La democracia que no se mira al espejo

1. Introducción

Cuando Alexis de Tocqueville viajó a Estados Unidos en 1831, no trataba de confirmar sus prejuicios, sino de comprender una forma de organización política distinta de la europea. La democracia en América no es un panfleto; es un ejercicio de observación, comparación y análisis. Tocqueville no partió de la certeza de que Europa era superior ni juzgó a Estados Unidos con los ojos de Francia; intentó entenderlo en sus propios términos.

Dos siglos después, Occidente parece haber perdido esa curiosidad. Hoy miramos a China no para tratar de comprenderla, sino para criticarla, confirmar nuestros prejuicios y demostrar que nuestra forma de organizar la sociedad sigue siendo la única válida. Muchos de los artículos que leemos, de los contenidos que circulan por las redes sociales y de los reportajes publicados por los grandes medios parten de esa premisa incuestionable.

La creencia se ha naturalizado hasta tal punto que apenas necesita defenderse: simplemente se presupone. La democracia liberal no es una opción más; es la única digna de ser tenida en cuenta y el sistema desde el que deben juzgarse todos los demás.

Hace un tiempo, esta revista publicó un artículo muy crítico con el sistema político chino. El artículo planteaba preguntas legítimas: es obvio que ningún sistema político es intocable; pero lo obvio, a veces, hay que repetirlo. Y la crítica, para ser honesta, debe ser simétrica, aplicarse con el mismo rigor a todos los sistemas, incluido el «nuestro». Y ahí es donde el análisis occidental suele fallar.

Precisamente por eso propongo ahora el ejercicio contrario: someter a la actual democracia liberal al mismo examen con el que juzgamos a los demás. Para ello, hay que desprenderse del privilegio que Occidente se ha concedido a sí mismo durante siglos: ser el único criterio válido para juzgar a los demás países y civilizaciones. Durante décadas hemos comparado a China con nosotros, utilizando nuestras categorías políticas, nuestra historia y nuestros criterios de legitimidad. La crítica se ha convertido así en un ritual previsible: se enumeran sus carencias, se denuncian sus excesos y se anticipa su fracaso.

Quizá haya llegado el momento de hacer el ejercicio inverso y preguntarnos qué veríamos si observáramos nuestras propias instituciones con la misma exigencia con la que examinamos las suyas.

2. La pregunta clave

Antes de decidir cuál es el mejor sistema político, conviene recuperar una pregunta mucho más básica que, creo, hemos dejado de lado: ¿para qué sirve un gobierno?

Su respuesta exige apartar la mirada de ideologías, preferencias partidistas y grandes discursos morales. Si analizamos la política desde una perspectiva funcional, si nos fijamos en los problemas que resuelve, descubrimos que los gobiernos no surgieron para representar ideas abstractas, sino para satisfacer una necesidad muy concreta: hacer posible la supervivencia y la continuidad de las comunidades humanas.

Toda sociedad, por el simple hecho de existir, se enfrenta a dos grandes riesgos. El primero es externo. Guerras, hambrunas, epidemias, catástrofes naturales o crisis económicas exigen algún grado de coordinación colectiva si una comunidad quiere sobrevivir. Ninguna persona puede afrontar esos desafíos por su cuenta.

La segunda amenaza procede de nosotros mismos. Los seres humanos tendemos al conflicto, competimos por los recursos, buscamos posiciones de poder y, cuando no existen límites compartidos, el abuso acaba imponiéndose. La historia de nuestra especie ofrece ejemplos de sobra (la escena inicial de 2001, de Kubrick, muestra que esto viene incluso de antes).

Por eso existen los gobiernos. Su función más elemental no es encarnar un ideal político concreto, sino reducir la incertidumbre, contener la violencia y establecer unas reglas que permitan transformar el conflicto en una convivencia relativamente estable. Un gobierno es una herramienta que las sociedades han desarrollado para hacer posible la vida en común.

Si esta es la función de un gobierno, entonces cualquier sistema político debería evaluarse de acuerdo con dos criterios: qué resultados obtiene y cómo los obtiene. El eterno dilema entre el fin y los medios.

Un sistema político fracasa cuando no es capaz de asegurar las condiciones materiales que permiten a una sociedad sostenerse y prosperar: seguridad, vivienda, sanidad, educación, infraestructuras y un futuro para sus hijos.

El segundo criterio tiene que ver con la forma de gobernar. La historia demuestra que, cuando una autoridad carece de controles, tiende a expandirse en beneficio propio. Por eso las sociedades han desarrollado leyes e instituciones capaces de contener ese impulso: elecciones, separación de poderes, reglas claras, rendición de cuentas y procedimientos que permitan sustituir pacíficamente a quienes gobiernan.

El problema llega cuando el procedimiento deja de ser un medio para convertirse en un fin en sí mismo; entonces la política se preocupa por preservar las formas, mientras la sociedad se deteriora.

Ningún gobierno existe para garantizar la felicidad perfecta. Su función es mucho más modesta y, precisamente por ello, más importante: gestionar las amenazas externas y la inevitable imperfección de las sociedades humanas. Debe disponer de suficiente fuerza, autoridad y legitimidad para resolver los problemas colectivos, pero también de suficientes límites para impedir que esa misma fuerza acabe volviéndose contra quienes debe proteger.

Desde esta perspectiva, la cuestión ya no es si este sistema es legítimo en abstracto. La verdadera cuestión es otra: la democracia liberal, ¿es capaz de garantizar la supervivencia y el desarrollo de la sociedad y, al mismo tiempo, limitar eficazmente el poder y a quienes lo ejercen?

3. El problema de la democracia procedimental

Occidente suele evaluar los sistemas políticos de forma diferente. Para ello utiliza varias preguntas que funcionan como un test de diagnóstico rápido: ¿Hay elecciones? ¿Hay multipartidismo? ¿Hay separación de poderes? ¿Hay libertad de expresión? ¿Hay prensa libre? Si la respuesta es afirmativa, el sistema es democrático. Si no, es autoritario. No importa el contexto, la historia o la cultura. O los matices.

El test, diseñado no por casualidad por Occidente, es universal. Hay países que lo pasan y países que no.

Las elecciones periódicas, los contrapesos institucionales, la libertad de expresión y la competencia política son conquistas civilizatorias que costaron siglos. Pero se refieren al procedimiento, no al resultado: a cómo se llega al poder, no a qué se hace una vez en él; se pregunta si el ciudadano puede votar, no si su voto sirve para algo.

Esta obsesión por el procedimiento no es nueva: la democracia liberal nació como respuesta al absolutismo. Si el poder ya no podía justificarse por derecho divino, había que justificarlo de otra forma. El voto se convirtió en la principal fuente de legitimidad; el ciudadano, en quien la otorgaba; y las elecciones, en el mecanismo que permitía renovar o retirar ese consentimiento. Todo ello tenía sentido en el siglo XVIII, cuando el desafío era limitar el poder absoluto del monarca. Pero el mundo ha cambiado.

Con el tiempo, el procedimiento ha sustituido al contenido de la política. Cumple su promesa formal —elecciones, partidos, parlamentos— al tiempo que se vacía de su promesa material. Votamos, pero nuestro voto no cambia sustancialmente nuestra vida. Tenemos concejales, diputados y senadores, pero solo representan a su partido, convertido en una empresa que busca maximizar beneficios cada cuatro años. Elegimos gobiernos para que sirvan a los intereses de la ciudadanía, pero esos gobiernos obedecen a otras voces.

En realidad, el ciudadano se ha convertido en un suscriptor. Paga una cuota —sus impuestos y su voto— y recibe un servicio cada vez peor. Es un espectador que cada cuatro años vota al concursante más carismático del talent show (pues las elecciones son eso: un concurso de popularidad).

Y entonces ocurre lo inevitable: la gente deja de votar o vota a quienes prometen romper el sistema. El hastío es un síntoma de que la democracia se ha convertido en un procedimiento vacío en el que las decisiones que realmente afectan a la vida de la gente se toman en despachos, no en parlamentos. Aunque en el día a día se discuta por partidos y políticos como quien discute de fútbol, hemos asumido que un fondo de inversión extranjero pueda decidir el precio de la vivienda de una ciudad.

El problema no es la existencia de procedimientos. El problema es haber identificado con ellos la calidad de un sistema político. Hemos perfeccionado el cómo y hemos descuidado el qué.

Un sistema puede celebrar elecciones, contar con separación de poderes, etcétera y, aun así, ser incapaz de facilitar el acceso a la vivienda, planificar infraestructuras a largo plazo, mantener unos servicios públicos de calidad o proteger sectores estratégicos de inversores extranjeros.

Hoy la democracia es un fin en sí mismo. Y así ha perdido su razón de ser. Votar es un simple acto de fe en un sistema agotado.

4. ¿Quién gobierna realmente?

Llevamos años atrapados en una discusión constante sobre izquierda y derecha. El debate público se ha reducido a una batalla de siglas, líderes y guerras culturales que generan titulares y movilizan pasiones, pero no alteran las estructuras profundas de la sociedad. Esta polarización se sustenta sobre una premisa falsa: que los gobiernos realmente gobiernan y que el voto decide el rumbo de un país.

La realidad es que durante las últimas cuatro décadas el poder ha cambiado de sitio. Todo el engranaje institucional que considerábamos central —parlamentos, sedes de gobierno, prensa…— ha pasado a ser una ficción en la que todavía queremos creer.

El responsable, en buena medida, es el gran capital, que desde los años ochenta se ha extendido hasta devorar gran parte de lo que considerábamos sólido. El capital ya no conoce límites y ha convertido a las democracias de Occidente en sus sirvientes: nosotros, los ciudadanos, somos el menú.

Esta transformación se manifiesta de diferentes maneras e impacta en la vida de los ciudadanos.

En el ámbito de la comunicación, las plataformas tecnológicas, principalmente las de EE. UU., deciden qué información consumen miles de millones de personas y ninguna ley nacional es capaz de contenerlas.

Tras la crisis de 2008, la vivienda dejó de ser un lugar donde vivir para convertirse en un lugar donde invertir. Fondos de inversión como Blackstone o Cerberus entraron en muchos países y convirtieron miles de viviendas en meros activos financieros. Las decisiones sobre el precio de una vivienda comenzaron a tomarse en despachos situados a miles de kilómetros de esos barrios y ahora miles de personas viven en habitaciones de alquiler.

En el trabajo se ha consolidado el fenómeno de los «trabajadores pobres»: gente con trabajo que apenas tiene dinero para vivir. La sanidad pública padece listas de espera de meses, mientras los grandes grupos privados aumentan sus ingresos. La educación se vacía en busca de trabajadores sumisos y surgen cada año universidades privadas que prefieren vender títulos a transmitir conocimiento.

Debido a esta inestabilidad material, la posibilidad de tener hijos —indicador básico de confianza en el futuro— se desploma.

¿Y qué hacen las democracias liberales? Poca cosa. La capacidad de acción de los gobiernos nacionales se ha encogido. Pueden gestionar asuntos simbólicos o de memoria histórica, pero carecen de soberanía sobre las variables macroeconómicas esenciales: están bajo el chantaje de los mercados. No pueden fijar los tipos de interés ni frenar la globalización financiera ni evitar que el capital migre hacia paraísos fiscales.

La fiesta de la democracia es más bien un teatro. Los ciudadanos eligen gobiernos, pero los gobiernos no eligen cómo gobernar; ejecutan lo que deciden «los mercados». La gente cree vivir en democracia, pero al verdadero poder no se lo puede castigar en las urnas. Los gobernantes obedecen a la OTAN, a Washington, a Bruselas o a BlackRock. Y ningún español ha votado a Mark Rutte, Ursula von der Leyen o Larry Fink.

5. China hace preguntas distintas

¿Qué ocurre cuando un sistema político, en lugar de fijarse en el procedimiento, se obsesiona con los resultados?

China no responde a las preguntas que suele formular Occidente porque parte de un marco distinto. No acepta que el procedimiento sea el único criterio para juzgar un sistema político. La pregunta principal no es cómo se llega al poder, sino qué se hace después.

El politólogo Zhang Weiwei resume esta diferencia con claridad. A su juicio, la concepción occidental de la democracia se ha centrado cada vez más en el procedimiento, mientras que el pensamiento político chino concede mayor importancia a los resultados. Lo decisivo no es únicamente el mecanismo de legitimación, sino la capacidad del sistema para mejorar de forma efectiva las condiciones de vida de la población.

Este enfoque se apoya en dos principios que aparecen de forma recurrente en el pensamiento político chino contemporáneo. El primero podría resumirse en una expresión muy conocida en China: «buscar la verdad en los hechos». Las políticas no se consideran correctas por ajustarse a una doctrina previa, sino porque funcionan en la práctica. De ahí el recurso frecuente a proyectos piloto, evaluaciones periódicas y reformas graduales: aquello que produce buenos resultados se amplía; lo que fracasa se modifica o se abandona.

El segundo principio sitúa el bienestar material de la población en el centro de la acción política. La legitimidad del gobierno no depende únicamente de cómo ejerce el poder, sino de su capacidad para mejorar de forma tangible las condiciones de vida de la sociedad. Vivienda, infraestructuras, educación, reducción de la pobreza o desarrollo económico son indicadores del éxito del propio sistema político.

Desde esa lógica pueden entenderse algunas de las grandes prioridades de la China contemporánea. En las últimas décadas, el Estado ha impulsado uno de los mayores programas de vivienda pública del mundo, ha sacado de la pobreza extrema a cientos de millones de personas y ha realizado inversiones masivas en infraestructuras, educación e innovación tecnológica. No se trata de afirmar que el modelo carezca de problemas o contradicciones, sino de comprender que su legitimidad radica en la capacidad de producir este tipo de resultados.

Buena parte de estas políticas solo han sido posibles gracias a una planificación sostenida durante décadas. Los sistemas democráticos también pueden formular estrategias a largo plazo, pero los ciclos electorales, los cambios de gobierno y la lógica de la competencia política hacen mucho más difícil llevarlas a cabo, y cada ejecutivo trata de derribar lo construido por el anterior (la sucesión de leyes educativas en España es un buen ejemplo).

Esta diferencia, una de las diferencias más visibles entre ambos modelos, nos permite volver a la pregunta con la que comenzaba este artículo. Si China padeciera los mismos problemas de vivienda, desindustrialización, adicciones, desigualdad o pérdida de capacidad estratégica que hoy preocupan a muchas democracias occidentales, no dudaríamos en atribuirlos a su sistema político. ¿Por qué nos cuesta tanto aplicar ese mismo criterio y responsabilizar a la democracia liberal de estos problemas?

6. Volvamos a la pregunta fundamental

El diagnóstico está sobre la mesa. Hemos visto cómo Occidente ha confundido el procedimiento con el objetivo, cómo el poder se ha trasladado al capital y cómo China plantea una lógica distinta. Todo este recorrido nos devuelve a la pregunta con la que comenzaba este artículo: ¿para qué sirve un gobierno?

No es una pregunta retórica. Admite una respuesta concreta. Un gobierno sirve para resolver los problemas de la sociedad. Para garantizar que las personas tengan un techo, atención sanitaria, educación, trabajo digno y un futuro en el que puedan confiar. Un gobierno debe permitir que la gente planifique, en lugar de vivir al día; debe impedir que cualquier forma de poder —religiosa, política o económica— se imponga sobre el bienestar de su población. En definitiva, sirve para garantizar la estabilidad y continuidad del grupo, que es la función última de cualquier organización política.

Occidente ha olvidado esa función. Ha terminado identificando la democracia con sus procedimientos y ha perdido de vista su finalidad. La democracia no existe para que haya elecciones; existe para que las personas puedan vivir mejor. Y mientras los problemas se acumulan —vivienda, sanidad, trabajo, natalidad—, la política se convierte en un espectáculo en el que cada vez menos creen.

China, con todas sus limitaciones y contradicciones, ha mantenido una pregunta que Occidente parece haber relegado: ¿qué resultados produce un gobierno?

No hemos llegado al fin de la historia. La nuestra es una forma de organizar la sociedad tan imperfecta y tan criticable como cualquier otra y tenemos la obligación de reconsiderar nuestros propios criterios de evaluación y preguntarnos si existe una alternativa que nos permita una vida mejor.

Durante siglos, Occidente ha querido enseñar al mundo cómo se hacen las cosas. Quizá haya llegado el momento de aceptar que también puede aprender. Porque ninguna civilización puede seguir enseñando si ha dejado de hacerse la pregunta más importante de todas: ¿para qué sirve un gobierno?