Este artículo se publicó en papel en nuestra revista trimestral nº26
El 16 de marzo de 2006, el juez titular del juzgado de instrucción número 2 de Marbella Francisco Javier de Urquía suspendió la emisión de un programa titulado Misión Imposible: Operación JAR, que había empezado a emitir en bucle de forma ininterrumpida una televisión local de Marbella.
A la mañana siguiente, Juan Antonio Roca, JAR, cabecilla de la trama corrupta del municipio malagueño, conversó varias veces por teléfono con el dueño de una casa que quería comprarse Urquía en la urbanización Azalea Beach. Quería saber cuánto tenía que pagar en nombre del juez para agradecerle a este que hubiera evitado la difusión del programa que pretendía desgranar ante la audiencia marbellí su enorme patrimonio.
Entre las 14.30 y las 15.00 horas de ese mismo día, 17 de marzo, una vez se marcharon los empleados, tras las puertas del número 65 de la calle Ricardo Soriano de Marbella, sede de la firma Maras Asesores, el juez Urquía recibía de manos de Roca 73 800 euros. Era «justo el dinero necesario para la firma del contrato de compraventa de la casa, aceptándolo este justo al día siguiente de haber estimado su petición de suspensión cautelar de la emisión del programa televisivo», dijo la sentencia del Tribunal Supremo reproduciendo los hechos probados por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Se pagó en metálico y en dos sobres. Uno, con 63 000 euros, que era parte del precio fijado para la transacción (423 000 euros en total). El otro, con 10 800 euros, equivalentes a los intereses del tres por ciento derivados del aplazamiento del resto.
El esfuerzo del juez por evitar una emisión televisiva que en principio no iba a tener más alcance que municipal no fue menor. De hecho, el apaño tuvo que hacerse dos veces. Roca había presentado una denuncia contra la emisión del programa. En respuesta, el juez Urquía dictó un primer auto ordenando «la inmediata suspensión de la redifusión» y requiriendo «la aportación al juzgado» de «los soportes mecánicos o magnéticos» en los que se encontrase la grabación. Serían las prisas pero el juez no cayó en que un procedimiento penal por injurias exigía ser presentado en forma de querella, no de denuncia, acompañada de una certificación que probase que se había celebrado un acto de conciliación entre las partes o al menos se había intentado. Urquía tuvo que archivar sus propias actuaciones, reconociendo en un segundo auto que había «padecido un evidente error» y empezar de nuevo el proceso. Esto dio margen a la emisora de televisión para volver a emitir el programa durante unas horas, las que necesitó el juez Urquía para informar a Roca del error y acordar con él el modo de subsanarlo.
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