En 2007 Richard Ross recibió la beca Guggenheim para desarrollar un proyecto fotográfico que le conduciría de Guantánamo a Siria, de los cuarteles generales del FBI a la Asamblea General de Naciones Unidas, de anodinas salas de juntas a escuelas infantiles, instituciones correccionales, centros de detención e interrogatorio, tribunales o despachos ejecutivos. De estos recorridos se componen sus Arquitecturas de la autoridad, imágenes capaces de trazar un desafiante hilo de Ariadna entre los lugares más inocuos de nuestra vida diaria y aquellos tocados por el secreto y los terrores ocultos, como las celdas de Abu Ghraib o la sala de alguna cárcel de Luisiana donde se ejecutan penas capitales.
Al modo en que lo hacía la célebre The Wire, la serie de David Simon que desde los guetos de Baltimore y sus pequeños tiradores de droga lograba dibujar un mapa de conjunto tras las redes del narcotráfico, el trabajo de Ross se desplaza de los espacios de seguridad y vigilancia a los entornos físicos más cercanos para cuestionar el modo en que estos últimos incorporan las lógicas de la misma autoridad que construye una cárcel de máxima seguridad o un centro de detención ilegal y arbitra su reglamento.
Las conexiones adquieren un especial significado si los territorios fotografiados pertenecen a esas geografías que en la última década han dominado el relato de las políticas de seguridad de Estados Unidos, tan reconocibles en la experiencia digital contemporánea como desconocidas en su realidad más inmediata. A este respecto, uno de los mensajes más poderosos de las fotografías de Ross consiste en su reversibilidad, es decir, en cómo las políticas antiterroristas han globalizado tendencias y espacialidades implementadas durante décadas, en el caso norteamericano, sobre la propia población nacional. Recordemos que tanto en números totales como relativos Estados Unidos lidera, con enorme ventaja, el ranking mundial de personas encarceladas o bajo supervisión correccional. Hablamos de un sistema de prisiones que concentra a 2,3 millones de internos y cuenta con más de 7 millones de personas en libertad provisional o vinculadas a instituciones correccionales (el 3% de los adultos), mientras cada año contabiliza alrededor de 11 millones de registros. En términos comparativos, los 707 presos por cada 100.000 habitantes de EE. UU. empequeñecen a los 467 de Rusia, los 294 de Sudáfrica, los 140 de España o los 124 de China (los datos se pueden consultar en la web del International Centre for Prison Studies).
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El bobby, «policía de barrio», esa pérfida institución con la que a los británicos se la han querido meter doblada pretendiendo hacerles creer que era un amigo al servicio de los ciudadanos. Modelo que se intenta implantar aquí a través de la Valencia comandada por Rita Barberá. ¡Caloreeeeet!
Las normas de «seguridad ciudadana» que recientemente se han aprobado en nuestro país no es sino otra pieza, a nivel mundial, de la utilización represiva del sistema penal, dejando de lado cualquier afan reeducador del ciudadano condenado. Los niveles en España de población reclusa también han aumentado de forma alarmante, en su mayoría por delitos de poca monta que, al llevar aparejado pena de prisión, destierran al individuo de la posibilidad de reinserción social. Distopía? Realidad de la mala, pero realidad.
http://casaquerida.com/2015/04/10/los-a-la-derecha-firmantes/
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