La balada triste del lobista

Era una fría mañana a principios de abril en Hartford, Connecticut, y yo no andaba de buen humor. El comité de finanzas de la Asamblea General de Connecticut (CGA – Connecticut General Assembly) estaba reunido escuchando comparecencias sobre los presupuestos del estado, y en la lotería para determinar el turno de palabra me había tocado un número irritantemente alto.

Las audiencias en los comités legislativos en Connecticut son todas más o menos iguales. Llegas por la mañana, vas a la oficina del comité, sacas un número en la lotería y calculas a ojo a qué hora te tocará testificar. Es un proceso abierto al público; cualquier persona con interés en una proposición de ley puede enviar un testimonio escrito, ir al Capitolio, y explicarles a los representantes y senadores del comité de turno por qué deben votar a favor o en contra de ella.

Por supuesto, no es tan fácil como parece. Los días de audiencia se hacen públicos en la página de la asamblea general con algo más de una semana de antelación, en un día bueno. Las propuestas legislativas a menudo son una declaración de intenciones, con el texto real apareciendo sin avisar en algún momento indeterminado. Con suerte, el autor la habrá firmado; a menudo la propuesta nace «desde el comité» sin que nadie te sepa explicar qué quieren hacer. Cada comité tiene sus reglas y peculiaridades para apuntarse, con frecuencia medio escondidas en el obtuso boletín semanal de la CGA. Las intervenciones en la audiencia están limitadas a tres minutos, más el rato que los legisladores quieran utilizar con preguntas. Normalmente tienes suerte si alguno de ellos se limita a fingir atención.

Cada año, durante cuatro o cinco semanas entre finales de febrero y principios de abril, mi vida consiste precisamente en seguir de forma obsesiva qué está sucediendo en la CGA. Cada mañana en la oficina recibimos entre cuatro y seis correos electrónicos con una lista de todas las propuestas legislativas que han aparecido en los comités que cubren cosas que nos interesan (unas treinta, repartidas entre educación, infancia, servicios sociales, universidades, trabajo, presupuestos y finanzas), uno con los cambios en el boletín y otro con actualizaciones en el calendario legislativo. Cada mañana repasamos si hay alguna ley que debemos seguir en detalle, sea para apoyarla, sea para oponernos a ella, revisar si alguna de ellas va a ser debatida, sometida a audiencia, votada, enviada a otro comité o al pleno o estudiada por la oficina presupuestaria para evaluar su coste. Y, cada mañana, las cuatro personas del departamento de políticas públicas en mi oficina nos repartimos con quién tenemos que hablar, a quién tenemos que llamar, con quién tenemos que intentar conseguir una reunión o perseguirlo por el Capitolio, o a quién podemos encontrar que nos ayude en la tarea de intentar cambiar las cosas, mientras preparamos testimonios para audiencias, intentamos movilizar a activistas, aliados, amigos y familiares para que llamen a sus legisladores, y tratamos de convencer a algún aburrido periodista de que esta ley que elimina exenciones fiscales para aumentar los ingresos del estado es una idea excelente.