En estos tiempos de deepfakes y globalización, a veces es difícil discernir cuando un casino online «es de fiar». Entre los problemas que nos podemos encontrar al acceder al primero que nos aparezca en una búsqueda de Google o en una recomendación en nuestro timeline están el phishing están las dificultades para retirar el dinero depositado o las ganancias obtenidas, unas condiciones de bonos diseñadas para hacer prácticamente imposible su cobro, la manipulación de juegos, la ausencia de mecanismos eficaces de protección de los datos personales o, en el peor de los casos, la desaparición del operador con nuestro dinero.
También podemos encontrarnos con páginas que aparentan estar reguladas mediante logotipos, certificados o números de licencia que no corresponden a ninguna autorización real. Por eso, antes de registrarse y, sobre todo, antes de introducir datos bancarios o realizar un depósito, conviene comprobar quién está detrás del casino, bajo qué licencia opera y qué organismo público supervisa su actividad. Esto lo podemos hacer accediendo al registro público de la Dirección General de Ordenación del Juego.
España reguló el juego online en 2011, de modo que cualquier operador que quiera ofrecer apuestas, póker, bingo o casino a jugadores españoles necesita una autorización previa del DGOJ, y no solo un dominio .com bonito con una página de inicio que inspire confianza. En la sección juegos de azar de esta casa llevamos tiempo analizando el juego como fenómeno cultural, así como la tecnología que lo hace posible. La parte jurídico-administrativa resulta menos vistosa, pero es probablemente la primera que debería interesarnos cuando nuestro dinero entra en juego: comprobar una licencia lleva apenas unos minutos y permite distinguir entre un operador sometido a unas reglas y una página cuya principal garantía consiste en que alguien ha diseñado bien su logotipo.
La licencia obliga a segregar los fondos de los jugadores del capital del operador, a someter los sistemas técnicos y los juegos a controles y homologaciones y a integrar el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego, ese mecanismo que permite impedir el acceso a quienes hayan solicitado voluntariamente no participar en actividades de juego. También impone obligaciones de identificación de los usuarios, protección de menores, prevención del fraude y atención de reclamaciones. Es decir, la licencia no es un sello decorativo colocado en el pie de una página web: supone aceptar una serie de controles y, sobre todo, quedar bajo la supervisión de una autoridad que puede inspeccionar, sancionar e incluso retirar la autorización al operador.
El propio DGOJ pone a disposición del público un buscador de operadores donde se puede filtrar por nombre comercial, por empresa titular o por tipo de licencia, un servicio gratuito que no requiere registro alguno y que devuelve el resultado al instante: se escribe el dominio exacto donde uno va a jugar y el sistema dice si figura o no entre los autorizados. Una vez dentro de la ficha, hay tres cosas en las que fijarse: que el dominio coincida letra por letra con el que se tiene abierto en el navegador, porque el dominio parecido, pero no idéntico es la trampa más habitual del sector; que el tipo de licencia incluya la categoría que interesa, ya que no todas cubren, por ejemplo, el casino en vivo; y que la fecha de la autorización siga vigente. Tampoco hace falta obsesionarse con repetir la consulta cada semana, si bien un cambio en el diseño de la web, en el nombre comercial o en las condiciones justifica volver a pasar por el buscador, por si acaso.
Las señales de alarma son igual de reconocibles: un operador que no aparece en el buscador, que evita mencionar al DGOJ en su web o que empuja a depositar dinero antes de verificar la identidad del usuario merece que se cierre la pestaña sin más contemplaciones. Desde el decreto de 2020 que restringió la publicidad del juego, los operadores legales están además obligados a moderar sus mensajes promocionales, así que un exceso de banners agresivos es otra pista de que algo no cuadra. Quien juegue en una web sin licencia española debe saber lo que pierde: la garantía de fondos segregados, el acceso al Registro de Interdicciones y cualquier vía de reclamación ante la administración española, es decir, precisamente todo aquello que convierte el ocio ocasional en algo distinto del disgusto evitable.
Un ejemplo práctico ayuda a entender por qué estas comprobaciones deberían hacerse antes de registrarse y no cuando aparece el primer problema. Si alguien quiere probar la ruleta o el blackjack en vivo, el primer paso es buscar el dominio en el registro de la DGOJ y comprobar que coincide exactamente con el que aparece en el navegador y que dispone de la licencia correspondiente. Por ejemplo, podemos jugar aquí en Lucky Casino sabiendo que el operador figura dentro del marco regulado en España y que, por tanto, está sujeto a las obligaciones que hemos explicado. Como se puede ver, no hace falta convertirse en especialista en legislación del juego ya que bastan un par de minutos antes de introducir los datos personales o bancarios para garantizarnos que no estamos cayendo en una trampa. En un sector en el que la apariencia de seguridad resulta cada vez más fácil de fabricar, comprobar por nuestra cuenta quién está al otro lado de la pantalla sigue siendo una precaución bastante más fiable que cualquier logotipo.
