Jorge Corrales (Alcalá de Henares, 1975) es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Alcalá. Antes de dedicarse a la propiedad intelectual trabajó en los sectores tecnológico y químico. Entró en CEDRO —el Centro Español de Derechos Reprográficos, la entidad que gestiona colectivamente los derechos de reproducción, distribución y comunicación pública de autores y editores del sector editorial— como responsable financiero, ascendió a director del Departamento Económico y Tecnológico y, desde marzo de 2017, ocupa la Dirección General, cargo desde el que ha impulsado la digitalización completa de la entidad y una política activa de transparencia, sensibilización y defensa de los derechos de los creadores frente a los nuevos usos tecnológicos.
Hablar con Corrales es descubrir que detrás de las siglas y los reglamentos de reparto hay alguien que se cree lo que hace, que no elude las preguntas incómodas y que conecta con naturalidad a Adam Smith con Pokémon, a los agricultores extremeños con la regulación danesa de la imagen digital y a la sentencia Padawan con la estrategia de captación de OpenAI. En esta conversación recorremos el presente y el futuro de los derechos de autor en España: la piratería que no ha desaparecido, la inteligencia artificial que entrena sus modelos sin pagar a nadie, la falta de liderazgo de las administraciones públicas, el valor de la lectura avalado por la neurociencia y la urgencia de que escritores y editores se organicen colectivamente antes de que la ventana se cierre.
Llegaste a CEDRO como economista, para llevar las cuentas. ¿Qué te encontraste?
Un CEDRO muy distinto al actual. La gestión era relativamente sencilla, pero al poco de entrar empezaron los cambios: la copia privada, que financiaba el noventa por ciento de la actividad de CEDRO y del sector editorial, comenzó a sufrir recortes en las tarifas. Y después llegó la sentencia Padawan, que fue mal interpretada. Hace poco otra sentencia ha confirmado lo que realmente decía Padawan, en sentido contrario a como se entendió entonces.
Explícanos eso brevemente.
El caso llegó al Tribunal de Justicia de la UE, que dictó una sentencia que aquí se leyó como que todas las personas jurídicas y las administraciones quedaban exentas de pagar copia privada. Esa lectura no era exacta, pero dio argumentos a quienes tenían incentivos para no cumplir con los derechos: el sistema estaba caduco, no servía, etcétera. La propiedad intelectual es una cuestión muy técnica y, cuando se complica, tiende a tomar el camino más fácil. Es como el «¿a quién quieres más, a mamá o a papá?»: te obligan a elegir, pero la realidad tiene muchas capas de razonamiento por debajo. En aquel momento no se observaron todas. Ahora estamos en otro punto: es la propia sociedad la que demanda que las cosas se hagan de forma sostenible.
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Qué buen trabajo hace Cedro y que equipo más profesional y más humano. Gracias por la entrevista.
Las editoriales que descatalogan libros y así los condenan a su imposible difusión, se asemejan al perro del hortelano, que ni come ni deja comer. Comprendiendo la imposibilidad de mantener en la cadena comercial toda la producción histórica de cultura escrita, ¿Sería viable una «Ley de Dominio Público» que además de calibrar el tiempo transcurrido desde la muerte de un autor, considerar de Dominio Público las obras inaccesibles comercialmente, estableciendo los criterios apropiados para hacerlo viable?
Excelente idea.
Gran entrevista. Es raro ver tanta lucidez y tanta competencia juntas en un país tan culturalmente tercermundista como España (y hablo tanto del entrevistado como del entrevistador).
Si ese es el problema del mundo editorial es que no vale un pimiento.