El control sobre las ideas es una constante en la historia. Con internet nunca hubo más gente ejerciendo el derecho universal a la libertad de expresión, así como también la cantidad de ofensas y ofendidos. Creo que se confunde el objeto cultural con la representación y los códigos elementales de convivencia, igual que el arte se diluye en simple juguete de verbena que juega a la transgresión. Todo ello no sé si es por desconocimiento o porque ya hemos saltado el eje y muchas nos creemos seres virtuales y personajes de ficción. Sea como fuere, la reacción de quienes mandan a este teatrillo de las apariencias y la ofensas, espoleados por los grupos de observadores y vigilantes, no ha sido supertecnológica —un borrado de recuerdos, una policía de Precrimen, chip en la cabeza, no sé— , sino a la antigua: multas, denuncias, cárcel y una intricada red de normas y subterfugios burocráticos, laberinto ideal para fiscalizar y prohibir aquello que no proceda a sus ojos u oídos, incluida la acción de los cuerpos de seguridad, que es favorecida por la promulgación de leyes especialmente duras.
La censura existe en todos los países, más o menos camuflada en sus leyes. El mercado anglosajón, por ejemplo, tiene casos para escribir una enciclopedia de varios tomos únicamente sobre espectáculos, discos y canciones prohibidas (instrumentales incluidos). En España, según dicen los estudios, vamos escalando posiciones en el hit parade de lugares donde más se vigila y castiga la expresión cultural, muy cerca de China, Cuba y la India, batiendo récords, por ejemplo, en la persecución de artistas de rap. En este tema somos una potencia mundial. A consecuencia de la Ley de Seguridad Ciudadana, de 2015, salimos a escándalo diario por la acción de la justicia ante la reacción contra determinadas canciones y espectáculos. Lo primero, el show de los dos titiriteros en Madrid, quienes acabaron en el cuartelillo con aplicación de la ley antiterrorista. Lo último, el juicio y condena de cárcel al rapero Valtonyc y la denuncia de unos números de la Guardia Civil al cantante Evaristo Páramos, por recitar la jota en su concierto. Un lío mediático con olor a verbena y fritanga que no se recordaba desde los ochenta, cuando las Vulpess salieron en la 1 de TVE tocando una versión de los Stooges retitulada «Me gusta ser una zorra» y la Conferencia Episcopal pidió la cabeza de Carlos Tena, director del programa. Al año siguiente acabaría con «La Edad de Oro», de la tristemente fallecida Paloma Chamorro, por incluir vídeos crowleyanos de Psychic TV y la performance de Jordi Valls, con denuncia por blasfemia incluida. Los dos periodistas no volvieron a levantar cabeza en lo profesional.
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A ver si nos aclaramos con la censura. Costello desoyó a su sello, que preferia ‘Less than zero’ a ‘Radio radio’ por llevar más tiempo a la venta, pese a contener la primera un inequívoco mensaje político. Vamos, que la disquera queria a toda costa que sonara una canción abiertamente antifascista, cosas que pasan (poco). ¿Y SNL? Pues tiene todo el sentido rechazar los años que quieran a un artista que se pasa por el forro una semana de ensayos en un show en directo técnicamente complicadisimo. ¿Dónde está la censura?
Me ha fascinado el artículo.
Un matiz sobre el caso de Kortatu:
– los pitidos sobre los jaleos a la banda terrorista ETA por parte del público los puso el sello Nola; ese mismo audio sin pitidos fue publicado años después por el sello Esan Ozenki sin problema alguno.
– curiosamente en el disco de los «pitidos» se incluye una imagen del rey que se había ocultado/camuflado en un disco anterior por parte de otra discográfica, Soñua; la aparición de dicha imagen no tuvo ninguna consecuencia legal.
Digamos entonces que ambos casos son de autocensura por parte de sellos, no por parte de un hipotético organismo censor estatal. Ya se que no se dice expresamente eso, pero tampoco se matiza.
No es cierto que “A consecuencia de la Ley de Seguridad Ciudadana, de 2015, salimos a escándalo diario por la acción de la justicia ante la reacción contra determinadas canciones y espectáculo”. La verdad es que cansa ya el tema de relacionar la llamada “ley mordaza” con el castigo en los tribunales a determinados chistes, canciones o lo que sea.
La ley ésta NUNCA va a suponer abrir juicio contra nadie. Es una ley administrativa, que prevé como máxima sancion la de multa (lo mismo que saltarse un semáforo). Y no por expresar opiniones en Twitter o canciones, de eso no habla la Ley.
Esas reacciones judiciales que estamos viendo lo son con el Código Penal en la mano, el único que puede decir cuando hay delito o cuando no. Y si ahora hay (más) juicios por eso, ello responde a un incremento del sentimiento de la ofensa, que hace que el ofendido acuda a los tribunales para que se apliquen tipos delictivos (injurias, ofensas a sentimientos religiosos, injurias al Rey, amenazas…) que llevan décadas o siglos existiendo.
Que viva la música! La música urbana es el género que más lo esta reventado, ni censura ni hostias, España va mal así. La expresión