Cronología de un terremoto nacional
Todo empezó con un informe y una pintada en Murcia capital. La gestión del ayuntamiento venía siendo denunciada por Mario Gómez, vicealcalde de Ciudadanos, apuntando como responsable al alcalde José Ballesta, del PP. A las investigaciones de la UDEF se sumó un informe presentado este febrero por la interventora municipal. Según el mismo se habían cometido irregularidades administrativas en casi toda la contratación pública: fraccionamiento de contratos, adjudicaciones sin motivación, y umbral por encima del legal en contratos menores. Más los 3GB de documentación que el propio Mario Gómez había facilitado a la UDEF, tras denunciar a su propio equipo de gobierno. El desencadenante de esta decisión, según declaró él mismo, fue la pintada insultándole en la puerta de su casa. El PP procedió a querellarse contra él por revelación de secretos, asegurando que todo esto no era sino una artimaña.
Esto había sucedido una semana atrás, y en Murcia sospechaban que anunciaba el fin de la coalición de gobierno, una bomba a punto de detonar, en la capital y en la comunidad autónoma. Además había movimientos en el PSOE nacional, al parecer Pedro Sánchez llevaba tiempo negociando con Ciudadanos.
El miércoles por la mañana (9:30) PSOE y Ciudadanos de Murcia presentaban una moción de censura para sacar del gobierno regional a López Miras (PP). Habían llegado al acuerdo la noche antes. Juntos sumarían mayoría absoluta, y su intención era agotar los dos años que quedan de legislatura con Ana Martínez Vidal (C’s) como presidenta. Además de eso, cinco municipios, incluida la capital, pasarían a alcaldes del PSOE, dado que Ciudadanos ha retirado su apoyo a los actuales ediles del PP.
Pablo Casado reaccionaba (10:30) mostrándose enfadado con Inés Arrimadas, líder de C’s, y acusándola de permitir a los radicales gobernar Murcia. Ciudadanos Madrid dejaba caer (10:45) que el PP no debía seguir decidiendo en la región como si ellos no formaran parte del gobierno, aunque la propia Arrimadas aseguró que no habría una moción de censura similar en el resto de CCAA. Pero Isabel Díaz Ayuso decidió convocar elecciones anticipadas, (11:45 en consejo de gobierno, en prensa a las 12:30) llamando a los madrileños a decidir entre «el socialismo o la libertad». La misma frase que el director de campaña de Donald Trump eligió para las presidenciales 2020, y donde presentaba la opción de Biden como comunismo. La presidenta destituyó además a su vicepresidente Aguado y a todos los consejeros de C’s.
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En relación a la frase «Es ya un clásico en nuestro país, que los tribunales sirvan de solución a los conflictos políticos», me gustaría mostrar mi desacuerdo con el autor, pues no se trata de un conflicto político, sino jurídico y la sede es la apropiada para dirimir este tipo de conflictos. Más allá de la crítica al artículo, en mi opinión, la tendencia actual a separar la actividad política de sus efectos jurídicos es una falacia que pretende trasladar a la gestión pública el famoso «lo que pasa en el campo, se queda en el campo» cuando interesa.
Como cualquier ciudadano de a pie tengo las nociones básicas del funcionamiento de los tres poderes, pero estoy de
acuerdo con el comentario de arriba donde dice que «no se trata de un conflicto político, sino jurídico». Creo que
es evidente, porque cualquier decisión que tome el parlamento menoscaberá, anulará o vanificará los derechos de una
parte de la ciudadania. Siempre ha sido así. Y tienen todo el derecho de recurrir a la justicia por un subjetivo daño
que el poder judicial generalmente sentencia que ha sido una decisión en libertad del Parlamento, uno de los tres
ordenamientos autónomos, o sea que sería una «falacia» querer separar las decisiones políticas de las juridicas. Y esto
pienso que sea un intríngulis que no logro entender como terminará si es que puede terminar. Todas las puertas están
abiertas para hacer aún más complicada la vida en democracia.
Yendo para otras latitudes, y con la benevolencia de MS, sigo con interés la vicisitudes políticas-judiciarias de mi
país, donde se han comprobado las asiduas visitas de un juez de la Corte Suprema al anterior presidente con la fina
lidad de armar un entramado de acusas (hasta ahora, por lo visto verídicas) contra quien lo venció en las últimas
elecciones y actual primer mandatario. No sé si el hecho de que un juez realice «asiduas» visitas a un presidente
sean permitidas, pero pienso que no es ético ni conveniente, y me pregunto quién tiene la potestad de derimir tal
cuestión y aplicar las debidas correcciones o castigo, el Parlamento o el Poder Judicial? Yo pienso que el Parlamento,
ya que es ahí donde nacen todas las leyes y esperando que sus componentes sean objetivos e imparciales. Gracias por
el artículo y el comentario.