Una Constitución, dos Constituciones, tres Constituciones…

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Ejemplar original de la Constitución española de 1978 expuesto en el Congreso de los diputados, Madrid. Fotografía: Barcex (CC)
Constitución española de 1978 . Fotografía: Barcex (CC)

El top ten de las Constituciones españolas

A diferencia de otros países como el Reino Unido o Estados Unidos en este país hemos tenido unas cuantas Constituciones. Casi se podría decir que nos gustan tanto las Constituciones que cada dos por tres queremos cambiar la que tenemos por una nueva.

La primera de todas, como es sabido, es la Constitución de las Cortes de Cádiz de 1812, «La Pepa». No obstante es conveniente citar el Estatuto de Bayona de José I, «Pepe Botella», que a pesar de ser pomposamente llamado «Acte Constitutionnel de l’Espagne» en realidad no pasaba de carta otorgada y además concedida por un monarca extranjero mantenido en el Gobierno por un ejército invasor. Pese a eso, en 1808 algunos vieron a los franceses como los únicos capaces de acabar con el absolutismo en España y, al menos en un principio, no les miraron con tan malos ojos como el resto.

Muy poco después, en 1812, los que rechazaban a los franceses y se consideraban representantes del legítimo Gobierno nacional convocan Cortes en la única ciudad libre y redactan la primera Constitución española. La situación es excepcional y, como es sabido, entre los diputados hay pocos defensores del absolutismo, lo cual no quiere decir que todos los ilustrados-liberales tengan muy claro lo que hay que hacer, o mejor dicho: hasta dónde tienen que llegar las reformas.

Al final la Constitución les sale un poco recatada, o incluso mojigata. La soberanía popular queda reducida a soberanía nacional y los ciudadanos activos, los que pueden votar y ser elegidos, son muy pocos, una ínfima parte de los españoles. Además el rey sigue conservando un gran poder y el Estado se declara, como no podía ser de otra manera, confesional, con la prohibición expresa de otras religiones. Pese a todo las ideas de Montesquieu sobre la separación de poderes sí las llevan a la práctica (aunque le cedan al rey el poder ejecutivo, entre otras prerrogativas) y deciden crear una sola cámara y no dos, precisamente para evitar una segunda cámara aristocrática que favorezca al rey y defienda el absolutismo. Luego falla el asunto de los derechos individuales, que no aparecen claramente identificados y tipificados, aunque sí se reconozcan los básicos como el de libertad y propiedad. Naturalmente las cosas hay que juzgarlas en su contexto y en la época que estamos el simple hecho de separar poderes y hablar de soberanía (sea nacional o popular) ya es un gran paso adelante, y la mejor prueba es que la Constitución fue totalmente rechazada por el rey y por los partidarios del absolutismo que lograron, con muy poco esfuerzo hay que decir, acabar con ella al poco de ser aprobada. En 1814 vuelve Fernando VII, se publica el «Manifiesto de los persas», el general Elío hace uno de esos pronunciamientos que luego serán el pan nuestro de cada día y toda la obra de las Cortes de Cádiz (que además de la Constitución incluye otros decretos y medidas económicas y sociales) es anulada y condenada al olvido. Hasta que llegue Riego en 1820 y comience el Trienio liberal. Entonces será cuando la mayoría de los españoles conozcan la Constitución del 12 (antes, bajo dominio francés, ni se habían enterado), pero eso no significará que de buenas a primeras se vuelvan liberales. Sin grandes problemas, de nuevo, Fernando VII conseguirá en 1823 reimplantar el absolutismo.

María Cristina jurando la Constitución ante las Cortes. Cuadro: de Francisco Jover y Casanova y Joaquín Sorolla y Bastida
María Cristina jurando la Constitución ante las Cortes. Cuadro: Francisco Jover y Casanova y Joaquín Sorolla y Bastida

Hasta 1834 no se vuelve a hablar de Constituciones ni de nada parecido. Pero en 1834 la regente María Cristina necesita desesperadamente el apoyo de los liberales y eso tiene su precio. Al principio quiere regatear todo lo posible, en lugar de Constitución, otra carta otorgada: el Estatuto Real de 1834, pero con los carlistas a las puertas de la capital los liberales se sienten fuertes y piden más, piden una Constitución de verdad, o como mínimo, la vuelta de la Constitución del 12. Al final tendrán Constitución nueva, una Constitución que necesita de varias revueltas populares y motines para ver la luz (como las revueltas populares del 35 que incluyen como gran novedad y pronto tradición la quema de conventos, y el «motín de los sargentos de la Granja» del 36), una Constitución que, pese a todo, no va mucho más lejos que «La Pepa». La soberanía nacional pasa a ser compartida por el rey y las Cortes, que dejan de ser unicamerales (y, claro está, el rey controla en la práctica la de los senadores) y el sufragio censitario solo llega al dos por ciento de la población española. Pese a todo a la reina le parece demasiado y en cuanto pueda se la quitará de encima, a la Constitución, a Mendizábal y a su desamortización. Por desgracia para ella llegará Espartero y volverá a restituirlo todo, y de paso le enseñará la puerta de salida a la regente, inaugurando otra cosa que pronto será tradición: el poder político de los militares.

No vuelve a haber más Constituciones hasta 1845. Isabel ya es reina. Estamos en la década moderada y Narváez, otro general, gobierna con el favor de la reina adolescente (nota: la reina crecerá, pero nunca dejará de sentir un gran afecto por los moderados, olvidando a todos los demás partidos, lo cual a la larga será su perdición, como no podía ser de otra manera). Narváez decide que ya es hora de acabar con la Constitución del 37, que le parece demasiado liberal. Se vuelve a incidir en la idea de la soberanía compartida entre Cortes y corona y se reduce el sufragio censitario (que ya hemos visto que era de por sí muy reducido). Además se toman otras medidas, como la ley de la administración local de ese mismo año, y todo eso hace que los liberales progresistas tengan que recurrir a la sublevación armada si quieren gobernar o influir en el Gobierno. Uno de esos pronunciamientos, el de O´Donnell en Vicálvaro de 1854, tendrá éxito (aunque al principio la cosa no está tan clara) y vendrá una corta etapa donde se intentará una nueva Constitución, la del 56, que no llegará a aprobarse. Será la primera de las constituciones «non natas» españolas. Cuando las aguas vuelvan a su cauce, Narváez, otra vez en el Gobierno (aunque turnándose con un O´Donnell reconvertido en «centrista»), continuará con la Constitución del 45, eso sí, para darle un poco de brillo y evitar que dé la impresión de vieja le añadirá un «Acta Adicional», y con eso todo arreglado.

Saltamos hasta 1869. Ya hemos dicho que la reina tenía la manía de hacer solo caso a los moderados, olvidándose de los centristas (la Unión Liberal de O´Donnell-Serrano), los progresistas y los demócratas (además, evidentemente, de los innombrables, los apestados de fuera: los primeros republicanos y los primeros socialistas). Eran muchos enemigos si se llegaran a juntar, y se juntan con el Pacto de Ostende. A eso le sumamos la ambición personal de su propio cuñado, el duque de Montpensier y ya tenemos reina con maletas urgentes para el exilio. ¿Y ahora qué? La pregunta de siempre.

Lo primero: otra Constitución. La del 69. La primera realmente democrática, pues por primera vez se ejerce y se reconoce el sufragio universal (masculino, que eso aún ni se discute) y todos los derechos individuales vienen muy bien detallados. Pero además la cuestión religiosa, otra novedad importante: se aceptan otras religiones.

El verdadero problema de la Constitución del 69 es el artículo 33: «La forma del Gobierno de la nación española es la monarquía». Y es un problema porque justo acaban de echar a Isabel II y por tanto están sin rey. Así que toca buscar un rey, y no vale un rey cualquiera, tiene que ser un rey constitucional, democrático, algo tan difícil, según Prim, «como encontrar un ateo en el cielo».

¡¡¡¡Virgen y mártir!!!! Ilustración: revista satírica Gil Blas
¡¡¡¡Virgen y mártir!!!! Ilustración: revista satírica Gil Blas

No vamos a contar aquí lo que pasó en los años siguientes. Lo que ahora importa es que al final se volvió a los Borbones, eso sí, después de que el futuro Alfonso XII hubiera publicado el Manifiesto de Sandhust y después de que Cánovas le hubiera allanado el camino y a pesar de las prisas de Martínez Campos. La cuestión: ya tenemos rey constitucional. Ahora toca hacer una nueva Constitución porque la del 69 a los que gobiernan les parece demasiado moderna. Ellos miran al pasado y por eso la nueva Constitución, la de 1876, se salta el espinoso asunto del tipo de sufragio (luego, Cánovas, de tapadillo, aprobará un sufragio censitario) y dice cosas como:

—La religión católica, apostólica, romana, es la del Estado (Art. 11).

—La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el rey (Art. 18).

—El Senado se compone (…) de senadores vitalicios nombrados por la Corona (Art. 20).

—La persona del rey es sagrada e inviolable (Art. 48).

En resumen, se vuelve a las Constituciones más moderadas, como la del 45, con soberanía compartida y con dos cámaras, una de ella controlada por el rey y de tipo aristocrático. Y por supuesto, la importancia de la religión. El Estado es confesional y mantiene económicamente a la Iglesia y, como gran novedad, se permite el culto privado de otras religiones, pero ahí acaba el asunto.

El sufragio vuelve a ser universal a partir de 1890, pero eso no quiere decir que España sea una auténtica democracia. En estos tiempos el setenta y cinco por ciento de la población es aún analfabeta y la abstención llega al ochenta por ciento, pero no votan no porque no saben leer las papeletas ni tampoco porque no quieran, no votan porque votar no sirve de nada y porque, a la hora de la verdad, no les dejan votar. Las elecciones están amañadas, amañadas desde arriba, desde el Ministerio de Gobernación. Los dos principales partidos se turnan pacíficamente y a los otros no les dan la menor posibilidad de participar en el Gobierno, o como mucho les dejan tener una participación simbólica. Del pucherazo, del encasillado, de la violencia a pie de urna contra los votantes «no deseados» se ha hablado mucho y se puede hablar todavía mucho más. Pero lo cierto es que este sistema, la Restauración, continúa hasta 1923 y hasta ese momento la Constitución del 76 se mantiene en vigor, lo que la convierte en la Constitución que más larga vida ha tenido hasta el presente. Después llega Primo de Rivera y prescinde de formalismos. La democracia resurgirá en 1931, pero ya vestida de república. Y otra vez lo mismo: cambio de sistema/cambio de ideología del partido en el poder = cambio de Constitución, esta formula nunca falla.

Cubierta de la Constitución de 1931 Fotografía: Dominio público.
Cubierta de la Constitución de 1931 Fotografía: dominio público.

La Constitución de 1931 es muy ambiciosa, tan ambiciosa como todas las reformas del Gobierno de Azaña. Hay que cambiarlo todo. Y pronto. «España es una República democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de Libertad y de Justicia» (Art. 1). Eso es empezar pisando fuerte. Y lo que viene después no se queda corto, desde luego… Estado laico (sin ninguna obligación por tanto hacia la Iglesia católica, es más, a las órdenes religiosas se les retiran las ayudas económicas y se les prohíbe la dedicación a la enseñanza), voto femenino (discutido, sí, pero finalmente aprobado), derecho al divorcio, etc. En fin, que a los que la llegada de la República les había revuelto el estómago, la Constitución les dio directamente náuseas. Porque además, para colmo, estaba el tema de las autonomías. La Constitución las permitirá y aunque al final solo se aprueben la catalana y la vasca, ya en plena Guerra Civil, lo cierto es que ese asunto, por sí solo, ya es pasarse de la raya para la derecha española, que cuando llegue al Gobierno dos años después no la anulará sino que simplemente se dedicará a ignorarla sistemáticamente hasta convertirla en papel mojado. Con la victoria del Frente Popular en el 36 se pretende sacarla del desván y continuar con todas las reformas iniciadas por Azaña y paradas por Lerroux y la CEDA pero, como es bien sabido, el nuevo Gobierno tendrá una vida efímera.

Y así llegamos hasta la Constitución de 1978, la nuestra, la tuya y la mía, la de todos, la de la «unidad indivisible de la patria» (sí, esto ya lo decía en 1978, no se lo han inventado ahora algunos), la que hasta la actualidad había tenido un montón de elogios y según parecía había envejecido muy bien, porque a lo tonto a lo tonto ya lleva casi cuarenta años rigiendo la vida y el destino de los españoles, amparándolos bajo su manto y dándoles una pequeña bronca cuando se portan mal. Esta Constitución se parece bastante a la del 31 en algunos aspectos, no llega a ser federal ni lo pretende (¡qué lejos ha quedado el proyecto de Constitución federal de 1873!, la segunda de las Constituciones «non natas» españolas, que prácticamente repartía el país en diecisiete Estados, incluidas las colonias), pero abre la vía a las autonomías (de hecho abre dos vías, la «vía rápida» del artículo 151 y la «vía lenta» del artículo 143) y el Tribunal de Garantías Constitucionales de su antecesora se convierte simplemente en Tribunal Constitucional. Por lo demás es una Constitución con sus fallos, claro está, establece dos cámaras pero no aclara muy bien qué hacer con el Senado, dedica muy pocos artículos (solo tres) a la Administración local y se regodea en una serie de lindos artículos sobre los espléndidos derechos de los españoles (derecho al trabajo, a la vivienda, una vivienda «digna y adecuada», asistencia a la tercera edad, etc.) que ahora, visto lo visto, se pueden tachar de «utópicos» y no se cumplen como tal. Pero bueno, de momento es la que tenemos. Y va camino a desbancar en longevidad a la de 1876 y en convertirse en la número uno en el top ten de las Constituciones españolas. O tal vez no. Habrá que ver…

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