Cuando la ausencia de cultura democrática iguala a los antagonistas: historia de sendas iniciativas tuiteras pidiendo mi defenestración

Filosofía del Derecho y teoría de la justicia

Las dos historias que voy a contar están separadas por apenas un trimestre, una distancia temporal tan corta que, de entrada, podría parecer irrelevante. No lo es. Conviene avisar desde el principio de que las historias, en sentido estricto, no empiezan todavía. Antes hay un rodeo deliberado, una introducción que no pretende ganar tiempo ni exhibir erudición, sino ofrecer el contexto necesario para que lo que vendrá después no se lea como una simple anécdota personal ni como otro episodio más del ruido habitual en las redes sociales.

Para situarnos: soy profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad de Murcia. La asignatura admite enfoques muy distintos, casi incompatibles entre sí si se los lleva al extremo. Puede abordarse desde la lógica jurídica o desde la filosofía del lenguaje, atendiendo a cómo se construyen y se interpretan las normas. O puede encararse desde la teoría de la justicia, que es el territorio que a mí me interesa transitar, un terreno menos aséptico y bastante más incómodo.

Cuando se habla de teoría de la justicia no se habla de abstracciones inofensivas. Se habla de la relación entre Derecho y justicia, de si existen principios elementales que deberían inspirar toda norma jurídica para que esta pueda cumplir con cierta decencia su función de ordenar la convivencia social. Y se habla también de lo que ocurre cuando la ley traiciona esos principios: de si la desobediencia civil está justificada, de si hay situaciones límite en las que incluso la resistencia frente a una ley profundamente injusta deja de ser un tabú moral. Ahí empieza realmente la discusión, y ahí empieza también el problema.

Los Derechos Humanos como “esfera de lo indecidible”

A mí me interesa singularmente la teoría de la justicia (hace poco escribí un artículo sobre la cuestión) por su enorme impacto práctico en la conciencia ciudadana acerca de la dignidad y los derechos que, gobierne quien gobierne, nos pertenecen por nuestro propio valor humano, y que sólo disfrutaremos si reivindicamos con uñas y dientes. Educar en derechos es vital para tener derechos, y sin duda los derechos más irrenunciables son los Derechos Humanos, en la medida que protegen los bienes jurídicos (vida, libertad, igualdad…) más valiosos e intrínsecamente ligados a nuestra propia humanidad, consagrando a cada persona como un fin en sí mismo, un sujeto sensible, moral e intelectual, que tiene derecho a desarrollar libremente su personalidad, vivir de acuerdo con su identidad y sus convicciones, y jamás ser denigrado, explotado o mediatizado por otros.

Luigi Ferrajoli califica los Derechos Humanos como una «esfera de lo indecidible», es decir, como un ámbito de poder que habilita a cada individuo a proteger los bienes jurídicos que amparan frente a cualquier mayoría. Ninguna mayoría política puede decidir pisotear la libertad de expresión, el derecho a la educación o la integridad física de un individuo. Primero porque tales bienes constituyen, desde nuestro nacimiento mismo, propiedades que sólo a nosotros nos pertenecen y que nadie está legitimado para arrebatarnos. Y, en segundo lugar, porque no hay democracia sin Derechos Humanos, ya que la negación de cualquiera de ellos condena a la víctima a una situación de sufrimiento, marginación y exclusión que le impide participar políticamente en condiciones de igualdad con el resto de sus conciudadanos, aparte de romper una línea roja esencial (el respeto a la dignidad humana) sin la cual el sacrificio del hombre en los altares de los ídolos más diversos se generaliza rápidamente. La democracia muere y el totalitarismo nace cuando una autoridad política se cree con derecho a sacrificar cual peón de ajedrez a un ser humano en aras de cualquier objetivo. Las atrocidades del nazismo o el Holodomor soviético son dantescas expresiones de tal aberración.

La prioridad del Estado de Derecho

Por eso es vital que el Estado anteponga al programa político de cualquier mayoría el pleno respeto a los Derechos Humanos de cada individuo, sin privilegio o discriminación alguna por razones de raza, sexo, ideología, religión…o cualquier otra diferencia de trato arbitraria. Lo contrario implica una desviación de poder que pervierte lo público y lo convierte en arma arrojadiza que hoy puede servir para pisotear a un conservador y mañana a un progresista, según quien mande. De ahí la necesidad de establecer mecanismos que prevengan el clientelismo, la corrupción, el nepotismo y, en general, el uso de los recursos y potestades del Estado, pagados por todos, para aupar a los amigos del cacique de turno, defenestrar a sus enemigos y, con ello, alimentar al monstruo del despotismo. Aunque no representa, ni mucho menos, la única garantía relevante, un poder judicial independiente es vital para lograr estos objetivos.

Sin esta cultura democrática elemental, la justicia es imposible independientemente de quien gobierne. Y parece que la estamos perdiendo con velocidad alarmante. Os explico: desde siempre me ha gustado opinar sobre aquellos asuntos que me resultan de interés, y suelo hacerlo con lengua afilada y sin casarme con nadie. Tengo predilección por las expresiones provocativas, irreverentes y ácidas. Primero porque suelen llamar la atención y despertar el interés del público mucho más que el lenguaje políticamente correcto, aparte de que hablar a calzón quitado permite apreciar en toda su dimensión la batería de ideas de tu interlocutor y así sacar conclusiones más provechosas. Y segundo porque somos un país tradicionalmente sumiso con la autoridad, y desafiarla metiéndole el dedo en el ojo desde una perspectiva dialéctica es el primer paso para hacerlo en la calle.

La polémica sobre Gaza

En ese marco, hace tres meses escribí en Twitter que la lucha armada de Hamás y Hizbolá, siempre que se dirija contra soldados y colonos armados israelíes, es un arma legítima mientras no concluya la ocupación de ese Estado que no tengo reparo en calificar de genocida. No era, ni de lejos, la opinión más polémica que he expresado en redes sociales a lo largo de los años. Sin embargo, casi de inmediato, una tuitera situada en la órbita más derechista enlazó mi mensaje y, citándolo, exigió públicamente a la universidad en la que trabajo que tomara medidas contra mí. A esa petición se sumaron varias decenas de tuiteros más, en una coreografía ya conocida que mezcla indignación moral, señalamiento personal y una fe casi religiosa en el castigo ejemplar. El episodio me llevó a escribir un artículo en Menéame relatando la discusión y el clima que la rodeó.

Aunque el asunto me llamó la atención, sobre todo porque jamás me había ocurrido nada semejante en mis largos años de mordacidad pública, no le concedí mayor importancia. Más allá de un episodio antiguo, cuando siendo alumno de doctorado fui expulsado de mi universidad por unas críticas al rector —expulsión que posteriormente fue anulada por los tribunales—, nunca había visto traducirse una opinión política en un intento explícito de represalia laboral. Pensé que se trataba de ruido, de una tormenta digital pasajera, y seguí con mi vida académica y pública como si nada.

La crítica a Podemos

Pero hoy me ha vuelto a pasar algo todavía más grave. Opinando sobre las elecciones aragonesas y la atomización de las candidaturas de izquierdas, escribí en un tuit que Podemos se había convertido en una secta. No era una provocación gratuita ni una exageración retórica: lo creo sinceramente. Las sucesivas purgas de anticapitalistas, errejonistas, grupos territoriales y militantes individuales que se atrevieron a discrepar en lo más mínimo del discurso oficial de Pablo Iglesias han acabado transformando al partido en un búnker diezmado. Un espacio cerrado, defensivo, donde todo el mundo repite lo que Iglesias proclama desde Canal Red, muchas veces copiándole incluso la gestualidad, el tono de voz y la pose indignada, como si se tratara de una liturgia más que de un proyecto político. En ese contexto, una figura tan desprestigiada e inidónea como Irene Montero ha sido elevada a número dos de facto —el número uno sigue siendo Iglesias, obviamente— no por méritos políticos ni por liderazgo, sino por sus relaciones familiares. La disciplina cuartelera y la persecución sistemática de toda crítica interna han reducido drásticamente la militancia y la relevancia política de un partido que hoy prefiere mantenerse aislado frente a cualquier voz disidente y conformarse con un tres o cuatro por ciento de los votos antes que asumir el riesgo de abrirse a la sociedad civil.

Ese comentario derivó en una discusión con una defensora a ultranza de Podemos cuya cuenta ronda los veinte mil seguidores. Tras despacharme rápidamente con los habituales calificativos de misógino y machista, me exigió que diera argumentos concretos para criticar a Irene Montero. Los di. Entre otros, señalé su empecinamiento en imponer, dentro de la Ley del Solo Sí es Sí, un tipo penal único que fusiona los antiguos delitos de abuso y agresión sexual, una decisión contraria a toda lógica jurídica y adoptada pese a la existencia de más de veinte informes que advertían del riesgo evidente de excarcelaciones y rebajas de condena para violadores, debido a la menor severidad del nuevo tipo penal en los supuestos más graves. Critiqué también su negativa a reconocer el error una vez que el Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con la unanimidad absoluta de todos sus magistrados, tanto conservadores como progresistas, concluyó que dichas rebajas eran plenamente conformes a Derecho. Aún más impresentable me pareció su rechazo a apoyar la reforma posterior impulsada por el PSOE, que trataba de contener los daños separando de nuevo los distintos delitos de agresión sexual en tipos independientes según su gravedad. Preferir que continúe el goteo de excarcelaciones antes que admitir un error político y jurídico inhabilita a cualquier responsable público que aspire a gobernar algo más que su propio relato.

Lejos de responder a estos argumentos, la usuaria optó por refugiarse en afirmaciones conspiranoicas sobre un supuesto complot universal de todos los jueces habidos y por haber contra Podemos, incluidos, por supuesto, los magistrados progresistas. Y no se quedó ahí. Comenzó a a publicar tuits con mi cara, citando explícitamente a la Universidad de Murcia y exigiendo represalias contra mí por mis opiniones, en una dinámica de señalamiento que volvió a ser respaldada por varias decenas de tuiteros de su misma órbita ideológica.

Libertad de expresión y degradación democrática

Siendo ya el segundo incidente en apenas un trimestre, empiezo a preguntarme con cierta inquietud si nuestra ya de por sí deficiente cultura democrática se ha degradado hasta este punto: hasta el extremo de que, desde sectores ideológicos antagónicos, se considere legítimo pedir represalias contra un trabajador público por sus opiniones políticas. Es decir, por ejercer derechos humanos básicos como la libertad de expresión o la libertad de conciencia. Lo que asoma detrás de estas prácticas es una concepción de las administraciones públicas como feudos ideológicos, espacios donde el afín en pensamiento debe ser promocionado y el disidente purgado, como si el acceso y la permanencia en lo público dependieran de la obediencia doctrinal y no del cumplimiento de la ley.

Ese esquema mental encaja sin fricciones en el pensamiento totalitario, un pensamiento que no es patrimonio exclusivo de los nostálgicos del franquismo, sino que también anida con comodidad en los sectores más cerriles de la izquierda. Cuando se asume que el adversario político no debe ser refutado, sino silenciado; no debatido, sino castigado, lo que se está haciendo es corroer desde dentro los fundamentos mismos del sistema democrático. Es la putrefacción de lo público, la transformación de las instituciones comunes en instrumentos de vendetta ideológica, y el principio de la muerte de la democracia como espacio compartido.

Ojalá se trate solo de dos anécdotas inconexas, de episodios aislados sin mayor trascendencia. Pero cuando se observan las últimas encuestas electorales, con una ultraderecha más fuerte que nunca, el horizonte no invita precisamente al optimismo. Este tipo de comportamientos, procedentes de determinados sectores de la izquierda, unidos a la incomprensible falta de cualidades, de conexión con la calle y de ejemplaridad moral de sus liderazgos, actúan como uno de los combustibles más eficaces para alimentar ese avance.