De sombreros, perros y hambre

Entre carteristas, emperadores, funcionarios y verdugos se movía con naturalidad la historia que mi buen amigo Rodrigo de Luis deslizaba no hace mucho en una conversación de sobremesa cuando el azar quiso acordarse del motín de Esquilache. Hablábamos —el plural aquí es injusto— sobre ejemplos curiosos de atajos normativos contra el latrocinio. Miguel Diéguez, tercero en discordia, nos introdujo en materia.

En 1766, cuando en España reinaban el hambre y Carlos III, el pan había alcanzado un precio al que difícilmente se podía hacer frente con el jornal diario medio. Semejante carestía había provocado una situación que hoy los analistas denominarían «de calma tensa» y de la que el pueblo responsabilizaba tanto al aumento de la presión fiscal como a las reformas liberalizadoras que los ministros italianos del rey —que también lo había sido de Nápoles y Sicilia— habían impulsado con objeto de refinanciar la deuda del país tras la costosa Guerra de los Siete Años. La escasez, causa última de cualquier motín de subsistencia, se unía por tanto a la criticada condición extranjera de unos gobernantes que solo necesitaban de un leve tropiezo para encender la chispa de la sublevación. Leopoldo di Gregorio, marqués de Squillace y principal ministro del monarca, sería el encargado de tropezar.

Y lo hizo con ahínco. Su intención, gravemente inoportuna, no era otra que completar la modernización de la villa de Madrid —a la que, como los romanos en La Vida de Brian, había dotado de alumbrado público, pavimento, fosas sépticas y jardines— a través de un bando en el que se imponían a sus habitantes estrictas pautas de vestimenta alla maniera italiana. La apariencia de abuso, en efecto, era insalvable, pero en realidad su finalidad era evitar el anonimato que el embozo propio de la capa española y el chambergo favorecían durante la comisión de delitos mediante el uso obligatorio de capa corta y sombrero de tres picos. Un desmañado atajo normativo contra el latrocinio y otras fechorías que, mediase o no buena fe, quizá no fuese del todo imprudente, pero para unas gentes que culpaban al marqués de Esquilache de la penuria en que se veían sumidas y del terrible crimen de ser italiano, se trataba de la última frontera. Del ataque que justificaba la respuesta e invalidaba sus méritos.

Los altercados, se lo pueden imaginar, despertaron a los vivos, a los muertos y a todos los fantasmas de los Borbones. La ciudad entera se convertía en un pandemónium a medida que la muchedumbre avanzaba por la calle Mayor castizamente vestida exigiendo la reducción del precio de los alimentos básicos, el cese de los ministros italianos y la Guardia Valona y el destierro de Esquilache y de toda su familia. Pero lo verdaderamente relevante, el auténtico caballo de batalla del motín, era la exigencia relativa a la legalización de la capa larga y el sombrero de ala ancha.