Desbordados por la carga de trabajo: así se manifestaban siete de cada diez jueces españoles en una encuesta de transparencia internacional anterior a la crisis de la COVID-19 Señalaban a los Juzgados de lo Social y los de Primera Instancia como los más colapsados. Una situación que, como la de la sanidad, no era desconocida. Hace dos años el Consejo General del Poder Judicial avisaba de que el 60% de los juzgados no daban abasto. Hace solo seis meses ya se hacía un ranking con los diez más colapsados del país. Acabamos de ver en sanidad lo que ocurre cuando tienes un ratio de camas UCI menor a la media europea, y estamos a punto de ver lo que pasa en justicia cuando la media de jueces por cada cien mil habitantes es once, y no veintiuno, como el ratio europeo. Porque se les viene encima una avalancha.
Muchos divorciados pedirán la revisión de las pensiones de alimentos a sus hijos y al cónyuge si han perdido ingresos por ERTE o paro. La asistencia a víctimas de violencia de género, a la que no afectaba la suspensión decretada por el CGPJ el 14 de marzo, se ha reducido en un 50%. Los desahucios están en suspenso, y las PAH prevé una aluvión cuando vuelvan a permitirse.
La fiscalía ya tiene abiertas cien investigaciones por la muerte de ancianos en residencias. Algunos trabajadores que reclaman EPI adecuados en esos lugares están siendo despedidos. Quién duda que familiares, víctimas y trabajadores necesitarán justicia. La mayoría de muertos por coronavirus han fallecido allí.
Las multas han seguido llegando, y se cuestiona que muchas de las impuestas por Tráfico hayan sido cobradas por los bancos mediante embargo, ilícitamente y sin dar opción a los veinte días de plazo para recurrirlas. Que se lo digan a Mariano Rajoy: las sanciones también caminan rápido. ¿Recurrirá el expresidente a los juzgados?
No sabemos si él, pero sin duda sí muchos de los sancionados por saltarse el confinamiento, y más aquellos que fueron multados por razones cuestionables, como sentarse en un banco o ir en bicicleta al trabajo por deporte. Entre una parte de la población se ha sentido que policías y guardias civiles se creían de pronto como el juez Dredd, ese antihéroe del cómic que ejercía de policía, juez, jurado y verdugo. Si quieren saber más, aquí un poco de metal explicativo. Para contrarrestar sus posibles excesos, ni el presidente de la Generalitat ni la alcaldesa de Barcelona tramitarán de momento estas denuncias, así que cuando lo hagan llegarán en tromba a los juzgados de Cataluña.
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Muy buen artículo que describe con precisión la situación de la Administración de Justicia. Una sola puntualización, los jueces y fiscales son funcionarios, no están sujetos al Estatuto Básico del Empleado Público aunque sus salarios sean pagados por el Ministerio de Justicia. Tienen su propio régimen como parte del Poder Judicial.
Buen articulo. Pero, a ver, los secretarios judiciales se llaman letrados de la administración de justicia desde hace unos cuantos años ya.
Tampoco es cierto que solo ellos hayan podido teletrabajar. Los jueces y fiscales también tienen VPN (y lo han tenido antes que los LAJ) y los funcionarios de justicia han podido teletrabajar según la Comunidad Autónoma en la que estuviesen (imposible en Andalucia, por ejemplo)
Por otro lado, ¿qué es teletrabajar? ¿Acceso al Lexnet y al exasperante visor documental? Si no se puede acceder al sistema de gestión procesal, no vale para nada
Gracias por las correcciones y comentarios.
El objetivo del artículo era dar un poco más visibilidad al tema
Espero que lo consigamos.
Excelente repaso. Gracias y enhorabuena.
Quienes hace las medidas para evitar el colapso parecen no haber trabajado nunca en un juzgado. En concreto la habilitación del mes de agosto va a colapsar mas aun los juzgados, sobretodo en el ambito civil. Agosto ha sido siempre el mes por excelencia en que se ha aprovechado para sacar toda la «mierda» acumulada durante el año ya que, puesto que siendo la justicia una de las pocas instituciones que atienden sin cita previa, hay dias en los que no hay manera de atender ningun escrito entrante, y se van acumulando. En agosto se tramitan y estudian multitud de asuntos, que no hay tiempo de atender durante el resto del año dada la escasez de personal. Hubiera sido mucho mas util inhabilitar otro mes más que esta medida, que va a colapsar aun mas la justicia civil.