Manuel de Lorenzo: Dura lex, sed lex

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Desde el propio origen del hombre —que, en un capricho del azar, vino a coincidir más o menos con el de la mujer—, ha existido la jerarquía. Las primeras organizaciones sociales se estructuraban en torno a una figura de poder encarnada por el más viejo, el más sabio o el más fuerte de sus miembros. La estructuración piramidal de las poblaciones humanas se ha mantenido intacta a lo largo de la Historia, incluso cuando ha sido el pueblo el depositario del poder de decisión. La democracia, netamente vinculada a la colectividad, requiere de sistemas administrativos, legislativos y judiciales basados en formas jerárquicas de gobierno y organización que aseguren una instrumentación y desarrollo eficaces. Sin embargo, desde ese mismo origen del hombre, ha existido también la oposición a la jerarquía. El esfuerzo por derribar el orden imperante, tanto en el ámbito político como en el económico y social, ha sido proporcional al indispensable para mantenerlo. Y no es necesario remontarse a épocas pasadas para advertir la intensidad de tal esfuerzo. Recientemente hemos asistido a manifestaciones populares que, bien con la intención de derrotarlo, bien con la de reestructurarlo, se han opuesto expresamente al sistema —que es algo así como una tela de lino un poco vieja y con algunas manchas que no salen ni frotando con jabón de lagarto—. Todos recordamos las revoluciones vividas en Egipto y Túnez, las protestas pacíficas del Movimiento 15-M o la concentración conocida como Ocuppy Wall Street, cuyos lemas y eslóganes todavía resuenan entre quienes defienden su causa. Sin embargo, de todas estas acciones de protesta, la que más ha llamado mi atención es la que se encuentra representada por el grito “¡Liberad a Willy!”, reclamación respecto de la que estoy absolutamente en contra. ¿Por qué habríamos de liberar a Willy? Es posible que a nadie interesen los motivos de mi desacuerdo, así que los expondré a continuación:

En primer lugar, tras varios días de documentación e investigación, he descubierto que el individuo al que se refiere la reivindicación no es Willy Toledo, lo cual no me parece ético. ¿Por qué Willy Toledo no debe ser liberado? ¿Qué ha hecho el otro Willy para merecer más su liberación? No sólo resulta asombroso que en pleno siglo XXI sigamos tolerando ejercicios de discriminación como éste, en el que algunos sí están dotados de derechos y privilegios, mientras otros como Willy Toledo tienen que seguir soportando la privación de su libertad, sino que encima luchamos por la liberación de unos y relegamos sin miramientos a Willy Toledo a su infausto cautiverio. Si todos somos iguales, todos deberíamos recibir un trato igual. Y además, si la reclamación no se refiere al señor Toledo, ¿a quién carajo le importa el otro Willy?

Otro aspecto que no comparto de esta reclamación es la demanda sin reservas de liberación del tal Willy. Desconozco quién es, a qué se dedica y qué ha hecho para haber sido recluido, pero si se encuentra en tal situación, amigos de la Justicia, por algo será. Por supuesto, no defiendo que deba permanecer encerrado durante el resto de sus días, pero creo firmemente que debe pagar por lo que sea que haya hecho. Porque a eso se refiere precisamente nuestra clase política cuando tantas veces invoca el Estado de Derecho: sobre todo aquel que haga lo que no debe, caerá indefectiblemente todo el peso de la ley. Y, al fin y al cabo, ¿cuánto puede pesar una ley? Pasar una temporadita confinado con una norma encima, aunque sea la Ley de Bases del Régimen Local u otro tostón del estilo, tampoco creo que sea para tanto…

Por último, considero que no toda causa es susceptible de ser defendida mediante manifestaciones populares de este estilo. Las vías alternativas de exigencia popular son válidas cuando los poderes públicos hacen caso omiso a lo que demanda la comunidad, cuando el pueblo se ve desamparado frente a las autoridades, cuando el interés de todos, en definitiva, es pisoteado por unos pocos. Pero éste no es el caso de Willy. Si la escrupulosa aplicación del ordenamiento jurídico ha derivado en una situación que consideramos injusta, lo que debemos hacer, como pueblo soberano, es modificar tal ordenamiento. Los ciudadanos elegimos periódicamente a nuestros representantes en las urnas para que nuestra voluntad, la voluntad general, se imponga como norma jurídica. Si la ley permite, ordena o prohíbe, es porque nosotros así lo hemos decidido a través de los resignados parlamentarios que, en un ejercicio de altruismo y solidaridad, y anteponiendo los intereses de todos a los suyos propios, se esfuerzan en adecentar por nuestro bien esa vieja tela de lino a la que también pertenece Willy. ¿Queréis liberar a Willy? Vuestros deseos son órdenes para vuestros representantes. Si no lo habéis hecho ya, es porque no queréis. Dura lex, sed lex.

 NOTA: Durante la redacción de este artículo no se ha hecho daño a ninguna orca, o como mucho a una, o tal vez a dos.

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