Esta mañana, desde Jot Down, lanzamos una promoción sobre nuestras novedades editoriales en redes sociales invirtiendo una cantidad de dinero importante para nosotros. Hacia media tarde no se podía acceder a nuestra web y estamos viendo en tiempo real cómo perdemos el dinero invertido. Las personas responsables son siempre las mismas: Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, y Antonio Hernando, secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales —el socialista en activo que más veces ha protagonizado el principio de Peter—. Estos dos representantes del pueblo no lo son tal, solo representan a empresas como Oracle, Google y, cómo no, a LaLiga. Las pequeñas empresas, especialmente si son culturales, no les interesamos para nada, hasta el punto de que con sus acciones no pretenden otra cosa que hacernos desaparecer.
Lo que está ocurriendo este fin de semana no es un accidente ni un problema técnico, sino el funcionamiento normal de un sistema que el Gobierno conoce, tolera y bendice. Desde que el Juzgado de lo Mercantil número 7 de Barcelona autorizó a LaLiga, en diciembre de 2024, a ordenar a los operadores el bloqueo dinámico y en tiempo real de direcciones IP durante los partidos, cada fin de semana, entre las cuatro de la tarde y la medianoche, una parte de internet deja de existir en España para quien navegue con Movistar, Vodafone, Orange o Digi. Como los emisores piratas se esconden detrás de infraestructuras compartidas, a quién se bloquea no es a un delincuente, sino a la dirección IP que ese delincuente comparte con miles de negocios legales, de modo que en el mismo golpe caen enciclopedias, tiendas, pasarelas de pago, webs municipales o agregadores como Menéame que nunca han emitido un minuto de fútbol. Y, como no, también a revistas culturales. En diciembre pasado los bloqueos alcanzaron, según los datos que publicó eldiario.es, a 3,8 millones de dominios, y con el arranque de la temporada 2026/27, el 15 de agosto, la maquinaria volvió a activarse con unas 550 direcciones bloqueadas, la mayoría de Cloudflare. Este fin de semana, de jornada de Liga, nos tocó a nosotros, con la diferencia de que esta vez habíamos pagado por atraer lectores a una puerta que Javier Tebas había cerrado con llave y venia ministerial.
Todo esto convierte un abuso privado en una responsabilidad política. El 14 de enero de este año, la Secretaría de Estado que dirige Hernando firmó con LaLiga un memorándum de entendimiento para «crear un ciberespacio confiable y seguro», un documento en el que la patronal del fútbol se comprometía a promocionar el 017, el teléfono del INCIBE contra estafas digitales, mientras seguía ejecutando cada fin de semana la mayor operación de denegación de servicio que ha sufrido la red española, lo cual no puede ser más irónico. Ocho días después, la Asociación de Internautas, la Fundación España Digital y la Asociación de Usuarios de Internet acudieron al Defensor del Pueblo para denunciar «la intolerable pasividad» del Ejecutivo y de la CNMC, con una frase demoledora: «la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones se ha reunido con La Liga y, aparentemente preocupados por el uso responsable de Internet, han firmado una campaña de «colaboración», mientras una calla y la otra ejecuta impunemente medidas de censura». Desde entonces, el Tribunal Constitucional estudia los bloqueos, el Congreso aprobó en junio una proposición no de ley reclamando límites claros y un principio de proporcionalidad tecnológica, y un juzgado de Córdoba se negó el 19 de mayo a multar a las VPN que no bloqueaban IPs porque, según acreditaron los peritos, esas direcciones cambian en cuestión de horas y es imposible cumplir la orden sin arrasar infraestructura legítima. Todo el mundo, hasta los tribunales que dictaron las órdenes, admite que se está dañando a terceros inocentes. El único que no ha movido un dedo es el departamento cuya competencia es, precisamente, las telecomunicaciones.
La biografía de Hernando explica mejor que cualquier teoría por qué esto es así. Portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, defenestrado cuando Pedro Sánchez volvió a la secretaría general del PSOE en 2017, rescatado años después como director adjunto del Gabinete de la Presidencia y ascendido, el 26 de septiembre de 2024, a secretario de Estado de un área en la que no le consta experiencia técnica alguna. Su carrera es la de un hombre al que se coloca donde hace falta un monigote que pose sonriente con el representante del lobby de turno, nunca donde hace falta un gestor competente. Ese es el principio de Peter en su versión socialista: no se asciende hasta el nivel de incompetencia, se asciende por encima de él y se deja masajeando escrotos mientras los responsables se desentienden de decenas de miles de pequeñas empresas que dejan de tener actividad comercial por deseo del Tebas de turno.
De López ya hemos escrito, y más de una vez. Hemos documentado cómo el ministro denuncia en los foros a las «tecnoligarquías» mientras su departamento entrenaba ALIA, el modelo de inteligencia artificial pagado con dinero público, con cincuenta mil libros publicados en España sin autorización de sus autores ni de sus editoriales, cómo el Kit Digital funcionó como una transferencia opaca hacia consultoras y grandes grupos de comunicación, y cómo la puerta giratoria entre el ministerio y Google tiene nombres y apellidos, con el antiguo asesor de la Agenda España Digital presentando en el Congreso informes de la multinacional en actos clausurados por el propio ministro. También contamos cómo el ministro recibía al consejero delegado de Oracle, Mike Sicilia, para prometerle que el Gobierno convertiría los fondos europeos en una «fábrica de colaboración público-privada», cómo proclamaba que «va en el interés de todos» que una empresa privada concreta tenga éxito, y cómo llama soberanía digital a una nube norteamericana propiedad de una corporación que cotiza en Wall Street. Y narramos cómo, en la entrega del Premio CEDRO, ni el presidente ni el ministro de Transformación Digital ni el de Cultura se dignaron a aparecer ante los autores y editores cuyas obras se están expoliando para alimentar los modelos que ellos mismos subvencionan, porque los fondos de inversión que financian centros de datos pesan más que los escritores.
Puesto todo junto es evidente a quién representa este socialismo tiktokero. A Oracle se le abren los fondos europeos, a Google se le abren las puertas del Congreso y las aulas de doce comunidades autónomas, a LaLiga se le abre la red entera para que la administre a su antojo cada fin de semana, y a quienes tenemos como negocio una tienda online se nos niega la actividad comercial bloqueando los accesos a nuestras webs. En este país se llamó capitalismo de amiguetes a la costumbre de repartir concesiones, contratos y regulaciones entre los conocidos del poder, y no hay razón para no llamar socialismo de amiguetes a la versión que practica este Gobierno, en la que los amigos no son constructores ni banqueros, sino multinacionales tecnológicas y una patronal deportiva con una capacidad de presión que ninguna editorial de este país podría soñar, y en la que la coartada ya no es el crecimiento, sino la modernización, la soberanía digital y la lucha contra la piratería. Los amiguetes cambian, el mecanismo es el mismo: se legisla, se firma y se calla en favor de lobistas mientras que a los que pagamos impuestos cada trimestre no solo no se nos representa sino que además se nos arruina.
Lo que perderemos este fin de semana en cifras absolutas es poco para un ministerio que maneja miles de millones en fondos Next Generation, pero es mucho para una editorial independiente que arriesga en cada campaña una parte real de su tesorería. Por eso la indiferencia es tan dolorosa: no es que López y Hernando no sepan que cada jornada de Liga muchas pequeñas empresas dejan de facturar, es que ese dato, sencillamente, les importa un pimiento. Ellos saben que en nuestras pequeñas empresas no hay puertas giratorias y, a fin de cuentas, eso es lo único que les interesa. Un Gobierno que se dice de izquierdas debería tener alguna idea sobre quién es el fuerte y quién el débil en un conflicto entre LaLiga y una revista cultural, entre Google y un escritor, entre Oracle y una editorial de provincias. Nosotros seguiremos publicando, aunque los sábados y domingos lo hagamos para el extranjero, y seguiremos apuntando los nombres, porque cuando algún día alguien pregunte quién fue el responsable de dañar a los autónomos en nombre de la transformación digital, la respuesta no será una abstracción sobre los tiempos que corren, sino una lista de responsables, y en ella, en los primeros puestos, figurarán los dos incompetentes que hoy encabezan este editorial.
