José Mateos (Murcia, 1987) quería estudiar Filosofía y dar clase en un instituto, pero sus padres lo convencieron de que Derecho ofrecía mejores salidas. La vocación docente sobrevivió al cambio de carrera; la inclinación a discutir con la autoridad, también. Abogado y profesor de la Universidad de Murcia, ha convertido buena parte de su trayectoria en una batalla contra lo que considera arbitrariedades: una expulsión universitaria, concursos de plazas que acabaron en los tribunales, su paso por Podemos y las disputas de las comunidades digitales. Acaba de publicar El derecho frente a la ultraderecha, un libro que ofrece gratuitamente y en el que plantea hasta dónde debe defenderse una democracia de quienes cuestionan sus fundamentos.
Nos recibe en su despacho de la Universidad de Murcia el día de la alerta roja por lluvias. Las circunstancias hacen imposible escapar de Mateos, aunque tampoco parece probable que vaya a dejarnos marchar sin discutir antes la endogamia universitaria, la independencia judicial y los límites de la libertad de expresión. Habla desde la experiencia del abogado que ha defendido a otros y del litigante que se ha defendido a sí mismo. No disimula sus antipatías, reconoce que le divierte provocar y sostiene que, si más gente se atreviera a reclamar sus derechos, él podría dedicar menos tiempo a hacerlo.
¿Qué te lleva a estudiar Derecho y a buscar después una carrera en la universidad?
Empecé a estudiar Derecho, básicamente, porque mis padres me obligaron. Yo quería estudiar Filosofía y ser profesor de instituto. Mis padres, que eran profesores, me dijeron que Filosofía no me iba a dar salidas laborales y que, si lo que me gustaba era dar clase, podía estudiar Derecho y enseñar Derecho.
Entré en la carrera con la intención de sacar muy buenas notas y tener un currículum que me permitiera incorporarme a un departamento. Lo conseguí. Pero, cuando obtuve una beca predoctoral, se me ocurrió fundar un foro de estudiantes.
¿Cómo surgió aquel foro? ¿Pretendías denunciar al rectorado y al Consejo de Estudiantes o había algo más?
Lo creé en mi primer año de doctorado, en 2006, porque en la Facultad de Derecho había muy poco espíritu reivindicativo y muy poca solidaridad entre compañeros. Cada uno iba a lo suyo. Si un profesor cometía un abuso, faltaba al respeto a un estudiante o no había medios para dar las clases en condiciones, no pasaba nada. Había miedo a reclamar y faltaban vínculos entre los alumnos.
La idea era generar esos vínculos. Teníamos un subforo, el «Cuartel de Espartaco», para denunciar lo que no nos parecía bien, pero la faceta reivindicativa era secundaria. Organizábamos quedadas con alumnos de distintos cursos y montamos una comisión de apuntes: la gente los digitalizaba y los compartía. Aquello acabó teniendo decenas de miles de descargas. También hablábamos de política y filosofía, y había un espacio para fotografías, poesía y microrrelatos.
¿Cuándo comenzaron los problemas?
Escribí artículos muy críticos con el rector de entonces y con el presidente del Consejo de Estudiantes. Denunciaba, entre otras cosas, la gestión del presupuesto del Consejo: llegaron a gastarse el 95 % de una subvención autonómica en unas jornadas de representación en un hotel de lujo.
Había una cultura de complicidad entre las autoridades académicas y los representantes estudiantiles. El Consejo no hacía la más mínima crítica al rectorado y, a cambio, recibía un trato excelente. El rector mantenía muy buenas relaciones con el Gobierno autonómico, gobernado por el PP, y todos se beneficiaban de aquello salvo los estudiantes.
Era la época de implantación del Plan Bolonia. Nos decían que iba a ser una maravilla, pero yo entendía que supondría una subida muy importante de las matrículas sin beneficios equivalentes para el alumnado. Criticaba al rector por promoverlo en lugar de defender la universidad pública. Después ocupó distintos cargos en instituciones de la región.
Utilizabas palabras como «lacayo», «mamporrero», «sicario» o «vendido». ¿Las defenderías hoy o crees que debilitaban la denuncia?
Buscaba escandalizar. Podría haber dicho lo mismo con palabras más suaves, pero quería que los estudiantes despertaran, que vieran que se podían combatir las arbitrariedades y que, si había represalias, también se podía luchar contra ellas y derrotar a las autoridades académicas. Había un punto de rebeldía, de enfant terrible.
El presidente del Consejo de Estudiantes llegó a reclamarte seis mil euros por vulnerar su derecho al honor. ¿Dónde sitúas la frontera entre el insulto y la crítica protegida por la libertad de expresión?
Depende del contexto. Si hablamos de un asunto de relevancia pública y criticamos a alguien que desempeña un papel en la gestión institucional, la libertad de expresión tiene que ser mucho más amplia que si criticamos al vecino de enfrente.
La necesidad de dar al ciudadano libertad para denunciar lo que no funciona debe permitirle utilizar expresiones especialmente hirientes o ácidas. Sobre todo, para evitar un efecto de desaliento: que la gente tenga miedo a hablar por la dureza de la sanción que pueda recibir si se pasa un poco.
Si llamo «mamporrero» a mi vecino, podría ser justo que me condenaran. Si se lo llamo a un representante público que utiliza su cargo en beneficio propio, considero que es lícito.
La Universidad de Murcia te expulsó en 2011 por algunos de aquellos escritos. ¿Hay alguno que hoy te habrías ahorrado?
Hoy no utilizaría ese lenguaje, pero no me arrepiento de haberlo utilizado entonces.
La sanción se apoyó en el Reglamento de Disciplina Académica de 1954. ¿El problema era la norma o una cultura universitaria poco tolerante con la crítica?
Las dos cosas. Era una norma del franquismo que permitía castigar conductas que yo considero absolutamente lícitas. Una norma sancionadora tiene que ser nítida, concreta, definir muy bien las conductas sancionables. Aquella era extraordinariamente laxa, porque eso interesaba a las autoridades franquistas, y permitía imponer sanciones brutales.
Los tribunales dejaron sin efecto la expulsión. ¿Lo viviste como una victoria o como una advertencia de hasta dónde podías llegar?
Con una alegría tremenda, pero sabiendo que, independientemente de lo que dijeran los tribunales, aquí ya estaba marcado. Se me había etiquetado como una persona muy conflictiva y lo iba a tener extraordinariamente difícil para obtener cualquier plaza.
Tu madre conocía la universidad desde dentro. ¿Qué te decía?
Que tuviera cuidado. Sabía que para entrar hacía falta un padrino, alguien de dentro con fuerza que te apoyara. En mi caso, además de no tener ese apoyo, los que mandaban tenían un deseo explícito de que no entrara. Me decía: «Si ya es difícil sin padrino, en tu situación no vas a poder».
Como abogado lograste que el Tribunal Constitucional amparara la libertad de expresión de un funcionario. ¿Qué aprendiste defendiendo a otro que no hubieras aprendido en tus propios pleitos?
Algo importantísimo: hay que implicarse en el caso sin dejar que te afecte emocionalmente. Como un médico que opera. Defenderte a ti mismo tiene el riesgo del apasionamiento, del miedo a perder, del dolor o incluso del rencor hacia la otra parte. Todo eso es muy negativo cuando necesitas organizar una defensa intelectualmente bien estructurada.
En 2015 obtuviste una plaza de profesor asociado. ¿También tuviste que ganarla en los tribunales?
No. Esa plaza la conseguí sin litigar. Había tanta diferencia de puntuación entre los demás candidatos y yo que me la tuvieron que dar por narices. Pero hubo un antecedente importante: unos años antes había recurrido otra plaza de asociado de la misma área. Gané en el juzgado y la universidad recurrió. El Tribunal Superior de Justicia de Murcia revocó la sentencia y devolvió la plaza al candidato inicial.
Aunque perdí en segunda instancia, haber ganado en la primera hizo ver al área que era duro de roer y que, si hacían cosas raras, podían acabar perdiendo.
¿Qué te pareció la justificación del Tribunal Superior de Justicia?
Desde mi punto de vista, fue una sentencia técnicamente deficiente. Se apoyaba en una alusión genérica a la discrecionalidad de la comisión de selección. Es algo que los tribunales hacen mucho cuando quieren dar la razón a la Administración: dicen que la valoración de una comisión de especialistas debe prevalecer sobre la de un órgano judicial que no está integrado por expertos en esa materia.
Eso puede tener sentido si discutimos la calidad científica de un artículo de Derecho Constitucional. Pero si discutimos si una beca concedida para hacer una tesis de Derecho Constitucional pertenece a esa área, no hay discrecionalidad posible: si la finalidad de la beca es hacer esa tesis y nadie discute de qué trata, la beca es del área.
Tengo un concepto muy malo de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia. Tanto por el nivel técnico de algunos de sus magistrados como, sobre todo, por su tendencia a dar la razón a la Administración incluso en casos en los que resulta muy difícil defenderla.
¿Qué margen queda para recurrir esas decisiones?
En teoría puedes acudir al Supremo en casación, pero hay unos requisitos muy concretos y una interpretación muy restrictiva para admitir los recursos. Con el amparo ante el Constitucional sucede algo parecido. Las posibilidades de que admitan un recurso son muy pequeñas.
¿Qué consecuencias tiene eso para la ciudadanía?
Le perjudica muchísimo. Da un poder inmenso a los tribunales superiores de justicia, porque saben que las posibilidades de que otro tribunal les revoque una sentencia son muy reducidas. Los distintos gobiernos han endurecido las leyes procesales y han impuesto requisitos que dificultan enormemente la admisión de los recursos.
La excusa de PP y PSOE ha sido que la justicia está colapsada. Si está colapsada, inviertan más en ella. Lo que no pueden hacer es vaciar el papel del Tribunal Constitucional como garante de la Constitución porque no haya dinero suficiente para que lo ejerza.
Ahora los partidos se quejan de la falta de independencia judicial. ¿Han contribuido a crear el problema?
Es hipocresía en estado puro. PP y PSOE llevan décadas repartiéndose los nombramientos a través del Consejo General del Poder Judicial. Cuando Aznar o Rajoy tuvieron mayoría para cambiar el sistema, no lo hicieron, pese a que acusaban al PSOE de politizar la justicia. Les convenía porque estaban en el poder.
Tenemos un problema muy grave de politización y de dependencia clientelar de los altos tribunales y del Consejo respecto a los dos grandes partidos. Como eso les da beneficios, especialmente cuando gobiernan, no están dispuestos a cambiarlo.
¿Qué opinas de un modelo como el mexicano, que introduce la elección popular de los jueces?
Soy muy crítico. En el caso de los altos tribunales, considero que los ciudadanos terminan ratificando a candidatos previamente seleccionados por los poderes públicos. Si la selección previa está controlada políticamente y, además, se debilitan las exigencias de mérito y capacidad, no solucionas el problema.
Yo propondría que la mitad de los vocales del Consejo General del Poder Judicial fueran elegidos por la ciudadanía mediante voto directo y la otra mitad por los jueces. Una parte la elegirían quienes aplican el derecho y conocen la realidad jurídica; la otra actuaría como contrapeso.
¿No te fías de que los jueces elijan a todos sus representantes?
No por completo. Hay una tendencia ideológica conservadora en la judicatura. Y con conservadora me refiero a la defensa de los intereses de las grandes empresas y las clases altas, o a una moral conservadora respecto al colectivo LGTBI. Eso también tiene consecuencias para la ciudadanía.
Volvamos a tus concursos. En el de 2020 para una plaza de ayudante doctor de Derecho Constitucional, ¿qué irregularidades te convencieron de que no estabas simplemente ante una evaluación desfavorable?
Destacaría una especialmente bochornosa. Me habían concedido una beca para cursar un doctorado de Derecho Constitucional, dirigido por un catedrático de Derecho Constitucional, en la Universidad de Bolonia. La comisión decidió que esa beca no era de Derecho Constitucional, sino de Filosofía del Derecho, y me dio la mitad de la puntuación que me habría correspondido. Eso fue decisivo para que no obtuviera la plaza. Desde mi punto de vista, querían dársela al otro candidato.
En 2022, un juzgado corrigió varias puntuaciones y reconoció tu derecho a la plaza. ¿Qué ocurrió después?
Lo mismo que con la plaza de asociado. El juzgado declaró que era mía y el Tribunal Superior de Justicia revocó algunas puntuaciones. La más escandalosa fue la de la beca. Volvieron a utilizar el argumento genérico de la discrecionalidad técnica de la comisión para valorar los méritos.
Conozco muy bien ese tribunal y tenía muy claro que podían tumbarme la sentencia de esa manera.
¿En qué situación está ahora el procedimiento?
He presentado un recurso de casación y estamos pendientes de que el Tribunal Supremo decida si lo admite a trámite. Sé que es extremadamente difícil, pero ojalá lo haga.
¿Hay colectivos de afectados que se organicen contra estas prácticas?
Hay pequeños colectivos contra la endogamia universitaria, pero son muy minoritarios. Existe una masa enorme de víctimas y solo una pequeña parte se atreve a alzar la voz y organizarse.
La gente sabe que los departamentos tienen una libertad enorme para dar y quitar plazas, independientemente de los méritos. También es consciente de las relaciones que pueden tener con los jueces locales y de lo difícil que resulta obtener una plaza cuando te vetan.
Desde 2023 ocupas una plaza de ayudante doctor de Filosofía del Derecho. ¿Cómo llegaste a ella?
Se presentó un candidato que tenía relación con un profesor del área, pero no contaba con la titulación española ni con el título extranjero homologado que exigían las bases. Quedó excluido en la lista provisional y el procedimiento estuvo parado durante meses.
Hablé con los servicios jurídicos y con distintas autoridades de la universidad. Les pedí que publicaran la lista definitiva y les advertí de que acudiría a los tribunales si lo admitían incumpliendo las bases. Me decían que habían pedido un dictamen al ministerio para aclararlo. Yo no entendía por qué surgían dudas con una norma que llevaban años aplicando.
Al final aplicaron las bases y ese candidato quedó fuera. Había otro, pero mi currículum era superior y obtuve la plaza.
¿Y ahí terminó el conflicto?
No. Pocos meses después convocaron una plaza de profesor permanente laboral que iba a amortizar la mía. Habitualmente se consulta al departamento y a la persona afectada sobre la conveniencia de convocarla. A mí no me llamaron.
Lo percibí como un intento de darle la plaza a aquel candidato y de sacarme cuanto antes, sin dejarme tiempo para consolidar mi currículum. En la nueva convocatoria habían eliminado el requisito de titulación que le había impedido presentarse. La impugné y conseguí una medida cautelar que paralizó el proceso. Gracias a esa medida estoy hoy aquí.
También has litigado por plazas de otras universidades. En Salamanca ganaste cuando apenas quedaba tiempo de contrato. ¿De qué sirve una victoria que llega tan tarde?
He pedido una indemnización por daños y perjuicios. Gané una plaza que me daba derecho a estar cinco años vinculado a la Universidad de Salamanca. Entre suspensiones y recursos, el procedimiento duró casi todo ese tiempo: cuando terminó, quedaban unos dos meses. Además, para ocuparla tenía que renunciar a la que ya tenía, y no me convenía.
La universidad estuvo un año y medio sin tramitar mi reclamación de responsabilidad patrimonial. Acudí al Defensor del Pueblo y, después de su requerimiento, comenzaron a tramitarla.
¿Podías acudir directamente a los tribunales?
Podía, pero me interesaba que hubiera una resolución administrativa. Por eso acudí al Defensor del Pueblo. Si vuelven a incumplir los plazos, volveré a dirigirme a él.
Has impugnado otras plazas de profesor permanente laboral en Murcia y en la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Qué tienen en común esos casos?
La ausencia de un baremo suficientemente detallado. En la convocatoria se publica una distribución general de puntos entre grandes bloques, pero la comisión decide después cuánto vale cada mérito, cuando ya tiene los currículos de los candidatos.
Así resulta muy fácil adaptar las puntuaciones. Si el candidato que quieres tiene muchos artículos y el otro muchos libros, das a los artículos un valor muy superior. En Murcia ni siquiera desglosaron la puntuación mérito por mérito: me dieron dos puntos y al otro candidato ocho y medio. Tengo derecho a saber cuánto vale cada cosa y cómo han motivado la valoración.
Ese juicio está suspendido a la espera de que el Supremo se pronuncie sobre el asunto anterior, porque la plaza de permanente está vinculada a la de ayudante doctor que había recurrido.
¿Y en Madrid?
Conseguí que se paralizara. Lo denuncié públicamente en Jot Down y aquello tuvo impacto. Además del problema del baremo, el secretario de la comisión había sido director de tesis de uno de los candidatos. Otros miembros habían compartido proyectos de investigación con él, incluido el secretario suplente.
Admitieron mi recusación contra el secretario titular. El suplente, consciente de que también concurrían causas de abstención, se apartó. El procedimiento quedó parado sin secretario titular ni suplente.
¿Cómo es tu relación con los compañeros de los departamentos de Derecho Constitucional y Filosofía del Derecho?
Con algunos es mejor, pero en general es educada y fría. Desde que me enfrenté al rector tengo fama de conflictivo. Exigir tus derechos está muy mal visto, sobre todo si no dejas de hacerlo.
Hay poco presupuesto, pocas plazas y muchos amigos. Además, creo que algunos temen que, si consigo una plaza fija, pueda ser todavía más molesto. Pero yo actúo como considero que debo actuar y digo lo que creo que tengo que decir, esté en una situación más o menos precaria.
Si pudieras rediseñar el acceso a la universidad pública, ¿qué cambiarías?
Dos cosas. Primero, que todos los miembros de las comisiones fueran elegidos por sorteo entre los departamentos universitarios de España, excluyendo al convocante. Un sorteo universal, no uno en el que el departamento propone previamente a las personas sorteables.
Segundo, baremos rigurosos y objetivos, con parámetros claros para valorar los méritos. Hay quien pone el acento en el baremo y quien lo pone en la comisión. Yo lo pongo en ambos. Por concreta que sea una norma, quien la interpreta conserva margen para retorcerla. Necesitas una comisión independiente y unas reglas precisas.
¿Prohibirías que se presentaran familiares de profesores?
No, si se cumplen esos dos requisitos. Sería extraordinariamente difícil ejercer una influencia indebida. Incluso beneficiaría a esos familiares, porque podrían demostrar que se han ganado la plaza por sus méritos.
Después de tantos años de recursos y enfrentamientos, ¿hay alguna victoria que, por su coste, ya no te parezca una victoria?
La sentencia que anuló mi expulsión. Reconoció que echarme vulneraba mi libertad de expresión, pero, en la práctica, yo seguía tan expulsado como al principio. El tiempo lo ha demostrado.
Entraste en Podemos cuando prometía regenerar la política. ¿Qué te hizo pensar que podía funcionar de otra manera?
Yo era un enamorado del 15M. Nunca había militado en un partido y aquello me apasionaba: un movimiento donde todos éramos iguales, sin jerarquías ni relaciones clientelares, con personas distintas que coincidíamos en valores esenciales como la democracia, el pluralismo o la justicia social.
Eso es lo que creo que debe ser un partido. Cuando entré en Podemos me creí que eran herederos del 15M, que sería una organización horizontal en la que ser amigo, pareja o hermano del líder no te daría un trato preferente. Me equivoqué bastante. Fui de los primeros expulsados.
¿Qué provocó tu expulsión?
Defendí como abogado a dos militantes que se habían presentado a las primarias en la lista oficialista de Murcia. Hicieron una campaña intensa en sus pueblos, obtuvieron muchos votos y quedaron en posiciones que les daban posibilidades claras de conseguir un escaño, por delante de dirigentes regionales.
Las acusaron de fraude informático y las expulsaron del partido y de la lista electoral. Aunque después pudieran ganar un pleito, el daño era irreparable: las elecciones estaban a dos semanas.
Cuando me pidieron ayuda, yo no sabía quién tenía razón. Fui a la sede como su representante y pedí las pruebas del supuesto fraude. No me las facilitaron. En una rueda de prensa denuncié que no había pruebas que justificaran aquello. Dijeron que había difamado al partido y me expulsaron.
¿Veías ya entonces lo que pasaría después?
Veía que Pablo Iglesias tenía un ego enorme y un ansia de poder descomunal. Pero no era solo una cuestión personal. A mi juicio, Podemos se construyó de una forma feudal: la cúpula colocaba en las direcciones territoriales a gente afín y esa lógica se reproducía de arriba abajo.
En Murcia, si no eras amigo de la dirección, como mucho podías pegar carteles. Si reclamabas algo o te oponías a algo, te quitaban de en medio.
¿Hubo algún momento en el que pensaste que Iglesias iba a defraudar?
En el congreso fundacional de Vistalegre. Recuerdo una intervención en la que planteó al público el reto de no aplaudirle mientras hablaba. Para mí, aquello revelaba un endiosamiento incompatible con una dirección honesta. Si crees que el partido es tu maqueta, donde puedes poner y quitar muñecos, lo acabas pudriendo.
¿Qué opinas del Podemos actual?
Lo veo como una organización encastillada y tremendamente sectaria, en la que queda muy poca de la gente que se ilusionó con el proyecto y en la que el liderazgo de Pablo Iglesias e Irene Montero es indiscutible.
En unas primarias verdaderamente abiertas, ¿podría imponerse una candidatura inesperada, incluso la candidatura de Rebeca Argudo?
Podría haber una sorpresa si realmente puede votar cualquier ciudadano. Los incondicionales de Irene Montero están muy movilizados, pero son minoritarios. Desde mi punto de vista, ella es una mala candidata. Creo que, sin su relación sentimental con Pablo Iglesias, no habría llegado a la cúpula de Podemos.
¿No es un argumento machista?
Mi crítica es a la endogamia. Digo lo mismo de Ana Botella respecto de Aznar. Es verdad que los hombres han ocupado posiciones de poder con más frecuencia y por eso encontramos más ejemplos en esa dirección, pero también hay hombres que se benefician de su relación con mujeres que tienen más poder. La endogamia no conoce sexo.
¿Hay lawfare en España?
Sí, indudablemente. Hay jueces a los que se les ven las filias y la forma en que retuercen la ley. En la instrucción del caso de Begoña Gómez veo un ensañamiento artificioso y arbitrario. Eso no impide reconocer los problemas de corrupción que afectan al PSOE.
También recuerdo la declaración de Mariano Rajoy en un juicio relacionado con Bárcenas. Un abogado intentaba repreguntarle sobre su relación con él y el tribunal se lo impedía porque ya había contestado. A mi juicio, había elementos, como los mensajes conocidos entre ambos, que justificaban insistir. Vi un trato de favor incompatible con la imparcialidad.
Pero hay que reconocer dos cosas: que el lawfare existe y que no toda condena de un dirigente de izquierdas es lawfare. En el caso de Cristina Fernández de Kirchner, por ejemplo, considero que había pruebas suficientes para condenarla. Si damos por hecho que cualquier condena a un líder de izquierdas es persecución, le estamos dando carta blanca para corromperse. Hay que analizar cada caso de forma rigurosa.
Se ha cuestionado mucho la figura del juez instructor. ¿La mantendrías?
Soy muy partidario de mantenerla. La alternativa que se plantea es que instruya el fiscal, y en España la Fiscalía tiene una estructura jerárquica cuya cúspide es el fiscal general del Estado, nombrado a propuesta del Gobierno.
En ese contexto, me parece menos garantista que investigue un fiscal sometido a esa jerarquía que un juez que ha accedido por oposición y que, en muchos casos, no le debe nada a nadie.
¿Incluso después de tus críticas al juez Peinado?
Lo que haría con jueces que actúan como él es sancionarlos. La herramienta existe, pero tiene que utilizarla el Consejo General del Poder Judicial. Creo que un Consejo con la mitad de sus miembros elegidos por los ciudadanos y la otra mitad por los jueces habría actuado ante conductas que me parecen vergonzosas.
¿Qué opinas de la condena al fiscal general del Estado?
La considero arbitraria y creo que el Tribunal Constitucional la va a anular. Por dos razones: por la composición política del propio tribunal, pero también porque considero injusta la condena.
La presunción de inocencia exige acreditar la culpabilidad más allá de toda duda razonable. No me parece compatible con ese principio atribuir una filtración al fiscal general «o a alguien de su entorno» sin identificar a esa persona ni probar que, si fue ella, actuó por orden suya. Si no está probado quién filtró ni la existencia de esa orden, considero que no se le puede condenar.
¿Y la resistencia a aplicar la amnistía a Puigdemont?
No tengo ninguna simpatía por la derecha independentista catalana. Creo que utiliza la estelada con las mismas finalidades con las que la derecha española utiliza la bandera nacional. Pero considero que aquí hay un caso de lawfare.
Entiendo que la amnistía debe aplicarse y que los argumentos para excluir la malversación son artificiosos y arbitrarios. La vía es recurrir ante el Tribunal Constitucional, aunque volvemos a tener el problema de la composición política de los tribunales.
¿Qué consecuencias tiene para un juez actuar arbitrariamente si después otro tribunal le corrige?
Por desgracia, hay una impunidad enorme. Creo que la inmensa mayoría de los casos de prevaricación quedan impunes, bien porque no se denuncian, bien porque, cuando se denuncian, aparece el corporativismo o se archivan sin entrar en el fondo.
Ha habido casos, como el del juez Ferrín Calamita en Murcia, en los que sí se actuó. Pero hablamos de situaciones de tal gravedad que ya no quedaba más remedio.
¿Hay más corporativismo en la judicatura o en la medicina?
Diría que por igual. En ambos casos, niveles estratosféricos.
Fuiste un usuario muy activo y polémico de Menéame. ¿Qué encontraste allí que te gustara?
Tres cosas. La primera, diversidad de opiniones. Aunque siempre hubo cierta preponderancia de la izquierda, cuando entré había pluralismo y gente que sabía mucho de lo que hablaba.
La segunda, capacidad de difusión. Publicabas algo que considerabas importante y llegaba a mucha gente. Era una herramienta útil para informar a la ciudadanía.
Y la tercera, usuarios muy fáciles de enfurruñar. Me divertía picarlos y ver cómo estallaban. Por esos tres motivos me encantaba la web.
¿Cuándo empezaste a pensar que algo fallaba?
Cuando percibí una arbitrariedad creciente en la moderación. No solo se sancionaba, a mi juicio injustamente, a determinados usuarios por su ideología o por sus malas relaciones con quienes administraban la página. A veces, además, se celebraba la sanción y se ridiculizaba al sancionado.
Había discusiones personales que acababan en amenazas de expulsión, incluso contra usuarios con mucha trayectoria. Esa mezcla de poder, falta de controles y sensación de impunidad me hizo pensar que la comunidad estaba en malas manos.
¿Por qué acabaste marchándote?
Se juntaron dos cosas. Por un lado, los votos negativos de represalia. En un agregador, varios usuarios con mucho peso pueden coordinarse para impedir que una noticia llegue a portada. Yo sentía que había un grupo que votaba negativamente todo lo que enviaba.
Por otro, había criticado decisiones de los administradores y, cuando pedía que intervinieran, me respondían que el voto era libre. Sin embargo, veía que en otros casos sí actuaban. Llegó un momento en el que publicar noticias, ver cómo las tumbaban y reclamar sin resultado dejó de tener sentido para mí.
Después participaste en otras comunidades. ¿Encontraste una alternativa mejor?
Al principio me impliqué en un agregador pequeño llamado Mediatize, creado por antiguos usuarios. Pensé que se podía ampliar, atraer a personas de otras ideologías y enriquecer el debate. Los usuarios me eligieron administrador y durante esa etapa intenté frenar los mensajes que consideraba discursos de odio.
Cuando cambió la administración, encontré mucha más tolerancia hacia esos mensajes. Me quejé, me respondieron que era libertad de expresión y acabé marchándome.
Más tarde participé en un grupo muy numeroso que discutía cómo construir otra alternativa y que acabó cristalizando en Tardigram. Me ilusioné, pero me alejé al considerar que quienes pretendían dirigirla eran sectarios y estaban poco comprometidos con la libertad de expresión. Finalmente impulsé otro proyecto con un grupo pequeño y pusimos en marcha Renegados.
¿Qué conclusión sacas de esas experiencias?
Que marcharse de una comunidad por su arbitrariedad no garantiza que la siguiente vaya a funcionar mejor. También entre quienes se presentan como alternativa aparecen el sectarismo y la falta de respeto al discrepante. Eso fue lo que me hizo abandonar algunos proyectos.
Llegaste a ofrecer 206.000 euros por comprar Menéame. ¿Era una oferta real o querías provocar una reacción?
Honestamente, no tengo claro qué habría hecho. A ratos pensaba que, si me aceptaban la oferta, diría que sí; a ratos me parecía una burrada de dinero.
Lo fundamental para mí era tener el 50 % más una de las acciones para poder convertirla prácticamente en una entidad sin ánimo de lucro. Si me hubieran dicho que sí, es bastante posible que hubiera aceptado la compra.
¿Le darías una oportunidad a una nueva etapa de la web?
Para mí, la condición fundamental es la ecuanimidad. Quien administra una comunidad tiene que tratar a todo el mundo por igual, independientemente de cómo le caiga, y aceptar las críticas sin convertirlas en conflictos personales.
Soy pesimista cuando veo que se mantienen dinámicas de favoritismo, poca tolerancia al cuestionamiento y falta de autocontrol. Si no cambian esas prácticas, creo que la web perderá usuarios y volverá a vivir los mismos conflictos.
Acabas de publicar El derecho frente a la ultraderecha y lo has puesto gratuitamente a disposición de los lectores. ¿Por qué renuncias a cobrar?
Porque me considero una persona intelectualmente del montón. No creo tener nada especialmente brillante que aportar, pero sí unas cuantas ideas sobre el peligro que representan estos partidos para la democracia, y se me da bastante bien explicar las cosas con claridad por escrito.
Quería compartir esas ideas con quien quiera leerlas. Desde mis fuerzas y mi pequeña capacidad de difusión, espero contribuir a que la sociedad comprenda esa amenaza y se movilice frente a ella.
¿Cuál es tu propuesta?
Por una parte, considero procedente ilegalizar partidos como Vox, porque entiendo que atentan contra derechos humanos como la no discriminación por razón de raza, sexo, religión o ideología, y contra la libertad política.
Vox ha propuesto ilegalizar a partidos rivales y utiliza la idea de la «anti-España», un término siniestro que viene del franquismo y que sirve para excluir a quienes no encajan en un determinado pensamiento. A mi juicio, un partido que pretende prohibir a sus adversarios, discriminar por la fe o desmantelar derechos sociales básicos niega los fundamentos de la democracia. Y un partido que niega los derechos humanos no es democrático.
La segunda propuesta es reconectar con la ciudadanía. Que el Estado vuelva a ser percibido como un instrumento útil para garantizar derechos y una vida digna. En el libro planteo medidas de promoción de los derechos sociales y vías de democracia deliberativa y participativa.
Has defendido durante años una concepción muy amplia de la libertad de expresión. ¿No entra en contradicción con pedir la ilegalización de un partido?
Parto de que en democracia cabe todo lo que no niegue la propia democracia. Cualquier idea compatible con sus pilares, que son los derechos humanos, debe poder defenderse. Incluso con expresiones muy ácidas, muy duras, que rocen la injuria.
Pero si alguien utiliza la palabra para promover que las mujeres no puedan votar, que los musulmanes no puedan practicar su fe o que se ilegalice a quien piensa de otra manera, está promoviendo la negación de la dignidad de los demás.
La palabra puede tener consecuencias. Un jefe mafioso que ordena matar a alguien no aprieta el gatillo, pero da la orden. El discurso político también tiene capacidad para transformar la realidad. Por eso considero que los discursos que pretenden imponer un cambio social que destruya los pilares democráticos no son legítimos.
Universidad, tribunales, Podemos, Menéame… Tu biografía está atravesada por choques con instituciones y estructuras de poder. ¿Se puede tener pareja siendo así?
Yo diría que no. Todo esto me absorbe muchísimo y, entre el trabajo y las batallas, no tengo tiempo libre.
Siempre digo que, en un mundo ideal, yo no tendría que hacer esto porque habría mucha más gente que lo haría. Pero, como la gente tiene tanto miedo a moverse, a reivindicar y a quejarse, hace falta que algunos sobreactuemos un poco para compensarlo.
