El juego acompaña al ser humano desde antes de que supiéramos escribir. En las tumbas reales de Ur aparecieron tableros de hace cuatro mil quinientos años, los legionarios romanos lanzaban tabas en los márgenes de los campamentos y los tratados medievales dedicaban capítulos enteros a los dados, a veces para condenarlos y a veces para reglamentarlos con una minuciosidad casi notarial. Alfonso X mandó compilar en 1283 el Libro de los juegos, un códice espléndido que trataba el ajedrez, los dados y las tablas con la misma seriedad con que otros códices trataban las leyes o la astronomía. Aquella intuición del rey sabio, la de que el juego merece ser pensado y ordenado en lugar de simplemente prohibido, ha tardado siglos en abrirse paso, y su versión contemporánea tiene un nombre poco poético: regulación del juego online.
La transformación digital del ocio ha sido tan rápida que apenas hemos tenido tiempo de mirarla con perspectiva. En dos décadas hemos pasado del videoclub de barrio al catálogo infinito de las plataformas, de la quiniela sellada en el bar a la apuesta gestionada desde el teléfono, del casino como espacio físico cargado de liturgia a su equivalente virtual, disponible a cualquier hora y en cualquier lugar. Ese desplazamiento no es solo tecnológico. Es también cultural, porque cambia la manera en que entendemos el tiempo libre, y es económico, porque ha creado una industria que en España mueve miles de millones de euros anuales y emplea a decenas de miles de personas entre operadores, desarrolladores, estudios de software y empresas auxiliares.
España decidió ordenar ese territorio en 2011 con la Ley de Regulación del Juego, una norma que sacó la actividad de la zona gris en la que había crecido durante los primeros años de internet y la sometió a un régimen de licencias supervisado por la Dirección General de Ordenación del Juego. La diferencia entre un mercado regulado y uno que no lo es resulta menos abstracta de lo que parece. En el primero, el usuario sabe que los algoritmos que gobiernan una ruleta virtual han sido auditados, que sus datos personales están protegidos, que su dinero se encuentra en cuentas segregadas y que existe una autoridad ante la que reclamar. En el segundo no sabe nada, y esa ignorancia tiene consecuencias. La experiencia internacional demuestra que las prohibiciones absolutas no eliminan la demanda, sino que la empujan hacia operadores extraterritoriales que no responden ante nadie, no pagan impuestos y no aplican ninguna herramienta de protección.
El modelo español ha ido incorporando con los años instrumentos que merecen atención. El Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego permite que cualquier persona se autoexcluya de todos los operadores con licencia mediante un único trámite, algo impensable en el juego presencial de otras épocas. Los límites de depósito, los mensajes obligatorios de juego responsable, la verificación estricta de identidad para impedir el acceso de menores y el real decreto de 2020 sobre comunicaciones comerciales, que restringió drásticamente la publicidad, componen un marco que se cuenta entre los más exigentes de Europa. Se puede discutir si es suficiente o si llega tarde en algunos aspectos, y esa discusión es legítima y necesaria, aunque conviene reconocer que el punto de partida era un vacío casi absoluto.
Los datos oficiales dibujan además un retrato más sobrio que el relato alarmista. La inmensa mayoría de quienes participan en el juego online lo hace de forma ocasional y con cantidades modestas, del mismo modo que la inmensa mayoría de quienes compran lotería de Navidad no desarrolla una relación problemática con los décimos. Plataformas como VERSUS, operador de casino online en España con licencia DGOJ, son un ejemplo de este modelo de negocio responsable, donde la seguridad del usuario se integra como parte del servicio y no como un añadido opcional. Estos operadores compiten no solo por su catálogo o sus promociones, sino también por la confianza que ofrece un entorno sometido a supervisión. Un sistema regulado, con trazabilidad de las operaciones, límites de juego y registros de autoexclusión, proporciona herramientas de prevención, detección e intervención que el mercado negro, por definición, nunca podrá ofrecer.
Quizá la lección más interesante de todo este proceso sea la que ya intuía Alfonso X. Las sociedades maduras no se definen por los placeres que prohíben, sino por la inteligencia con que los ordenan. El ocio digital, en todas sus formas —del videojuego a la apuesta deportiva, del ajedrez online al póker—, forma parte del paisaje contemporáneo con la misma naturalidad con que los dados formaban parte del paisaje romano. Pretender que desaparezca es tan ingenuo como pretender que desaparezca la noche. La alternativa razonable pasa por un marco regulado, transparente y en revisión permanente, capaz de proteger a los vulnerables sin infantilizar al conjunto de los ciudadanos, y por una conversación pública que hable del juego con datos en lugar de hacerlo con pánicos morales. Ocho siglos después del Libro de los juegos, seguimos aprendiendo la misma lección, y no es una mala noticia que sigamos dispuestos a aprenderla.
