Hay muy buenas razones para que los expedientes judiciales sean secretos. Son “obras en construcción”, por decirlo de alguna manera, tremendamente susceptibles de manipulación. Si usted va a un juzgado y pide las diligencias previas 2356/12 el señor funcionario le preguntará —se supone que siempre— si es parte personada antes de dejárselo examinar. Los juicios y las sentencias, sin embargo, son públicos, y es lógico que lo sean ya que la justicia tiene, si pretende evitar el privilegio, que poder resistir el análisis directo por el ciudadano.
Como los ciudadanos deben tener derecho a ser defendidos por un abogado, alguien que solo atienda a sus intereses, el expediente judicial está a disposición del juez instructor, de los acusadores y, lógicamente, de la defensa, pero esto no implica que puedan, ni ellos ni los funcionarios judiciales, hacer público su contenido. No solo no pueden, sino que está prohibido expresamente (y es delictivo en el caso de los funcionarios públicos). Estamos tan acostumbrados a conocer del contenido de los expedientes judiciales que parece que todo el mundo se ha olvidado de que el acceso a ellos por quien no está autorizado es ilegal.
Hasta ahora he hablado solo de la regla general. Hay, sin embargo, una situación en la que se restringe el acceso al sumario incluso a las partes personadas: cuando el sumario se declara, total o parcialmente, secreto. En este caso, no solo usted, amigo lector, no debe tener acceso a un expediente judicial, sino que el propio abogado personado trabaja absolutamente a oscuras.
Se supone que es una situación excepcional, que no debe durar más allá de un mes, pero que puede ir prorrogándose. Esta medida, que se controla por los jueces y contra la que la defensa se encuentra inerme de hecho (no puedes argumentar contra lo que no conoces), se justifica por las necesidades de la investigación. Se supone que se adopta para que nadie —y se piensa sobre todo en el imputado— pueda interferir en aquélla.
Si es escandaloso que en la práctica se acceda a lo que se contiene en un sumario, que es secreto, imaginen hasta qué punto es grave que se pueda acceder por terceros —ajenos al proceso— a la investigación criminal declarada secreta incluso para las partes.
Sin embargo, pese a esta gravedad, las filtraciones son constantes y la persecución de estas conductas inexistente. Hasta el punto de que más de un imputado pueda preguntarse, legítimamente, si el secreto del sumario que termina conociendo todo el mundo no es sino una manera de impedirle que se defienda, en vez de asegurar un buen resultado de la investigación.
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Pues sí. Sin los conocimientos necesarios ya me barruntaba algo así escuchando al Ministro.
Parece ser, usted dirá, que también nuestros jueces tienen una tendencia natural a la prisión preventiva, con el fin de *ablandar* al procesado.
Muy buen artículo. Cada vez me estoy aficionando más a esta revista. Una pregunta para ver si algún expero me la puede solucionar:
El hecho que el contenido del último informe haya sido divulgado pero éste no se haya entregado a la parte acusada, puede provocar indefensión del Sr. Bretón?
Gracias
Sé que mi postura es un poco heterodoxa; pero creo que este tipo de casos no se deberían airear en los medios de comunicación; a mí me resultan muy desagradables, me recuerda a cuando se les tira un muerto (noticia escabrosa) a los zombies (todos nosotros) de Walking Dead.
Y si no deberían airearse, muchísimo menos por un ministro, a no ser que quiera sacar a pasear su incompetencia, que parece ser que a éste le da absolutamente igual hacerlo y a la vez cagarse en todo lo que él mismo representa. X2 Combo, ministro. Vaya combo.
Un placer tenerle de vuelta, señor Rabtan, aunque sea cabreado. Siempre es un gusto leerle.
Me figuro que entonces al autor le parecerá injusto el linchamiento público que (con razón) sufre Iñaki Urdangarín y el que sufrió (pese a ser inocente) Fco. Camps.
Todos estos casos han estado repletos de filtraciones que vulneran el secreto de sumario.
La filtración a la prensa afín de los sumarios secretos ha sido la estrategia seguida por los fiscales anticorrupción de Baleares para asegurar la condena en la opinión pública y presionar así a los jueces. No querían que se repitiera el bochorno del «caso Caballistas», con unos 10 alcaldes del PP imputados (y fotografiados en el banquillo en vísperas electorales), y que acabó con el archivo de la causa por inexistencia de hecho delictivo. Desde entonces, durante una temporada cada día abría el Diario de Mallorca con titulares del tipo «la fiscalía anticorrupción sospecha que Matas…», referidos a actuaciones en secreto de sumario. Los periodistas tomaban cafelitos con los fiscales, y éstos con el juez instructor, diariamente y a la vista de todos.
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