La lluvia no durará

Con información adicional de Alessio Perrone

Este reportaje ha sido elaborado con el apoyo de Journalismfund Europe, y es un adelanto de nuestra revista trimestral Jot Down #54 «El Dorado», ya disponible aquí.

En enero de 2026, la localidad de Sant Romà de Sau dejó de ser famosa. Situado en el fondo del embalse de Sau, el pueblo abandonado se convirtió en una sensación viral cuando la sequía evaporó el agua que lo cubría. Por primera vez en medio siglo se podía acceder; su iglesia cubierta de barro se convirtió rápidamente en una atracción turística. También en un símbolo de la crisis medioambiental.

Pero tras las tormentas de 2025, el embalse se recuperó y el pueblo fantasma volvió a desaparecer bajo las aguas. Cerca de allí, otro embalse, Darnius-Boadella, pasó de estar vacío en un 90 % en marzo de 2025 a estar lleno en un 90 % en 2026. El embalse de Susqueda, que casi se secó en 2024, tuvo que abrir sus compuertas un año después para aliviar la presión sobre la antigua presa.

Con ocho millones de personas, además de empresas y granjas que representan una quinta parte del PIB español, Cataluña sigue obteniendo el 70 % de su agua dulce de embalses alimentados por la lluvia y la nieve construidos en la década de 1960. Son sistemas de almacenamiento de agua abocados al fracaso frente al calentamiento del clima mediterráneo. «Se prevé que las precipitaciones anuales en la zona mediterránea disminuyan alrededor de un 4 % por cada grado de aumento en la temperatura global», según un estudio realizado a finales de 2024 por el Centro de Investigación Climática y Atmosférica de Chipre.

Para afrontar la situación, la región ha puesto en marcha un paquete de medidas ambiciosas dirigidas a acabar con la dependencia de las lluvias y reducir el uso del agua procedente de los embalses a solo el 30 % del consumo para 2032. Un plan de infraestructura de diez cifras, que incluye la construcción de dos de las plantas desalinizadoras más grandes de Europa, espera que el clima deje de ser un factor relevante.

«Cuando todas estas instalaciones estén en funcionamiento, no tendremos que depender de lo que llegue a los embalses», prometió la portavoz del Gobierno catalán, Silvia Paneque, a la prensa local a finales de 2024. «El 70 % de nuestros recursos hídricos no tendrán ninguna relación con la lluvia».

Sin embargo, para que eso suceda, todo tiene que salir bien en los próximos cinco años. Lo más obvio es que, por el momento, tiene que seguir lloviendo para que el antiguo sistema siga funcionando mientras se construye el nuevo. El consumo de agua también debe mantenerse estable e, idealmente, reducirse, a pesar del aumento constante de la población, que se prevé que pase de los ocho millones de sedientos residentes actuales a diez millones en 2040.

También habrá que mejorar la conservación, aunque las normativas europeas y locales dificultan que la gente corriente adapte sus hogares para reutilizar el agua. Los denominados «sistemas de aguas grises», accesorios de fontanería residenciales que reciclan el agua de los fregaderos para su uso en los inodoros, son casi imposibles de comprar en España, a pesar de ser habituales en Estados Unidos y Japón. «La tecnología va por delante de la normativa, como siempre», afirmó una ingeniera de Roca, la empresa de accesorios para el hogar, que habló de forma anónima porque no tenía permiso para hablar con la prensa (aparentemente, el negocio de los inodoros es muy reservado).

«Si se planifican quince plantas desalinizadoras, tal vez se resolvería la próxima sequía», afirma David Vila Ligero, director general de Aigues Ter-Llobregat, la empresa pública que gestiona la mayor parte del suministro de agua en los alrededores de Barcelona. Solo las dos plantas que se están planificando costarán entre 200 y 300 millones cada una, afirma. Por lo tanto, quince es algo impensable.

La oficina de Vila se encuentra en la planta de tratamiento de agua de ATL, cerca de Barcelona, en Sant Joan Despí. Desde la ventana de su oficina se ve una torre de agua de hormigón. Llega al trabajo por una pasarela de acero que pasa junto a una vieja bomba de hierro. Todo huele a cloro.

En este momento, explica, solo las plantas desalinizadoras que ya están en funcionamiento (en particular, la de Tordera 1, al norte de la ciudad, y una segunda cerca del aeropuerto de El Prat) requieren enormes cantidades de electricidad para hacer funcionar bombas gigantescas y filtros de alta presión. Añadir más plantas supone un riesgo de sobrecarga en la red eléctrica catalana, por lo que sería necesario reconstruir partes de ella.

Paradójicamente, la tecnología también consume demasiada agua. Por cada litro de agua dulce que se extrae y se envía por las tuberías a los hogares y negocios de Barcelona, hay que bombear dos litros de agua salada del Mediterráneo.

Por último, un producto de desecho del proceso, la salmuera marina eliminada por filtración, tiene que verterse de nuevo en el Mediterráneo, donde desestabiliza la química del océano, daña los caladeros y mata la vida marina.

Sin embargo, la tentación de crear agua por arte de magia en una fábrica es difícil de resistir tras la peor sequía que ha sufrido la región en ciento diez años. Aunque pueda parecer un utopismo tecnológico.

«Seguimos pensando que podemos solucionar el problema sin cambiar realmente nuestra forma de vida, nuestro modo de operar y el funcionamiento de todo el sistema», afirma Julia Martin-Ortega, profesora de Economía Ecológica en el departamento de Tierra y Medio Ambiente de la Universidad de Leeds. «Es una visión muy cortoplacista, ¿no?». 

Según Vila, de ATL, con el consumo actual, la región utiliza alrededor de 450 hectáreas cúbicas de las 600 que caen de los Pirineos, llenando embalses y ríos. El 80 % de lo que hay disponible hoy en día se utiliza, afirma Vila, incluso en épocas lluviosas.

Durante la sequía, cuando la disponibilidad cayó por debajo de los 450 litros necesarios, la región impuso un racionamiento de 200 litros por persona y día para resolver el problema.

Inevitablemente, algunos buscaron soluciones alternativas al racionamiento. En 2023, dos años después del inicio de la sequía, una asociación de hoteles de la localidad costera de Lloret de Mar tomó medidas para contratar máquinas de desalinización portátiles, con el fin de mantener las piscinas «instagrameables» para los turistas, a pesar de las restricciones. Mientras tanto, a pocos kilómetros de distancia, las cosechas de olivos se perdieron, ya que dependían del suministro de los embalses. El plan de Lloret se canceló después de que finalmente lloviera a finales de 2024.

Según Martin-Ortega, sigue sin resolverse si el agua de las plantas desalinizadoras privadas es propiedad privada y si una cadena hotelera puede fabricar su propia lluvia para sus clientes, prescindiendo así del agua pública. En 2024 también se estuvo a punto de poner en marcha un plan similar, pero público, para instalar una desalinizadora temporal en el puerto de Barcelona, que finalmente se canceló al terminar la sequía.

Según Vila, la desalinizadora Tordera I, construida en 2009 pero poco utilizada antes de la sequía, seguía funcionando al 80 % de su capacidad en diciembre de 2025, casi un año después de que terminara la crisis. El agua se utilizó para permitir que los acuíferos locales descansaran y se rellenaran con las lluvias de este año, después de haberse agotado peligrosamente durante la sequía. A mediados de enero de 2026, Tordera seguía funcionando al 50 %, un tercio por encima de lo normal. Si las nuevas plantas se completan según lo previsto, incluida la ampliación de Tordera, ATL tiene previsto reducir su uso, de modo que el suministro desalinizado sea solo una pequeña parte de la mezcla de agua en épocas normales. Sin embargo, Vila recuerda que la rapidez con la que eso pueda suceder depende, una vez más, de las lluvias.

Una de las razones para utilizar menos las plantas es que el agua desalinizada cuesta seis veces más que el agua de lluvia, tanto en su producción como en su distribución, afirma Vila. También cuesta el doble que otra tecnología destinada a ayudar a salvar la ciudad, con menos impacto: la regeneración. El sistema de regeneración de Barcelona, un programa piloto acelerado durante la sequía, recoge las aguas pluviales y otras aguas residuales semilimpias y las bombea de nuevo al río Llobregat, donde entran en el suministro regular de agua y se reutilizan.

Impulsado por la sequía, este sistema experimental proporciona una cuarta parte de toda el agua utilizada en Barcelona y sus alrededores durante la crisis. En una entrevista realizada en 2025 con la revista técnica Retema, la entonces directora de la Oficina de Transición Hidrológica de Cataluña, Concha Zorilla, afirmó que la regeneración produciría finalmente 120 metros cúbicos de agua en Cataluña.

No obstante, los sistemas de desalinización son los protagonistas del nuevo plan y la mayor parte de los presupuestos propuestos, que alcanzan los 2000 millones. Las dos nuevas plantas para 2029 y 2032, en Foix, al sur de Barcelona, y en la Costa Brava, al norte, así como la ampliación de Tordera, requerirán una financiación de 500 millones de euros y producirán 170 metros cúbicos de agua.

«Cuando ocurre un desastre, el dinero aparece de todas partes, ¿no?», dice Vila en su oficina de la ATL. «Hay que aplicar este dinero de la forma correcta».

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Una segunda incógnita sobre el nuevo plan se produce en el otro extremo de la tubería de ATL, en el grifo del cliente. Las empresas privadas de agua controlan el 75 % de los servicios de agua de Cataluña. La región cuenta con la tasa de privatización más alta de España y una de las más altas de Europa.

Esas empresas privadas son clientes de Vila: propiedad del Gobierno catalán, ATL vende el agua de Cataluña al por mayor a empresas privadas de agua por 0,99 céntimos el metro cúbico. Las empresas de agua la revenden al por menor a hogares, empresas y granjas, que pagan facturas que han subido un 10 % en esta década y que se espera que suban otro 20 % para 2030.

La dependencia de las empresas privadas de agua ha supuesto una atención continua a años de escándalos, batallas legales y enfrentamientos políticos en torno a dichas empresas. En Barcelona, la empresa de agua más grande e influyente es la francesa Veolia, de la que son filiales AGBAR y Aigües de Barcelona, que actúan como operadores en gran parte de Cataluña.

Las fricciones entre AGBAR, propiedad de Veolia, y los ayuntamientos catalanes han sido motivo de titulares durante décadas. «Esa empresa tiene más abogados que ingenieros», afirma Vila, de ATL. Algunas de esas disputas fueron famosas y, a veces, AGBAR incluso perdió.

En Terrassa, una ciudad de 300 000 habitantes cerca de Barcelona, fue necesaria una sentencia del Tribunal Supremo local para rescindir un contrato con la empresa en 2016. El conflicto legal, que duró años, giró en torno a la cuestión técnica de si se había pagado o no un contrato de setenta y cinco años para el sistema de fontanería de la ciudad.

Pero Terrassa también se convirtió en un caso de prueba para expulsar a las empresas privadas de los planes de agua. En 2024, el Observatorio de Servicios Públicos de Madrid, un grupo de expertos, criticó a Terrassa en un estudio en el que afirmaba que las facturas de agua habían aumentado el doble de la media nacional desde que AGBAR se marchó. El estudio apareció en medios de comunicación de toda España, presentando al suburbio de Barcelona como prueba del fracaso de la administración pública del agua.

La teniente de alcalde de Transición Ecológica de Terrassa, Patrícia Reche Martínez, rebatió esta conclusión, afirmando que el aumento reflejaba que la ciudad no había subido las tarifas desde 2014. «Al fin y al cabo, la necesidad de agua es evidente. Es una pena que el agua sea una herramienta política, de interés económico».

Reche Martínez afirmó que, bajo la empresa de servicios públicos, se habían recalculado las estructuras de tarifas para reflejar con mayor precisión la cantidad de agua que consumían los residentes o las empresas. Así, las facturas habían subido para las personas que consumían más agua y habían bajado para las que consumían menos.

«Es una empresa pública, sí, pero sigue siendo una empresa que invierte para animar a la gente a consumir menos agua», afirmó. «Porque estamos realmente preocupados por la situación del agua, por la sequía, y por eso las campañas se centran en consumir menos». 

Los ciudadanos prestan más atención a su consumo de agua desde la sequía, no solo para reducir sus facturas, afirmó. «Nunca había hablado de ese tema. De repente, incluso en las mesas de debate comunitarias de los barrios, empiezas a ver que el tema no es la educación ni la salud, sino el agua».

A cuarenta kilómetros de distancia, un conflicto similar entre una ciudad y AGBAR terminó con la victoria de la empresa de agua. Bajo la alcaldía de Ada Colau, la capital de Cataluña, Barcelona, libró una batalla legal de seis años para crear una empresa pública de agua que compitiera con AGBAR. El caso llegó hasta el Tribunal Supremo de España, que falló a favor de AGBAR en 2019, poniendo fin de facto al intento de crear una empresa pública. El Gobierno y la empresa no dejaron de luchar en esa cancha. Colau acusó públicamente a la empresa de presionar al tribunal y AGBAR presentó una denuncia no relacionada contra Colau, alegando malversación de fondos. Los tribunales la consideraron infundada y la desestimaron en 2024.

La larga historia de enfrentamientos entre los gobiernos locales catalanes y las empresas privadas de agua enturbió la percepción de cooperación para hacer frente a la inminente crisis del agua. Martin-Ortega, investigadora de la Universidad de Leeds, afirma que el interés público se centra en iniciativas a gran escala, como la tecnología de desalinización, en lugar de en las tuberías domésticas, las adaptaciones agrícolas o la reutilización, en parte porque la tecnología futurista es algo en lo que coinciden los oponentes políticos.

Señaló el acalorado debate de principios de la década de 2000 —que resurgiría en 2021-24— sobre la conveniencia de construir un conducto de 100 km que conectara el sistema de agua de Barcelona con el río Ebro. «Cuando se produjo ese impulso, estallaron guerras políticas más arraigadas en torno al agua en España», afirma. El agua del Ebro es históricamente más resistente a la sequía, pero ha sido celosamente protegida por las comunidades agrícolas locales, que temen perder los suministros de riego en favor del sediento centro cosmopolita situado justo al norte. La confrontación política entre el PP y el PSOE dejó a un partido defendiendo la construcción de la tubería hasta el Ebro y al otro dando prioridad a la conservación.

Una máquina que hacía innecesaria cualquiera de las dos opciones, al generar mágicamente más agua potable a partir del mar, era una opción políticamente aceptable para ambos. «[La desalinización] se consideró como una solución intermedia», afirma Martin-Ortega. 

El mismo debate sobre la construcción de una conexión entre Barcelona y el Ebro resurgió durante la sequía de 2021-24. Una vez más, la opción ganadora fue construir desalinizadoras.

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En enero de 2022, una hacker identificada solo como Diana F. irrumpió en los servidores de AGBAR, sospechando que la empresa estaba detrás de los esfuerzos por desacreditar a varios alcaldes que estaban creando empresas públicas de agua para competir con AGBAR. «Diana F.» encontró lo que buscaba.

Al publicar capturas de pantalla de los registros informáticos de la empresa en un tuit anterior a Musk, reveló que AGBAR había alojado en sus propios servidores sitios web de una organización sin ánimo de lucro opuesta a la municipalización del agua, así como de un abogado asociado a los mismos esfuerzos. La empresa había estado atacando a los alcaldes de Valladolid y Barcelona a través de la organización falsa. La noticia se difundió a nivel nacional, lo que avergonzó a la empresa.

Más cerca de casa, en la primavera de 2023, las noticias locales de Barcelona informaron de que una tubería principal cerca del río Besòs llevaba dieciocho años con una fuga. ATL, que supervisaba las tuberías, estimó que la tubería rota había derramado una cuarta parte de su agua durante ese tiempo, lo que equivale a unos ochenta petroleros. Descubierta en el tercer año de sequía, la noticia saltó a la palestra justo cuando las fotos de la desaparición del embalse de Sau llegaban a los medios internacionales, se publicaban informes sobre comunidades rurales que necesitaban agua de riego transportada en camiones y se imponían restricciones de emergencia en el consumo de agua, limitando a los residentes a 200 litros al día. El desastre de relaciones públicas provocado por la tubería rota ocuparía las portadas de los periódicos nacionales, mientras se colocaban carteles por toda Barcelona pidiendo a 1,6 millones de residentes que recordaran no malgastar el agua.

Las páginas de economía no se libraron de la disonancia cognitiva. Un año después del inicio de la sequía, en 2022, la empresa francesa de recursos Suez, propietaria de AGBAR de Barcelona, sería comprada por 13 000 millones de euros por otra empresa francesa de agua, Veolia. La venta incluía las filiales de Suez, AGBAR y Aigües de Barcelona, que gestionaban el agua regional en el día a día. Comprar la empresa de agua de Barcelona en medio de la peor sequía en un siglo podría parecer, a primera vista, una curiosa decisión empresarial.

«La estrategia de Veolia es muy diferente a la de Aigües de Barcelona», dijo Vila, de ATL. «Aigües de Barcelona sabe perfectamente que un contrato dura veinticinco, cuarenta o cincuenta años. Les gusta este tipo de contratos porque son estables». Veolia no buscaba estabilidad, afirmó. Estaban comprando, como dice el refrán de Wall Street, cuando había sangre en las calles, previendo un rápido aumento cuando volviera la lluvia y entrara en funcionamiento el nuevo sistema de agua. «La empresa privada paga a los accionistas comerciales. Es un rendimiento trimestral», afirma Vila.

«El agua es muy emotiva», dice Manuel Cermerón Romero, quien fuera director general de Veolia España hasta abril de 2025. Hablamos con él hacia el final de la sequía, en la conferencia Smart Cities 2024 celebrada en Barcelona.

Cermerón coincidió en que comprar el sistema de agua justo cuando estaba colapsando podía parecer, para algunos de sus nuevos clientes, como comprar en la caída, en lugar de acudir al rescate. Había pasado gran parte de la sequía tratando de combatir esa percepción.

«Cuando vamos y creamos una asociación con Alicante o con Murcia, una asociación público-privada, lo primero que nos piden es: «No vamos a utilizar el nombre de Suez o Veolia»», dijo. Para los próximos cambios en Alicante, por ejemplo, mantendría el nombre del conglomerado francés fuera de ello. «Vamos a utilizar el nombre de Aguas de Alicante», continuó, «…para parecer muy locales ante los ciudadanos».

Ocultar la marca corporativa sería más difícil de lograr en Barcelona, donde la sequía, el racionamiento y el aumento de las facturas habían dañado la imagen pública de AGBAR, una imagen que ahora había comprado Veolia. Además, AGBAR, anteriormente Aigües de Barcelona, era en sí misma una sociedad de cartera cuyo enfoque ya no se centraba únicamente en el agua, sino que se diversificaba en más de 200 filiales propias, que trabajaban en todo, desde servicios de facturación hasta la fabricación de productos químicos.

Cermerón se encogió de hombros. El Tribunal Supremo dictaminó que el contrato del agua de Barcelona era de AGBAR hasta la década de 2040, y AGBAR ahora era de Veolia, y la sequía era ahora su problema. «Teníamos un marco legal que nos protegía, y eso era todo», dijo. «Desde ahora hasta el final del contrato, es nuestra responsabilidad y nuestro deber convencer a los funcionarios públicos, al alcalde y a sus equipos de que la mejor solución es una asociación pública».

Cermerón dejaría su cargo seis meses después de nuestra conversación, sustituido por Daniel Tugues. Contactada por vía electrónica, la oficina de prensa de Veolia dijo que no había ningún portavoz disponible y que la empresa solo respondería a preguntas por escrito, que se atribuyen a Tugues. Preguntamos, pero no podemos publicar las declaraciones atribuidas a Tugues, porque es imposible confirmar que sean realmente sus palabras, y no las de un asistente de prensa o del departamento jurídico (o, ejem, ChatGPT).

En 2024, Ángel Simón, el presidente de AGBAR desde hacía mucho tiempo, así como una figura empresarial muy bien relacionada en Cataluña que había ocupado puestos de liderazgo en la empresa desde 1998, abandonaría repentinamente su cargo para ocupar un puesto en CriteriaCaixa, el holding de 37 000 millones de euros del gigante bancario La Caixa y propietario del 5 % de Veolia. En cuestión de meses, Veolia acusaría a Simón de utilizar el banco para intentar una adquisición hostil de la empresa que acababa de abandonar, AGBAR, absorbiendo la filial de Veolia desde abajo y devolviendo la empresa catalana de agua a manos locales. Simón sería despedido casi inmediatamente por la figura empresarial catalana rival Isidre Fainé, presidente de Caixa. Las oficinas de Simón y Fainé no respondieron a las solicitudes de comentarios. En medio de la sequía, el racionamiento, las malas cosechas y las plantas marchitas de los parques de Barcelona, el momento elegido para la lucha interna en la sala de juntas no fue el más adecuado.

Sin embargo, la audaz compra por parte de Veolia de una empresa de agua que se estaba quedando sin agua sería una jugada astuta. Las acciones de Veolia Environnement SA han subido un 43,6 % desde el inicio de la sequía en 2021, año en que la empresa comenzó la adquisición de Suez. Veolia declaró unos beneficios de 2300 millones en España en 2023, el punto álgido de la sequía y el primer año después de que Barcelona se incorporara a su creciente red global.

Recientemente, la empresa ha cerrado acuerdos similares para la adquisición de una empresa de agua en Portugal y ha sido contratada para construir una planta de tratamiento de agua de 500 millones en Arabia Saudí, que será más grande que las previstas para Cataluña.

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Los últimos doce meses han sido tormentosos en Cataluña. La nieve acumulada en los Pirineos es abrumadora. A finales de diciembre de 2025, el servicio meteorológico local informó de que el 82 % del mes había estado nublado, lo que solo había permitido un 18 % de la luz solar disponible. Una página de noticias local, betevé, tituló «Pongan en marcha sus lavadoras» cuando por fin dejó de llover y se pudo volver a tender la ropa en los balcones de Barcelona.

En el momento de escribir este artículo, aproximadamente la mitad de la región mediterránea se enfrenta a condiciones de sequía o está saliendo de ellas. En Grecia, el día de la Epifanía de 2026, un sacerdote bendijo el lago de Maratón, que había alcanzado un nivel crítico. También en Grecia, se informó de que la antigua ciudad de Kallio era visible, después de que el lago que la cubría retrocediera por la falta de lluvia.