Investigar en Derecho puede parecer, visto desde fuera, una actividad de utilidad incierta. El investigador selecciona una cuestión jurídica, recopila lo que otros han escrito sobre ella, revisa normas y jurisprudencia, ordena posiciones doctrinales y finalmente intenta añadir una interpretación propia. El resultado suele terminar en una revista especializada, un libro académico o un congreso donde será leído y discutido, fundamentalmente, por otros juristas.
La pregunta es para qué sirve todo eso.
La respuesta depende, en buena medida, de qué se considere que es el Derecho. Si se entiende como un sistema cerrado cuya principal finalidad consiste en mantener su propia coherencia, la investigación jurídica puede limitarse a resolver contradicciones normativas, clasificar instituciones o perfeccionar conceptos. Pero si el Derecho se concibe como el principal instrumento mediante el cual una sociedad organiza el poder, protege derechos y establece las condiciones de una convivencia justa, investigar significa algo bastante distinto.
Desde esta segunda perspectiva, la investigación jurídica debería dirigirse preferentemente hacia los lugares donde el Derecho fracasa: allí donde una norma produce consecuencias injustas, donde una institución no cumple la función para la que fue concebida, donde el ejercicio del poder amenaza derechos fundamentales o donde existe una distancia excesiva entre lo que las constituciones proclaman y lo que los ciudadanos realmente pueden ejercer.
El mundo está demasiado mal como para que toda la investigación jurídica pueda permitirse teorizar sobre el sexo de los ángeles.
Esto no significa negar el valor de la investigación teórica. El Derecho necesita conceptos, categorías y discusiones abstractas. Incluso los debates aparentemente más alejados de la realidad pueden acabar teniendo consecuencias prácticas inesperadas. Pero una disciplina que regula desde la libertad de una persona hasta sus condiciones de trabajo, desde el funcionamiento de una democracia hasta la protección del medio ambiente, difícilmente puede desentenderse de los efectos que produce.
La independencia judicial constituye un buen ejemplo. Es relativamente sencillo proclamar que los jueces son independientes. Mucho más complicado es preguntarse qué significa exactamente esa independencia y qué condiciones permiten garantizarla.
Actualmente existe un amplio consenso acerca de que el juez dispone de cierto margen de discrecionalidad cuando interpreta y aplica el Derecho. Puede discutirse la extensión de ese margen, pero su mera existencia obliga a analizar factores que no aparecen necesariamente en los códigos: la ideología del juzgador, su extracción social, sus lealtades políticas, sus ambiciones profesionales o las estructuras institucionales dentro de las cuales desarrolla su carrera.
Aceptar que estos elementos pueden intervenir en una decisión judicial no supone desacreditar a los jueces. Supone asumir que son seres humanos y diseñar instituciones capaces de proteger su independencia precisamente por ese motivo. La investigación jurídica tiene entonces una finalidad concreta: identificar las amenazas que pueden afectar a esa independencia y proponer mecanismos normativos que las reduzcan.
La pregunta podría formularse de otra manera: ¿cómo garantizar que quien dispone de un enorme poder sobre los derechos, el patrimonio o incluso la libertad de otras personas se encuentre sometido exclusivamente al Derecho? El problema deja entonces de ser corporativo. La independencia judicial no constituye un privilegio del juez, sino una garantía del ciudadano.
Esta orientación hacia problemas reales se aprecia todavía mejor cuando la investigación nace de los tribunales. El tratamiento de los funcionarios interinos, por ejemplo, permite observar la distancia que puede existir entre el reconocimiento abstracto del principio de igualdad y su aplicación cotidiana.
Durante años, miles de docentes interinos fueron cesados durante los meses de verano para ser nuevamente contratados en septiembre. Un conflicto aparentemente laboral planteaba cuestiones jurídicas mucho más amplias: hasta dónde alcanza el derecho a la no discriminación, qué diferencias entre funcionarios interinos y funcionarios de carrera pueden considerarse justificadas, cómo debe proyectarse el artículo 14 de la Constitución sobre las relaciones de empleo público o qué consecuencias tiene la jurisprudencia europea sobre el ordenamiento español.
Ahí aparece una de las funciones más interesantes de la investigación jurídica. Una sentencia resuelve un caso. La investigación intenta averiguar qué significa ese caso para todos los demás.
Lo mismo sucede con la libertad de expresión cuando entra en conflicto con el poder sancionador de la Administración. El problema adquiere especial relevancia cuando una persona utiliza expresiones particularmente duras mientras intenta defenderse de una sanción. La libertad de expresión y el derecho de defensa dejan entonces de ser categorías independientes y pasan a reforzarse mutuamente.
La jurisprudencia constitucional permite preguntarse hasta dónde alcanza esa protección y, sobre todo, si la solución adoptada para un supuesto determinado puede proyectarse sobre otros ciudadanos que ejercen personalmente su defensa frente a la Administración. La utilidad de la investigación consiste precisamente en trascender el caso concreto para identificar el principio que contiene.
Pero detrás de estos problemas prácticos aparece inevitablemente una cuestión anterior: qué convierte al Derecho en justo.
Es uno de los debates más antiguos de la filosofía jurídica. ¿Una ley es válida simplemente porque ha sido aprobada mediante el procedimiento establecido? ¿Debe poseer además algún contenido moral? ¿Puede seguir llamándose Derecho a una norma radicalmente injusta?
Durante siglos, estas preguntas han separado distintas concepciones jurídicas y políticas. Lejos de constituir una discusión puramente académica, de su respuesta depende la posibilidad de establecer límites al poder político incluso cuando este actúa mediante procedimientos formalmente legales.
Los derechos humanos pueden desempeñar aquí una función fundamental. Las diferentes teorías contemporáneas de la justicia discrepan sobre numerosos asuntos, pero la existencia de un conjunto de derechos vinculados a la dignidad humana permite buscar un territorio común desde el que valorar las instituciones y las normas.
Frente a la tentación relativista de concluir que, puesto que existen distintas concepciones de la justicia, ninguna puede reclamar una mínima objetividad, los derechos humanos ofrecen un criterio desde el cual evaluar el Derecho positivo. No solucionan todas las discusiones morales, pero establecen determinadas fronteras que el poder no debería atravesar.
La desobediencia civil lleva esta tensión hasta uno de sus extremos más interesantes. Un Estado constitucional de Derecho puede encontrarse ante la paradoja de que desobedecer una determinada norma constituya, bajo circunstancias excepcionales, una forma de defender el propio Derecho.
Si los derechos fundamentales han sido positivizados en la Constitución y esta ocupa la cúspide del ordenamiento, cabe preguntarse qué ocurre cuando una norma inferior vulnera esos derechos. La identificación automática entre obediencia y respeto al Derecho empieza entonces a resultar problemática. Una conducta formalmente ilegal podría encontrarse materialmente comprometida con los principios superiores del propio sistema jurídico.
Los derechos sociales plantean una paradoja distinta. Las constituciones pueden reconocer solemnemente derechos que después resultan extremadamente difíciles de ejercer. La distancia entre tener un derecho y poder exigirlo constituye uno de los problemas fundamentales del constitucionalismo contemporáneo.
Educación, protección social o condiciones materiales compatibles con la dignidad humana no adquieren eficacia simplemente porque aparezcan impresas en un texto constitucional. Necesitan mecanismos que permitan exigir su cumplimiento. Sin ellos, puede producirse una extraña ficción jurídica: el ciudadano posee formalmente un derecho que desaparece precisamente en el momento en que intenta ejercerlo.
Algo semejante ocurre con la democracia. Las constituciones contemporáneas no deberían limitarse a establecer procedimientos para elegir periódicamente representantes. Una democracia plenamente desarrollada necesita deliberación, participación y mecanismos capaces de garantizar los derechos fundamentales frente a las propias mayorías. La calidad democrática depende tanto del origen popular del poder como de los límites impuestos a su ejercicio.
La globalización ha añadido una dificultad suplementaria. Buena parte del constitucionalismo moderno fue construido sobre una idea relativamente sencilla: una comunidad política soberana establece mediante una Constitución las reglas fundamentales que regulan el ejercicio del poder. Sin embargo, una parte creciente de las decisiones capaces de afectar a los ciudadanos se adopta hoy en espacios que desbordan las fronteras del Estado.
La pregunta ya no es únicamente quién gobierna, sino dónde se encuentra realmente el poder. Y cuando poder político, poder económico y capacidad normativa dejan de coincidir dentro de las mismas fronteras, conceptos como soberanía popular, democracia constitucional o garantía de derechos necesitan ser examinados nuevamente.
Incluso una reforma constitucional aparentemente técnica puede revelar estas tensiones. La modificación del artículo 135 de la Constitución española en 2011 planteó interrogantes sobre el procedimiento utilizado, su relación con otros principios constitucionales, su compatibilidad con el modelo de Estado social y democrático de Derecho y la posibilidad de su posterior revocación. Preguntas aparentemente reservadas a especialistas terminan afectando a algo mucho más reconocible: qué puede decidir una sociedad sobre sus propios recursos y mediante qué procedimientos debe hacerlo.
La crisis climática amplía todavía más el horizonte. El Derecho se encuentra obligado a proteger intereses pertenecientes no solo a quienes forman actualmente una comunidad política, sino también a quienes todavía no han nacido.
Los derechos ambientales pueden contemplarse desde una triple perspectiva: como derecho de los ciudadanos actuales a disfrutar de un entorno saludable, como derecho de las generaciones futuras a recibir un planeta habitable y, con mayores dificultades conceptuales, como protección de los propios seres vivos y ecosistemas frente a su destrucción. La constitucionalización de estas garantías busca precisamente impedir que decisiones políticas inmediatas puedan ignorar consecuencias que se extenderán durante décadas o siglos.
Aquí la investigación jurídica se encuentra ante una de sus paradojas más sugerentes. El Derecho tradicionalmente protege a sujetos existentes frente a daños identificables. El cambio climático obliga a construir mecanismos para proteger a personas inexistentes frente a decisiones tomadas en el presente.
Investigar en Derecho significa, por tanto, estudiar normas, jurisprudencia y doctrina, pero no debería agotarse en ellas. Significa investigar el poder.
Quién lo posee. Cómo lo obtiene. Qué límites tiene. Qué ocurre cuando los supera. Qué posibilidades tiene un ciudadano de defenderse frente a él. Y, sobre todo, qué distancia existe entre los derechos que una sociedad proclama y aquellos que verdaderamente garantiza.
Una investigación jurídica relevante no necesita solucionar por sí sola ninguno de estos problemas. Sería una pretensión excesiva. Puede hacer algo más modesto y al mismo tiempo imprescindible: identificar una injusticia que había sido normalizada, descubrir una contradicción que permanecía oculta, demostrar que determinada interpretación jurídica no es inevitable o formular una alternativa allí donde parecía que no existía ninguna.
Porque las leyes no son únicamente textos. Una norma puede dejar a miles de trabajadores en una situación discriminatoria. Una interpretación administrativa puede limitar la libertad de expresión de un ciudadano. El diseño de la carrera judicial puede afectar a la independencia de quien debe resolver un proceso. Una reforma constitucional puede modificar el equilibrio entre poder económico y soberanía democrática. La ausencia de mecanismos de garantía puede convertir un derecho social en una declaración retórica. Y una regulación ambiental insuficiente puede trasladar a las generaciones futuras el coste de decisiones adoptadas hoy.
Investigar en Derecho tiene sentido precisamente porque todas esas cosas ocurren fuera de las facultades de Derecho.
La investigación comienza en los libros, las leyes y las sentencias. Su verdadera materia prima, sin embargo, sigue estando en la realidad.
