Investigación científica en España

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Supongo que la famosa frase de don Santiago Ramón y Cajal “investigar en España es llorar” es quizá un inicio demasiado pesimista para un artículo. Si lo combinamos con la frase de Unamuno “¡que inventen ellos!” puede ser ya como para saltar al siguiente artículo; si no por una ventana caso de tener el sustento mensual en esto de innovar. Pero qué quieren que les diga; si vamos a abordar la investigación científica en este país me temo que son citas obligadas. Aunque sólo sea como referencia para verificar los supuestos progresos de la innovación de este país. Porque ¿ha cambiado algo a lo largo del siglo que aproximadamente nos separa de dichas palabras? Siendo sinceros y no dejándonos llevar por el victimismo español, sí han cambiado cosas, en muchas ocasiones incluso a mejor; sin embargo es imposible librarse de cierta inquietud. Es tal vez difícil no dejar de pensar que lo que no ha cambiado es el trasfondo social que propició frases tan brillantes a la par que pesimistas.

Santiago Ramón y Cajal

¿A qué me refiero como trasfondo social? Es posible que suene a perogrullada, pero algo fundamental para desarrollar investigación científica y técnica es la tradición científica. La tradición científica es el sentimiento, extendido al conjunto de la sociedad, de que la investigación es una condición necesaria y suficiente para tomar ventaja respecto al resto de competidores. Es importante el matiz “extendido a toda la sociedad”, no sólo porque constituya la fuente del personal interesado en dedicarse a esta función, lo cual aunque importante no es del todo imprescindible —no olviden la frase del torero Guerrita “hay gente pa tó”—; sino porque la sociedad al completo considera las partidas económicas dedicadas a este concepto como inversión, no como gasto. Este es el auténtico meollo de la cuestión y es el origen del secular retraso español en aspectos científicos. No hay vuelta de hoja; un anglosajón sabe, desde que tiene uso de razón, que James Watt se hizo millonario y generó millones de puestos de trabajo aplicando su máquina de vapor en la industria textil. Cualquier españolito no tiene ni idea de los beneficios que le reportó a Isaac Peral la invención del submarino; quizá por ser piadosos, porque beneficios, lo que se dice beneficios, más bien ninguno.

Al hilo de este asunto no deja de ser significativa la postura del gobierno español a lo largo de sus dos mandatos. Al llegar al poder nuestro actual gobierno declara que la I+D+i debe convertirse en el motor económico que lidere el cambio de modelo productivo. Es posible que esté equivocado, pero me parece que es la primera vez que el gobierno de nuestra nación deja de ver la investigación, al menos públicamente, como un exotismo necesario para pasar a denominarnos país del primer mundo y… poco más. Condiciones había, la inversión en educación ha empezado a dar sus frutos: por primera vez tenemos una masa crítica de personal altamente cualificado capaz de generar una auténtica producción propia con los medios adecuados. Sin embargo hay dos problemas fundamentales a los que no se dio solución. El primero es que el sistema de investigación pública, habiendo crecido mucho, no es capaz de absorber a la inmensa mayoría de este personal, lo cual por otro lado es bastante lógico. Hipertrofiar el sistema público no es una buena idea dado el carácter funcionarial del mismo, aunque siendo realistas el ratio de investigadores públicos por habitante es exiguo comparado con países que sí tienen una auténtica tradición científica.

La fachada-retablo de la Universidad de Salamanca, una de las más antiguas del mundo.

El segundo problema es más dramático. La investigación privada en este país es realmente marginal, normalmente realizada por multinacionales, y lo es porque los beneficios son más inmediatos comprando licencias que generándolas. Esto indica un problema en cuanto a la política fiscal aplicada a la innovación que no ha sido abordado. No me malinterpreten, no es que haya sido abordado erróneamente, es que simplemente no se ha considerado. Es en este marco legal en el que se encuadra la reciente polémica entre Mariano Barbacid y el Ministerio de Ciencia e Innovación. Sea como fuere creo que la postura inicial del gobierno, sin ser precisamente un votante, sobre el cambio de modelo productivo, dio en la diana sobre el tratamiento que la sociedad española debería dar a la I+D. Intentar desarrollar una infraestructura pública, ya que la privada no existe a todos los efectos, capaz de trasladar sus descubrimientos a la industria española es el primer paso para iniciar una tradición científica. Nada prematura, es cierto, pero mucho mejor que el panorama anterior. Sin embargo, la crisis ha revertido el proceso. Las declaraciones del gobierno vuelven a hablar de gasto, no de inversión; mientras, las pequeñas y medianas empresas, las que deberían innovar en nuestro país para pasar al siguiente nivel y convertirse en grandes e incluso multinacionales, no innovan: copian, licencian o, incluso aún más habitual, cierran.

Esto trae aparejado que el personal cualificado emigre. No deja de ser curioso que alguno, principalmente los medios de comunicación, lo vea como un éxito del sistema de investigación español. Se ha dicho muchas veces pero creo que es importante repetirlo. La formación de este personal nos ha costado dinero a todos los españoles y, sin embargo, están dando beneficios a inversores localizados en otros países. Simplemente, y a pesar de tener la capacidad para ello como prueba el hecho de que sean contratados, no generan riqueza ni empleo a aquellos que costearon sus estudios. Está muy bien que haya numerosos investigadores españoles en Nueva York, pero esto no es síntoma de que la Investigación española vaya bien. Es síntoma de que la educación sí va bien, pero la educación es sólo la etapa previa a la creación de riqueza por parte de la población, condición necesaria pero no suficiente. Si el esfuerzo educativo de los españoles no revierte en ellos, se lo estamos regalando a otros países que en el fondo son nuestra competencia.

No es que en España no haya habido ciencia e innovación; la ha habido, la hay y, seguramente, la seguirá habiendo independientemente de la coyuntura económica y social. Pero en cuanto a ciencia pasada y presente es un suceso aislado fruto del trabajo de unos tipos extraordinarios que o bien son capaces de sobreponerse e investigar con cantidades irrisorias o recaudar dinero de las maneras más improbables. Lo importante para asegurar la función de la ciencia como motor de la economía es que la sociedad la entienda como suya y premie en las urnas a aquellos que así lo entiendan aunque no vayan a ver los resultados de esta inversión para las próximas elecciones, del mismo modo que deberían penalizar actuaciones erráticas en este sentido. No puede ser tan difícil si en el país del “algo habrá hecho” o las barbacoas de sodomitas en Autos de Fe públicos provoca alarma la violencia contra las mujeres o la homofobia. Deberíamos ser también capaces de cambiar la percepción de la investigación y el desarrollo que tiene la sociedad española en un plazo razonable de tiempo.

 

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