En lo que algunos han definido como una invasión, casi seis mil inmigrantes cruzaron esta semana la frontera entre Marruecos y España. La guardia civil se declaró desbordada, y el presidente Sánchez retrasó su viaje a París para viajar a Ceuta, asegurando que defendería «su integridad como parte del país ante cualquier desafío». Esas palabras, y el despliegue del ejército, incluidos los tanques, sugerían el temor a una nueva Marcha Verde, la histórica invasión marroquí del Sáhara español, que terminó con un acuerdo cuyas consecuencias arrastramos hoy. La reclamación de que Ceuta y Melilla pertenecen a Marruecos no es nueva, ni siquiera ha dejado de estar en la agenda de nuestro país vecino. En diciembre del pasado año Saadeddine El Othmani, primer ministro marroquí, defendía que ambas ciudades son tan marroquíes como el Sáhara.
Y es que el Sáhara es un conflicto diplomático que nunca hemos terminado de cerrar. La ministra González Laya ha continuado la tradición de todos sus predecesores, afirmando que la soberanía de este territorio no puede arreglarse bilateralmente entre España y Marruecos, sino en la ONU. La cual tiene desde 1991 una misión de paz, la MINURSO, para celebrar un referéndum en el Sáhara Occidental, empleando el censo español de 1974 y entregando la decisión de qué hacer con su territorio al pueblo saharaui. Es la respuesta histórica al no reconocimiento del Acuerdo Tripartito de Madrid, que cerró la crisis causada por la Marcha Verde y supuso el abandono de las pretensiones españolas sobre su «colonia».
Según un cable secreto de Estados Unidos, Juan Carlos I llegó a considerar la cesión de Melilla para zanjar los problemas con nuestro vecino del sur. Un ejemplo más de un problema que arrastramos desde el siglo XIX, aunque ambas ciudades hayan sido posesiones españolas desde mucho antes. En la actualidad Marruecos se niega a cualquier otra cosa que no sea el reconocimiento internacional del Sáhara como parte de su territorio. Idea a la que une la reclamación de la isla de Perejil, peñón de Vélez de la Gomera, Ceuta, Melilla, y en su interpretación más radical también las Islas Canarias como reivindicación del Gran Marruecos. Si bien esta idea de fondo se usa generalmente como una medida de presión diplomática y política, más que como una amenaza de conquista real.
Si la presión se ha acentuado en los últimos meses, y Marruecos ha hecho finalmente un llamamiento a sus ciudadanos y a los emigrantes africanos en su territorio para cruzar a España, es por una decisión de la ministra de exteriores González Laya, al admitir el ingreso en nuestro país del líder del Frente Polisario (que abandera la liberación del Sáhara de Marruecos), Brahim Gali, de setenta y tres años. El motivo para admitirlo el pasado 22 de abril fue humanitario, se haya en un hospital tratándose de un cáncer digestivo en estado avanzado. Alemania se había negado previamente a acogerlo, así que fue trasladado desde Argelia, pero bajo un nombre falso, y el ministro de Interior, Grande-Marlaska, advirtió a Laya de la crisis diplomática que podía originar. La falsa identidad proporcionada a Gali por el CNI no iba a ser suficiente, por la gran cantidad de informadores que Marruecos tiene en nuestro país. Así fue, su presencia se filtró, y para mayor complicación la Audiencia Nacional ha aprovechado para reabrir una causa contra él por genocidio.
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