Como parte de la Década Digital, Europa ha desarrollado un ambicioso programa de despliegue de infraestructuras con el objetivo de tener en el 2030 todos los hogares de la Unión con capacidades de gigabyte y cobertura 5G en todas las zonas pobladas. El objetivo es superar las deficiencias actuales de las infraestructuras europeas y reducir la cada vez más profunda brecha con Estados Unidos y China. Sin embargo, este objetivo podría no alcanzarse si los operadores de telecomunicaciones (Electronic Communication Networks – ECNs) no encuentran los incentivos necesarios para financiar las inversiones necesarias o, en su defecto, otros actores del ecosistema digital contribuyen a su financiación.
Hace algo más de un año, los operadores de telecomunicaciones propusieron una solución basada en la «contribución justa». La propuesta consistía en la contribución a las infraestructuras de telecomunicaciones por parte de las grandes empresas de Internet proveedoras de contenidos y aplicaciones (CAP por sus siglas en inglés – Content and Application Provider) y de los grandes generadores de tráfico (LTG por sus siglas en inglés – Large Traffic Generator) que se benefician de las mismas. Algo que tiene lógica si se considera que más de la mitad del tráfico global proviene de tan solo seis de las llamadas grandes tecnológicas.
Como era de esperar, la propuesta de los operadores generó un intenso debate con las Big Tech que se mostraron frontalmente opuestas a la propuesta. El principal argumento en el que se amparan las grandes tecnológicas es en que la «contribución justa» iría en contra del principio de neutralidad de la red. Así lo expusieron durante el Foro de la Gobernanza de Internet realizado el 16 de noviembre pasado en España en el que participaron Telefónica, Google, Vodafone, Meta, Orange y Netflix. Sin embargo, tanto la vicepresidenta de la Comisión Europea, Margrethe Vestager, como el comisario de mercado interior de la UE, Thierry Breton, aseguraron que la Comisión no abordaría la contribución justa desde la perspectiva de la neutralidad de la red. Dejando en claro que la participación justa no amenaza ni cuestiona los principios de neutralidad de la red y que en cambio formaría parte de una amplia consulta pública sobre la transformación del sector de las telecomunicaciones.
La participación justa no amenaza ni cuestiona los principios de neutralidad de la red
Más allá de las diferentes posturas, no quedan dudas de que el sector digital europeo necesita una fuerte reestructuración para adaptarse a los cambios tecnológicos y de mercado en curso. Es paradójico que, con el actual crecimiento espectacular del tráfico de datos, estos proveedores de ECNs no consigan ni los retornos de inversión, ni la atracción de inversores para desplegar sus infraestructuras.
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