Hoy en mi timeline de X me he encontrado un post de Jaime Gómez-Obregón —a quien sigo desde que empezó a denunciar con admirable perseverancia la opacidad de la administración pública— en el que exponía la tercermundista operativa del Registro Mercantil español. Compartía, como en tantas otras ocasiones, una queja tan simple como contundente: «Hay millones de actos inscritos de sociedades mercantiles, pero no se puede hacer búsquedas porque ustedes no han puesto un buscador».
El tuit me llevó inmediatamente a pensar en mi experiencia personal. Hace unos años, fundé una pequeña editorial en Estonia, Vest Indiya Publishing Company OÜ a raiz de una entrevista a Kaspar Korjus por el programa «e-resident» del país báltico. Lo hice a distancia, sin moverme de casa. La constitución fue rápida, sin trámites absurdos ni notarías decimonónicas. Pero lo más revelador no fue eso: fue descubrir que toda la información societaria de mi empresa —y de cualquier otra del país— estaba disponible en internet, accesible por cualquier ciudadano, gratis y sin registros. Basta con entrar en la web del registro mercantil estonio (https://ariregister.rik.ee) y escribir el nombre o número de una empresa. Lo que aparece, sin necesidad de identificarse, es una radiografía completa: la dirección, el objeto social, los nombres de los administradores, los estados financieros, la evolución del capital, los estatutos. Todo. Gratis.
Uno se acostumbra a ese nivel de transparencia. Y luego vuelve a España.
Aquí, para obtener cualquier información de una sociedad limitada, hay que pagar. Si quieres saber quién administra una empresa, cuánto capital tiene, dónde está domiciliada, si ha inscrito un cambio estatutario, debes rascarte el bolsillo. Por cada dato. Por cada documento. Por cada consulta. Es como si quisieras ver tu propio historial clínico y el Ministerio de Sanidad te vendiera las radiografías a peso.
No se trata solo de incomodidad, sino de algo más serio. La información mercantil en España es tratada como si fuera propiedad de una casta burocrática intermedia. Se ha mercantilizado, privatizado, convertido en producto de pago, cuando debería ser, por definición, un servicio público. De hecho, es más fácil conseguir información de una empresa en Lituania que en la calle de al lado. El registro español vive en un tiempo paralelo, donde la transparencia se factura, y la publicidad registral es una tienda de conveniencia con precios ocultos.
Este artículo de nuestro archivo está completo para lectores registrados. Registrarse es gratis y solo lleva un minuto.
lástima que no conozca usted https://opendata.registradores.org/
Podría informarse un poquito antes de darle a la tecla sin ton ni son.
está publicado hasta en la web del organismo que les subvenciona la edición:
https://www.juntadeandalucia.es/datosabiertos/portal/actualidad/detalle/2146
un poquito de rigor periodístico… @jotdown
Me parece que quién no conoce ese portal es usted. ¿Ha probado a buscar una sociedad en el directorio antes de escribir? Le facilito el resultado de pulsar en Directorio de Empresas
https://www.jotdown.es/wp-content/uploads/2025/07/Clipboard_07-10-2025_01.jpg
Además, de ese error que es muy frecuente, no hay un buscador en la página principal. Y una vez que pasas tres pantallas para buscar una sociedad lo único que te da es el nombre y el CIF. Para cualquier otra información hay que pasar por caja.
Le recomiendo que en caso de que necesite acceder a información del Registro Mercantil use Libreborme, donde hacen mucha mejor labor.
Si usted quiere defender tercermundismo está en su derecho, aunque haga el ridículo como ahora.
Aquí tiene usted lo que vale el acceso a la información más básica que es gratis en todos los países de Europa
https://www.jotdown.es/wp-content/uploads/2025/07/Clipboard_07-10-2025_01-1.jpg
Si quiere más rigor periodístico, pídalo, que estaremos encantados de desmontar cualquier rollo falsario con el que nos venga a aleccionar.
La página de los Registradores sólo la entiende quien la haya creado.
Para entrar es necesario tener un usuario (certificado, clave, usuario registrado), y para poder registrarse me han «secuestrado» la bonita cantidad de 150 euros. Algo parecido a una prepago cuando yo no quiero pagar nada, solo quiero registrar un hecho, será porque todo tiene coste.
Luego si quieres alguna aclaración sobre un trámite realizado, todo son formularios repitiendo campos absurdos que solo entienden ellos y que llevan a respuestas cripticas de rechazo por error XYZ.
Siempre queda la opción de llamar o escribir la registro más cercano a tu domicilio, y empezar otro azar por si el funcionario tiene un buen día o no
¿es el servicio publico que nos merecemos?
Lo cierto es que uno vive en un país en el que se agradecería “algún rigor periodístico”. Lamentablemente vivimos en un país en el que cada uno tiene “sus intereses”. Usted incluido (luego se lo recordaré).
Baste ahora, si me permite, y desde la educación, desmontar su artículo y sus insostenibles respuestas. Somos muchos los que dedicamos nuestra vida laboral y nuestro esfuerzo a ofrecer un buen servicio para que otros, por “intereses” (luego se lo recordaré) utilicen la falacia y la mala praxis sin rigor alguno.
Para que vea que intento ser objetivo voy a usar literalmente lo que dice:
1.- Sobre el directorio de sociedades dice que “no hay un buscador en la página principal”.
Le ruego pinche en https://opendata.registradores.org/directorio. En el centro, en la parte superior, el buscador que busca por nombre, NIF, marca, y con filtros para Provincia o CNAE.
2.- Dice usted que “una vez que pasas tres pantallas para buscar una sociedad lo único que te da es el nombre y el CIF. Para cualquier otra información hay que pasar por caja”.
Le ruego busque una sociedad cualquiera, Por ejemplo, una de la que usted es Administrador (dato obtenido del BORME) MENEAME COMUNICACIONS, S.L.
Podrá comprobar cómo, además del nombre y el CIF aparecen: Forma social, IRUS, EUID, CNAE (objeto social), Social, Registro Mercantil en el que está inscrita, Página Web, Estado vigente o no, los Administradores y cargos de la sociedad (entre los que está usted9 y el Domicilio social.
Datos públicos, libres y gratuitos. Sus afirmaciones van quedando en entredicho, ¿no cree usted?
3.- Recomienda usted utilizar “Libreborme, donde hacen mucha mejor labor”.
Curiosamente Libreborme es un mero robot informático que no somete lo que recopila o archiva a una calificación jurídica. Es un “depósito” de datos. Nada más.
Es comprensible que un neófito jurídico no sepa distinguir entre un registro administrativo y uno jurídico. La diferencia es sencilla de entender si se ponen ganas (habría que ver si usted tiene la suficiente honestidad para ponerlas, la gente honrada merece la pena).
La diferencia entre LIBREBORME y OPENDATA de registradores es que el primero recopila datos del borme, sin más, mientras que el segundo ofrece datos sujetos a una calificación jurídica. Para que lo entienda, por ejemplo, en libreborme aparecerán TODOS los administradores de MENEAME COMUNICACIONS, S.L. que haya tenido durante toda su vida. El ciudadano deberá comprobar de cada uno si en el algún momento la persona fue removida de su cargo. Es decir, NO le ofrece información sobre las inscripciones ACTUALES, VIGENTES y LEGALES. Deja ese juicio (y trabajo) al ciudadano al que dice servir.
En OPENDATA de registradores se ofrece la información VIGENTE inscrita y previamente calificada. El ciudadano PUEDE confiar en lo que le indica el Registro que es responsabilidad del Registrador.
4.- Habla usted de “tercermundismo” al referirse al Registro Mercantil Español.
Desconoce usted que los sistemas mercantiles de países como Alemania, Austria, Suiza, Francia, Italia, Portugal o España están homogenizados y sus registros interconectados técnicamente, utilizando un lenguaje común, poniendo a disposición del ciudadano formularios para poder obtener información de los mismos online.
Desconoce usted también que en casi todos los países de la UE (España incluida), la información general gratuita de las empresas inscritas en los registros mercantiles es la relativa a la denominación social, domicilio social, objeto social, estado actual de la sociedad, forma jurídica, situación jurídica y datos de contacto.
Entiendo que detrás de sus afirmaciones existe, primero un desconocimiento (o peor, conocimiento de oídas) y segundo un interés; precisamente el que tienen varias personas, más que en mejorar lo existente, en aquello tan español de “quítate tú para ponerme yo”. Si no, no se entienden sus afirmaciones que, punto por punto, voy desmontando.
5.- Indica usted después de su afirmación incorrecta de que sólo se ofrece el NOMBRE y CIF de las sociedades que “Para cualquier otra información hay que pasar por caja”.
Desconoce usted, de nuevo, que la publicidad del resto de información (de todos los datos indicados, no los que dice usted que sólo se dan) en toda Europa TIENE UN COSTE de servicio destinado cubrir el coste de desarrollo y mantenimiento de los registros en toda la UE. En España, este coste de servicio de publicidad a través de nota simple o certificación se concreta en un arancel público que va desde los 0,60 a los 6,01 euros, por debajo de la media europea y cuyo pago, únicamente es exigible a quien solicita la información y no vía impuestos como se hace en casi todos los países de nuestro entorno.
De nuevo surgen las dudas sobre su interés en criticar el trabajo que tantas personas hacemos. Y de nuevo vuelvo a pensar que usted es un claro ejemplo de “quítate tú para ponerme yo” a lo que ahora añadiría “para vivir de los impuestos”.
Habla usted de rigor periodístico. El rigor es una buena virtud para los profesionales. La mayoría de quienes trabajamos en los Registros la utilizamos, junto con una buena dosis de esfuerzo, día a día.
Y por eso exigimos que cuando un “periodista” hable de nuestro trabajo, antes de arrogarse “rigor”, lo emplee de verdad.
Señor Pedro J. Ors:
He tenido que entrar con un navegador en modo incógnito para poder acceder al buscador. No me funcionaba ni con Chrome ni con Brave. He conseguido el acceso mediante Edge. Y eso que accedo desde el enlace que usted me proporciona. En cualquier caso, vamos a suponer que el sistema funcionase correctamente y hubiera conseguido a la primera acceder desde la página principal al buscador. Pues esto es lo que nos encontramos.
En la página de los Registradores, esta es la información que aparece sobre Menéame:
https://opendata.registradores.org/directorio/-/sociedad/1000303128757/meneame-comunicacions-sl
En esa ficha figuran: denominación, CIF, forma social, IRUS, EUID, CNAE, domicilio, web y administradores. Nada sobre estatutos, capital social, cuentas anuales, poderes, modificaciones estatutarias, escrituras ni otras inscripciones. Ningún dato financiero. Ningún documento. Ningún archivo PDF. El “registro” es, en realidad, una tarjeta de presentación.
En Libreborme, sin haber pagado nada, esta es la información ofrecida:
https://librebor.me/borme/empresa/meneame-comunicacions/
Figuran todos los actos inscritos, ordenados cronológicamente, con fecha, tipo de acto, resumen literal del BORME y acceso directo al PDF correspondiente. No hace falta pagar, ni registrarse, ni pasar filtros. Solo escribir y leer. Y como usted bien apunta, no tiene valor jurídico, pero al menos tiene valor informativo, democrático, periodístico. No es calificado, pero es útil. Es precisamente el tipo de herramienta que los ciudadanos valoran cuando la administración falla.
Y ahora, el ejemplo estonio (con otra empresa relacionada conmigo):
https://ariregister.rik.ee/eng/company/14104890/Vest-Indiya-Publishing-Company-O%C3%9C
Allí, sin pagar y sin identificarme, obtengo la siguiente información: nombre, número de registro, fecha de constitución, estado, dirección, actividad principal, objeto, nombre del administrador, capital, accionistas, estatutos, cuentas anuales, y un historial completo de cambios, todos accesibles en PDF. Nada de eso es de pago. Nada de eso exige trámites. Nada de eso exige registrarse. Eso es transparencia. Eso es eficiencia. Eso es tratar a los ciudadanos como adultos y no como intrusos. Incluso aparece si estoy al corriente de mis obligaciones tributarias. ¿Se imagina usted eso en España?
Su respuesta mezcla desdén con tecnicismos para intentar justificar lo injustificable. No estamos hablando de si el registrador califica jurídicamente una inscripción. Hablamos de que la información básica —la misma que el BORME publica y que ustedes resumen— debería estar disponible de forma gratuita y sencilla. Y no lo está. Hablamos de que el sistema español pone trabas, peajes y laberintos donde otros países ponen buscadores, enlaces y transparencia.
Usted acusa de «intereses» al mensajero. Como si pedir que un derecho básico, como es el acceso a información societaria, no se convirtiera en un privilegio arancelado, fuera una ambición personal. No lo es. Es una exigencia democrática. De nada sirve que el sistema esté “interconectado” con otros registros europeos si sigue funcionando como una taquilla. La digitalización no es sólo poner un formulario web: es poner el conocimiento al alcance de todos, sin chantaje.
Habla usted de rigor. Muy bien. Apliquémoslo. Compare los tres enlaces. Mírelos con honestidad. Y dígame cuál ofrece más información al ciudadano. Cuál cumple mejor la función de servicio público. Cuál promueve más la transparencia. El suyo, con todo respeto, queda en vergonzosa desventaja.
No estoy pidiendo que los registradores trabajen gratis. Pido que la información básica, la que en otros países es libre por ley, sea también libre en España. Pido lo que pide Europa. Pido lo que permite combatir mejor la corrupción, las redes opacas, el fraude. Pido lo que pide cualquier periodista, investigador o ciudadano que no quiere pagar por saber. Si eso le parece deshonesto, entonces tenemos visiones muy distintas de lo que significa el servicio público.
Reciba un cordial saludo y mis mejores deseos para que, más allá de nuestras discrepancias, podamos converger en un objetivo común: una administración más abierta, útil y respetuosa con la ciudadanía.