Terminamos otra semana de montaña rusa. Superaremos los sesenta mil casos diagnosticados, que probablemente sean más de un millón ya en nuestro país. ¿Por qué esa diferencia? No hay datos suficientes ni desagregados. Que los infectados sean tantos es una buena noticia. Nos dice que el virus es menos peligroso de lo que parece. También es un mala noticia. Para conseguir inmunidad de grupo necesitamos todavía mucha más gente. Y sin datos es complicado tomar decisiones. Pero esto es otra paradoja, porque obtener datos tiene sus implicaciones.
Un rastro de miguitas de datos
«Hemos hecho leyes que anteponen la seguridad colectiva sobre los derechos individuales en caso de epidemia». Lo dice Ki Mo-ran, médico epidemiólogo asesor del gobierno de Corea del Sur, apuntando una de las razones para que su país haya logrado aplanar la curva. Los teléfonos de personas en cuarentena están siendo rastreados continuamente, con dos llamadas diarias de control por la policía, para asegurarse que no has dejado el aparato en casa y te has ido de paseo.
Son muchos los que aplauden estas medidas y otras semejantes de los países asiáticos, con China a la cabeza, por su eficacia. Pero al hacerlo, ¿consideran el impacto de estas decisiones en los derechos fundamentales? Tomándolas, ¿quedan garantizados? Esta duda nos toca ahora de cerca, porque el gobierno español, igual que muchas otras democracias afectadas por el COVID-19, han comenzado a rastrear nuestros teléfonos móviles. O a reconocer que lo hacen, que a saber. Y haciéndolo, rastrear y decirlo, cuestionan indirectamente los derechos constitucionales a la libertad de residencia, libre circulación y reunión. Sí, estamos en estado de alarma, lo que nos hace pensar de manera diferente en esta cosas… aunque quizá estamos en un estado de excepción no declarado. Pero más allá de la situación legal particular, vamos a los datos.
Somos del gobierno, venimos a ayudarle
Ya lo advertimos hace una semana al hacernos eco de la nota de prensa emitida por un grupo de científicos, juristas, y expertos en privacidad. Nuestros datos más sensibles están ahora en manos del gobierno gracias al estado de alarma, y pasada la epidemia será fundamental que hagan un uso ético de los mismos o que dejen de hacer uso de ellos. Estas reflexiones de una abogada del Estado son como para pensárselo.
Se está imponiendo una corriente de opinión defendiendo que es hora de renunciar a la privacidad de nuestros datos porque merece la pena cualquier sacrificio para detener al coronavirus. Tenemos que dejarnos rastrear, como advertía Bill Gates en 2005, pensando en el brote de SARS de 2003. Y Edward Snowden vuelve a advertirnos: esta suspensión temporal de libertades puede convertirse en permanente. Él mismo avisó de que la NSA lo estaba haciendo, sin virus de por medio, ya en 2013. Pero es que la cantidad de cámaras que se puede encontrar uno en el camino de casa al trabajo en la ciudad de Nueva York es abrumadora… para alguien que no viva en China, donde pagas mostrando tu cara a una cámara.
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Estupendo, ya tengo mi gorro de papel de aluminio preparado
Creo que en momentos de crisis graves tendríamos que sacrificar partes de nuestras conquistas democráticas temporariamente, como lo hacían los romanos nombrando un dictador con fecha de vencimiento. Desconozco si después de pasada la alarma nuestros datos serán cancelados verdaderamente, pero pienso que no sería difícil controlar. En tiempos de información ubicua y constante sería arriesgado hacer lo contrario. Otra conquista que podríamos sacrificar serían las fronteras de nuestras nacionalidades en Europa. Pero este es otro discurso aún más áspero.