La guerra de Yugurta (II): el escándalo

(Viene de la primera parte)

En el año 112 a. C., la ambición de un solo hombre bastó para provocar una guerra entre dos naciones, Numidia y Roma, cuya estrecha alianza había durado más de un siglo. El rey Yugurta, que contaba por entonces cuarenta y ocho años, había puesto a prueba la paciencia de la opinión pública romana durante la guerra sucesoria de Numidia, mientras el Senado le dejaba hacer y las amistades que había cultivado entre las clases dirigentes lo defendían, sobornos mediante, recordando el distinguido historial militar del númida como oficial auxiliar de las legiones en Hispania. Sin embargo, el ambicioso Yugurta sobrepasó todas las líneas rojas cuando permitió que sus tropas asesinasen a comerciantes italianos durante la ocupación de la ciudad de Cirta, la conquista que supuso su victoria final en el conflicto sucesorio. Este derramamiento de sangre romana originó un clamor popular que exigía inmediato castigo. El Senado, que había tolerado los desmanes de aquel sangriento aliado mientras sus víctimas habían sido númidas, ya no podía continuar haciendo la vista gorda y votó a favor de la declaración de guerra. El anuncio fue aclamado por casi todos en Roma, excepto por aquellos, si es que los hubo, que pudiesen estar temerosos ante la idea de que el conflicto se convirtiese en un tragadero de recursos capaz de desestabilizar la política romana —cosa que terminaría sucediendo— y que además debilitase las defensas en el norte de Italia, donde los bárbaros germánicos estaban causando muy serios problemas.

Pese a lo inconveniente de abrir un frente bélico en África, para los dos máximos titulares del poder en la República, los dos cónsules, la declaración de guerra constituía una gran noticia porque les permitía optar al máximo posible de los honores: una victoria militar.

Los cónsules, sobre todo en época de guerra, tenían un papel decisivo en la República. Si el Senado era el máximo órgano legislativo, donde se debatía y se votaba sobre un amplio rango de asuntos, el poder ejecutivo era compartido por dos cónsules elegidos para gobernar durante un año. El consulado era una institución que había sido perfilada con cuidado durante siglos —por entonces la República ya contaba con cuatrocientos años de antigüedad— y el que los cónsules fuesen elegidos en parejas impedía que el poder ejecutivo quedase en manos de un único individuo (un paralelismo moderno sería, por ejemplo, el mandato simultáneo de dos presidentes en los Estados Unidos). El consulado era el cargo público más codiciado y también el más difícil de obtener, Además de la brevedad del mandato anual, en el siglo II a. C. la ley prohibía de manera explícita que un cónsul pudiese optar a un segundo mandato antes de que hubiesen transcurrido diez años desde el primero, con lo que se evitaba que líderes carismáticos y demagogos pudieran perpetuarse en el poder. Gracias a esa espera de diez años, era muy poco habitual que un hombre consiguiera ocupar dos veces el cargo. Hasta el famoso Publio Cornelio Escipión el Africano tuvo que esperar trece años entre sus dos mandatos consulares. Todavía más raro era que se produjese un tercer mandato; durante el siglo II tal cosa solamente sucedió en dos ocasiones y bajo circunstancias excepcionales.  Un decreto de principios de aquel siglo añadió una nueva dificultad, pues los únicos individuos elegibles para el consulado eran aquellos que habían completado el cursus honorum, una sucesión de cargos públicos ascendentes por los que debía pasar todo político con aspiraciones de llegar a al máximo cargo republicano. El consulado conllevaba tanto prestigio que, aunque los romanos numeraban los años del calendario según el sistema ab urbe condita (esto es, tomando la fecha de fundación de Roma como año primero), lo más habitual era referirse a cada año por los nombres de los cónsules que hubiesen gobernado. El consulado no era muy lucrativo para quienes lo ostentaban, pero tenía otros alicientes. Al terminar su mandato, los cónsules salientes podían convertirse en procónsules o gobernadores de alguna provincia, donde solían engordar sus fortunas personales a base de recaudar impuestos y otros negocios. También se convertían en miembros vitalicios del Senado, donde los antiguos cónsules tenían preferencia a la hora de hablar.