Las investigaciones de la fiscalía por muertes de ancianos en residencias de nuestro país no han dejado de crecer, comenzaban siendo ochenta y seis a finales de abril, y el pasado miércoles su número ya se había elevado hasta las doscientas. Es un verdadero tsunami motivado por las sospechas de negligencia en el tratamiento de los mayores, a las que se suma la posible orden de que no fueran trasladados a los hospitales si enfermaban.
El proceso de decisión a la hora de ingresar a un paciente, y concretamente a uno con neumonía por coronavirus que precise UCI, corresponde a los médicos. Tener a una persona conectada a un respirador durante un mes tiene un elevado coste físico, deja secuelas y supone un elevado coste económico en personal y medios. Por eso en condiciones normales el profesional sanitario evalúa si la terapia UCI va a ser útil para el paciente.
En las condiciones de saturación hospitalaria de la cuarentena lo que tuvieron que evaluar es a qué paciente sería más útil. Si en un día normal se habría descartado a personas con dolencias geriátricas como parálisis, demencia o enfermedades crónicas, en aquellos momentos se sumaron los mayores de setenta años o más. Un organismo envejecido responde peor a las terapias y tiene menos posibilidades de sobrevivir.
La decisión de los médicos no es cuestionable, se basa en razonamientos científicos, y a muchos de ellos les ha supuesto sufrir cuadros de estrés postraumáticos, porque al fin y al cabo estaban privando de cuidados a personas que seguramente morirían. Lo que sí resulta inadmisible es que una administración pública decidiera por los médicos. En nuestro país y en todo el mundo trata de aclararse si tal cosa sucedió, porque el COVID-19 ha convertido las residencias en mataderos. Aquí más de un tercio de los fallecidos por la enfermedad, 18 251 ancianos, murieron en las residencias.
Ancianos no, gracias
La Comunidad de Madrid ha copado la actualidad informativa de la semana debido a las investigaciones del periódico Infolibre. Comenzó publicando seis documentos de la Consejería de Sanidad madrileña que ordenaban no trasladar a los mayores desde las residencias. Siempre según esta fuente, el protocolo fue enviado a dieciocho altos cargos, y además ha sido entregado a la fiscalía por familiares de residentes. El periódico ABC recogía además el testimonio de los sindicatos de hospitales, quienes aseguraban haber recibido esa misma orden de la dirección de sus centros. También las actas de inspección policial recogieron denuncias de los centros contra la prohibición de trasladar a los ancianos.
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Convendrìa revisar la frase: «En Bélgica han muerto por coronavirus un 51% de los ancianos ingresados en residencias; en Francia…»
Posiblemente se quiera decir:»En Bèlgica el 51% de los fallecidos por coronavirus eran ancianos ingresados en residencias; en Francia…»
En la tabla que sigue al texto asì lo dice (columna 7): «Number of care home resident deaths as % of all COVID-19 deaths»
Efectivamente, algunos números parecen haber bailado. Por ejemplo, en el número de residencias existentes en España según el blog del CSIC En Red falta un 5. La cifra correcta es 5.417, pero el 5 inicial ha desaparecido.
Suecia: «El personal sanitario asegura que no ha tenido ingresados nacidos antes de 1970» Superdrásticos, tía.