Jorge Corrales (Alcalá de Henares, 1975) es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Alcalá. Antes de dedicarse a la propiedad intelectual trabajó en los sectores tecnológico y químico. Entró en CEDRO —el Centro Español de Derechos Reprográficos, la entidad que gestiona colectivamente los derechos de reproducción, distribución y comunicación pública de autores y editores del sector editorial— como responsable financiero, ascendió a director del Departamento Económico y Tecnológico y, desde marzo de 2017, ocupa la Dirección General, cargo desde el que ha impulsado la digitalización completa de la entidad y una política activa de transparencia, sensibilización y defensa de los derechos de los creadores frente a los nuevos usos tecnológicos.
Hablar con Corrales es descubrir que detrás de las siglas y los reglamentos de reparto hay alguien que se cree lo que hace, que no elude las preguntas incómodas y que conecta con naturalidad a Adam Smith con Pokémon, a los agricultores extremeños con la regulación danesa de la imagen digital y a la sentencia Padawan con la estrategia de captación de OpenAI. En esta conversación recorremos el presente y el futuro de los derechos de autor en España: la piratería que no ha desaparecido, la inteligencia artificial que entrena sus modelos sin pagar a nadie, la falta de liderazgo de las administraciones públicas, el valor de la lectura avalado por la neurociencia y la urgencia de que escritores y editores se organicen colectivamente antes de que la ventana se cierre.
Llegaste a CEDRO como economista, para llevar las cuentas. ¿Qué te encontraste?
Un CEDRO muy distinto al actual. La gestión era relativamente sencilla, pero al poco de entrar empezaron los cambios: la copia privada, que financiaba el noventa por ciento de la actividad de CEDRO y del sector editorial, comenzó a sufrir recortes en las tarifas. Y después llegó la sentencia Padawan, que fue mal interpretada. Hace poco otra sentencia ha confirmado lo que realmente decía Padawan, en sentido contrario a como se entendió entonces.
Explícanos eso brevemente.
El caso llegó al Tribunal de Justicia de la UE, que dictó una sentencia que aquí se leyó como que todas las personas jurídicas y las administraciones quedaban exentas de pagar copia privada. Esa lectura no era exacta, pero dio argumentos a quienes tenían incentivos para no cumplir con los derechos: el sistema estaba caduco, no servía, etcétera. La propiedad intelectual es una cuestión muy técnica y, cuando se complica, tiende a tomar el camino más fácil. Es como el «¿a quién quieres más, a mamá o a papá?»: te obligan a elegir, pero la realidad tiene muchas capas de razonamiento por debajo. En aquel momento no se observaron todas. Ahora estamos en otro punto: es la propia sociedad la que demanda que las cosas se hagan de forma sostenible.
En esos primeros años empiezas en la parte financiera y vas ascendiendo hasta la dirección general. Toda tu formación en propiedad intelectual la adquieres durante el camino. ¿Cómo acaba un economista dirigiendo una entidad con tantos intereses cruzados?
Por constancia. La gestión de una entidad como esta —la diaria, la operativa, la estratégica— requiere tener claro adónde quieres llegar y que ese sitio sea un sitio justo. A partir de ahí, lo único que te queda es empujar. Mis padres son extremeños, histórica tierra de agricultores, por lo que mi forma de pensar lleva implícita dicha característica. Fíjate en la cuadratura del círculo: CEDRO, Alcalá de Henares, el Premio Cervantes, mi cumpleaños el 22 de abril… Lo importante es comunicar y que la gente vea que te crees lo que estás haciendo y que no hay cosas por detrás. En la vida puedes acertar o equivocarte, pero si vas de forma transparente y con trabajo, las cosas normalmente van para adelante.
¿Qué es CEDRO?
CEDRO es la entidad de gestión que cuida del trabajo de escritores y editores; por lo menos, así es como lo sentimos. La labor de una entidad de gestión en el sector editorial tiene un enganche emocional con el trabajo que hacen editores, escritores y traductores. Eso es lo fundamental.
Hace poco hablé con un autor reconocido, con varios libros publicados, y no sabía lo que era CEDRO. Ni había cobrado nunca. ¿Cómo es posible?
Por varios motivos. CEDRO siempre ha tenido una actitud más reflexiva, menos expuesta públicamente. Los colectivos a los que nos dirigimos tienen sus particularidades: los escritores son gente de soledad, no de escaparate. Y venimos de una época en la que el copyright estaba mal visto en general. Todavía nos encontramos autores y autoras que, sencillamente, no se han acercado a la acción colectiva, a las acciones en torno al copyright. Eso es lo que queremos cambiar: estamos trabajando mucho en informar, a todos los niveles, y hemos conseguido que también escritores y escritoras más reconocidos entre estos —Rosa Montero, Julia Navarro, Lorenzo Silva, Javier Sierra— nos ayuden a difundir las bondades de la acción colectiva, bondades que históricamente se han impulsado desde las asociaciones de escritores y escritoras, como ACE, AELC, ACEC, AELG o las de traductores… En el caso de los editores el tejido está muy organizado, hay un entorno de confianza que hace fuerte al sector del libro. Lo que intentamos desde CEDRO es construir eso mismo también para autores y traductores.
Pero el dinero de alguien que no está dado de alta, ¿qué pasa con él?
Solo en copia privada se asignan cantidades a unos doscientos ochenta mil libros al año. Localizar a todos esos titulares es una burrada, tú lo sabes como editor. Ese dinero se mantiene reservado durante cinco años. Durante todo ese periodo, cualquier escritor, traductor o editor al que se le haya asignado una cantidad puede llamarnos y cobrarlo. El objetivo de CEDRO es que esos derechos fluyan lo más rápidamente posible.
¿Quién manda en CEDRO? Hay una asamblea, una junta directiva y un director general. ¿Mandan los socios?
Sí. Tú, como socio, puedes votar. Delegas, como en política, pero votas. Hay distintos niveles: nosotros llevamos el día a día, pero todos los meses la junta me orienta en cuestiones que desde la gestión no siempre vemos. Tenemos una junta con seis autores y seis editores, y todas las decisiones con peso estratégico las toma ella. Las entidades de gestión tienen un peso político importante porque son colectivos, y ahí hay que tener en cuenta todas las sensibilidades, siempre con una máxima que gobierna: la protección de los derechos de autor. Tenemos además la suerte de contar con una presidenta, Carme Riera, que es la transparencia en persona, y con otros escritores y editores en la junta: Manuel Rico, Sebastià Portell, Cesáreo Sánchez, David Castillo, Daniel Fernández, Irene Lanzaco, José María Arizcun; así como en las comisiones de trabajo: Juan Zafra (CLABE), Yolanda Ausín (ARI), Manuel Ortuño (ARCE), Yolanda Guasch (AEDEM) o José Manuel Gómez Bravo (Grupo Prisa), entre otros.
CEDRO es bastante transparente, hacéis gala de ello, sacáis informes detallados. Pero ¿cómo se conforma esa junta directiva?
Cada cuatro años hay elecciones. El colectivo presenta una candidatura de doce miembros que se vota. Si hay más de una candidatura, gana la más votada, y ha ocurrido: hace unos ocho años hubo dos y salió una elegida. Los autores montan su candidatura y los editores la suya. Una vez que ganan, se designan entre ellos los puestos de responsabilidad. La presidencia se alterna: un mandato la ocupa un editor o editora, y el siguiente un autor o autora.
Vamos con la inteligencia artificial. ¿Cuándo crees que se cruzó la línea entre el uso legítimo de información y la explotación masiva de obras sin autorización?
A principios de los dos mil. En el sector editorial, Google Books fue el inicio. Es como con un hijo: si a tu hija de trece años le permites determinadas cosas sin hacerle visibles las consecuencias, cuando tenga dieciocho el hábito ya está consolidado. Hoy leía que gracias a Pokémon Go se almacenaron tres mil millones de imágenes de gente por la calle, y que eso está sirviendo para entrenar modelos de IA. Cuando por la vía de los hechos se establece un hábito, tirar para atrás cuesta. Al principio el móvil te lo regalaban con un paquete de chicles. Pero, afortunadamente, la sociedad va percibiendo los efectos de ese modelo de negocio: medio ambiente, adicciones, privacidad, derechos de autor, concentración de poder económico y político. Cuando empiezas diciendo «todo gratis para todo el mundo», mucha gente entra y se legitima todo.
Es interesante que menciones Google, porque el patrón es análogo al de OpenAI: aparece ofreciendo un servicio gratuito para ayudar a la humanidad. ¿Crees que eso forma parte de la estrategia desde el principio?
Hay libros que lo describen bien; el concepto se llama enshittification, mierdificación. Forma parte de la estrategia del modelo de negocio. Primero aseguras la demanda: capturas al consumidor. Una vez que lo tienes, vas a por la oferta: editores de prensa, de libros. Cuando autores y editores se ven obligados a estar ahí porque ahí tienen al lector, empiezas a apretar. No en el lado de la demanda, en el de la oferta, y capturas ingresos de ahí. Lo mismo estamos viendo con la IA: Google acaba de sacar un fondo de treinta millones de euros para apoyar la formación en IA en Europa, que es como decir «pongo dinero para que la gente compre mi producto». Lo que hay que hacer es interiorizar en el modelo de explotación el coste de las externalidades negativas que produce. Es así de sencillo. Se ha hecho muchas veces a lo largo de la historia: consolidando derechos de propiedad a quienes se ven afectados. Se hizo con la desamortización de la tierra, dando a los agricultores derechos que no tenían; en la revolución industrial, con los derechos sobre condiciones de trabajo. Y ahora va a tener que hacerse lo mismo. De hecho, Dinamarca ya lo está haciendo: está planteando un cambio legislativo para que exista un derecho sobre la imagen, equivalente a la propiedad intelectual, de todos los ciudadanos. Noruega, Suecia y Países Bajos van en la misma dirección. Es la única forma de equilibrar económicamente el modelo.
¿Qué marco regulatorio haría falta para evitar que la IA consolide aún más el desequilibrio entre las grandes plataformas y los creadores?
Consolidar derechos de propiedad de algún tipo sobre quienes se ven afectados. Si producir cualquier cosa inmaterial va a tener un coste marginal cero, los sectores del conocimiento, ¿de qué van a vivir? Dinamarca lo ha visto como se vio tras la Segunda Guerra Mundial: hay que volver a hacer lo mismo. Pero hay una diferencia entre pensarlo y hacerlo. Los países del norte de Europa lo están haciendo de forma efectiva; en España seguimos en lo teórico.
¿Quién debe ejercer esa autoridad de control: los Estados, los organismos internacionales o la propia industria tecnológica?
Los códigos de autorregulación no han servido nunca. La industria del tabaco: ¿sirvieron? No. Con las petroleras a principios del siglo XX pasó lo mismo. El patrón se repite: un sector económico concentra capital, trabaja la opinión pública y convence. La foto del médico fumando en la consulta. El azúcar sustituyendo a un componente cancerígeno y vendiéndolo como algo bueno. Siempre hemos estado en estos ciclos. Tienen que ser los Estados, pero de forma efectiva. En Noruega han acordado pagar por los contenidos que se utilizan para entrenar la IA de su modelo nacional; en educación, pagar por todos los contenidos preexistentes que usan los alumnos. La organización de consumidores noruega sacó una campaña brutal contra estas prácticas. Eso es hacer las cosas de verdad, no decir «vamos a trabajar un marco de derechos digitales». El ciudadano de a pie no tiene dinero para ir a denunciar que se le ha vulnerado un derecho digital.
Para no quedarnos solo en lo pesimista: con el tabaco, el azúcar o el petróleo la sociedad tardó décadas en reaccionar. ¿No crees que, con la IA, igual que se implanta más rápido, también estamos reaccionando más rápido?
Hay que ser optimista. A principios de los dos mil pasaron años y las investigaciones que iban en contra se taparon. Ahora la gente es más consciente; según estudios recientes, los más conscientes son los jóvenes de entre dieciocho y veintinueve años. Curioso. Todo viene con mucha velocidad porque los fondos de inversión que hay detrás quieren rendimientos. Pero la sociedad en su conjunto tiene grandes dudas. Por muchos cursos gratuitos de IA que impartan Google, Meta u OpenAI, a lo mejor deberían destinar menos dinero a cursos y más a derechos, sean de autor o fundamentales. No podemos olvidar que los modelos de IA se han entrenado con el trabajo de personas a las que se pagaba dos dólares al día. La IA también es eso.
¿Cómo está remunerando ahora mismo la inteligencia artificial a los creadores de cuyas obras se ha alimentado?
Que yo sepa, no los está remunerando.
¿Es injusto? ¿Qué está haciendo CEDRO para intentar cambiarlo?
Es injusto. Nosotros hemos trabajado intensamente con los ministerios de Cultura y de Transformación Digital: si una de las materias primas fundamentales del negocio son las obras de los creadores, que se les remunere como ya se hace en otros países o que se busquen acuerdos homologables dentro de la UE. Si no, no estamos respetando derechos fundamentales.
¿Qué usos de la inteligencia artificial consideráis legítimos dentro de la cadena de valor del libro?
Para automatizar, para cambiar procesos de producción, sí. La IA transforma los procesos en todos los sectores. Lo que no compartimos es el relato de «la IA no te quitará el trabajo, pero una persona que maneje la IA sí». Cuando el proceso entero cambia y no sabes cómo va a acabar, ese eslogan no se sostiene. Echo en falta que las administraciones fomenten premios donde, aplicando IA en el proceso, el valor principal siga siendo la aportación humana. En lugar de focalizar solo en «hemos desarrollado un modelo», visibilizar que se ha generado un producto donde la parte fundamental la sigue aportando el ser humano. Porque si hablamos tanto de poner al humano en el centro y luego desarrollo un modelo de lenguaje sin reconocer los derechos de autor, ¿realmente estoy cumpliendo con eso?
Vinculabas a Smith, Keynes y Friedman con los derechos de autor. ¿Qué modelo económico favorece mejor la sostenibilidad de la cultura escrita?
El sistema que se instauró en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Movilizó cambios incluso en la cuna del capitalismo, Estados Unidos. Ese periodo, hasta la introducción del neoliberalismo con Reagan y Thatcher, fue el de mayor crecimiento, renta per cápita e igualdad. Lo único que hay que hacer es reconocer e incluir derechos para que haya redistribución. Y ojo: derechos de autor y derechos de los ciudadanos, porque todo el tema de la privacidad está en un limbo jurídico donde pescan quienes tienen el gran conocimiento, y eso está generando desigualdad. La UE es un ejemplo de éxito: es la zona geográfica con menos dispersión de renta per cápita del mundo. Las iniciativas europeas nos han dado muchas posibilidades y hay que seguir trabajándolas.
Hay un concepto que me interesa mucho: «ignorancia deseada». Relaciónalo con las copias no autorizadas.
Hay un claro conflicto de interés. Estamos acostumbrados a asignar a las cosas solo un valor económico inmediato. Si tengo que pagar derechos de autor, tengo que sacarlo de otro lado, y esa es una ecuación que en la práctica nadie resuelve. ¿Qué hago entonces? Ignoro la existencia de los derechos de autor. Eso es ignorancia deseada. Todo el mundo dice «yo, a los autores, por favor…», pero luego mira a otro lado. Este conflicto de interés necesita integrar los efectos a medio y largo plazo. Si no, la toma de decisiones carece de la información necesaria para decidir correctamente.
Hablamos mucho de IA y parece que la piratería hubiera dejado de existir. ¿Sigue ahí?
Sigue, sigue. En el sector editorial hay usos ilegales en tres ámbitos distintos: consumidores finales, que es lo que normalmente se identifica con piratería; administraciones públicas, y desarrolladores de sistemas. La foto completa tendría que sumar las tres patas, no solo una. Focalizando en una, las otras dos desaparecen del debate, y eso es muy cómodo para quienes se benefician de ello. En España se venden unos ciento noventa y cuatro millones de ejemplares al año; pues los consumos ilegales, solo contando una de esas patas, equivalen a un setenta por ciento. No sé en qué otro sector se tolera esa proporción de usos ilegales frente a ventas. Y no olvidemos que las administraciones públicas, que deberían dar ejemplo, son una de esas tres patas. Cuando la propia administración no respeta los derechos de autor en su uso diario de contenidos, el mensaje que lanza al resto de la sociedad es demoledor.
Siempre se hace la misma crítica: si alguien se descarga un archivo con cincuenta mil libros, ¿contabilizáis cincuenta mil libros pirateados? ¿No se sobredimensiona el perjuicio?
Los estudios de perjuicio calculan la conversión de esas descargas en compra real. En el sector editorial, la Coalición habla de un siete por ciento. Es una cifra razonable; nadie dice que todo se hubiera comprado. Pero ojo: Anna’s Archive, que supuestamente nació para compartir el conocimiento, ha sido una de las bases del entrenamiento de la IA.
¿Hay sospecha de que la piratería a gran escala pudiera haber sido organizada con ese fin desde hace años?
Hay libros que documentan que los entrenamientos de modelos en Nigeria o Kenia empezaron en 2012-2014; ya se sabía lo que estaba pasando. ¿Que se promoviera activamente? No lo sé. No puede ser todo casual. Nosotros hablamos con Common Crawl, que se supone que es una asociación sin ánimo de lucro: tiene los servidores cedidos por Amazon. Qué casualidad, con lo generosos que son. La capacidad de influencia económica es enorme. Lo único que podemos hacer desde organizaciones como CEDRO es informar y compartir información. Y un dato revelador: la excepción de minería de textos y datos, hasta donde sabemos, apareció en el último momento en la Directiva de 2019 y no pasó por todo el procedimiento del resto del texto.
Dices que leer nos hace mejores ciudadanos. ¿Por qué?
No me lo invento: sale en estudios científicos. La lectura desarrolla la empatía, eleva la capacidad de expresión, es buena para la salud mental. Desde enero se está desarrollando en el Senado de Estados Unidos una comisión de investigación donde neurocientíficos hablan de tecnología y lectura, aunque apenas se le da visibilidad. En una de esas sesiones, un neurocientífico afirma que esta es la primera generación que ha bajado su coeficiente intelectual por debajo del de sus padres. En España, Diego Redolar, neurocientífico, explicó en un congreso en Jerez cómo la lectura ayuda al cerebro a nivel fisiológico. La Dirección General del Libro y el Ministerio de Cultura en general están muy interesados en que se conozca esta dimensión «intangible» y deberíamos ayudarles por el bien de la sociedad.
En una generación acostumbrada al copia y pega, ¿qué habilidades consideráis más urgentes en el ámbito educativo?
Lo más urgente es que el sistema educativo no se centre en un solo tipo de realidad respecto a los derechos de autor y al origen de los contenidos. Es fundamental visibilizar de dónde viene la obra, quién es su responsable, cuál es su contexto. Y, sobre todo, integrar en las aulas una visión de la calidad de las obras editoriales, porque lo que va a venir con la IA en materia de desinformación lo hace más necesario que nunca.
¿Qué piensas de YouTube en las aulas?
Que no ayuda. La educación siempre ha consistido en seleccionar, de toda la información del mundo, la parte correcta para enseñar a los jóvenes a desarrollarse. Intentamos formar gente más inteligente. Que la referencia sea una herramienta no diseñada para esa edad, pensada para maximizar el tiempo de atención mediante descargas de dopamina inmediata, genera el objetivo contrario. Si por el conflicto de interés de «no tengo presupuesto, así que cojo lo que hay en abierto» hemos generado más problemas de atención, deberíamos revisarlo. Para mí, no debería estar permitido. En Estados Unidos hay posiciones más radicales: prohibir todo tipo de pantallas en centros educativos. Nosotros somos de otra generación: estábamos sentados en el banco de jugar y nos cayó un móvil en la mano, sin curso ni nada. Meter redes sociales como base de conocimiento en el sistema educativo es un error. Y mientras tanto, aquí el Ministerio de Transformación Digital presenta el proyecto educativo de Google de la mano de Miguel Escassi. Eso es otra anomalía española.
Más allá de la fragilidad del ecosistema editorial, ¿cuál es el principal factor que amenaza ahora mismo su sostenibilidad?
El principal factor que amenaza la sostenibilidad del sector editorial es la falta de liderazgo de las administraciones públicas. Lo decimos allá donde vamos. Si el sistema educativo no es capaz de valorar las obras, el trabajo de los expertos, el libro como diferenciador, vamos a tener problemas. De hecho, muchos países europeos están volviendo al libro como referencia única en las aulas. Suecia es el caso más claro: calidad y veracidad.
Nosotros lo decimos allá donde vamos: estuvimos en la Comisión de Cultura del Parlamento Vasco y lo dijimos. La administración tiene que liderar. Pero la realidad es que en el Ministerio de Educación nadie nos escucha. Por otro lado, el Ministerio de Transformación Digital es quien está liderando la implementación de la IA incluso en la educación, otra excepción ibérica, aunque similar en el fondo a lo que está ocurriendo en China.
En CEDRO afirmáis que repartís lo recaudado según reglamentos aprobados por la asamblea y asignáis un valor a cada obra según distintas variables. Para un autor que no domina el sistema, como yo, ¿cómo puedo comprobar que lo que recibo es lo que me corresponde?
Me encanta esta pregunta. Uno de los problemas fundamentales es el reporte de uso: no la cantidad de dinero, sino qué se ha reproducido exactamente. Si la mayoría de los usuarios no reportan el uso, puedes repartir con precisión las licencias concretas, pero el resto se hace mediante estudios. Según los reglamentos, se asigna una cantidad a cada obra y después se distribuye entre los titulares de esa obra. Para verificarlo habría que ver cuántas obras han entrado en el reparto, la cantidad total a distribuir y cuántos titulares tiene cada obra. Y muchas veces no se conoce a todos. La parte editorial se lleva el cuarenta y cinco por ciento de lo asignado y la autoral el cincuenta y cinco por ciento, pero dentro de esa parte autoral puede haber varios autores, traductor, coautores declarados o no. Desde 2017 estamos incorporando entre ciento cuarenta y ciento sesenta nuevos titulares al mes. Tenemos un equipo dedicado a localizarlos entre los treinta y siete mil que hay registrados. Y todavía hay sectores que no nos quieren conocer… pero bueno.
CEDRO afirma que representa a autores y editores con un reparto cincuenta y cinco/cuarenta y cinco, pero al mismo tiempo tiene estructuras directivas, acuerdos con administraciones y empresas. La parte que va a gremios y asociaciones, ¿de dónde sale?
Por ley, el veinte por ciento de lo recaudado en copia privada tiene que destinarse a actividades de formación, promoción, etcétera. Ese veinte por ciento se reparte cincuenta y cinco/cuarenta y cinco entre autores y editores. El resto, quitando el coste de gestión, va íntegro a reparto individual.
Durante un tiempo, CEDRO tenía una imagen parecida a la de otras entidades de gestión: una sociedad de amiguetes que se reparte el dinero. ¿Ha cambiado esa percepción?
Mucho. Nosotros vamos a vender licencias a organismos, tenemos interacción directa, y hace años nos decían «es que robáis». Eso ya no existe. La pandemia ayudó: los creadores y el mundo editorial se volcaron, y la sociedad está viendo que tener unos derechos sólidos estructura el desarrollo del conjunto. Aquello de «todo gratis» es una filosofía que incluso puede utilizarse para mantener la situación de poder de los que ya están arriba; parte de eso ha habido. La implicación de autores y autoras la hemos notado mucho: ya son prescriptores, no les importa dar la cara para decir «apuntaos a CEDRO». Eso es diferencial.
Existen varias entidades de gestión en el ámbito cultural: SGAE para la música, VEGAP para las artes visuales, CEDRO para el sector editorial. Pero tenéis zonas comunes: el audiolibro, los dibujantes de cómic, los fotógrafos… ¿Cómo es la relación?
Tiene que ser obligatoriamente leal y colaborativa, con independencia de cuestiones puntuales en las que cada uno defienda una posición distinta. Hay momentos en los que no nos ponemos de acuerdo; bien, que un tercero lo decida. Pero igual que dentro de cada entidad los socios son fundamentales, de cara afuera que todas las entidades nos entendamos es fundamental para ellos. Estamos obligados a ello.
CEDRO ha impulsado acuerdos para licenciar contenido a empresas de inteligencia artificial. ¿En qué momento estáis? ¿No es contraproducente?
Nosotros respetamos que cada titular decida lo que quiere hacer con sus obras y con los usos de la IA. Si tú, con tu revista, dices «quiero que se entrenen, pero no quiero que se genere output con mi contenido», perfecto. Desde CEDRO defendemos esa máxima: que cada titular decida. Dentro de esa lógica, intentamos ayudar con información, desarrollos técnicos y acuerdos como el de RSL en Estados Unidos. Si el titular dice «no quiero autorizar», perfecto: que tenga herramientas para impedirlo. «Quiero autorizar y gestionarlo yo»: perfecto. «Quiero autorizar, pero que CEDRO lo gestione»: también perfecto.
¿Hay acuerdos ya encima de la mesa?
Estamos trabajando con la entidad homóloga en Estados Unidos para definir los términos. Llevamos más de dos años contactando con las empresas tecnológicas para pedirles que, si han utilizado nuestras obras, compartan con nosotros los datos de entrenamiento. Más de dos años.
¿Cuál es la posición de CEDRO sobre la IA a día de hoy?
Transparencia. Con la IA, transparencia. Con los usos de la administración, transparencia. Con los usuarios finales, mensajes de intervención, no de prohibición. A quienes se enriquecen con esa actividad sin respetar los derechos, que se les persiga. Al usuario final se le puede educar.
Los ciudadanos consideran cada vez más que las grandes tecnológicas se benefician de los contenidos culturales sin pagar, pero al mismo tiempo las siguen usando masivamente. ¿No estamos ante un conflicto más cultural que jurídico?
Sí y no. La sociedad es moldeable. Yo el ejemplo lo tengo en mi familia: si a mis padres les das algo gratis, sospechan. Es como el señor del palulú que iba al colegio cuando éramos niños: los primeros días te lo daba gratis y luego te cobraba. El esfuerzo ahora es invertir en informar, y la sociedad, libremente, tomará la mejor decisión. Según los datos del Observatorio de la Cultura, los ciudadanos tienen como referencia el trabajo de los escritores y los editores. Si seguimos construyendo eso, no habrá problema en el mantenimiento de los derechos. Pero si se pierde el relato y otra información lo sustituye, cambiará la situación. Por eso es tan importante el liderazgo de la administración pública: que dé ejemplo. Porque, si no, ¿cómo le explicas al ciudadano de a pie que el trabajo de autores y editores merece ser respetado cuando la propia administración no lo respeta? La sociedad es sensible a la IA, a la desinformación, a lo que está pasando en las aulas. En los últimos años hemos visto muchos movimientos de padres con el «no pantallas», justo lo contrario del «hay que meter ordenadores en clase». Eso tiene que servir para que los poderes públicos pausen y, por lo menos, pregunten.
CEDRO es gratis para los escritores. Convéncelos de que se apunten.
Cuando la situación está tan complicada, únicamente la acción colectiva se ha demostrado como solución. Históricamente ha sido así. Estamos en un momento donde podemos perder la identidad, podemos perder recursos fundamentales, y la única forma que ha funcionado es organizarse. En la revolución industrial nacieron los sindicatos.
Yo todo eso lo leí cuando me apunté a CEDRO, pero lo que realmente me motivó fue cobrar una importante cantidad de euros. Hay que decírselo a los autores.
Es una remuneración, sí. Pero sobre todo es el reconocimiento de su trabajo. Y estás, además de cobrando tus derechos, construyendo la base de la sociedad. El ejemplo lo tenemos en la presidenta: Carme Riera no tiene ninguna necesidad de ser presidenta de CEDRO, pero tiene una implicación que nace de la necesidad del colectivo. Si todos los escritores se implicaran así, sería otra cosa.
¿Cómo va el Premio CEDRO?
El 29 de abril, a las siete de la tarde, en el Instituto Cervantes. Este año celebramos la décima edición. El Premio CEDRO nació para reconocer la labor en defensa de la propiedad intelectual de una persona o institución. Durante mucho tiempo ha sido muy difícil que un autor se posicionara públicamente para decir que el derecho de autor hay que respetarlo. Muy difícil. Y en estos diez años se ha premiado a Lorenzo Silva, Julia Navarro, Rosa Montero, José María Merino, Antonio Muñoz Molina, Manuel Rivas, Pepa Fernández, Gemma Lienas y Javier Sierra, además de a los componentes de la Comisión de Cultura del Congreso por la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual y el Estatuto del Artista, que, trabajando de forma unida, posibilitaron dicho avance. Ningún editor hasta ahora. Este año se hará una mención especial a quien fue presidenta de la Asociación de Escritores Europeos durante el proceso legislativo de la regulación europea de la IA. Y vamos a reunir a todos los premiados.
Recomienda un libro a los lectores de Jot Down para entender dónde estamos en materia de inteligencia artificial y propiedad intelectual.
Te puedo recomendar dos. Uno es Power and Progress, de Daron Acemoglu, premio Nobel de Economía de 2024, y Simon Johnson: explica cómo la innovación tecnológica no beneficia automáticamente a la sociedad y cómo se repiten los ciclos de concentración de poder. Y el otro es Una teoría crítica de la inteligencia artificial, de Daniel Innerarity, más orientado al entendimiento desde las tripas, o sea, desde la sociedad, de la IA y sus efectos.
