los asociados a esa religión —francamente jerárquica— y de su coherencia personal si es que, de verdad, no tienen nada en contra de los homosexuales. Por cierto, una cosa que me ha llamado la atención de la noticia es que haya llegado a serlo. Mientras escribo este artículo escucho el servicio religioso para ver hasta qué punto es fiel la transcripción. Y he tenido que llegar al minuto cuarenta para encontrarme con la declaración. Es decir, alguna persona ha estado viendo ese servicio religioso durante cuarenta minutos y se ha escandalizado con las palabras del obispo. No sé, quizá haya sido casualidad —puede que el encargado de sonido de Televisión Española al que no le queda otro remedio—, pero si no lo es, vaya ocupación la del vigilante de obispos homófobos.

En fin, que creo que la noticia es una muestra del laicismo y relativismo liberal que está pervirtiendo las sociedades occidentales. Es coña. Lo que creo es que no es noticia. Al obispo no le gustan los homosexuales que practican y van a clubes de hombres, sea eso lo que sea, y a los homosexuales no les debería gustar el obispo. Están empatados.

La noticia permanente es otra. ¿Por qué en La 2, una televisión pública, se emite un oficio religioso para personas que profesan esa religión? Me explicaré. Imaginemos que son las tres o tres y media de la tarde. Ya he comido y estoy tomando un café. Pongo La 2 y empieza un documental en el que un tipo con pantalones cortos nos explica que va a mostrarnos los ritos religiosos de los dogón. Nos lleva a una aldea donde un anciano con un bonete rojo se revuelve y dice cosas raras —que entendemos gracias al doblaje— sobre el dios Amma y Dyongo, el primer ser humano. El de los pantalones cortos nos cuenta, entre susurros, que el hombre “sabio” es un hogon , un sacerdote que se relaciona con la diosa de la tierra y que, para serlo, se tiró seis meses sin lavarse ni afeitarse. En fin, que estoy allí, sentado en casa, y no protesto, porque es evidente que nadie hace proselitismo del culto dogón, y fíjense que lo afirmo a pesar de que el tipo con pantalones cortos se empeña en afirmar que los dogón son muy pacíficos y sanotes y las cosas por allí son muy ecológicas y tal, y no como en las crueles ciudades occidentales.

Si el oficio religioso celebrado en Alcalá tuviera un formato similar, uno lo entendería. El caso es que no. Para comenzar, de los dos comentaristas, uno es sacerdote —y no nos informa de lo que tuvo que hacer para llegar a serlo—. Luego, cuando comienza el culto, llegan varios señores vestidos con ropas especiales y con un sombrero rojo, que se tumban en el suelo durante unos segundos. Sin embargo, ninguno de los comentaristas nos explica por qué hacen eso. Podría continuar; la ceremonia dura hora y media. Una persona que no sepa qué es un oficio católico no se entera de nada. No hay información.

Por otra parte, no parece que la ceremonia tenga un valor folclórico o turístico en sí mismo. Incluso apostaría que a los que ven el programa no les gustaría que fuera así considerado. Más aún, de leer este artículo, más de uno sentirá una punzada de cabreo cuando he hablado de señores con un sombrero rojo. Pensarán que me estoy cachondeando y que sé perfectamente qué pasa sin que me lo expliquen. Y acertarán y errarán por partes iguales. Claro que sé qué sucede, ya que fui educado como católico, pero no lo explico así para cachondearme. En realidad, es la única manera de que comprendan que, cuando una televisión pública emite un programa así, con ese formato, lo que hace es convertirse en una televisión privada de los adeptos a esa religión, contraviniendo el mandato de aconfesionalidad de nuestra Constitución.

Puede que haya muchos católicos en España —aunque no sé cuántos realmente—, pero habíamos quedado en que la televisión pública no debería hacer proselitismo de ideas religiosas concretas —más aún, ni siquiera de ideas religiosas—, ni de ideas políticas concretas, ni en general de ideologías o creencias concretas. A todo el mundo le parecería mal que La 2 emitiese, cada semana, un programa en el que varios comunistas, por ejemplo, nos explicasen las bondades de su sistema, eligiendo ellos el formato del programa, o en el que los seguidores de la dieta vegana nos explicasen los beneficios, para la salud, de no tomar leche. Tan evidente es esto, que sólo en época electoral se admite algo parecido, se supone que respetando la pluralidad y precisamente porque se van a celebrar elecciones.

Yo no me escandalizo cuando escucho a un obispo decir que el aborto es un crimen o que es pecaminosa la felación o que hay una alianza entre el liberalismo y el relativismo moral. Tampoco me asombra que el Papa se apropie de la idea del Big Bang . Vaya, lo raro sería que no lo hiciera. Lo que me escandaliza es que la televisión pública emita una misa o un oficio sin el tipo de los pantalones cortos.

Ya sé que molesta que le comparen a uno con un negro africano, pero, en fin, Eva era africana, según nos cuentan. Lo he visto en un documental de La 2. 

Me divierten las elecciones. Me gusta ver cómo van cambiando los porcentajes y el número de votos; si está a punto de caer tal o cuál escaño a favor de este o aquel partido; qué ha votado la gente en tal barrio de Madrid —no por el mío, porque los resultados son pétreos desde hace décadas—, por ejemplo; y los divertidos restos y bailes, incluyendo los de los candidatos.

Sin embargo, me aburren las declaraciones de los políticos el día de las elecciones y me hace bostezar la mayoría de las opiniones de los tertulianos profesionales. Su discurso se suele basar en lugares comunes que, me temo, son imposibles de remover. De alguno de esos lugares comunes quiero hablar hoy, superficialmente, como de costumbre.

Unos matemáticos nos explicaron que es imposible, a partir de tres o más alternativas, diseñar un sistema “justo” de elección. El asunto es muy entretenido pero, en el fondo, se resuelve por un golpe de mano previo, igual al del propio nacimiento del Estado, que siempre se remite a unos hechos ineluctables, a un poder de hecho que no tiene más legitimidad que su existencia. 

Otras contradicciones, sin embargo, persisten incluso después de adoptado el sistema de elección. Un sistema electoral no es más que un procedimiento para tomar una decisión. No garantiza que la decisión sea la más correcta, ni siquiera que, estrictamente, se pueda decir que es una decisión voluntaria, en el sentido que luego explicaré, porque no exige ninguna cualificación en quien la toma y por el problema de la agregación.

La expresión “un hombre, un voto”, entendiendo por un hombre a alguien que reúna unas condiciones abstractas (por ejemplo, tener cierta edad, determinada nacionalidad o no estar incapacitado) triunfa precisamente porque el sistema debe contentar a los ciudadanos. Pretender algo así como un voto ponderado basado en criterios como la inteligencia, los conocimientos, los méritos o cualquier otra circunstancia, daría lugar a un sistema tan complejo sólo para decidir cuánto vale cada voto (y además durante cuánto tiempo, ya que esas condiciones varían), que el sistema sería impracticable. Por otro lado, demolería esa ficción tan simple y tan útil para garantizar una sociedad relativamente pacífica en la que la ley prevalezca, la ficción de que todos somos iguales.

El otro problema, el de la agregación, es más complejo. Si se pregunta a un grupo de personas qué prefiere entre dos alternativas, aun siendo evidente que las “razones” por las que adoptan una u otra puedan ser diferentes, e incluso contradictorias, podríamos afirmar que el resultado de la votación nos indica qué quiere la gente. Insisto: nos indicaría qué quiere, pero no necesariamente por qué. Si preguntamos, a la vez, por dos asuntos, y pedimos una sola respuesta, esa respuesta es resultado de una ponderación previa realizada por cada votante, que no se puede explicar fácilmente por la toma de decisión final. Si seguimos añadiendo cuestiones, y con ello complicamos la decisión, nos encontramos con un fenómeno muy interesante. Llegará un momento en que el votante medio no pueda ponderar racionalmente todos aquellos aspectos que se someten a su decisión y simplemente se refugie en los que más le interesan y, a menudo, simplificándolos. Esta solución es también racional —por mucho que deprima a más de uno—, pero no entierra la consecuencia de que ciertas cuestiones se solventen por una decisión en la que los parámetros de discusión referidos a esas cuestiones sean obviados absolutamente.

Esto, naturalmente, da lugar, en el caso de la elección de gobernantes con un programa de gobierno más o menos desarrollado, a que los votantes terminen decidiendo si votar o no y a quien votar o no, sin consideración a los programas. Sin embargo, cualquier programa —sea de gobierno o no— debería aspirar a ser un conjunto integrado y armónico en el que se busque un beneficio global. Si un partido se centra en una cuestión concreta, muy llamativa, puede atraer la atención del votante, aunque el resto de su programa sea desastroso e implique, al final, que la parte atractiva de su programa sea de imposible consecución.

Se suelen criticar los procesos electorales enfocados en la elección de “un buen líder”, frente a aquéllos que hacen hincapié en los programas de gobierno. Sin embargo, hay un punto de buenismo en esa visión de las cosas. No es tan absurdo fijarse en programas esquemáticos y en la capacidad del hombre para defender ciertos principios: por ejemplo, honradez, integridad, flexibilidad, arrojo, decisión (escojan ustedes la virtud). Un buen gobernante, con ciertas virtudes y creencias básicas —a juicio del que vota—, puede responder a una situación nueva de una manera relativamente previsible, mientras que un programa no puede prever todos los escenarios. Tampoco creo que un sistema así  —el de toda la vida, vamos— sea mejor, pero criticarlo por primario o retrógrado es papilla de “inteleztuales”, como diría alguien que conozco.

En cualquier caso, incluso cuando se ponderan todas las cuestiones implícitas en la elección, es imposible reconstruir el proceso que lleva al votante ideal —instruido y con conocimiento de los programas y de la biografía de los elegibles— a tomar una decisión, si ese votante no nos informa de todos sus procesos mentales. Más aún, si pudiésemos conocerlos, estarían llenos de aspectos subjetivos, que impedirían una agregación con los procesos de otros votantes ideales, porque para empezar seríamos incapaces de encontrar una medida de cuantificación de cada elemento de esos procesos mentales. Y si no podemos efectuar esa agregación, en la práctica el votante ideal es igual al que vota cogiendo una papeleta al azar, en cuanto a la cuestión de realmente saber por qué vota.

Vean que ni siquiera he entrado en otras cuestiones como el acceso a la información, el control de los medios de comunicación, la partitocracia y la influencia de la capacidad económica en los procesos electorales.

Y ahora llegamos a la cuestión esencial. Los sistemas electorales democráticos presentan una serie de ventajas: nos permiten decidir quién gobierna y se basan en un principio simple, difícil de discutir —básicamente por no existir otro practicable—, el de la igualdad de cada voto. Estas ventajas son tan importantes que, por sí solas, justifican su existencia. Sobre todo, porque con ellas se consiguen, a la vez, la estabilidad y la legitimidad. Sin embargo, los políticos —esto es lógico— y los opinadores —esto no lo es tanto— insisten en que, además, un sistema electoral nos permite saber qué quiere el pueblo. Esto es simplemente falso. Cada vez que hay elecciones, sale alguien diciendo que el pueblo ha “avalado” las medidas duras de ajuste, a la vez que otro dice que “ha pesado más” el castigo al anterior gobernante, o cualquier otra parida similar. Los gurúes de la cosa pretenden, no sólo que existe un pueblo con una capacidad de decisión, una especie de cerebro colectivo que examina el problema y vota, sino que además se puede explicar el porqué de esa decisión.

Yo creo que esas afirmaciones en realidad sólo revelan lo que el tipo de turno tiene en la cabeza. Los partidos y sus dirigentes optan por los perfiles bajos a menudo y no quieren cometer errores. Ésa es una estrategia defensiva. Buscan manipular ese proceso por el que el elector medio se centra en algunas pocas cuestiones, para que no termine incluyendo algo que “creen” puede perjudicarles. Sin embargo, salvo en los casos más evidentes de rechazo, las certezas en estas materias no existen: salvo para explicar el pasado. Son —pobrecitos— como los supersticiosos, no pasando nunca por debajo de ciertas escaleras. Eso sí, lo intentan vender como una “ciencia”. Y es que hasta el más idiota es capaz de construir un reloj de precisión cuando se trata del pasado, y alguien que ha acertado en dos o tres elecciones se convierte en un “experto”, cuando la muestra es ridícula.

El pueblo es soberano porque la decisión es resultado de la suma de los votos de los ciudadanos que ejercen ese derecho. Ese resultado legitima para gobernar. Más aún, el tipo que gobierna puede creer que es interesante insistir en que cumplirá su programa (la mentira no es virtuosa); pero, no nos engañemos, es absurdo decir —más allá del propio voto o de generalidades vacuas— que el pueblo quiere esto o aquello. Y si un gobernante se salta su programa del todo y se presenta de nuevo a las elecciones, es perfectamente posible que vuelva a ganarlas; ha pasado. Vendrá después alguien a explicarlo, pero no le crean. Tampoco en esta segunda ocasión sabrá de qué habla.

Dicho lo anterior, uno comprende que haya mucha gente que tenga que ganarse la vida explicando al personal qué es lo que quiere o no la nación o el pueblo. Que me recuerde a las tertulias esas del corazón, en las que alguien nos cuenta lo enamorado o lo despechado que está tal famoso, es injusto. El de la tertulia rosa sí es un experto.

Me gustan los libros con mapas grandes que puedes recorrer con el dedo, simulando el viaje. Mi dedo viene más que va y por eso se encamina al Sur. Es una cuestión de querencia. A mi primer blog le llamé con el algo cursi nombre de Rumbo a los mares del sur, aun sabiendo que el run away to sea te puede llevar, por qué no, a Terranova. Es igual; el impostor inverosímil deserta en Valparaíso. Me gusta El sur, la película de Erice, también en parte porque el Sur no aparece y porque suena La oriental de Granados. Cuando Eco escribió El péndulo de Foucault, esa genial colección de novelas, nos contó la historia de Jim el del cáñamo, que es Kurtz, que es Dios paseando por Londres entre desconocidos que alaban sus obras. Jim, el poeta, viaja al Sur, desengañado, al pasado.

No quiero ser críptico. Acaso todo lo más —sí, esto es un homenaje—, pretendo cierta concisión porque es mucho lo que se puede decir de El Sur, el más grande de los cuentos de Jorge Luis Borges, y no quiero perderme en las introducciones como tantas veces hago. Borges, supongo, quiso encontrar siempre la palabra precisa, con el riesgo inevitable de que algún lector la hallase pedante o descompensada. Esa pretensión no parece demasiado compatible con la naturalidad del discurso. Cuando el relato encalla y la idea no es feliz del todo, ese procedimiento sólo satisface al Borges malo, ese que burlonamente se describe a sí mismo escribiendo “a manderecha del poste rutinario” en El Aleph. El Borges malo no es Borges, claro, aunque puede ser un cierto lector de Borges.

En El Sur no hay ninguno de esos excesos y el autor acierta en todo, en el asunto, en la extensión, en la descripción. Acierta también en la renuncia inicial a un leitmotiv de su obra: la naturaleza necesaria de cada cosa, de cada hecho, por trivial que pudiera parecer. Curiosamente, esa renuncia produce un efecto más duradero que la escritura en la piel del jaguar, los recuerdos de Funes o las máximas de Juan de Panonia.

Su ritmo es prodigioso. Nos engaña la apariencia de que no haya nada memorable en los nombres, sucedidos y fechas con que nos presenta a Juan Dahlmann:

“Un estuche con el daguerrotipo de un hombre inexpresivo y barbado, una vieja espada, la dicha y el coraje de ciertas músicas, el hábito de estrofas del Martín Fierro, los años, el desgano y la soledad, fomentaron ese criollismo algo voluntario, pero nunca ostentoso.”

Esas pocas palabras bastan para saber lo que importa del bibliotecario Dahlmann. Borges le añade algún color, con el uso de esos “acaso” indolentes, como el propio personaje. Dahlmann sólo se apresura —apurado— porque ha encontrado un ejemplar de Las mil y una noches. También es acertada la elección del libro, porque todas las referencias al Sur, en este artículo, son literarias —y no me salgo del tema del cuento— y ahí podemos incluir las noches de Bagdad. Son literarias dentro de cada obra. Lo que hace grande a El Sur es que ese lugar deja de ser literario para Dahlmann, aunque siga siéndolo para todos los que han recorrido un mapa con un dedo, fuera o dentro de un relato.

Repentinamente, el mundo rosado que una vez fue carmesí, de Dahlmann, se rompe. Borges, economizando y sin énfasis, nos cuenta que “ … desde aquella hora el sabor de todas las cosas fue atroz”. El magistral párrafo en el que Dahlmann pasa de un “arrabal del infierno” al infierno mismo, odiándose, odiando alternativamente su identidad y su físico, su humillación y la barba que le eriza la cara, sin embargo, es sólo un escueto paso hacia delante. Dahlmann sigue siendo Dahlmann. Borges no escoge la enfermedad, ni la conciencia de la muerte y el lloro del personaje, para plantear una tesis manida. No hay un cambio vital que empuje al personaje a escapar al Sur. Dahlmann no deja su trabajo como alto ejecutivo, aprende a tocar la mbira y se compra una casa en el Cabo de Gata para convertirla en un hotel con encanto. Sólo decide convalecer en la estancia con eucaliptos balsámicos.

“A la realidad le gustan las simetrías y los leves anacronismos” dice Borges, en una de las pocas ocasiones en las que se permite una afirmación innecesaria. Hubiera bastado con contar cómo fue en un coche de plaza y cómo volvió de la misma forma, cambiando la fiebre por la frescura, para que pensásemos —tal que Dahlmann— que a la realidad le gustan las simetrías inexactas, como en los juegos infantiles en los que hay que hallar diferencias. A las leves disonancias Borges las llama anacronismos porque quiere decir con una palabra que el pasado no vuelve. Ese ínfimo exceso queda rápidamente perdonado, porque es el preámbulo de esto:

“La ciudad, a las siete de la mañana, no había perdido ese aire de casa vieja que le infunde la noche; las calles eran como largos zaguanes, las plazas como patios. Dahlmann la reconocía con felicidad y con un principio de vértigo; unos segundos antes de que las registraran sus ojos, recordaba las esquinas, las carteleras, las modestas diferencias de Buenos Aires. En la luz amarilla del nuevo día, todas las cosas regresaban a él.”

Aquí comienza realmente el relato, con el viaje de Dahlmann. Los milagros de Shahrazad no pueden ser más maravillosos que la mañana y que el hecho de ser. El autor se esfuerza en transmitir la sensación del que se ha sentado en un tren, acompañado por un libro, y lo ha dejado entrecerrado para permitir el sol. El hombre Dahlmann, además, persiste, y por eso se imagina desdoblado; uno avanza por el día otoñal y el otro está encarcelado en un sanatorio.

Dije antes que Borges, en contra de su obra, renuncia inicialmente a su obsesión por la naturaleza exacta de las cosas y los hechos:

“Vio casas de ladrillo sin revocar, esquinadas y largas, infinitamente mirando pasar los trenes; vio jinetes en los terrosos caminos; vio zanjas y lagunas y hacienda; vio largas nubes luminosas que parecían de mármol, y todas estas cosas eran casuales, como sueños de la llanura.”

Dahlmann no es un héroe borgiano todavía. Sigue soñando y en sus sueños está “el ímpetu del tren”. Lo que sí cambia es el escenario. El coche ya no es el mismo. “La llanura y las horas” lo han transfigurado y las cosas dejan de ser casuales: la tierra se hace —es— elemental y desaforada. Lentamente notamos una sensación sin ambigüedades. El mundo que rodea a Dahlmann es vasto y perfecto, a la vez que íntimo y hostil. No hay contradicción en los adjetivos. Por eso Dahlmann empieza a sospechar que ya está viajando al Sur, porque el viaje al Sur es —ya lo sabemos— un viaje al pasado. Aún así, Dahlmann sigue moviéndose en un mundo literario. Es como esos artistas que buscan lo auténtico, lo primigenio, llevándose de lastre todas sus categorías, camino de Tahití o Reunión o Bahía. Para él “la caminata” es “como una pequeña aventura”. Incluso el hombre viejo, “reducido y pulido como las aguas a una piedra o las generaciones de los hombres a una sentencia” está cosificado, es expresamente un símbolo irreal del Sur.

El ocioso Dahlmann, el soñoliento Dahlmann, el perplejo Dalhman, sólo desaparecen, cuando ve en ese viejo una “cifra —ya real— del Sur (del Sur que era suyo)”, cuando, sin pensar, recoge la daga que le lanza el Sur. Borges no escribe que Dahlmann lo haga sin pensar, pero sí nos lo dice, y su método es maravilloso:

“Era como si el Sur hubiera resuelto que Dahlmann aceptara el duelo. Dahlmann se inclinó a recoger la daga y sintió dos cosas.”

“Se inclinó y sintió …” Ahí ya no está el hombre que leía las Mil y una noches. Luego ya sí piensa:

“No hubieran permitido en el sanatorio que me pasaran estas cosas…”

Los dos párrafos finales son inefables, si me permiten el oxímoron:

“Salieron, y si en Dahlmann no había esperanza, tampoco había temor. Sintió, al atravesar el umbral, que morir en una pelea a cuchillo, a cielo abierto y acometiendo, hubiera sido una liberación para él, una felicidad y una fiesta, en la primera noche del sanatorio, cuando le clavaron la aguja. Sintió que si él, entonces, hubiera podido elegir o soñar su muerte, ésta es la muerte que hubiera elegido o soñado.

Dahlmann empuña con firmeza el cuchillo, que acaso no sabrá manejar, y sale a la llanura.”

Cambien “empuña” por “empuñó” y la fuerza del relato disminuye irremisiblemente. La razón es simple: abandonamos la somnolencia y cogemos el cuchillo que acaso no sabremos manejar.

Hace unos días, mi mujer me encontró tirado en el suelo de una habitación revolviendo en unas carpetas llenas de papeles viejos. Como me conoce bien, no dijo nada. Un rato más tarde, tras escuchar cómo abría armarios y maleteros y movía libros y cajas, me preguntó con algo de desgana qué andaba buscando. “Un resumen que hice hace muchos años de un libro”, contesté enfurruñado, y sin mirar supe que había aparecido el mohín de la utilidad y la inutilidad, pero no quise parar. Al final, volvió a la carga: “¿y para qué lo quieres?”. Ya rendido, le dije que lo iba a utilizar en uno de mis artículos. “Ah, lo tiraríamos en la última mudanza”.

Comienzo, como ven, con el pequeño fracaso de no haber podido sacar una fotografía de una de esas decenas de cuartillas en las que, bien joven, resumí el libro que me había prestado un amigo. Creo que habría quedado bien para ilustrar este artículo, con la letra de entonces, ajustándome a los márgenes al máximo para aprovechar todo el espacio. Ahora, antes de seguir, intentaré explicar el origen de esto, porque me divierte la arqueología de lo que se escribe.

Cuando en esta magnífica revista se publicó el artículo Violencia estructural, algunos lectores escribieron unos comentarios muy interesantes. Sucede que, hace poco, leí cómo alguien manifestaba su asombro ante los “columnistas” que, gracias a esto de internet, se enzarzan en discusiones —a menudo inútiles— con los lectores, después de haber escrito lo que se supone que piensan, y me dije: “Tsevan, tienes mentalidad de bloguero. Para ser una estrella del columnismo y conseguir la renovación del contrato con Jot Down tienes que evitar la tentación de contestar, replicar, negar o dar la razón”. Además, al margen de estas imprescindibles cuestiones crematísticas, es cierto que queda feo querer ser el macho alfa a toda costa, contestando a cada objeción y no permitiendo que la discusión pueda continuar sin ser tú el protagonista o el oráculo. Por esa razón, empecé a limitar los comentarios en mis propios artículos a aclaraciones muy concretas, sin replantear constantemente lo que ya debía haber quedado expuesto desde el principio.

Explico esto porque voy a hacer referencia a un comentario de mi último artículo, pero sólo por explicar mis procesos mentales. El comentario en cuestión es de Melò y, en él, me acusaba de tener “dogmillas” al dar una serie de datos con “halo de exactitud verídica”. Les aclaro que, puesto que el artículo lo escribí en un par de horas, y se publicó un par de días después de las declaraciones del ministro Ruiz Gallardón, es evidente que no me dio tiempo a vivir entre esquimales, yanomamos o ¡kung el tiempo suficiente para hacer estadísticas sobre infanticidio. Esos datos los extraje de dos libros, uno del antropólogo Marvin Harris (Nuestra especie) y otro del primatólogo Michael P. Ghiglieri (El lado oscuro del hombre). Consulté estos libros por tres razones muy consistentes: la primera que las posturas de uno y otro son antitéticas en cuanto a la explicación del infanticidio (uno es antropólogo —y se le ha acusado de determinismo ambiental—, mientras que el otro es biólogo –y defiende con fuerza una componente genética en estas conductas–); la segunda, que me caen bien y las dos obras me gustaron y recordaba que trataban de este asunto; la tercera, que tenía los libros a mano cuando me puse a escribir el artículo. La crítica de Melò, por tanto, me pareció injusta, sobre todo porque ¿dónde estaban sus datos alternativos? Uno tiene claro que ustedes comprenderán que, cuando se dice que los esquimales abandonan al 20% de las niñas, eso no implica que los esquimales cuenten las niñas que nacen y a la quinta la abandonen por obligación, sino que alguien —un antropólogo en este caso— estuvo viviendo con unos esquimales concretos, durante un tiempo concreto y tomó datos y de ellos dedujo un porcentaje que siempre será aproximado precisamente por su naturaleza. Sin embargo, también era verdad que antes había sido muy escéptico con datos del mismo tipo que no me convencían y puesto en duda ciertos trabajos, hablando de sesgo, de intención, de resultado cocinado previamente por la ideología o las creencias del que estudia.

El comentario, por tanto, como queja general, adquiría toda su validez sobre todo porque Yo, Tsevan, lo había escrito antes con la misma imprecisión y con la misma mala leche. Y la primera conclusión sigue siendo que la pregunta “¿de dónde salen esos datos?” es siempre pertinente, sobre todo porque los porcentajes no son los datos en bruto. Y si esta conclusión vale para las ciencias “duras” —vamos, para las únicas que existen— en las que se han producido estafas, engaños y errores monumentales, pese a que por procedimiento son las que se sujetan más fácilmente a revisión, no les digo nada para otro tipo de estudios en los que es más fácil obtener un resultado mirando hacia un lado, pero no hacia otro, descartando un dato que no nos convence o dándole una interpretación “ajustada” para evitar que afecte a una “bonita” conclusión que teníamos previamente. Como resulta evidente, tenemos que utilizar los estudios publicados y presumir la buena fe y honradez de quienes los efectúan, pero siempre incluyendo una sana incredulidad, sobre todo cuando esos estudios afianzan nuestras convicciones.

Luego me pregunté si este escepticismo se veía facilitado o perjudicado por Internet y el enorme acceso a información de lo más variada. Harris y Ghiglieri tienen sus títulos y sus trabajos publicados y escriben libros que se traducen y tal. Ya, ya sé qué es el argumento de autoridad, pero ¿a que usted no se pregunta cada vez que pone su pie sobre el suelo si eso que ha pasado siempre va a seguir pasando, que la repulsión entre las partículas de la tarima y las de su propio cuerpo le impedirán a usted atravesarlo y terminar en el centro de la Tierra? Así que no ande jodiendo. Decía que sabemos, presuntivamente, quiénes son Harris y Ghiglieri, pero ¿qué pasa con todos los demás que escriben cosas en Internet? Coño, ¿qué pasa con Tsevan Rabtan? Muy pocos de ustedes saben quién soy. Sólo cuentan con una pequeña biografía que habrán considerado falsa, pero he visto escrito por ahí —asombrado sigo—, y no sólo una vez, que hay que leer mi artículo para poder opinar seriamente sobre el aborto.

Hay mucha información disponible en Internet. Mucha de esa “información” es simple repetición. Y ya sabemos que la copia hace que aumenten los errores. Sin poner en duda el trabajo original, quizá alguno de los datos que aparecen en el libro de Harris, por ejemplo, sea una transcripción errónea del propio Harris, o del editor americano, o del traductor español. O —mucho más fácil— quizá sea erróneo porque un tal Tsevan Rabtan (“ese nombre es un fake seguro”, dice un tipo que se llama Pepethebest1923 en un foro de viajes) lo copió deprisa. Cuando alguien use mi artículo para hablar del aborto —y alguien lo hará seguro— puede que lo copie mal, y luego alguien meneará ese artículo y otro mencionará no sé qué en algo.org y, si el dato es llamativo, algún político o periodista o comunicador terminará usándolo en una tertulia, y que los esquimales abandonan al 60% de sus hijas en la nieve terminará siendo una verdad oficial.

El aspecto masivo se impone al cualitativo. El que desmonta el dato erróneo no es divertido porque nos jode algo que podemos decir en una tertulia, obteniendo el “ahhh” de la concurrencia. Por desgracia, Internet permite el acceso a enormes cantidades de información pero al basarse, cada vez más, en la acumulación, en el número de citas —contando como una tanto la del experto como la del ignorante—, es difícil distinguirla.

Sigo con mi camino “autodupinesco”. Aunque haya gente que no lo crea, existió un mundo intelectual antes de Internet. Un mundo extraño, en el que, si te preguntabas por las dinastías del imperio Kushán, no podías hacer lo que está haciendo ese lector —¡le he pillado!— que acaba de ver un nombre del que no sabe nada y mira en Google. Nosotros no teníamos esa posibilidad y eso daba valor a cada gota de buena información que obtenías. Yo creo que hoy muchas personas deciden no gastar tiempo en aprender, en memorizar ciertas cosas, porque les resulta mucho más simple consultarlas casi automáticamente. La potencia de ese proceso, además, se incrementará, como ya nos dijeron esos sabios llamados escritores de ciencia ficción con sus ICE o Esferas de datos. ¿Para qué aprender algo sobre la historia de Francia en la Edad Media si puedes consultarlo? Esta manera de actuar, inevitable, introduce una debilidad en los razonamientos que nacen de esos datos consultados y no aprendidos. Para razonar necesitamos conocer los datos de verdad, tenerlos interiorizados. No podemos usarlos si no son casi automáticos. Haga una prueba. Abra esta página de Internet y si no comprende lo que dice, vaya enlazando los conceptos. Veamos si un par de horas más tarde ha entendido usted algo.

En mi casa, al principio, no había más libros que los del colegio de mis hermanos mayores. Yo leía mis libros escolares y leía los de mis hermanos antes de empezar el curso, porque no tenía otra cosa que leer. Cuando llegaba mi cumpleaños, mi madre me regalaba un libro —siempre que no fuera muy caro—. La biblioteca de mi primer colegio era lamentable así que, cuando por fin convencimos a mi padre para que comprase una Enciclopedia que (años más tarde lo descubrí) tenía el mismo nombre que la más famosa enciclopedia de ajedrez, terminé usándola para aprender, como si siguiese los enlaces de una página de la Wikipedia. Buscaba “protestantismo” y no entendía gran cosa, pero allí aparecía “Calvino” o “Husitas” y seguía mi búsqueda, de entrada en entrada. Así me pasaba muchas tardes, apuntando algún dato por miedo a no ser capaz de encontrarlo de nuevo si se perdía en la memoria. Imaginen qué pasó cuando los libros en casa fueron aumentando. Un día —debía de tener trece años— un compañero de colegio me prestó La Historia de Roma de Indro Montanelli. Me gustó tanto que lo leí y lo releí, pero me reclamaron la devolución. Así que, para no perder esas historias tan estupendas, después de cenar, en la cocina de mi casa, en folios cortados en dos, escribía resúmenes de cada capítulo, anotando datos, citas, hechos históricos. Las conservé durante mucho tiempo, pero no se las puedo mostrar, porque al parecer han sucumbido a una mudanza.

Eran tesoros para muchos de nosotros porque no teníamos más. No creo que los niños de hoy sientan esa necesidad. Eso les hace mucho más flexibles, porque pueden desechar las cosas con más facilidad pero, quizá y a la vez, más superficiales. Alguna vez, jugueteando con la idea de lo mejor de los dos mundos, pensé en que habría que trabajar en unos manuales inequívocos. No tendrían por qué ser muchos ni muy extensos. Un compendio de lo que hay que saber, un libro de mapas.

Supongo que es simple nostalgia.

Al llegar a este punto, me puse a buscar las cuartillas que empezaban ab urbe condita y mi mujer me encontró tirado en el suelo de una habitación, revolviendo en unas carpetas llenas de papeles viejos.

En España, hasta hace muy poco, cuando la madre de un recién nacido, o los abuelos maternos, lo mataban, se imponía una pena mucho menor que a cualquier otro asesino. Esta “ventaja” ya no existe en nuestra legislación, pero permanece así en la de muchos países. Por citar algunos, México, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Costa Rica, El Salvador, Guatemala o Venezuela, entre otros. Hay algunos países, por ejemplo Dinamarca o Suiza, que lo recogen como asesinato atenuado, pero no por la cuestión del honor, sino considerando la situación de crisis tras el parto.

Las causas del infanticidio, en la actualidad o en el pasado, han sido discutidas por muchos antropólogos y biólogos. Y no se han puesto de acuerdo. Esto no importa demasiado a los efectos del asunto que quiero tratar en este artículo. Que sea una forma de control de población, como sostenía Marvin Harris, o una estrategia dirigida al éxito reproductivo de otros hijos, presentes o futuros, es una cuestión muy interesante, pero podemos dejarla para otra ocasión. Lo que importa es que siempre ha existido y que sigue existiendo y que es un comportamiento mucho más extendido de lo que pensamos. Veamos algunos datos.

Nos cuentan los antropólogos que han estudiado a los ayoreo, los yanomamo y los aché, que es frecuente que las madres maten —por ejemplo, enterrándolos— a sus hijos recién nacidos por causas como que la madre no tenga marido, que el hijo sea deforme, que hayan nacido gemelos o que el hijo nazca relativamente cerca de uno anterior. Los esquimales abandonan en la nieve a un 20% de las niñas nacidas y esto al parecer se relaciona con el hecho de que sean los varones adultos los que sufren un número mayor de accidentes, ya que son ellos los que cazan. El sesgo sexual en el infanticidio no es un caso aislado: en China (los europeos que llegaron en el siglo XIX se encontraron con cuatro veces más niños que niñas en algunas regiones, sobre todo con escasez de tierras, como en el bajo Yangtsé), en Birmania, India, Bangladesh, Jordania, Pakistán o Tailandia, tiene mucha más probabilidad de morir una niña recién nacida que un niño.

Las madres (y a veces los padres) suelen matar de forma que reciben un consuelo psicológico: dan menos alimento al niño, le exponen más al frío, le aplastan cuando duermen con ellos, a veces incluso dando el pecho. En Europa, en siglos pasados, las nodrizas con fama de “carniceras” tenían éxito comercial y los tornos en los que se dejaba a los recién nacidos eran una forma encubierta de infanticidio: hay datos de la primera mitad del siglo XIX, en Francia, de los que resulta que, entre el 85% y el 90% de los niños abandonados en esas instituciones fallecía en el primer año de vida. En la Alemania del siglo pasado, los hijos de viudas morían en un porcentaje muy superior tras la muerte del padre, mientras que los del viudo no se apartaban de la media … hasta que el viudo se casaba y los hijos competían con la prole futura de la nueva esposa. Esto coincide además con los datos actuales del primer mundo. En Canadá, un 12% de los nacimientos lo son de mujeres no casadas. Sin embargo, acumulan el 61 % de los infanticidios. Más aún, las mujeres matan a sus hijos con frecuencia 1,5 veces mayor que los hombres y demuestran menos remordimiento: sólo se suicida una de cada cincuenta madres infanticidas, mientras los hace el 43,6% de los padres infanticidas. En Estados Unidos, las madres solteras son, según una encuesta del sociólogo Richard Gelles, un 71% más violentas que las casadas y los padres solteros un 420% más violentos que los casados. También está acreditado que los padrastros son mucho más violentos con los hijos de su esposa (es 50 veces más probable que el violento sea el padrastro —y no el padre— en Inglaterra, 70 veces más probable en Canadá y 100 veces en Estados Unidos).

El infanticidio era más habitual en épocas pasadas por una razón añadida: los métodos abortivos como pócimas, apretar fuertemente con vendas, golpear la barriga de la embarazada o introducir objetos para provocar el aborto, eran muy peligrosos. Simplemente es más sencillo y menos arriesgado para la madre matar al recién nacido o procurar que no tenga oportunidades de crecer. Además, la muerte del recién nacido deja la madre disponible para nuevos embarazos y por tanto para oportunidades maritales (hay estudios al respecto incluso en sociedades industriales del primer mundo). Por esa razón, para evitar la amenorrea derivada de la lactancia, es tan habitual en muchas especies, y singularmente en los primates, que el nuevo macho dominante mate las anteriores crías de las hembras.

En fin, la antropóloga Susan Scrimshaw reunió esos datos y concluyó que el infanticidio era general en Asia, que en África lo practicaban el 58% de las sociedades, en América del Norte el 65% y en América del Sur el 69%. En un estudio realizado en 60 sociedades abiertamente infanticidas, la causa se repartía entre la existencia de un exceso de prole (un 50%), malformaciones o mala salud (un 19%), el adulterio (un 18%), el incesto (un 3%), el sexo del nacido (un 3,5%) y el resto por otras causas.

Esos mecanismos de consuelo, además, se relacionan con prácticas conocidas que tiene una gran importancia en relación con el asunto del aborto que trataré después. En muchas sociedades hay rituales de bienvenida al recién nacido que se extienden hasta plazos muy largos. Se solía decir que la razón fundamental de estos plazos era asegurarse de que el nacido es viable. Sucede, sin embargo, que dentro de esa viabilidad se incluye la voluntad de la madre o del padre de que subsista. Como dice Harris, “igual que los partidarios del aborto definen al feto como ‘no persona’ las sociedades que alientan o admiten el infanticidio hacen lo mismo con el neonato”. Así, en el Japón premoderno, los parientes y amigos no felicitaban a los padres hasta que éstos manifestasen si iba a ser criado o no. Los famosos ¡kung consideran que el hecho de que se le dé nombre al nacido es la prueba de que la madre querrá criarlo y que no es una amenaza para sus hermanos. Los amahuaca de Perú simplemente no consideran “ser humano” al nacido hasta los tres años.

El infanticidio empezó a ser especialmente mal visto precisamente cuando los métodos anticonceptivos y el aborto se hicieron más seguros. Su uso generalizado a lo largo de la historia humana demuestra que esa idea de que las mujeres están programadas para tener una pulsión reproductora y para cuidar de todos sus hijos es, al menos, matizable. La realidad es que, en las sociedades avanzadas, estos sistemas de control de la natalidad (sí, el aborto es uno de ellos) permitieron rebajar el número de hijos y éstos se hicieron más valiosos porque en cada uno de ellos la inversión económica era cada vez mayor. Esto provocó el desarrollo de una cultura de protección de la infancia y muchas personas han interiorizado que siempre fue así.

Los seres humanos solemos confundir los productos de la evolución cultural con principios inmutables. Uno de ellos es el valor de la vida humana. Muchas personas creen que la vida humana tiene un valor absoluto y en ello basan su defensa de la abolición de la pena de muerte y el castigo del homicidio. No aceptan que el razonamiento sea simplemente práctico. Están infectadas por el mal de la “tolerancia cero”. Ciertas cosas están mal y hay que perseguirlas o impedirlas nos cueste lo que nos cueste. Esa manera perniciosa de pensar es la que explica que el pánico ante el mal de las vacas locas llevase a la Unión Europea a una orgía de prohibiciones y de destrucción de ganado (incluso de incineración) sobre la base de unos riesgos mínimos —las medidas básicas se habían adoptado ya en Inglaterra— y ello pese a que ese proceso resultase tremendamente costoso y detrajese recursos que se habrían podido usar para evitar otras muertes. La manera razonable de pensar, sin embargo, es otra. En toda medida hay que evaluar sus costes y resultados predecibles y minimizar los resultados dañinos hasta el punto en que seguir con esa minimización no provoque un gasto de recursos que puedan utilizarse para otros fines similares. Los seres humanos sí han sabido que la vida de un anciano o de un niño no era absoluta. Hacían cálculos y tomaban decisiones que eran admitidas por el grupo. Las leyes, incluso las penales, se basan en esos cálculos. Y si se han vestido de “absolutos” lo ha sido por el miedo a relativizar la vida humana, por ejemplo, y que eso dé lugar a un régimen como el nazi. Yo soy partidario de lo contrario. La mejor manera de evitar la vestidura de los valores absolutos (también existía esa vestidura en el nazismo, que llegó a perjudicar su esfuerzo de guerra por llevar al fin su locura racista y genocida) es precisamente insistir constantemente en que las sociedades y el derecho son un resultado cultural, que las normas suelen basarse en razones y que el avance se debe fundamentar en una ponderación serena de pros y contras.

Ayer, el ministro Ruiz Gallardón, ante una pregunta idiota dio una respuesta idiota. La pregunta era idiota porque definir el aborto como “derecho reproductivo” es un ejemplo de ese lenguaje enmascarador del que hablo en este artículo. Abortar es matar a un ser humano dependiente en un momento de su desarrollo y no tiene nada que ver con la reproducción, sino justo con lo contrario. Hace muchos años, cuando era adolescente, escuché a una mujer, en un debate televisivo, una frase que me impactó. Decía “cómo va a ser lo mismo matar a un niño que poner fin a unas cuántas células”. Me parecía una forma de expresarse cruel. Con el tiempo comprendí que la realidad es mucho más complicada, que el ser humano lo es desde que tiene un genoma único, pero que no es lo mismo un feto de cuatro semanas que uno de siete, o un recién nacido que una persona de veinte años, y comprendí que el derecho debía llegar a soluciones razonables que evitasen que las mujeres abortasen jugándose la vida en cuchitriles infectos o que matasen subrepticiamente a sus hijos recién nacidos; y que controlar cuándo decides tener un hijo o no es importante, porque se relaciona con la vida de una persona que ya es adulta (la madre), de forma directa, y porque de esa decisión puede depender la vida de aquel que viene al mundo. Aprendí a descender a la realidad, a una realidad como la que encabeza este artículo, y a pensar en soluciones.

Por otra parte, hay muchas personas angustiadas por la proliferación de lo que consideran un crimen horrendo. Si hay una trivialización del aborto, esta se produce sobre todo en relación con los sentimientos de estas personas a las que se acusa, a menudo injustamente, de retrógradas.

Yo no puedo admitir que se me impongan dogmas sobre lo que es natural o no, y de ahí deducir nuestras instituciones jurídicas. No transijo sobre esto, pero también es un dato el que muchas personas consideren éste un grave crimen y un problema que se oculta bajo las estadísticas. Por esa razón, hace mucho llegué a la conclusión de que —mientras se inventa un anticonceptivo ideal— sólo en un sistema equilibrado y que privilegiase la seguridad jurídica podría producirse un acuerdo básico. Ya sé que los que defienden que el aborto es un crimen horrendo, lo seguirán pensando aunque se prohíba a partir de una determinada semana de embarazo, pero tendrán que admitir que es “mejor” que se prohíba de forma eficaz a partir de esa fecha a que se permita en cualquier caso. La seguridad jurídica se obtiene fijando un plazo antes del cual se permitirá el aborto sin restricciones, y fijando consecuencias penales para los abortos a posteriori. Con un plazo razonable (salvo excepciones como el riesgo para la vida de la madre que es un caso típico de conflicto de derechos), ninguna mujer puede alegar que no ha tenido oportunidad de evitar un embarazo no deseado y la consecuencia sólo puede ser que, traspasado ese límite, el aborto sea delito. Y que lo sea de verdad es el pago que debe hacerse a los que se oponen al aborto en cualquier caso para encontrar ese lugar de acuerdo. Naturalmente, soy consciente de que esta posición no se admitirá por mucha gente, pero la creo razonable y, cómo es la mía, la expongo, antes de seguir adelante.

Decía que el ministro había dicho algo idiota. Me explicaré. El uso del término “violencia estructural” contra las mujeres que abortan —y que, se supone, sin esa “violencia” no abortarían— es una manera retorcida de introducir el debate sobre si el aborto debe o no ser legal, y en qué condiciones. La coacción ya es delito. Para evitarse la pregunta de qué hace un ministro que consiente que se cometan delitos en masa contra las mujeres que abortan, el señor Ruiz Gallardón habla de una violencia difusa que tiene que ver con las condiciones laborales, con las opiniones de los progenitores A, con el futuro profesional o laboral. Es asombroso. Ellas son ellas y sus circunstancias nos dice el ministro y abortan por sus circunstancias “violentas”. Sin embargo, actuamos aplicando la ficción de que los seres humanos son libres y capaces de tomar decisiones conociendo  que los hay más tontos o más listos, más agraciados o más feos, más ricos o pobres. Ya sabemos que la suerte influye y que tiene que ver con cosas como el lugar de nacimiento, el sexo, la clase social de tus padres, y tus características físicas. Es una ficción importantísima porque no hay alternativa. No podemos legislar para completar las decisiones de las personas, como un Gran Hermano que le indicará a él o ella cuál es la decisión correcta. La cuestión que hay que discutir es si el aborto debe o no ser legal. Si lo es, las mujeres mayores de edad y capaces deben poder decidir sin intromisiones. Y si el señor ministro quiere fomentar la natalidad que lo haga favoreciendo los nacimientos en abstracto, no intentando penetrar en la mente de una mujer que decide abortar. La libertad es eso: dejar de discutir las razones de la gente para hacer esto o aquello y que asuman las consecuencias de sus decisiones. Dejar de perseguir a los gordos, a los obsesos sexuales, a los machistas, a los zurdos, a los que fuman o se drogan, a los aficionados al fútbol, a los que escuchan a Amaral, a los que piensan cosas diferentes a las “correctas”, sin perjuicio de que asuman las consecuencias de su conducta. Las que sean. El afán regulatorio es la manera de uniformarnos, mediante el procedimiento de demostrarnos que el Estado es más capaz que nadie de decidir qué nos conviene.

Nos han vendido una motocicleta brillante en la que todo se debe hacer por buenos motivos, que nos deben gustar los animalitos y no ser crueles, que debemos ser comprensivos y sentir empatía por la madre naturaleza. Por eso, cuando hacemos cosas que no concuerdan con ese mundo irreal, disfrazamos nuestro discurso y hacemos piruetas para justificar esas “pequeñas” disonancias. Ésa es una forma de calmar nuestra mala conciencia y, de paso, de ceder nuestro raciocinio y nuestra capacidad de decidir en aquéllos que construyen sistemas en los que todas las causas y todos los efectos encajan maravillosamente. Yo prefiero la realidad. Es más jodida, pero no te engaña.

¿Blanco y en botella? ¡Whisky! 

La reforma laboral se deja notar. A pesar de haber escrito dos artículos —si bien breves— en tres días, escribo un tercero para hacer méritos. ¿Y qué asunto de más actualidad que el de la responsabilidad real y de cómo puede verse afectada por el asunto Urdangarín, sobre todo considerando las sorprendentes declaraciones a Jordi Évole del Padre de la Patria, otrora profesor mío, D. Gregorio Peces Barba, en las que afirma que sí, que claro que se puede exigir responsabilidades al Rey si comete un delito “más personal”?

Generaciones de españoles han estudiado que “la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”, literalmente, pero un catedrático de derecho constitucional y miembro de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas que a lo largo de 1978 estuvo discutiendo y votando sobre el asunto constitucional nos dice ahora que no. ¿Y cómo no tener en cuenta opinión tan fundamentada?

Ahora bien, nos han enseñado a discutir los argumentos, y ¿cuáles son? El primero, que de los actos del Rey siempre responde alguien porque todos ellos deben ser refrendados para ser válidos. Así lo dicen el artículo 59.3 y 64 de la Constitución Española. Este argumento es flojillo. Los actos que se refrendan son aquéllos de contenido político. Y eso está muy bien. El problema es que el Presidente del Gobierno no va detrás del Rey todo el día dándole permiso para cada “acto” que quiera realizar. Y hay actos de naturaleza privada. Dice el señor Peces Barba que el Rey no tiene libertad. Eso es una mentira y gorda. Claro que la tiene, y conforme a la tradición periodística española, más que ninguna otra persona de su relevancia, ya que los mismos periodistas han reconocido constantemente que existe un pacto tácito para no contar nada de la “vida privada” del Rey y de los miembros más cercanos de su familia.

Así que la pregunta persiste: ¿qué pasa si el Rey, un día cualquiera, comete un delito de violación? Ese es un acto que, con independencia de que se refrende o no, es válido que no vean. Que se lo pregunten a la mujer violada. La cuestión es: ¿puede perseguirse penalmente al Rey por esa conducta? El señor Peces Barba viene a decir que sí en el vídeo que les enlazo. Y yo me pregunto de dónde se saca tan estrafalaria conclusión.

Veamos, la Constitución Española declara su persona inviolable y le exime de responsabilidad. Y no distingue. Otras constituciones sí distinguen. La portuguesa, en su artículo 130, dice que el Presidente de la República “por delitos ajenos al ejercicio de sus funciones” responde ante los tribunales comunes después de finalizado su mandato. En Estados Unidos es preciso un impeachment para los delitos de traición, cohecho y otros crímenes, que concede el Congreso, para que juzgue el Senado presidiendo el Chief Justice. Y el Senado no le condena, sólo le priva de su cargo para que le juzguen los tribunales comunes. El sistema es similar en Francia (aunque el Senado sí condena), pero sólo por el delito de Alta Traición. En fin, no les doy más la murga. Hay sistemas de todo tipo, pero en aquéllos en que el jefe del Estado es responsable se dice expresamente por qué delitos se regula el procedimiento y se fijan las  responsabilidades penales.

No hay nada de eso en la legislación española. Por no haber, ni siquiera está regulado quién sería competente. El artículo 57.1.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial nos explica que el Tribunal Supremo es competente para conocer de las causas que se dirijan contra el Presidente del Gobierno y otros altos cargos. No se menciona al Rey.

Además, tampoco hay que ir muy lejos. En la propia página del Congreso, le llevan la contraria al Sr. Peces Barba, y se recuerda el famoso —sí, famoso— ejemplo puesto por D. Óscar Alzaga, que también sabe algo del asunto:

“La irresponsabilidad del Rey, en el aspecto penal, fue uno de los aspectos criticados en el iter parlamentario del artículo 56 de la Constitución, llegándose incluso a plantear, por algún sector, la hipótesis del Rey asesino o violador. A nuestro juicio, acierta O. Alzaga cuando afirma que el texto constitucional es correcto y que si el Rey delinquiese, “nos encontraríamos ante el desprestigio y, por ende, ante el ocaso de la institución monárquica”.

En fin, la consecuencia, como ven, es el desprestigio y —supongo— el cambio de la Constitución, lo que, por cierto, plantea otro tema, el de que se fomente la ocultación de cualquier hecho delictivo a fin de evitar consecuencias tan graves para el Estado (tema recurrente en todos los sistemas constitucionales, en cualquier caso).

Por si no fuera bastante, les diré que, naturalmente, este tema no se ha discutido en ningún tribunal porque, que sepamos, el Rey no ha cometido ningún delito. Sin embargo, miren por dónde, sí hay una mención jurisprudencial a la cuestión. El Reino de España, para defender que lo de injuriar al Rey es algo muy grave alegó, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la naturaleza especial de la figura del Rey y, entre las notas mencionadas, se encontraba la de la inviolabilidad real. Nos lo dice el TEDH en su sentencia de 15 de marzo de 2011 (TEDH 2011\30):

“Asimismo, estima que el hecho de que la persona del Rey no esté «sujeta a responsabilidad» en virtud de la Constitución española, concretamente en el ámbito penal, no impide de por sí el libre debate sobre su eventual responsabilidad institucional, incluso simbólica, en la jefatura del Estado, dentro de los límites del respeto de su reputación como persona.”

En fin, que la amistad le ha nublado las entendederas a D. Gregorio en este asunto. Si el Rey comete un delito no le podemos perseguir por ello. Sólo se me ocurre una escapatoria a esa afirmación: que se tratase de un delito de lesa humanidad y le juzgase un tribunal internacional competente tras dejar de ser Jefe del Estado. Y supongo que sería difícil que llegase a cometerlos, considerando que realmente todos sus actos “públicos” exigen refrendo.

Yo creo que la opinión del señor Peces Barba en realidad refleja la preocupación por el daño que pueda hacerle al Rey y a su familia la investigación criminal contra su yerno. Esa es una de las peculiaridades de la monarquía. Un presidente lo es durante un determinado tiempo y además, normalmente, el sucesor no suele ser el hijo del presidente anterior. Es difícil que surjan “malos entendidos” en relación a los miembros de su familia. Sin embargo, en cierto sentido, la monarquía nos impone un paquete completo: el Jefe del Estado viene con su familia y, además, muchos de los miembros de la familia son candidatos —en mayor o menor grado— a ocupar el puesto del Rey. Esto complica las cosas. Los lazos de parentesco, lo sabemos, y dando por descontado que el genoma de un monarca sea similar al de los demás mortales, suelen tener un vigor extraordinario. Es difícil que la inviolabilidad legal del Rey no se convierta en una inviolabilidad práctica de los miembros más cercanos de su familia. Que esto se percibía así resulta bastante claro considerando las declaraciones  de algunos responsables políticos que, al ser preguntados por qué pagaban facturas del Instituto Noos, contestaban que cómo iban a decir que no al yerno del Rey.

Antes de seguir, me gustaría decir algo sobre el proceso contra Iñaki Urdangarín. Como bien ha venido señalando Arcadi Espada, la gente —encantada por presa tan hermosa y más en los tiempos de indignación que corren— ya le ha juzgado. Yo les podría decir eso de “según  lo que he leído en los periódicos y siempre que sea cierto bla, bla, bla”, pero ¿saben?, llevo años viendo cómo los periodistas entienden al revés las sentencias que están disponibles y que podemos leer todos. No crean, tampoco me extraña. Los que nos dedicamos a la cosa legal estamos adiestrados en escribir para que no se nos entienda. Y si uno es juez eso lo lleva al paroxismo. El caso es que, si entienden mal las sentencias, ¿qué se puede esperar de las diligencias previas y los sumarios con sus miles de folios? Las veces que he tenido contacto con un asunto que conocía bien por razones profesionales y que se ha comentado en los periódicos he descubierto hasta qué punto se desenfocaban las cosas. Además, los intermediarios —ocultos— de los periodistas suelen ser personas que sí conocen los sumarios pero que quieren vender una versión interesada. Todo esto lo digo como anticipo de mis opiniones sobre la responsabilidad penal de Urdangarín.

Mis opiniones se limitan a decir: no tengo ni idea de si tiene o no alguna. Y creo que la gente se está dando demasiada prisa en tener una opinión. Presumo que algo debe haber, no sólo porque se le esté investigando en un Juzgado de Instrucción, sino porque creo que de no haber una base importante la tendencia de cualquier Juez y Fiscal —por ser quien es— habría sido la de archivar. No crean que digo esto por decir. Sí me resulta asombroso que, iniciada la investigación y constando que la infanta Cristina era socia y consejera de las sociedades y además beneficiaria de la mitad de los réditos, no se le llame a declarar. Les diré qué es lo normal en casos así, porque he sido abogado en muchos asuntos en los que se dirigían acciones penales contra algún “trajeao” con sociedad en la que aparecía como socia y administradora o consejera la mujer. Abierto el asunto contra el “trajeao”, la mujer siempre va a declarar. Luego, si dice “yo firmaba donde me decía mi marido” y “me dedico a mis niños y mis labores” y la cosa parece ser cierta, lo normal es el archivo. En este caso, parece haber un furor exculpatorio sin necesidad de escuchar en declaración y como imputada —para su defensa— a la infanta, furor que sólo es compatible con esa intención de evitar que la causa se acerque, más aún, al propio Rey.

Termino. No soy muy partidario de la monarquía, ni siquiera de las parlamentarias. Las familias reales tienden a crecer y multiplicarse y luego todos son problemas y escándalos. También es verdad que dan color y alegran las veladas. La cuestión es que, en cualquier caso, lo que es “impepinable” es que, pasado ya el tiempo del peaje y agradecimiento al Rey por su renuncia —inevitable— a los poderes heredados de Franco y por sus servicios, sean los que sean, ha llegado el momento de clarificar de forma absolutamente transparente todo lo relacionado con sus finanzas y la de los miembros de su familia más cercana. Y aquellos que no estén incluidos en esas obligaciones deben quedar fuera de toda actividad institucional, para que no nazca ese respeto reverencial que llevaba a tanto desahogado a extender cheques sin preguntar —según han ido declarando.

Entre otras cosas, eso serviría para evitar el escándalo de que la revista Forbes publique —no sé con qué fundamento, ya que, al parecer, incluían bienes de Patrimonio Nacional— que el Rey tiene una fortuna incompatible con las asignaciones presupuestarias anuales desde que existen. Sabiendo cuál es la fortuna personal del Rey y de los miembros de su familia y en qué gastan el dinero que se les asigna, yo no tengo inconveniente en que deje de ser la Casa Real más barata del mundo, según nos informan. 

El 16 de diciembre de 1689, tras la “Gloriosa Revolución”, el Parlamento inglés aprobaba el Bill of Rights. Allí se puede leer:

“That excessive bail ought not to be required, nor excessive fines imposed, nor cruel and unusual punishments inflicted;”

Por vez primera, una ley recogía la prohibición de imponer castigos crueles o inusuales. Comienzo con este ejemplo, porque es una demostración de una de las características de un derecho arbitrario. Los redactores de esa norma no estaban pensando en la pena de muerte, la tortura o los castigos físicos, que les parecían estupendamente bien. Estaban pensando en “uno de los nuestros”.

Titus Oates, un clérigo inglés, había denunciado una falsa conjura de católicos para matar a Carlos II y colocar en su lugar a su católico hermano, el futuro Jacobo II. Como consecuencia de sus falsedades, se inició la caza de brujas que se conoce como “complot papista”. Cuando se descubrió que el clérigo Oates era un perjuro, fue condenado a la picota, a unos azotes y a ser despojado de sus hábitos, mientras la chusma le tiraba huevos. Tras la revolución, los protestantes rehabilitaron al tipejo y, a fin de evitar que pudiera repetirse algo así, incluyeron la prohibición de los castigos crueles e inusuales. Se podía seguir torturando sin problema, siempre que el torturado fuera un bribón o un papista, pero no se podía poner a un clérigo en la picota.

Hablo de arbitrariedad como podría hablar de privilegios. Un privilegio es, etimológicamente, una ley privada. Por definición, los privilegios legales deberían ser excepcionales. Sin embargo, como veremos a lo largo de estos artículos, han sido norma cuando se habla de crímenes de lesa humanidad. Incluso en el nacimiento y funcionamiento del producto más refinado de esta evolución, la Corte Penal Internacional, esos privilegios están presentes de una manera muy notable. La pregunta es ¿un sistema legal arbitrario se legitima sólo por su objeto y por sus producciones o no?

El derecho internacional no existe, en realidad. Ya sé que esta afirmación puede levantar las iras de mucha gente, pero intentaré argumentar. Eso que llamamos derecho internacional es una excrecencia de los derechos nacionales y de acuerdos entre desiguales basados en la fuerza. En cierto sentido, se parece más a un contrato que a otra cosa, pero con una diferencia esencial: un contrato es un acuerdo obligatorio porque un poder superior a ambos contratantes puede imponer su cumplimiento. No hay un poder superior a los Estados nacionales que pueda hacer tal cosa. La ONU, el Consejo de Seguridad, las instituciones supranacionales, sólo son efectivas en la medida en que quieren los propios Estados, en particular las superpotencias. No creo que haga falta argumentar mucho sobre esto. El sistema penal internacional sigue siendo correa de transmisión del Consejo de Seguridad de la ONU, un lugar en el que cinco naciones —una de ellas no democrática y otra dudosamente democrática— tienen derecho de veto. Esas cinco naciones han utilizado ese derecho, vergonzosamente, a lo largo de siete décadas, cuando les ha interesado.

Esta realidad —la inexistencia de un poder supranacional real— implica que sólo se persiga a aquellos “criminales” que los Estados quieran que se persiga. Ni siquiera es preciso que el Estado en cuestión sea especialmente poderoso: hizo falta que las promesas de transferencia de fondos a Serbia incluyeran como requisito la entrega de Milosevic al Tribunal Internacional para Yugoslavia para que el Gobierno de ese país se decidiese a cumplir con esa exigencia. Al final, casi siempre es algún pringado cabeza de turco el que termina pagando.

Hay muchas personas que piensan que esto no es un obstáculo, que se trata de hacer camino. Puede ser, pero yo, más que un defecto en un sistema imperfecto, creo que es un defecto estructural. Puede que veamos con agrado que un criminal —en sentido vulgar— sea “juzgado” por sus crímenes en algún lugar de los Países Bajos o de Tanzania, pero esa sensación no convierte un ejemplo de privilegio y arbitrariedad en un sistema legal.

Esta es la primera y radical falla del sistema.

He de aclarar que no pretendo que exista un sistema de Gobierno mundial para que un derecho penal internacional — que merezca este nombre— pueda existir. Bien al contrario: mientras haya en el mundo regímenes que no cumplan el estándar de democracia respetuosa con los derechos humanos de sus ciudadanos, esto sería imposible. No, un sistema legal internacional podría existir sin necesidad de que todas las naciones de la Tierra cumplieran esos requisitos. Para ello sería precisa una ONU restringida en la que fuera condiciones inexcusables para participar que el Estado fuese democrático y que estuviese escrito en sus constituciones y en sus leyes —y se cumpliese razonablemente— el respeto a una lista mínima de derechos humanos. En esa organización el voto no sería por país, sino que se debería corregir — aunque no hasta el punto de que fuera proporcional— por factores como la población. No existiría veto, todo lo más mayorías cualificadas. Se crearía un código penal común que recogiera determinadas categorías de delitos especialmente graves — genocidio, de lesa humanidad y otros que afectasen al bienestar y seguridad del conjunto de las naciones— y un tribunal también internacional con jurisdicción plena en todos los Estados miembros. Y sin ningún tipo de remordimientos, se incluiría la facultad de intervenir en otros Estados no signatarios de producirse crímenes horrendos como el genocidio o los crímenes de lesa humanidad a fin de detener y castigar a los culpables. Esa organización supranacional en realidad funcionaría — en un cierto sentido— como un Estado unitario que impone su fuerza a otras naciones y a sus ciudadanos, sobre la base de un estándar de civilización. La diferencia con la situación actual es evidente: la existencia de un poder judicial independiente con facultades coactivas y la negación radical del derecho de veto a la hora de aplicar esa ley supranacional. Esto que planteo es, lo sé, irrealizable. Lo que más se le parece es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del que ya hablaré más adelante.

A lo largo de estos artículos iré explicando hasta qué punto la arbitrariedad y el privilegio están tan enraizados en eso que llamamos derecho internacional de derechos humanos, que no puede seriamente defenderse que cumpla los requisitos de un sistema legal tal y como se entiende habitualmente. Esto no excluye que las decisiones judiciales puedan ser representativas de lo que normalmente llamamos sistemas avanzados. El problema, sin embargo, subsiste: no es que el sistema falle por aspectos casuales, como ocurre cuando un crimen resulta impune porque no se encuentran pruebas contra su autor. Sucede que el sistema castiga conductas iguales a otras que no puede perseguir porque están excluidas de sus jurisdicción. Y eso, en un sistema que pretende ser universal, es, como ya he dicho, un fallo estructural absoluto.

He hablado hasta ahora de una cuestión previa que me parece fundamental. Empecemos ahora con cuestiones temporales importantes en relación con la materia de esta serie de artículos.

Para comprender hasta qué punto lo que llamamos crímenes contra la Humanidad existen como figuras delictivas completas hay que analizar quién las definió, con qué legitimidad, con que amplitud territorial y cuándo. Estas son cuestiones áridas, sobre todo porque sirven para amparar eso que los esforzados de turno llaman tecnicismos de leguleyo. La putada es que, sin esos tecnicismos, esa legislación no puede pretender defender los derechos humanos.  Ya veremos en su momento hasta qué punto organizaciones como Amnistía Internacional se pasaron de frenada al defender, en la fase previa a la aprobación del Estatuto de Roma que aprobaba la Corte Penal Internacional, la derogación de ciertos derechos de defensa.

Sobre esta materia hay dos posiciones de partida: una iusnaturalista y otra positivista. El iusnaturalismo siempre encuentra una fuente natural de la que sacar su agua. Y en esta materia, el agua abunda a ojos de la gente. Se supone que a todo el mundo le horrorizan ciertos crímenes –digo se supone porque luego los ciudadanos se aprestan a ejecutarlos si el ambiente es propicio. El positivista cree que de las situaciones de fuerza organizada llamados Estados se deriva la existencia de una organización jurídica, y que los derechos y las obligaciones exigen una puesta en escena, casi siempre escrita –aunque sea para dejar constancia de que la costumbre puede ser fuente del derecho. Siempre he pensado que los iusnaturalistas son una peste y ellos deben saberlo porque últimamente suelen esconderse bajo disfraces positivistas, para que no les confundan con el papa de Roma, imagino. Algo así pasa con el derecho penal internacional. Veamos por qué.

En el siglo XIX los ingleses impusieron una prohibición internacional de la trata de esclavos. ¿Era legal? No, claro. Tampoco era ilegal, porque no existía sino en los sueños de algunos tratadistas, un derecho internacional. Era un acto de fuerza basado en la potencia de la Royal Navy. Hay que esperar hasta 1926 para que se apruebe la Convención sobre la Esclavitud y esperar hasta 1970 para que Omán (el último Estado en hacerlo) la firmase “… bajo el inspirado liderazgo de Su Majestad el Sultán Qaboos bin Said…”. Naturalmente, que se alegasen razones morales para apresar barcos o para intervenir en países no implicaba que existiesen como tal unos derechos universales. Simplemente se afirmaban razones de caridad cristiana —por ejemplo para proteger a los cristianos de las persecuciones en Turquía.

Más tarde, algunas naciones pensaron en utilizar esas cuestiones de caridad y humanitarismo para justificar necesidades presupuestarias. Como ciertos modos de matar eran caros, podía resultar buena idea firmar tratados por los que los Estados se comprometieran a limitar su fabricación y uso; tratados que eran perfectamente denunciables, naturalmente, y que fueron incumplidos con gran alegría. De ese impulso surgieron los primeros convenios que regulaban la cosa de la guerra. En 1907 cuarenta y cuatro países suscribieron la Convención de la Haya para la resolución pacífica de las controversias internacionales que sustituía uno previo de 1899. Entre sus signatarios están todos los que siete años después se embarcarían en la Gran Guerra. Su lectura es interesante porque describe con exactitud hasta qué punto estamos en presencia de un texto legal: todo el rato se usan expresiones como “sería deseable” “cuando las circunstancias lo permitan” y otras similares, y se advierte expresamente de que los sistemas de intermediación no tienen contenido obligatorio.

Cuando tras la Guerra Mundial los ingleses y los franceses se plantearon crear un tribunal que juzgase a Guillermo II por la invasión de la neutral Bélgica y por la guerra submarina, los norteamericanos —sin duda por un interés estratégico— alegaron que un Jefe de Estado, conforme a un tradición que se remontaba a cuando el derecho de los reyes era de origen divino, era inviolable. Merece la pena destacar esto: conforme a una cierta interpretación —que hoy nos parece aberrante— del “derecho natural” los reyes eran absolutamente inmunes. Claro, eso no evitó que los ingleses le cortasen el cuello a uno y echasen a otro. Digo esto para remarcar el cambiante aspecto de lo que nos parece conforme a no a ese supuesto “derecho natural”. Algo parecido terminó sucediendo con el juicio a dirigentes turcos por el genocidio armenio, resultado del Tratado de Sèvres.

Hasta la 2ª Guerra Mundial los únicos tratados que tenía un contenido mínimamente completo y obligatorio eran las Convenciones de la Haya y de Ginebra (el primero se remonta a 1864 y se relaciona con el nacimiento de la Cruz Roja) sobre el derecho de guerra. Gran parte de esos tratados reunían y resumían las reglas de numerosas naciones, muchas de las cuales se habían inspirado en las Instructions for the Government of Armies of the United States in the Field, el también llamado código Lieber, por el nombre de su autor, y que tenía una finalidad reparadora, como es habitual. Tras un conflicto, la Guerra de Secesión, Lincoln quería poner límites que permitiesen una reconciliación nacional.

La Convención de La Haya de 1899,que sí regulaba de manera muy clara obligaciones en caso de conflicto internacional respecto de los soldados, los heridos, los prisioneros, el inicio y cese de hostilidades, y la ocupación de territorio enemigo, por ejemplo, incluía, en su parte preliminar, la que se llamaría “cláusula Martens”:

“En espera de que un Código más completo de las leyes de la guerra pueda ser dictado, las Altas Partes contratantes juzgan oportuno hacer constar que en los casos no comprendidos en las disposiciones reglamentarias adoptadas por ellas, los pueblos y los beligerantes quedan bajo la salvaguardia y el imperio de los principios del derecho de gentes, tales como resultan de los usos establecidos entre naciones civilizadas, de las leyes de humanidad y de las exigencias de la conciencia pública”

Se suele definir esta cláusula como un precedente del concepto de crimen contra la Humanidad. Si se trata de eso sólo, de un precedente, habrá que admitir que sí. Como lo son también por ejemplo algunas menciones sueltas en los tratados citados y en algunos comités nacidos a raíz de la Primera Guerra Mundial. Ahora bien, ¿es eso derecho? ¿Se puede hablar de normas completas que codifiquen ciertas conductas como crimen contra la Humanidad?

Lean de nuevo la cláusula. ¿Les parece a ustedes algo parecido a: el que matare a otro será castigado como reo de homicidio a la pena de tantos años de cárcel?

A mí tampoco.

Sin embargo, para Baltasar Garzón —y ojo no es el único que lo piensa— sí existía tal codificación. En el auto de 16 de octubre de 2008, en su página 8, dice:

“Es decir, los crímenes atroces cometidos con posterioridad al 17 de Julio de 1936, tenían ya, en aquella época, la categoría de actos prohibidos por el ius in bello (derecho de la guerra) e integraban la categoría de crímenes contra las Leyes y Costumbres de la Guerra y Leyes de Humanidad,”

Sobre este particular, les diré que todas esas normas regulaban el ius in bello en conflictos internacionales, no civiles. El Convenio de Ginebra de 1949 relativo a la Protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra expresamente excluye de persecución las graves infracciones (que aparecen en el siguiente párrafo) en caso de guerra civil. Ese convenio que, insisto, es de 1949, introduce una serie de obligaciones en caso de Guerra Civil —por vez primera en el derecho internacional— pero no se impone ninguna sanción en caso de incumplimiento.

Así que, como primera conclusión, no, en 1936 …

“el homicidio intencional, la tortura o los tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos, el hecho de causar deliberadamente grandes sufrimientos o de atentar gravemente contra la integridad física o la salud, la deportación o el traslado ilegal, la detención ilegal, el hecho de forzar a una persona protegida a servir en las fuerzas armadas de la Potencia enemiga, o el hecho de privarla de su derecho a ser juzgada legítima e imparcialmente según las prescripciones del presente Convenio, la toma de rehenes, la destrucción y la apropiación de bienes no justificadas por necesidades militares y realizadas a gran escala de modo ilícito y arbitrario”

… no eran delitos internacionales si se producían en una Guerra Civil.