La década libertina

Este artículo fue publicado originalmente en nuestra revista trimestral número 5

En la década inmediatamente anterior a la caída de Lehman Brothers España era una fiesta. Un banquete sin fin en el que todos y cada uno de los comensales participaban animadamente repartiéndose casas, votos, comisiones y crédito, mucho crédito. Esta aparente orgía escondía un equilibrio a tres bandas muy particular. Un equilibrio en el cual los políticos obtenían votos y comisiones, los empresarios obtenían crédito para invertir, capacidad para construir y beneficios, y los ciudadanos obtenían el mismo crédito para consumir, viviendas como aparente inversión segura, trabajo y crecimiento. Nadie parecía tener que pagar con nada, pues la financiación era aparentemente ilimitada, y los votos también. Este equilibrio tenía, como digo, tres partes. Cada una de ellas funcionó de manera que ocultó la disfuncionalidad de las otras, haciendo aparentemente innecesario plantearse la mesura. Estábamos en el banquete que no tenía cuenta. En una década libertina.

La primera pata que sostenía la mesa del festín estuvo compuesta por la relación entre algunos políticos y varios empresarios españoles.  En 1998 el Banco Central Europeo tomó el control de nuestra política monetaria, así como sucedió con el resto de países de la zona Euro. Esto, unido al nivel de inflación comparativamente superior de España respecto a la media europea, provocó un descenso de las tasas de interés reales. Además, supuso la incorporación de un aparente «seguro» para inversión externa, al reducir (o, dentro de la zona Euro, eliminar) la incertidumbre por los posibles vaivenes en el tipo de cambio de la peseta. El incremento del crédito en España fue una consecuencia natural del descenso del precio del dinero. Dónde fue ese dinero, ya lo sabemos: a construir millones de viviendas. Sin mesura, sin control, sin apenas preocuparnos, alfombramos la Península y las islas con ladrillo.

España es un país con mucho suelo, mucha playa y buen clima. Está, además, lleno de entidades municipales con relativamente escasa capacidad para recaudar impuestos pero amplia discrecionalidad a la hora de decidir dónde y quién construye en su suelo (con el beneplácito de las comunidades autónomas). En un reciente artículo de los economistas Jesús Fernández-Villaverde, Luis Garicano y Tano Santos dedicado a interrogarse sobre cómo una burbuja de crédito impide a los gobiernos aplicar reformas se expone de qué manera ciertas figuras institucionales alimentaron dicha burbuja. Tanto «agentes urbanizadores» (consistentes en personas físicas o jurídicas que tienen la capacidad para plantear un plan urbanístico completo a un municipio) como «convenios urbanísticos» (agrupaciones de propietarios que presentan su propio plan) supusieron paraguas institucionales para que personas bien contectadas se lanzasen a ser empresarios del suelo. Quienes tenían que aprobar estos planes eran cargos elegidos a dedo por el alcalde de turno, y no funcionarios de carrera. Es decir: tenían todos los incentivos del mundo para sacar toda la tajada posible mientras mantuviesen el cargo. El politólogo Víctor Lapuente ha apuntado en varios artículos que la falta de profesionalización de las Administraciones Públicas españolas es un coladero de corrupción por esto mismo. Pero es que además de todo esto, como apuntan los economistas Fernández-Villaverde, Garicano y Santos (y muchos otros antes que ellos), en España teníamos una parte del sector financiero bajo control político (las cajas de ahorro), capaces de proporcionar crédito sin aparente fin a proyectos urbanísticos en cualquier municipio.