En la presentación de TuringDream, acontecida el pasado marzo, el ministro Óscar López pronunció una frase que condensa toda la doctrina de su Ministerio: «Va en el interés de todos que TuringDream tenga éxito». Luego añadió que «la receta para el éxito es la colaboración público-privada». TuringDream es una empresa privada con sede en Torrelodones que ha recibido dos millones de euros públicos del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. El ministro acudió a su sede tras comparecer junto a sus responsables para declarar que el éxito comercial de esa empresa concreta forma parte del interés general —y punto pelota—.
Un grupo de investigadoras dirigido por Abeba Birhane acaba de publicar en FAccT ’26 un trabajo que ayuda a entender este tipo de performances ministeriales con otros ojos. Big AI’s Regulatory Capture: Mapping Industry Interference and Government Complicity propone una taxonomía de veintisiete mecanismos a través de los cuales la industria de la IA logra capturar los procesos regulatorios que deberían controlarla. Las autoras analizan cien artículos y registran doscientas cuarenta y nueve situaciones de captura. Las dos categorías más habituales son, por un lado, la elusión de la ley —con incumplimientos directos de la normativa antimonopolio, de privacidad, de copyright y laboral en el diecisiete por ciento de los casos— y, por otro, la influencia discursiva y epistémica, que se intensifica cumbre tras cumbre. A estos mecanismos se suman once narrativas recurrentes, entre las que destacan «la regulación ahoga la innovación», «la burocracia y las trabas» y «el interés nacional».
Aplicar esa taxonomía al modus operandi del Ministerio que dirige Óscar López es muy revelador. Tomemos el caso de Oracle. El nueve de febrero el ministro recibió a Mike Sicilia, CEO de la multinacional, en su primera visita a un país europeo tras asumir el cargo. López declaró que «el Gobierno de España ha transformado los fondos europeos en una fábrica de proyectos de colaboración público-privada que motiva a empresas como Oracle a multiplicar sus inversiones aquí». Sicilia respondió agradeciendo al Gobierno por «impulsar la tecnología de la nube y la IA que fortalecerá la soberanía digital de España». Al día siguiente López inauguró el Oracle AI World Tour Madrid en IFEMA y volvió a usar la misma fórmula. La taxonomía de FAccT clasifica esto bajo dos rúbricas, reuniones privadas con reguladores fuera de los canales sometidos a transparencia y gobierno adoptando el marco de la industria, que las autoras definen como el patrón de funcionarios públicos repitiendo posiciones favorecidas por la industria mientras ignoran otras aproximaciones. Que el discurso del ministro español resulte indistinguible del de Sicilia es exactamente el mecanismo que Birhane documenta.
La narrativa de la «soberanía digital» del Ministro tecnoligarcafriendly aplicada a una nube norteamericana propiedad de una corporación que cotiza en Wall Street es «pa’ mear y no echar gota» como decían en el siglo pasado. En el congreso ASLAN, López sostuvo que la soberanía digital y la colaboración público-privada son «los pilares» de la transformación tecnológica española —y nosotros pensando que es el corpus de contenido que nos han birlado—. La frase encaja como caso de manual de lo que el estudio denomina conflación de interés público y privado. Que Oracle invierta mil millones en su nube en España no convierte a Oracle en soberanía española, ya quisiera más de uno.
Que el modelo López no sea una excepción ideológica lo demuestra el espejo autonómico. Isabel Díaz Ayuso ha hecho de Madrid el laboratorio competidor de la misma doctrina, con la inversión de Microsoft de 2.100 millones, los anuncios de centros de datos de Meta y AWS, y un discurso público donde la regulación europea aparece sistemáticamente como obstáculo al «hub tecnológico del sur de Europa». La taxonomía de Birhane registra precisamente este mecanismo bajo el epígrafe exploit weak regulations/jurisdictions —el desplazamiento de inversiones hacia jurisdicciones con regulación o aplicación considerablemente más débil—. Parece que sí que hay cosas en las que PP y PSOE se ponen de acuerdo. Los dos partidos políticos ofrecen puente de plata a las mismas multinacionales y aquí no hay idelogía que valga.
En la consulta pública abierta el veintitrés de enero sobre la «simplificación» del Reglamento Europeo de IA en el marco del ómnibus digital impulsado por Bruselas, España no se ha limitado solo a transponer, en este caso de forma inmediata ha activado un proceso participativo nacional para recoger propuestas que «faciliten el cumplimiento» del Reglamento, lo que en lenguaje de Birhane es la combinación perfecta de dos narrativas dominantes, red tape y regulation stifles innovation. El estudio observa que la narrativa de la simplificación precede sistemáticamente a llamadas más explícitas a la desregulación, y cita el discurso de Ursula von der Leyen en Copenhague como ejemplo paradigmático. El propio ómnibus europeo es resultado de una campaña sostenida del sector tecnológico para diluir el AI Act antes de que termine de aplicarse, según ha documentado Corporate Europe Observatory. Esta claro que el Ministerio ha abierto una ventanilla nacional para recoger más propuestas de simplificación con el objetivo de poner en marcha un megáfono institucional para que la industria amplifique las demandas que ya han logrado moldear el marco europeo.
La AESIA, la agencia llamada a ejercer la supervisión efectiva, define entre sus competencias la «promoción de la colaboración público-privada» antes incluso de mencionar la inspección o la sanción. El orden no es casual. Refleja la prioridad real del organismo, alineado con un discurso ministerial donde la palabra «colaboración» aparece con frecuencia hipnótica. Las puertas giratorias documentadas por el estudio se distribuyen entre Estados Unidos, Reino Unido y un caso en la Unión Europea, el de Cédric O, exsecretario de Estado francés convertido en accionista de Mistral. España no figura todavía en la muestra, pero la arquitectura institucional descrita por López hace plausible que aparezca pronto. No deja de ser sorprendente que el mismo país que se ufana de haber creado la primera agencia europea de supervisión de la IA está abriendo simultáneamente una consulta pública para simplificar las reglas que esa agencia debería supervisar, y lo hace mientras el ministro responsable celebra inversiones de las empresas que la AESIA tendría que vigilar. La doctrina López consiste en declarar que los intereses comerciales de las grandes empresas de IA son, sin más, los intereses de la ciudadanía y se queda tan ancho.
