El problema de las redes sociales se llama Youtube. Veremos si Pedro Sánchez se atreve con ella como ha hecho Anika Wells

Durante años, Google ha cultivado una imagen cuidadosamente diseñada de aliado de las familias. Controles parentales, perfiles supervisados, mensajes tranquilizadores sobre bienestar digital. Por eso cuando se ha divulgado que la compañía enviaba correos electrónicos a las cuentas de los menores que se acercaban a los trece años explicándoles, con todo detalle, cómo podían dejar de estar supervisados muchos padres se quedaron estupefactos. No se trataba de una información escondida en un centro de ayuda ni de una nota técnica dirigida solo a los padres: era un mensaje directo al menor, personalizado, que llegaba justo cuando la cuenta “cumplía” la edad de autonomía digital y le presentaba como opción perfectamente legítima abandonar el control familiar.

Hay motivos para indignarse porque esos correos no se limitan a informar de un cambio jurídico abstracto si no que intervienen en una relación entre padres e hijos. Google no informa a la familia de que, a partir de cierta edad, la ley permite una mayor autonomía digital, sino que proporciona detalladamente los pasos para desvincular la cuenta de los menores de la supervisión familiar. El diseño actual de Family Link establece, sobre el papel, que para dejar de estar supervisado antes de los 18 se necesita el consentimiento de los progenitores; sin embargo, la plataforma legitima al menor como sujeto autónomo frente a la autoridad familiar y se presenta a sí misma como árbitro último de cuándo alguien está preparado para navegar sin tutela. Tras la polémica detonada por casos como el de la madre que denunció en LinkedIn el correo recibido por su hijo, la multinacional ha defendido que esos avisos son necesarios para cumplir la ley y ha introducido ajustes de transparencia, pero el episodio dejó claro que el objetivo no es tanto reforzar la supervisión parental como gestionar la transición hacia la emancipación temprana del usuario.

Ese episodio conecta directamente con el debate actual sobre menores y redes sociales, el mismo que ha llevado a Pedro Sánchez a anunciar que prohibirá el acceso a redes sociales a menores de 16 años y que ha convertido a Australia en laboratorio legislativo mundial. España, de momento, está en la fase del anuncio político con un presidente que ha prometido una futura ley que obligue a las plataformas a establecer una edad mínima de 16 años, con sistemas robustos de verificación. El «detalle normativo» aún está por concretar. Australia, en cambio, ha pasado ya del discurso a la arquitectura jurídica, con una ley específica que fija un mínimo de 16 años para usar redes sociales y obliga a las compañías a tomar “medidas razonables” para comprobar la edad de sus usuarios.

El mensaje político es el que todos venimos demandando desde hace tiempo dejando claro que la autorregulación de los tecnofeudalistas es puro markeing. TikTok, Instagram, Snapchat, X, Facebook son las sospechosas habituales del deterioro de la salud mental juvenil y quedan formalmente bajo sospecha y bajo restricción. Sin embargo, el modelo australiano también dejó al descubierto sus límites. Por un lado, desde el punto de vista técnico, las grietas son evidentes: cualquier sistema de verificación de edad ambicioso choca con problemas de privacidad, exclusión y eficacia, desde documentos falsos y cuentas compartidas hasta adultos que facilitan el acceso o adolescentes que recurren a VPN y servicios en otros países. La barrera existe, pero no es un muro, y el propio gobierno australiano ha admitido que la aplicación será imperfecta y dependerá tanto de mecanismos automáticos como de denuncias ciudadanas.

Aun así, el problema más relevante no es técnico, sino conceptual. La ley australiana se centra en lo que denomina “servicios de medios sociales”, es decir, plataformas cuyo propósito principal o significativo es facilitar la interacción social, compartir contenidos y conectar a usuarios entre sí. Sobre el papel, esa definición abarca desde Instagram hasta TikTok o Snapchat. En la práctica, el catálogo inicial dejaba fuera a un actor crucial que no es otro que el bienqueda de YouTube. El gobierno justificó en un primer momento esa exención con el argumento de que YouTube no era exactamente una red social, sino una plataforma de vídeo con fuerte componente educativo. Esa distinción, que podría parecer un matiz jurídico, tenía consecuencias enormes ya que mientras otras plataformas eran señaladas como amenaza y por ello restringidas, el principal intermediario audiovisual quedaba en una zona de excepción institucional en nombre del conocimiento.

La reacción fue inmediata. Expertos, organizaciones de infancia y las propias plataformas rivales subrayaron la contradicción: ¿Cómo es posible que si YouTube comparte rasgos fundamentales con cualquier red social (perfiles, canales, comentarios, suscripciones, recomendaciones algorítmicas) y es uno de los espacios más usados por adolescentes australianos se quede al margen? La idea de que no fuera tratada como red social sonaba menos a descripción neutral de una categoría técnica que a reconocimiento de su prestigio institucional y de su valor percibido como herramienta educativa. El episodio alcanzó su punto álgido cuando Google, propietaria de la gran plataforma de vídeo, llegó a amenazar con demandar al Gobierno si la plataforma perdía su trato especial y en una carta a la ministra de Comunicaciones, la compañía argumentó que incluir YouTube violaría la libertad implícita de comunicación política al impedir que menores de 16 años participaran en debates públicos a través de vídeos y comentarios.

El Gobierno respondió con dureza. La ministra Anika Wells llegó a calificar a Google de “tiburones” y a asegurar que no se dejaría intimidar por amenazas legales, insistiendo en que su obligación era con las familias, no con las tecnológicas. En julio de 2025, el Ejecutivo rectificó la exención inicial y anunció que YouTube sería incluido en la prohibición para menores de 16 años. Por la tanto YouTube pasa a estar sujeto al mismo límite de edad que las demás redes, mientras que YouTube Kids y determinados servicios con finalidad educativa quedan explícitamente excluidos. La amenaza de demanda se ha ido desinflando en lo jurídico ya que no hay indicios de que Google haya presentado una acción al respecto ante el Alto Tribunal, aunque la ley sí afronta recursos por parte de adolescentes y organizaciones que cuestionan su constitucionalidad. En paralelo, YouTube ha comunicado que cumplirá la norma, aunque la considera “extremadamente difícil de aplicar” y ha criticado su eficacia real.

El caso australiano ilustra algo importante que sucede incluso cuando los Estados deciden enfrentarse a las plataformas: el resultado es una negociación permanente, una danza entre amenaza, concesión y renarración de lo que se considera problema legítimo. Hoy, sobre el papel, YouTube es una red social más en la ley australiana pero, en la práctica, su diseño permite un consumo significativo de contenido sin necesidad de cuenta, a través de reproducciones abiertas, incrustaciones en webs y aplicaciones de terceros, lo que dificulta una clausura efectiva comparable a la de otros servicios. La zona gris no es ya tanto jurídica como técnica por lo que aunque formalmente está restringida, la plataforma continúa filtrándose por las rendijas del ecosistema digital juvenil.

Y ahí es donde empieza el verdadero problema porque YouTube no es solo un repositorio de vídeos; se trata de la más extendida máquina algorítmica de recomendación infinita, diseñada para maximizar tiempo de atención, moldear hábitos y organizar el horizonte de lo visible. Es un espacio donde se construyen referentes, se normalizan discursos, se aprenden gestos, códigos y miradas sobre el mundo. Es el sitio donde los adolescentes interiorizan que a los veinticincos años tendrán su primer Ferrari. Las listas de reproducción, los “siguientes vídeos” y los canales recomendados funcionan incansablemente moldeando ideologías y configurando aspiraciones vitales al acompañar a los menores muchas más horas de las que lo hacen sus profesores. Y, sin embargo, YouTube sigue disfrutando de una legitimidad que otras plataformas no tienen: cuando pensamos en ocio tóxico pensamos en TikTok; cuando pensamos en desinformación, en Facebook o X; cuando pensamos en educación digital, aparece el omnipresente Google con la sonrisa inquietante de Mr. Burns.​

YouTube ha respondido a la presión regulatoria con una estrategia inteligentísima. Ha reforzado perfiles supervisados, ha potenciado YouTube Kids, ha limitado funciones para cuentas identificadas como menores (comentarios, listas públicas, anuncios personalizados) y ha desarrollado herramientas pensadas para que padres y docentes se sientan mínimamente seguros. Pero al mismo tiempo mantiene abierta la posibilidad de consumir contenido sin cuenta, sin verificación real, sin control efectivo donde cualquiera puede pulsar un enlace y entrar en una cadena de vídeos que no depende de la edad formal asociada a un perfil. Técnicamente, cerrar esa puerta exigiría alterar el núcleo del modelo de negocio, que se apoya en la accesibilidad inmediata y en la circulación masiva de enlaces incrustados. Políticamente, implicaría asumir que la frontera entre “plataforma de vídeo” y “red social” es irrelevante desde el punto de vista de la protección de la infancia.

El resultado es paradójico. Se anuncian prohibiciones contra “las redes sociales” mientras el principal canal de socialización audiovisual de los menores sigue operando con una normalidad casi intocable. Esa normalidad no es accidental y tiene que ver con el poder institucional y lobista de Google, muy superior al de otras grandes tecnológicas, pero también con la manera en que las propias instituciones han interiorizado su presencia. Google no se presenta como una empresa de ocio sino como una infraestructura global: buscador, correo, mapas, nube educativa, servicios para la administración. YouTube, en ese relato, no es TikTok: es casi una biblioteca audiovisual del siglo XXI, un gran archivo de tutoriales, charlas, documentales y clases magistrales. Esa narrativa ha calado profundamente, también en el sector público y no es casual que cuando se habla de riesgos para la salud mental se mire a Instagram, cuando se habla de bulos se señale a Facebook, y cuando se habla de “educación digital” se pida la opinión de Google.

En el artículo publicado en Jot Down sobre Óscar López y la legitimación de YouTube en las aulas abordé precisamente ese desplazamiento simbólico donde detallé cómo responsables políticos, asesores y comunicadores presentan la entrada de YouTube en el ámbito educativo como algo natural, inevitable, incluso deseable. El argumento suele formularse con cínica naturalidad: los jóvenes ya están ahí, hay que acompañarlos. Pero acompañar no es neutral ya que supone aceptar que una plataforma privada, gobernada por algoritmos opacos y por una lógica de captación de atención, adquiera autoridad pedagógica y se instale como mediadora legítima del aprendizaje, tanto en el aula como en casa. Supone normalizar que buena parte del tiempo de estudio, de la curiosidad espontánea, del refuerzo escolar, dependa de una arquitectura diseñada para maximizar visionados —y a saber que más—, no para garantizar rigor o pluralidad.

Ese es el punto ciego del debate. Mientras Meta o TikTok son percibidas como amenazas externas, Google ha logrado convertirse en socio institucional. Su influencia no se limita a la publicidad o al entretenimiento: atraviesa la educación, la administración pública y el discurso político, desde los programas de competencias digitales hasta los acuerdos marco de servicios en la nube. No necesita enfrentarse a los Estados, su táctica es cooperar con ellos para integrarse y en con ello conseguir la legitimación. El conflicto visible —la amenaza de demanda en Australia, las broncas puntuales por privacidad o competencia— convive con una aceptación de fondo: Google es parte del paisaje, un actor al que no se puede ignorar y al que se invita a co‑diseñar políticas de alfabetización digital o proyectos de “innovación educativa”.

Volviendo al inicio, a esos correos enviados a menores que se acercan a la mayoría de edad digital, la coherencia del cuadro resulta inquietante. Google sabe perfectamente quiénes son sus usuarios futuros y los ve crecer dentro de su ecosistema desde que usan una tableta en primaria hasta que necesitan una cuenta para el instituto. Sabe que la fidelización temprana es clave en un mercado saturado como ya demostró Apple con sus ipads escolares. Sabe que la supervisión parental, en términos de negocio, es a la vez un argumento de marketing (“nos preocupamos por tus hijos”) y un obstáculo que conviene gestionar para no perder usuarios en el salto a la adolescencia. Y, por supuesto, actúa en consecuencia diseñando flujos de transición, comunicaciones y productos que acompañan esa emancipación controlada, reforzando la idea de que, llegado cierto momento, lo natural es soltarse del control familiar y confiar en la plataforma.

El anuncio de Pedro Sánchez va en la buena dirección, en el sentido de reconocer que el problema no se resolverá con códigos de conducta voluntarios, pero corre el riesgo de quedarse corto si no afina el diagnóstico. Prohibir redes sociales a menores puede ser necesario, pero no suficiente. Si el foco se pone solo en Instagram o TikTok, se deja intacto el núcleo del problema ya que YouTube no es percibida como red social, pero socializa; no se presenta en los discursos institucionales como entretenimiento, pero entretiene; no se reconoce oficialmente como actor educativo, pero educa de facto. Una regulación que no se pregunte qué papel juega YouTube en la dieta mediática infantil, en la construcción de referentes y en la circulación de desinformación audiovisual estará legislando sobre la periferia y no sobre el centro.

El peligro no está solo en el acceso de los menores a contenidos inadecuados, que también. Está en la normalización de una plataforma privada como infraestructura cognitiva básica. En aceptar sin discusión que una empresa con intereses comerciales evidentes sea mediadora central del aprendizaje, de la información y del ocio infantil. Google ejerce hoy una influencia institucional mucho más profunda que Facebook o Instagram precisamente porque no necesita ser combatida, sino que es invitada. Ha conseguido presentarse como condición de posibilidad del entorno digital, no como un actor más entre otros

En Australia, el Estado aceptó el coste de decirle que no a Google. Falta por ver si, en España, Pedro Sánchez está dispuesto a hacer algo más que señalar a TikTok mientras YouTube sigue intentando colarse en el aula.