La guerra de los aranceles (culturales): episodio IV, una nueva incultura

En un futuro no muy distópico —pongamos que dentro de unos cuatro años— Donald Trump, tras ganar su tercer mandato, sale de la Casa Blanca montado sobre una carroza dorada hecha con las barras y estrellas fundidas de las banderas que antes ondeaban en universidades críticas y bibliotecas públicas. El país entero celebra su regreso como quien celebra la victoria de su equipo en la Super Bowl. Esta vez, Trump ha decidido que la guerra cultural no se libra en las universidades, ni en X, ni en Disney+, sino en las aduanas. Así que ha tomado su pluma —dorada, por supuesto— y ha firmado una orden ejecutiva para proteger a los verdaderos americanos de las amenazas externas: las películas de Ruben Östlund, los libros con prefacio, y la ópera francesa que no sea en inglés, preferiblemente con acento de Dakota del Sur.

El plan es sencillo y ambicioso, como corresponde a cualquier gran hazaña de la política moderna: establecer aranceles del 80% a cualquier importación cultural que no haya sido bendecida por una escopeta, un águila o una Biblia. Los editores están confundidos. Las grandes casas editoriales de Nueva York, acostumbradas a vivir de los avances de las memorias de políticos fracasados y las novelas de autores que escriben como si aún vivieran en el Upper East Side de 1952, no saben cómo justificar ante sus accionistas que importar libros de ensayo sobre feminismo de Hélène Cixous cueste lo mismo que imprimir la autobiografía de Chuck Norris. «Nos están obligando a editar», confiesa entre lágrimas un editor anónimo, antes de esconder un volumen de Foucault en el falso fondo de su mochila de Columbia.

La industria del cine, por su parte, ha optado por la negación. En los estudios de Hollywood reina el desconcierto: ¿cómo montar una coproducción con Europa si ahora cada línea de subtítulo cuesta lo mismo que una escena con efectos especiales? Las nuevas películas de autor deberán grabarse en inglés, rodarse en Texas y tratar sobre gente blanca con problemas de autoestima, lo que, a decir verdad, no cambia mucho del panorama actual. Pero el problema estético no es menor: muchos productores aseguran que sin la posibilidad de rodar en Departamento de Policía de Görlitz las tragedias centroeuropeas tendrán que ambientarse en Milwaukee y protagonizarse por experimentados participantes de realities republicanos. Para evitar filtraciones, el gobierno ha creado una Comisión Nacional para la Defensa de la Narrativa (CONDENA), cuya función es revisar cada guion en busca de lo que denominan «ofensas al relato hegemónico». Aún no está claro qué significa eso, pero ya están en prisión los hermanos Jonathan y Drew Scott por canadienses y cuatro guionistas que usaron la palabra “deconstrucción” en un storyboard.

Los musicales son otra historia. El nuevo decreto impone un impuesto al “exceso de melodía foránea”, que se activa automáticamente si un número incluye acordeones, castañuelas, o cualquier referencia a sentimientos que no sean la nostalgia imperial. Broadway, asfixiada por los costes, ha redescubierto la zarzuela como forma de resistencia clandestina. Cada noche, decenas de estadounidenses acuden en secreto a sótanos de Manhattan para ver funciones ilegales de La verbena de la Paloma, mientras afuera, la policía cultural reparte folletos de The Sound of Freedom como si fueran biblias en un campo de refugiados. Se ha creado un mercado negro de partituras latinas, donde las melodías de boleros y tangos se trafican en tarjetas SD cifradas y se ensayan en el subsuelo, como si fueran recetas veganas en Texas.

En los márgenes, proliferan los patriotas culturales. Tipos con gorras rojas que organizan quemas de libros con acento extranjero, donde se recita a Bukowski como si fuera Marco Aurelio. Se han fundado asociaciones como “Actores por América”, “Editores Libres por la Gracias de Dios” o “Productores Contra la Globalización de los Sentimientos”, todas presididas por varones blancos con dificultad para conjugar verbos. En las universidades, los departamentos de literatura comparada son intervenidos y resignificados como departamentos de Narrativa Patriótica Aplicada, donde se estudia a Hemingway sin ironía, se elimina todo vestigio de teoría poscolonial y se penaliza el uso del subjuntivo por considerarlo innecesariamente ambiguo. A Borges se le prohíbe por tratar con seres imaginarios, a Kundera por la insoportable levedad de su obra y a Virginia Woolf por tener una habitación propia. Se editan nuevas versiones de clásicos donde se cambian los nombres impronunciables por Jake, Nancy o Chuck, y los escenarios europeos por casinos o campos de golf.

Mientras tanto, la industria cultural europea asiste al espectáculo con una mezcla de horror y placer culposo. Al fin y al cabo, cualquier excusa para no vender los derechos a Estados Unidos es buena, y la idea de que los americanos no puedan adaptar más novelas francesas les da cierta paz. Desde su exilio en Málaga, un editor alemán comenta que nunca había vendido tantos libros en versión original. En Ciudad de México, un director de teatro celebra que ahora las giras sean más tranquilas sin tener que actuar en Denver para un público que cree que Lorca es uno de los ingredientes del burrito.

A la Casa Blanca, las reclamaciones no llegan. Trump es inmune a las quejas si contienen oraciones subordinadas: no entran libros, no entran películas, no entra música. Solo salen decretos arancelarios, el último un 100% a todos los cómics producidos en Ottokar. El presidente asegura que así se recupera la grandeza americana: evitando que los niños crezcan escuchando a Shostakovich o leyendo a Tolstoi. «¡América para los americanos!», grita desde su estrado de mármol y luces de neón. Nadie le contradice. El miedo es libre. Como el mercado. Como el ridículo.