La nación española proclama su voluntad de proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de sus culturas y tradiciones y de promover el progreso de la cultura.
(Preámbulo de la Constitución Española)
De la Constitución española se han dicho muchas cosas pero una de las que menos se repite es que es una Constitución cultural, una carta magna en la que la cultura tiene un protagonismo fundamental. Aparece, además de en el preámbulo, en los artículos 9.2, 20, 44.1, 46, 48, 50, 148.1 y en el 149. De estos, el más importante en lo que a la cultura es el 44.1 en el que se señala que «Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho» lo que conlleva, entre otras cosas, que las políticas culturales sean competencias de todos los poderes públicos, de las distintas administraciones, desde la estatal a la local, pasando por las comunidades autónomas y las diputaciones.
Aprovechando que estamos a las puertas de unas elecciones municipales, voy a tratar de desgranar cuáles son, a mi entender, las claves de las políticas culturales a nivel local. Que por otro lado, son el primer escalón del acceso a la cultura.
De entrada insistiré en lo que acabo de señalar. Las políticas culturales municipales son la piedra angular de todo el desarrollo de la cultura desde la administración pública. Lo son por dos motivos principales. El primero de ellos es que son los ayuntamientos (en los pequeños municipios con una aportación destacada de las diputaciones) los que sustentan la mayor parte de las propuestas culturales. Son pues la puerta de entrada de la ciudadanía a la cultura. Y en segundo lugar y en clara sintonía con el primer motivo, son los ayuntamientos y diputaciones los que más porcentaje de sus presupuestos dedican a la cultura. Según datos del Anuario de Estadísticas culturales del Ministerio del ramo para 2022, (con datos de 2020) el Estado invirtió en cultura 73 476 600 €, las comunidades autónomas 135 507 500 € y los ayuntamientos 300 378 600 €. El Estado dedicó a las políticas culturales un 0.21 % de su presupuesto con un gasto de 15.5 € por habitante. Las comunidades autónomas un 0.55 % con 28.6 € por habitantes y los ayuntamientos un 4.15 % con 63.5 € por habitante. Resulta más que evidente que en nuestro país son las administraciones locales quienes soportan la gran mayoría de la financiación de la cultura o, dicho de otro modo, son la principal herramienta de cara a cumplir de forma efectiva el mandato constitucional del artículo 44.1.
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Desde la perspectiva de un trabajador público, de ámbito estatal en este caso, no puedo estar más de acuerdo con tu análisis de los problema generados estos últimos años tras la Ley Montoro.
Se ha querido pasar de una época de gasto sin control, al extremo opuesto, un control que roza el absurdo que es igual de dañino.
Como anécdota, he visto echar por tierra semanas y semanas de trabajo de mucha gente, porque el interventor detectó una incoherencia de 1 céntimo (1 céntimo) en los resultados de dos documentos del mismo expediente, debidos al redondeo. Eso, en un proyecto de casi 1 millón de euros.
Y por tanto, perder la posibilidad de ejecutarlo por incumplir los plazos de la ley de contratación… Y, por tanto, impidiendo el efecto arrastre positivo que supone una inversión pública en la economía y la sociedad…
1 céntimo
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