‘Argentina, 1985’ y los juicios que vinieron después

La película Argentina, 1985, dirigida por Santiago Mitre y protagonizada por Ricardo Darín —estrenada en cines hace algunas semanas y ya disponible en Amazon Prime—narra el llamado juicio a las Juntas, el proceso judicial que llevó al banquillo de los acusados al exdictador Jorge Rafael Videla y a otros ocho miembros de las fuerzas armadas que gobernaron el país durante la última dictadura cívico-militar, entre 1976 y 1983. Esos hombres fueron los máximos responsables de los crímenes más aberrantes de la historia del país: miles de secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones forzadas, horrores para cuya concreción se utilizó todo el aparato del Estado.

Vemos la película. La disfrutamos. Sin duda nos conmovemos. Nos quedamos con la sensación de que hemos revivido uno de esos escasos capítulos de la historia en que las cosas salieron bien. «El juicio a las Juntas fue la primera vez en la historia universal en que un tribunal civil condenó a una dictadura militar», nos informan los textos del final. Los criminales han recibido penas ejemplares. Van a pasar muchos años en la cárcel. Se ha hecho justicia. Nos quedamos satisfechos.

Pero esos mismos textos añaden: «A pesar de las leyes de impunidad que marcaron los años siguientes, el reclamo de Memoria, Verdad y Justicia no se detuvo». Y también: «Desde la reapertura de los juicios, hay más de mil condenados por delitos de lesa humanidad y cientos de causas continúan siendo juzgadas». ¿A qué «leyes de impunidad» se refieren? ¿Por qué hablan de una «reapertura de juicios»?

Entonces repasamos los años siguientes al juicio a las Juntas y descubrimos un panorama desolador. Para finales de 1990, todos los militares que habían sido condenados ya estaban libres, indultados por el entonces presidente Carlos Menem. ¿Cómo pudo suceder una cosa así? ¿Cómo fue que, en tan solo un lustro, se había escurrido entre los dedos de la sociedad algo que había sido un verdadero triunfo de la democracia? ¿Qué pasó después? Las respuestas a estas preguntas requieren de varios capítulos.

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A la usanza de muchos otros regímenes dictatoriales, poco antes de abandonar el poder, los militares argentinos —en retirada ya desde el desastre de Malvinas, a mediados de 1982— promulgaron una ley de autoamnistía, con el objetivo de volver a los cuarteles y continuar con la vida como si nada hubiera pasado. Pero Raúl Alfonsín ganó las elecciones presidenciales de 1983 con la promesa de juzgar a los miembros de las tres primeras juntas militares que habían gobernado en los años anteriores. Solo cinco días después de asumir su cargo, en diciembre de ese año, Alfonsín firmó el decreto a través del cual ordenaba el juicio. Al menos para los excomandantes, la autoamnistía quedaba sin efecto.