He firmado la carta que solicita al rector de la UMU que impida el acto de Vito Quiles previsto para el 9 de noviembre en las instalaciones de la institución (enlace al formulario de firma). Creo que solamente podemos firmarla quienes formamos parte del personal de la UMU, seamos PDI o PTGAS, lo que no impide que cualquiera pueda hacer suyo el argumento, porque la cuestión de fondo desborda con mucho el caso concreto y afecta a lo que una universidad pública es y a lo que decide no ser.
El motivo es simple. En la universidad caben muchísimas cosas, pero todas, a mi entender, requieren un nivel de respetabilidad elemental, tanto desde una perspectiva ética como desde un punto de vista científico e intelectual. No caben, por ejemplo, las pseudociencias ni los estafadores que prometen curarte el cáncer con piedras místicas, aunque haya universidades que, a cambio de unos cientos de euros, les presten instalaciones para perpetrar sus macabras engañifas. Nadie confunde esa negativa con censura: nadie reclama que la homeopatía tenga su aula ni que los terraplanistas dispongan de un salón de actos, y quien lo reclamara sería tomado por lo que es. Ceder el espacio universitario no es un gesto neutro, ya que supone prestar el nombre, la sala y el sello de una institución pública a quien habla desde ella, y la universidad, que no está obligada a ser altavoz de nada, sí está obligada a ser exigente con lo que avala. Y no cabe nadie cuya única aportación al debate público sea la que se desprende de un historial como el que sigue, sin una sola obra, investigación o argumento que lo compense.
Está pendiente de juicio por humillar y ridiculizar a una mujer con una discapacidad intelectual del 75 %, a la que grabó para después publicar la grabación en EDATV; la Fiscalía pide para él dos años de cárcel, y el juez llegó a ordenar su busca y captura, levantada al día siguiente cuando se presentó en el juzgado, ante la imposibilidad de notificarle la apertura del juicio oral. Está procesado por injurias y calumnias contra Rubén Sánchez, a quien vinculó con conductas tan graves como la prostitución de menores y la pederastia. Está imputado por revelación de secretos tras difundir el domicilio de Beatriz Corredor, con fotografías de la vivienda, después del apagón del año pasado, e investigado también por calumnias al difundir el nombre, los apellidos y el rostro de un funcionario del Ministerio de Trabajo al que acusaba de graves delitos, sosteniendo que Yolanda Díaz lo había sacado de la cárcel para darle trabajo en el Ministerio. Está procesado por estafa, pues utilizaba trenes de alta velocidad para recorrer trayectos completos pagando billetes hasta estaciones intermedias, como Albacete, y viajaba además en clases superiores sin disponer del título correspondiente. Y está investigado por coacciones a Sarah Santaolalla, a la que, según su denuncia, siguió desde los estudios de TVE hasta su casa, lo que ha llevado a la Audiencia Provincial de Madrid a prohibirle acercarse a menos de quinientos metros de su domicilio.
El Congreso de los Diputados lo ha sancionado hasta en seis ocasiones por reventar ruedas de prensa de portavoces parlamentarios a base de interrumpirlas sin descanso y por difundir imágenes obtenidas incumpliendo las normas de la Cámara, hasta que en septiembre acabaron retirándole la credencial de forma definitiva, la primera vez que la Cámara aplica esa sanción. Es autor de innumerables bulos difundidos con evidente mala fe: el de la regularización de medio millón de inmigrantes para que voten —no se puede votar sin nacionalidad, y tardarán años en conseguirla—, el de que el Ayuntamiento de Alfafar tiraba a la basura la ropa que la gente donaba para las víctimas de la DANA o el de las dieciséis navajas que, según él, la policía incautó en unos autobuses de manifestantes que iban a Pamplona, cosa que la propia Delegación del Gobierno desmintió. Y es autor de mensajes en X en los que proponía, por ejemplo, «aniquilar» a los «zurdos de mierda», aunque horas después matizara que se refería a aniquilarlos electoralmente.
Conviene detenerse en lo que esa lista no es. No es una colección de opiniones incómodas, ni de posiciones políticas con las que uno discrepa, ni de provocaciones de un polemista con el que se puede o no estar de acuerdo. Es un expediente de procesamientos, imputaciones, sanciones y falsedades documentadas, es decir, de hechos, y los hechos son precisamente la materia con la que trabaja una universidad. Quien quiera defender el acto apelando a la libertad de expresión tendrá que explicar primero por qué esa libertad, que le ampara para decir lo que quiera en su canal, en sus redes o en cualquier sala alquilada, exige además que se la ponga una institución pública a su disposición, y tendrá que explicar también por qué nunca se ha invocado para la vidente, el curandero o el conferenciante que vende pulseras magnéticas.
Por tanto, y a diferencia de muchos otros periodistas ubicados en la derecha —él lo está en la ultraderecha—, que podrán gustar más o menos pero que ejercen su oficio con las reglas mínimas que cualquier oficio exige, Vito Quiles incumple todos y cada uno de los requisitos elementales para que cualquier universidad seria le preste una tribuna —y con ella su nombre— en sus instalaciones.
Perfecta argumentación.