Hoy acudo por primera vez al Instituto Cervantes. El motivo es que me han invitado a la entrega del Premio CEDRO a la defensa de los derechos de autor, que celebra su décimo aniversario. Como nos han recordado en la gala, hace diez años, cuando lo recibió Lorenzo Silva, se hablaba de piratería. Una década después, el tema es la inteligencia artificial y el expolio que se está haciendo de los textos producidos por escritores y editores españoles para alimentar modelos de lenguaje cuyo negocio se cuenta en miles de millones y cuya cadena de valor ha decidido, con la connivencia de quienes gobiernan, que el primer eslabón sea gratis.
La entrega del Premio CEDRO 2026 a Javier Sierra, celebrada esta tarde, 29 de abril, en Madrid, ha contado con la presencia de galardonados de ediciones anteriores —Lorenzo Silva, Julia Navarro, Pepa Fernández, Rosa Montero, José María Merino, Gemma Lienas, Manuel Rivas, José Andrés Torres Mora—, y también con Nina George, a quien se ha hecho una mención especial por su trabajo al frente del European Writers’ Council, reconociendo que haya dedicado buena parte de su trayectoria pública a defender lo que se supone que el Estado debería defender por oficio. En un acto como este, uno espera ver también, junto a los premiados y a las entidades culturales, a los representantes del Estado que tienen competencia directa sobre lo que allí se discute. Del Ministerio de Cultura ha asistido el subdirector del Libro y el Cómic, Jesús González. A Ernest Urtasun no lo hemos visto —ya sabemos que su tiempo es de Sumar, no de Cultura—, aunque hay que reconocerle que tiene un equipo con el que todo el sector trabaja a gusto, profesional y atento, y que cubre con dignidad las ausencias del jefe. Óscar López tampoco; y aquí no hay costumbre que valga, salvo la suya de no perderse un evento de Google ni una mesa redonda con ejecutivos de la industria tecnológica. Para los autores españoles —esos con los que se ha alimentado su IA— no encontró un hueco en la agenda.
No me sorprende que la ausencia se produzca. Me sorprende, si acaso, el descaro con el que se produce. Pedro Sánchez lleva meses convertido en el más entusiasta promotor mediático de la inteligencia artificial como vector de modernización del país: cumbres, fondos, anuncios, planes estratégicos, comparecencias en foros internacionales, declaraciones grandilocuentes sobre el liderazgo español en el ecosistema digital europeo. La palabra IA aparece en sus discursos con la misma frecuencia con que un predicador del XVII invocaba la Providencia, y con un fervor parecido. Hay una agenda, hay un relato, hay un objetivo de posicionar a España como interlocutor solvente en la conversación tecnológica global. Todo ello es legítimo, todo ello discutible en sus términos, y todo ello irrelevante para lo que aquí interesa. Lo que aquí interesa es que esa misma inteligencia artificial que el presidente celebra cada vez que pisa un escenario se está construyendo, en buena parte, sobre el saqueo sistemático de los textos producidos por escritores y editores españoles. Y que el presidente, cuando esos escritores y editores se reúnen para denunciarlo, no manda ni a un secretario de Estado.
Sierra ha sido contundente, como cabía esperar de quien lleva décadas convirtiendo la defensa del derecho de autor en algo más que una cláusula contractual. Habló de una lucha épica en dos frentes: la gestión material de los derechos de autor a escala planetaria —que incluya los usos que la IA hace de los libros— y la contención de las amenazas a la originalidad y a la libertad creativa que los algoritmos están imponiendo. Recordó también que la recaudación de derechos reprográficos en Europa ronda los tres euros por habitante y año, mientras que en España la cifra es humillantemente inferior. Carme Riera, presidenta de CEDRO, reclamó por su parte el liderazgo de las administraciones públicas en el fortalecimiento de la cultura escrita y advirtió de los desafíos que la IA plantea para los creadores y para el conjunto de la sociedad. Hablaban ambos desde un atril ante el que faltaba, precisamente, quien tenía que estar.
¿Qué significa que un gobierno se ausente del acto donde el sector cultural denuncia la apropiación masiva de su trabajo por parte de las grandes tecnológicas y de las propias instituciones del Estado? Significa exactamente lo que parece. Significa que, en la jerarquía implícita de prioridades del Ejecutivo, los fondos de inversión que financian centros de datos pesan más que los autores que han escrito los libros con los que se entrenan los modelos. Significa que el lobby tecnológico, con sus oficinas en Bruselas y sus delegaciones en Madrid, tiene línea directa con Moncloa, y que las entidades de gestión colectiva, los gremios de editores y las asociaciones de escritores deben conformarse con la desfachatez con la que se les trata. Significa que la palabra creador se utiliza en los discursos cuando conviene poetizar el relato y se olvida cuando hay que legislar. Significa, en fin, que el presidente confunde modernidad con sumisión y liderazgo con publirreportaje.
No se trata de pedir una posición ludita ni de exigir al Estado que frene el desarrollo de la inteligencia artificial. Lo que el sector del libro y los medios reclama es mucho más modesto y mucho más exigible: que el Gobierno aplique a las empresas que entrenan modelos de lenguaje el mismo criterio que aplica a cualquier ciudadano que reproduce sin permiso una página de un libro ajeno; que defienda en las negociaciones europeas un régimen de licencias obligatorias y remuneración equitativa por el uso de obras protegidas en los datasets de entrenamiento; que dote a los organismos competentes de medios técnicos para auditar lo que las grandes plataformas hacen con el patrimonio cultural ajeno; que no permita que la transposición del reglamento europeo de IA se convierta, como tantas otras, en un colador hecho a medida de los intereses de quien mejor paga; y que, sobre todo, dé ejemplo. No se puede tener la cara tan dura como el cemento: expoliar obras protegidas para entrenar modelos «españoles» sin remunerar a autores y editores y, al mismo tiempo, vender la apuesta del país por la IA.
En vez de eso, tenemos un presidente que viaja para fotografiarse junto a ejecutivos del sector tecnológico y un Ministerio para la Transformación Digital cuyo titular no se pierde un evento de lobby tecnológico y se pierde, en cambio, el acto en que los autores españoles le reclaman protección frente a las prácticas de las multinacionales que tan amablemente le invitan. Tenemos un Ministerio de Cultura cuyo equipo cumple, una vez más, con la diligencia de enviar a quien corresponde, y un titular, Ernest Urtasun, que tampoco ha encontrado el momento de pasarse a saludar. Tenemos discursos sobre soberanía digital pronunciados por quienes han renunciado a cualquier soberanía. Tenemos planes estratégicos cuyo único contenido estratégico es transferir dinero a los tecnooligarcas. Y tenemos a un presidente tiktoker al que, digámoslo claro, se la suda lo que pase con la cultura.
