Hoy en mi timeline de X me he encontrado un post de Jaime Gómez-Obregón —a quien sigo desde que empezó a denunciar con admirable perseverancia la opacidad de la administración pública— en el que exponía la tercermundista operativa del Registro Mercantil español. Compartía, como en tantas otras ocasiones, una queja tan simple como contundente: «Hay millones de actos inscritos de sociedades mercantiles, pero no se puede hacer búsquedas porque ustedes no han puesto un buscador».
El tuit me llevó inmediatamente a pensar en mi experiencia personal. Hace unos años, fundé una pequeña editorial en Estonia, Vest Indiya Publishing Company OÜ a raiz de una entrevista a Kaspar Korjus por el programa «e-resident» del país báltico. Lo hice a distancia, sin moverme de casa. La constitución fue rápida, sin trámites absurdos ni notarías decimonónicas. Pero lo más revelador no fue eso: fue descubrir que toda la información societaria de mi empresa —y de cualquier otra del país— estaba disponible en internet, accesible por cualquier ciudadano, gratis y sin registros. Basta con entrar en la web del registro mercantil estonio (https://ariregister.rik.ee) y escribir el nombre o número de una empresa. Lo que aparece, sin necesidad de identificarse, es una radiografía completa: la dirección, el objeto social, los nombres de los administradores, los estados financieros, la evolución del capital, los estatutos. Todo. Gratis.
Uno se acostumbra a ese nivel de transparencia. Y luego vuelve a España.
Aquí, para obtener cualquier información de una sociedad limitada, hay que pagar. Si quieres saber quién administra una empresa, cuánto capital tiene, dónde está domiciliada, si ha inscrito un cambio estatutario, debes rascarte el bolsillo. Por cada dato. Por cada documento. Por cada consulta. Es como si quisieras ver tu propio historial clínico y el Ministerio de Sanidad te vendiera las radiografías a peso.
No se trata solo de incomodidad, sino de algo más serio. La información mercantil en España es tratada como si fuera propiedad de una casta burocrática intermedia. Se ha mercantilizado, privatizado, convertido en producto de pago, cuando debería ser, por definición, un servicio público. De hecho, es más fácil conseguir información de una empresa en Lituania que en la calle de al lado. El registro español vive en un tiempo paralelo, donde la transparencia se factura, y la publicidad registral es una tienda de conveniencia con precios ocultos.
La situación, además, no es una excentricidad local. Es una anomalía a escala europea. Según una tabla comparativa reciente —basada en fuentes del portal europeo e-Justice, informes de Access Info Europe y consultas directas a los registros nacionales—, los 27 países de la Unión Europea ofrecen acceso digital a sus registros mercantiles. Pero solo en España el acceso a la información básica sigue siendo completamente de pago. Dinamarca, Finlandia, Grecia, Estonia, Polonia, Portugal o Suecia ofrecen consultas gratuitas de los datos principales. Alemania, Francia, Italia, Países Bajos y otros muchos permiten al menos parte del acceso sin coste. En España, hasta mirar cuesta dinero.
| País | ¿Acceso digital a actos inscritos? | ¿Información básica gratuita? |
|---|---|---|
| Alemania | Sí | Parcialmente gratuita |
| Austria | Sí | Parcialmente gratuita |
| Bélgica | Sí | Parcialmente gratuita |
| Bulgaria | Sí | Parcialmente gratuita |
| Chipre | Sí | Parcialmente gratuita |
| Croacia | Sí | Parcialmente gratuita |
| Dinamarca | Sí | Gratuita |
| Eslovaquia | Sí | Parcialmente gratuita |
| Eslovenia | Sí | Gratuita |
| España | Sí | No gratuita |
| Estonia | Sí | Gratuita |
| Finlandia | Sí | Gratuita |
| Francia | Sí | Parcialmente gratuita |
| Grecia | Sí | Gratuita |
| Hungría | Sí | Parcialmente gratuita |
| Irlanda | Sí | Parcialmente gratuita |
| Italia | Sí | Parcialmente gratuita |
| Letonia | Sí | Gratuita |
| Lituania | Sí | Gratuita |
| Luxemburgo | Sí | Parcialmente gratuita |
| Malta | Sí | Parcialmente gratuita |
| Países Bajos | Sí | Parcialmente gratuita |
| Polonia | Sí | Gratuita |
| Portugal | Sí | Gratuita |
| República Checa | Sí | Parcialmente gratuita |
| Rumanía | Sí | Parcialmente gratuita |
| Suecia | Sí | Gratuita |
El disparate ya no es pintoresco, es sistémico. No hablamos de una ocurrencia castiza, sino de una metástasis normativa que se pudre desde dentro, ajena a la más mínima idea de modernidad administrativa. La transparencia —ese fetiche de los demócratas bienintencionados— queda desmembrada ante un ritual arancelario digno del Antiguo Régimen. La corrupción, siempre agradecida, encuentra aquí su pasadizo secreto y alfombrado. Y Europa, con su diplomacia de burocracia y mandatos, recibe en respuesta el más español de los gestos: el mutismo engolado, la mudez altiva del que no piensa bajarse del burro ni aunque el burro esté muerto.
Desde 2017, los países de la Unión Europea se han dado a la lujuria de la interconexión gracias al BRIS, un sistema digital que —oh, herejía— permite al ciudadano consultar los datos fundamentales de cualquier empresa del continente sin necesidad de invocar oráculos ni pagar diezmos. Una quimera, dirán los nostálgicos del sello húmedo y el funcionario en trance. Pero no: es real, tangible, una herramienta diseñada para eso tan inquietante que es saber. Pero en España, esa promesa se diluye en cuanto aparece la pantalla de pago. Los registros están técnicamente enlazados, sí, pero la frontera española funciona como un torno de estadio: no se accede sin pasar antes por taquilla.
La paradoja es que, en muchos aspectos, España sí ha avanzado hacia la digitalización. Hemos visto cómo la administración electrónica se ha implantado en múltiples organismos, cómo el certificado digital se ha normalizado, cómo se puede presentar la declaración de la renta con una app. Pero cuando se trata del Registro Mercantil, el acceso sigue sometido a una lógica de mini-feudo concesional. Lo público se convierte en privado, y lo privado se monetiza como si la transparencia fuera un lujo. Es difícil encontrar una justificación honesta para este modelo. A menudo se nos dice que hay que mantener la «calidad del servicio», que el registro necesita recursos. Pero en ningún país europeo se financia esa calidad con tasas sobre el derecho a la información. Se financia con impuestos, con presupuestos públicos, con racionalidad. La transparencia no es un bien suntuoso, sino una necesidad democrática.
Señor Félix Bolaños, usted dirige el Ministerio de Justicia en un Gobierno que ondea la lucha contra la corrupción como si fuera una bandera recién planchada cada mañana. Desde su despacho se articula la responsabilidad última sobre el Registro Mercantil, ese limbo administrativo donde la transparencia viene con ticket de caja. No le negaré ciertos avances —la digitalización de la justicia, las sinergias con el Consejo General del Poder Judicial, las promesas de eficiencia que suenan a consultora—, pero el modelo registral sigue siendo el hueso que nadie quiere roer. No es un asunto técnico ni de gremio: es una herida abierta en la base misma de la democracia, que o se construye sobre el acceso a la información o se convierte, poco a poco, en un simulacro con membrete oficial.
La opacidad tiene un precio. Lo sabemos. Pero no puede ser el ciudadano quien lo pague.
En Estonia, nadie se pregunta por qué puede consultar los datos de una empresa. Simplemente lo hace. En España, en cambio, esa consulta es vista casi como una intromisión. Como si husmear en lo que es público fuera de mal gusto. Como si conocer quién administra una sociedad mercantil fuera un privilegio. Hemos confundido protección de datos con secretismo institucional. Hemos usado la privacidad como coartada para blindar redes societarias.
Por eso le pido, desde aquí, desde este espacio que une periodismo y conocimiento, que impulse un cambio normativo urgente. Que se modifiquen las tarifas. Que se haga gratuito —como mínimo— el acceso a la información básica: denominación social, domicilio, objeto, órganos de administración, estatutos vigentes. Y que se permita a periodistas, ciudadanos, investigadores o empresas conocer con libertad quién hay detrás de una sociedad. Es una medida que no requiere millones ni revoluciones: solo voluntad.
Y si no se puede hacer por convicción, hágalo por vergüenza comparativa. Porque mientras nosotros seguimos pagando por ver, en medio continente europeo los datos empresariales se ofrecen a quien los necesite, sin preguntas ni excusas. Hay quienes piensan que el acceso libre a la información empresarial puede ser mal utilizado. Yo pienso lo contrario: que la falta de acceso es lo que permite el mal uso de las empresas.
Señor ministro, no estamos pidiendo privilegios. Estamos pidiendo normalidad. Transparencia. Sentido común. Y si me permite una última sugerencia, retire la expresión «publicidad registral» de los textos legales mientras el acceso siga siendo de pago. Llámelo por lo que es: «privacidad mercantil tarifada».
lástima que no conozca usted https://opendata.registradores.org/
Podría informarse un poquito antes de darle a la tecla sin ton ni son.
está publicado hasta en la web del organismo que les subvenciona la edición:
https://www.juntadeandalucia.es/datosabiertos/portal/actualidad/detalle/2146
un poquito de rigor periodístico… @jotdown
Me parece que quién no conoce ese portal es usted. ¿Ha probado a buscar una sociedad en el directorio antes de escribir? Le facilito el resultado de pulsar en Directorio de Empresas
https://www.jotdown.es/wp-content/uploads/2025/07/Clipboard_07-10-2025_01.jpg
Además, de ese error que es muy frecuente, no hay un buscador en la página principal. Y una vez que pasas tres pantallas para buscar una sociedad lo único que te da es el nombre y el CIF. Para cualquier otra información hay que pasar por caja.
Le recomiendo que en caso de que necesite acceder a información del Registro Mercantil use Libreborme, donde hacen mucha mejor labor.
Si usted quiere defender tercermundismo está en su derecho, aunque haga el ridículo como ahora.
Aquí tiene usted lo que vale el acceso a la información más básica que es gratis en todos los países de Europa
https://www.jotdown.es/wp-content/uploads/2025/07/Clipboard_07-10-2025_01-1.jpg
Si quiere más rigor periodístico, pídalo, que estaremos encantados de desmontar cualquier rollo falsario con el que nos venga a aleccionar.
La página de los Registradores sólo la entiende quien la haya creado.
Para entrar es necesario tener un usuario (certificado, clave, usuario registrado), y para poder registrarse me han «secuestrado» la bonita cantidad de 150 euros. Algo parecido a una prepago cuando yo no quiero pagar nada, solo quiero registrar un hecho, será porque todo tiene coste.
Luego si quieres alguna aclaración sobre un trámite realizado, todo son formularios repitiendo campos absurdos que solo entienden ellos y que llevan a respuestas cripticas de rechazo por error XYZ.
Siempre queda la opción de llamar o escribir la registro más cercano a tu domicilio, y empezar otro azar por si el funcionario tiene un buen día o no
¿es el servicio publico que nos merecemos?
Lo cierto es que uno vive en un país en el que se agradecería “algún rigor periodístico”. Lamentablemente vivimos en un país en el que cada uno tiene “sus intereses”. Usted incluido (luego se lo recordaré).
Baste ahora, si me permite, y desde la educación, desmontar su artículo y sus insostenibles respuestas. Somos muchos los que dedicamos nuestra vida laboral y nuestro esfuerzo a ofrecer un buen servicio para que otros, por “intereses” (luego se lo recordaré) utilicen la falacia y la mala praxis sin rigor alguno.
Para que vea que intento ser objetivo voy a usar literalmente lo que dice:
1.- Sobre el directorio de sociedades dice que “no hay un buscador en la página principal”.
Le ruego pinche en https://opendata.registradores.org/directorio. En el centro, en la parte superior, el buscador que busca por nombre, NIF, marca, y con filtros para Provincia o CNAE.
2.- Dice usted que “una vez que pasas tres pantallas para buscar una sociedad lo único que te da es el nombre y el CIF. Para cualquier otra información hay que pasar por caja”.
Le ruego busque una sociedad cualquiera, Por ejemplo, una de la que usted es Administrador (dato obtenido del BORME) MENEAME COMUNICACIONS, S.L.
Podrá comprobar cómo, además del nombre y el CIF aparecen: Forma social, IRUS, EUID, CNAE (objeto social), Social, Registro Mercantil en el que está inscrita, Página Web, Estado vigente o no, los Administradores y cargos de la sociedad (entre los que está usted9 y el Domicilio social.
Datos públicos, libres y gratuitos. Sus afirmaciones van quedando en entredicho, ¿no cree usted?
3.- Recomienda usted utilizar “Libreborme, donde hacen mucha mejor labor”.
Curiosamente Libreborme es un mero robot informático que no somete lo que recopila o archiva a una calificación jurídica. Es un “depósito” de datos. Nada más.
Es comprensible que un neófito jurídico no sepa distinguir entre un registro administrativo y uno jurídico. La diferencia es sencilla de entender si se ponen ganas (habría que ver si usted tiene la suficiente honestidad para ponerlas, la gente honrada merece la pena).
La diferencia entre LIBREBORME y OPENDATA de registradores es que el primero recopila datos del borme, sin más, mientras que el segundo ofrece datos sujetos a una calificación jurídica. Para que lo entienda, por ejemplo, en libreborme aparecerán TODOS los administradores de MENEAME COMUNICACIONS, S.L. que haya tenido durante toda su vida. El ciudadano deberá comprobar de cada uno si en el algún momento la persona fue removida de su cargo. Es decir, NO le ofrece información sobre las inscripciones ACTUALES, VIGENTES y LEGALES. Deja ese juicio (y trabajo) al ciudadano al que dice servir.
En OPENDATA de registradores se ofrece la información VIGENTE inscrita y previamente calificada. El ciudadano PUEDE confiar en lo que le indica el Registro que es responsabilidad del Registrador.
4.- Habla usted de “tercermundismo” al referirse al Registro Mercantil Español.
Desconoce usted que los sistemas mercantiles de países como Alemania, Austria, Suiza, Francia, Italia, Portugal o España están homogenizados y sus registros interconectados técnicamente, utilizando un lenguaje común, poniendo a disposición del ciudadano formularios para poder obtener información de los mismos online.
Desconoce usted también que en casi todos los países de la UE (España incluida), la información general gratuita de las empresas inscritas en los registros mercantiles es la relativa a la denominación social, domicilio social, objeto social, estado actual de la sociedad, forma jurídica, situación jurídica y datos de contacto.
Entiendo que detrás de sus afirmaciones existe, primero un desconocimiento (o peor, conocimiento de oídas) y segundo un interés; precisamente el que tienen varias personas, más que en mejorar lo existente, en aquello tan español de “quítate tú para ponerme yo”. Si no, no se entienden sus afirmaciones que, punto por punto, voy desmontando.
5.- Indica usted después de su afirmación incorrecta de que sólo se ofrece el NOMBRE y CIF de las sociedades que “Para cualquier otra información hay que pasar por caja”.
Desconoce usted, de nuevo, que la publicidad del resto de información (de todos los datos indicados, no los que dice usted que sólo se dan) en toda Europa TIENE UN COSTE de servicio destinado cubrir el coste de desarrollo y mantenimiento de los registros en toda la UE. En España, este coste de servicio de publicidad a través de nota simple o certificación se concreta en un arancel público que va desde los 0,60 a los 6,01 euros, por debajo de la media europea y cuyo pago, únicamente es exigible a quien solicita la información y no vía impuestos como se hace en casi todos los países de nuestro entorno.
De nuevo surgen las dudas sobre su interés en criticar el trabajo que tantas personas hacemos. Y de nuevo vuelvo a pensar que usted es un claro ejemplo de “quítate tú para ponerme yo” a lo que ahora añadiría “para vivir de los impuestos”.
Habla usted de rigor periodístico. El rigor es una buena virtud para los profesionales. La mayoría de quienes trabajamos en los Registros la utilizamos, junto con una buena dosis de esfuerzo, día a día.
Y por eso exigimos que cuando un “periodista” hable de nuestro trabajo, antes de arrogarse “rigor”, lo emplee de verdad.
Señor Pedro J. Ors:
He tenido que entrar con un navegador en modo incógnito para poder acceder al buscador. No me funcionaba ni con Chrome ni con Brave. He conseguido el acceso mediante Edge. Y eso que accedo desde el enlace que usted me proporciona. En cualquier caso, vamos a suponer que el sistema funcionase correctamente y hubiera conseguido a la primera acceder desde la página principal al buscador. Pues esto es lo que nos encontramos.
En la página de los Registradores, esta es la información que aparece sobre Menéame:
https://opendata.registradores.org/directorio/-/sociedad/1000303128757/meneame-comunicacions-sl
En esa ficha figuran: denominación, CIF, forma social, IRUS, EUID, CNAE, domicilio, web y administradores. Nada sobre estatutos, capital social, cuentas anuales, poderes, modificaciones estatutarias, escrituras ni otras inscripciones. Ningún dato financiero. Ningún documento. Ningún archivo PDF. El “registro” es, en realidad, una tarjeta de presentación.
En Libreborme, sin haber pagado nada, esta es la información ofrecida:
https://librebor.me/borme/empresa/meneame-comunicacions/
Figuran todos los actos inscritos, ordenados cronológicamente, con fecha, tipo de acto, resumen literal del BORME y acceso directo al PDF correspondiente. No hace falta pagar, ni registrarse, ni pasar filtros. Solo escribir y leer. Y como usted bien apunta, no tiene valor jurídico, pero al menos tiene valor informativo, democrático, periodístico. No es calificado, pero es útil. Es precisamente el tipo de herramienta que los ciudadanos valoran cuando la administración falla.
Y ahora, el ejemplo estonio (con otra empresa relacionada conmigo):
https://ariregister.rik.ee/eng/company/14104890/Vest-Indiya-Publishing-Company-O%C3%9C
Allí, sin pagar y sin identificarme, obtengo la siguiente información: nombre, número de registro, fecha de constitución, estado, dirección, actividad principal, objeto, nombre del administrador, capital, accionistas, estatutos, cuentas anuales, y un historial completo de cambios, todos accesibles en PDF. Nada de eso es de pago. Nada de eso exige trámites. Nada de eso exige registrarse. Eso es transparencia. Eso es eficiencia. Eso es tratar a los ciudadanos como adultos y no como intrusos. Incluso aparece si estoy al corriente de mis obligaciones tributarias. ¿Se imagina usted eso en España?
Su respuesta mezcla desdén con tecnicismos para intentar justificar lo injustificable. No estamos hablando de si el registrador califica jurídicamente una inscripción. Hablamos de que la información básica —la misma que el BORME publica y que ustedes resumen— debería estar disponible de forma gratuita y sencilla. Y no lo está. Hablamos de que el sistema español pone trabas, peajes y laberintos donde otros países ponen buscadores, enlaces y transparencia.
Usted acusa de «intereses» al mensajero. Como si pedir que un derecho básico, como es el acceso a información societaria, no se convirtiera en un privilegio arancelado, fuera una ambición personal. No lo es. Es una exigencia democrática. De nada sirve que el sistema esté “interconectado” con otros registros europeos si sigue funcionando como una taquilla. La digitalización no es sólo poner un formulario web: es poner el conocimiento al alcance de todos, sin chantaje.
Habla usted de rigor. Muy bien. Apliquémoslo. Compare los tres enlaces. Mírelos con honestidad. Y dígame cuál ofrece más información al ciudadano. Cuál cumple mejor la función de servicio público. Cuál promueve más la transparencia. El suyo, con todo respeto, queda en vergonzosa desventaja.
No estoy pidiendo que los registradores trabajen gratis. Pido que la información básica, la que en otros países es libre por ley, sea también libre en España. Pido lo que pide Europa. Pido lo que permite combatir mejor la corrupción, las redes opacas, el fraude. Pido lo que pide cualquier periodista, investigador o ciudadano que no quiere pagar por saber. Si eso le parece deshonesto, entonces tenemos visiones muy distintas de lo que significa el servicio público.
Reciba un cordial saludo y mis mejores deseos para que, más allá de nuestras discrepancias, podamos converger en un objetivo común: una administración más abierta, útil y respetuosa con la ciudadanía.