Una tesis infantil
Hay una premisa implícita en la columna que The Objective ha dedicado a las Ayudas a la Creación del Cómic, firmado por Marcos Ondarra, y conviene enunciarla con claridad antes de discutirla. La premisa es que cuando representantes de un sector se reúnen con la administración que diseña las políticas de ese sector, y cuando alguien relacionado con esos mismos representantes acaban beneficiándose de alguna línea de ayuda promovida por dicha administración, estamos ante un caso de nepotismo. Si esa premisa fuese cierta, habría que abrir simultáneamente expediente a buena parte del sistema institucional español, empezando por la propia prensa que hace la denuncia.
La publicidad institucional, en España, mueve cada año decenas de millones de euros. Se rige por la Ley 29/2005 y por la Ley de Contratos del Sector Público, y se canaliza mediante planes anuales y acuerdos marco que el Estado adjudica a agencias y medios. Un periódico que aspira a recibir parte de ese gasto no se queda en su redacción esperando una llamada providencial —esto lo saben hasta los becarios—. Lo que hacen es reunirse con la administración, presenta tarifas, negocia formatos, justifica audiencias, atiende a los responsables de comunicación de los ministerios, asiste a actos institucionales, mantiene interlocución estable con los gabinetes y participa, a través de su asociación sectorial correspondiente, en las mesas donde se discute el marco normativo del que después dependerá su cuenta de resultados. Esa interlocución es perfectamente legal, perfectamente lógica y, en términos democráticos, perfectamente necesaria. Hablamos del modo ordinario en que un sector profesional se relaciona con el Estado que regula y financia parte de su actividad.
Si trasladamos al ámbito mediático la lógica argumental de la columna sobre el cómic, el resultado sería pintoresco. Habría que sostener que un periódico que mantiene reuniones frecuentes con un ministerio, que comparte fotografías con altos cargos en actos públicos, que ha cubierto con benevolencia algunas de sus iniciativas y que después concurre a campañas de publicidad institucional, está incurriendo en una trama de favoritismo. Habría que sostener, además, que los responsables ministeriales que adjudican esas campañas, conociendo de antemano al medio y a sus directivos, deberían abstenerse por contaminación ambiental. Nadie defiende eso, ni en The Objective ni en ningún otro lugar, y por una razón sencilla. La interlocución estable entre administración y sector regulado no es prueba de irregularidad. Es la condición misma de funcionamiento del sistema.
La denuncia que no es denuncia
Ondarra emplea una y otra vez la palabra «denuncia», y deja caer en el titular que existe una «investigación» en curso, dando a entender que sobre la mesa hay una acción judicial o, cuando menos, un expediente administrativo abierto. Tras ponerme en contacto con el propio Ministerio para comprobarlo, la respuesta es inequívoca, no hay ninguna denuncia formal ni ninguna investigación abierta sobre la directora general ni sobre el comité de evaluación. Lo que existe es una queja firmada por dos autores que no fueron seleccionados en la convocatoria, y que han trasladado al Ministerio su disconformidad con el resultado. Llamar a eso «denuncia», y al trámite ordinario de respuesta a una queja «investigación», es un abuso del lenguaje que, dicho con suavidad, conviene a la tesis del artículo.
Recuerdo, sin ir más lejos, una situación equivalente vivida desde dentro del propio Jot Down. El editor de la casa concurrió dos años consecutivos a las ayudas a la edición con sendos libros de Baltasar Porcel. En la primera convocatoria resultó beneficiario de la ayuda, y en la segunda no. El motivo, según los baremos publicados, era que en la valoración objetiva del autor habían otorgado al mismo Porcel la máxima puntuación un año y la mínima al siguiente. Al mismo autor, dos años seguidos, dos puntuaciones opuestas. La queja se presentó en sus términos formales, y el Ministerio respondió lo que tenía que responder, que el comité de evaluación es independiente y cambia cada año, y que cada convocatoria se valora con su propio jurado. La explicación es prosaica, pero es la verdadera.
En el sistema español de ayudas culturales cada edición es un mundo, los criterios los aplican jurados distintos, y un mismo autor puede recibir dictámenes muy distintos según quién evalúe. Lo que en aquel momento entendimos sin dramatismo —que perder una ayuda no equivale a una conspiración, ni siquiera a una mala decisión, sino simplemente al funcionamiento normal de un sistema con jurados rotatorios— es exactamente lo que la columna de The Objective se niega a entender ahora. Dos autores no seleccionados firman una queja, y la queja se transforma, vía titular, en investigación judicial encubierta. Ese salto, tan barato como eficaz, es el que sostiene todo el andamiaje del artículo. Sin él no hay caso.
Lo que hay detrás
Resulta útil, llegados aquí, situar la columna de Ondarra en su verdadero terreno, que no es el del control administrativo ni el del rigor probatorio sino el de una guerra cultural que The Objective viene librando desde hace tiempo con más entusiasmo que disimulo. La primera convocatoria estatal de Ayudas a la Creación del Cómic introdujo entre sus criterios cláusulas de discriminación positiva orientadas a corregir un desequilibrio histórico bien documentado, y es ahí, y no en otro lugar, donde se origina el malestar editorial que se respira en el texto. La pista la deja el propio articulista, que ya había firmado piezas anteriores con titulares del estilo de «Urtasun indigna a los creadores de cómics al privilegiar a las mujeres en las subvenciones», donde el agravio comparativo no se sostiene en datos sino en un supuesto enfado atribuido a un colectivo difuso de presuntos perjudicados.
El titular del artículo dice así: «Investigan a la directora general del Cómic por beneficiar con ayudas a sus aliadas feministas». ¿Aliadas? No lo explica ni lo intenta. El tufo machista es más que evidente. El reportaje sobre María José Gálvez y Juan Díaz Canales se entiende mucho mejor cuando se lee como tercera entrega de esa misma campaña. La palabra feminista aparece, no por casualidad, marcada con cursiva implícita en cada una de sus apariciones. Los colectivos señalados son aquellos que han impulsado durante años la presencia de mujeres en un sector en el que durante décadas estuvieron marginadas sistemáticamente, y la insinuación constante es que cualquier autora ligada a esos colectivos que reciba una ayuda lo hace por afinidad ideológica, nunca por mérito. La operación retórica es transparente. Lo que se presenta como denuncia de nepotismo es, en realidad, la enésima reescritura de una tesis previa, según la cual cualquier política pública que tenga en cuenta la igualdad de género constituye, por definición, un favoritismo escandaloso. Lo dicho, machismo a secas.
Acusan a Díaz Canales, uno de los autores de cómic más importantes actualmente en toda Europa, vocal del comité de evaluación de las ayudas, de beneficiar a una autora, que según el artículo es amiga porque han coincidido en eventos de cómic y porque pertenecen a un mismo colectivo. La autora, dice en el texto, es «representante política» de Díaz Canales. Lo que quiere decir es que en el comité de evaluación de una orden de subvenciones no puede haber profesionales del sector al que se dirigen las ayudas o que si los hay sus representados no deben presentarse a las ayudas. Un sinsentido absoluto que no exige en ningún otro tipo de convocatoria. Tomo prestada la comparación que hace Fernando Llor en su blog sobre el tema, y que merece mucho la pena leer completo. Imaginen que el representante de la marca de coches X, presidente de la patronal del automóvil, tuviera que hacer que su marca X no se presentara a las subvenciones que el Estado da a la construcción de coches porque ha estado reunido con el ministro del ramo. Y que todas las marcas que estén representadas en esa patronal tampoco pudieran presentarse. Esto no pasa ni en el sector del automóvil ni en el de los supermercados ni en ningún otro.
Quienes hoy se rasgan las vestiduras porque una directora general se reúne con el sector del Cómic son los mismos que durante años no encontraron motivo de escándalo en que las ayudas culturales beneficiaran, una y otra vez, a las mismas redes de siempre, abrumadoramente masculinas, sin que nadie pidiese auditar puntuaciones ni revisar actas. El conflicto de intereses, en aquel modelo, era tan estructural como invisible, sencillamente porque coincidía con el orden establecido. Lo que ahora se denuncia como red clientelar es, en buena medida, la primera vez que esas redes han dejado de ser existir. La columna no defiende la limpieza institucional. Defiende un estatus anterior que la convocatoria de 2025 ha empezado a alterar, y lo hace travistiendo de fiscalización lo que es, sin más, una reacción ideológica. No preocupa la buena gestión de fondos públicos, parecería que busca la caza de brujas del adversario.
Una muy buena Dirección General
Conviene, para terminar, decir algo que en el reportaje no se dice y que cualquiera que conozca mínimamente el funcionamiento de la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura sabe perfectamente. María José Gálvez está haciendo un trabajo notable. Lo está haciendo, además, en condiciones que cualquier alto cargo de cultura reconocería como complicadas, con un sector editorial atravesado por tensiones de mercado, una industria del cómic históricamente desatendida por el Estado, una ley de propiedad intelectual sometida a presiones contradictorias y un ecosistema de pequeñas y medianas editoriales que requiere atención permanente. En ese contexto, su Dirección General se ha caracterizado por hacer exactamente lo que se le pide a una buena gestora pública, que es hablar con todo el mundo.
Y hablar con todo el mundo significa hablar con todo el mundo. Significa sentarse con la Sectorial del Cómic, donde conviven asociaciones profesionales muy diversas, ideológicamente plurales y a menudo enfrentadas entre sí y con el resto del sector del cómic. Significa sentarse con ARCE, la Asociación de Revistas Culturales de España, que agrupa a publicaciones de orientaciones editoriales muy distintas. Significa sentarse con CLABE, la Asociación de Medios de Información, donde está integrado el propio The Objective junto a cabeceras con líneas editoriales diametralmente opuestas, desde grandes grupos hasta nativos digitales de toda inclinación política. Significa atender a editoriales independientes, a librerías, a distribuidores, a traductores, a ilustradores, a guionistas, a festivales y a instituciones autonómicas. La Dirección General que dirige Gálvez ha sostenido esa interlocución con una discreción y una constancia poco habituales, y lo ha hecho documentando reuniones, publicando convocatorias, sometiendo planes a consulta pública y rindiendo cuentas en los foros previstos. Eso se llama transparencia, y se llama trabajo bien hecho.
La paradoja, divertida si no fuese sintomática, es que el medio que ahora denuncia la interlocución entre la directora general y los representantes del cómic forma parte, vía CLABE, de una red de interlocución idéntica con esa misma Dirección General y con el conjunto del Ministerio. Nadie en su sano juicio consideraría que la pertenencia de The Objective a CLABE invalida la capacidad del Ministerio para dialogar con el sector mediático, ni que las reuniones entre asociaciones de medios y altos cargos constituyen, por sí solas, indicios de captura. Lo que se reclama para los demás conviene reclamarlo, antes que nada, para uno mismo. Y lo que se le exige a una directora general que cumple escrupulosamente con su deber de escuchar al sector es, sencillamente, que siga haciéndolo. ¿Renunciará The Objective a los contratos de publicidad de las entidades con las que su director ha mantenido reuniones?
El cómic ha estado abandonado de las políticas públicas durante casi toda su vida. Ahora, por fin, se le está echando cuenta desde el ministerio de Cultura, con los mismos aciertos y errores que para con el resto de sectores culturales. Y sin duda alguna esto es algo a poner en valor, porque ni siempre ha sido así ni todas las administraciones con responsabilidades culturales lo hacen, son muchos ayuntamientos y muchas comunidades autónomas que siguen ignorando al cómic de forma sistemática. Ojalá que estas administraciones copien los aciertos y los errores del Ministerio para con el cómic.
Y ojalá las críticas mediáticas a estas medidas, tan necesarias, nacieran del rigor y el conocimiento, y no de la propaganda y el machismo.
