El cadáver en el banquillo

Habrá quien piense que la muerte, por el simple hecho de llegar, introduce una tregua elemental en las guerras de los vivos, una pausa de decoro incluso para los poderosos, pero la historia, que es una disciplina escrita en buena parte por gente rencorosa con recursos, demuestra con frecuencia que ni la tumba garantiza la paz ni el cadáver queda fuera del radio de acción de la política cuando todavía sirve para ajustar cuentas, deshacer legitimidades o escarmentar a los partidarios del difunto. En la Roma de finales del siglo IX, donde el papado funcionaba al mismo tiempo como institución sagrada, campo de batalla faccioso y teatro de ambiciones apenas disimuladas por las misas, se decidió que un papa muerto podía seguir resultando demasiado molesto para dejarlo quieto bajo tierra, y así el cuerpo de Formoso fue exhumado, vestido con sus ornamentos y sentado en un tribunal en 897 para responder por delitos canónicos y políticos en una escena cuya desmesura parece inventada por un satírico particularmente blasfemo, aunque fue real y bastante más reveladora de lo que su apariencia grotesca podría hacer pensar. Aquel Sínodo del Cadáver, con su mezcla de ceremonia, saña y delirio jurídico, dejó una enseñanza duradera, que el poder raras veces se conforma con vencer a un hombre en vida y suele aspirar también a gobernar el sentido de su muerte, porque hay enemigos a los que se quiere expulsar no solo del presente, sino además del pasado.

El proceso, por lo demás, tuvo la minuciosidad ceremoniosa de las infamias que quieren parecer legales y por eso mismo necesitan acumular gestos, símbolos y formalidades hasta convertir el abuso en liturgia. Formoso, que había muerto en abril de 896, fue desenterrado unos meses después, revestido con las insignias pontificias y sentado en un trono en la basílica lateranense para escuchar las acusaciones de quienes, en vida, no habían logrado borrar del todo su autoridad, mientras un diácono respondía en su nombre con esa mezcla de servidumbre y absurdo que vuelve tan memorables ciertos episodios de la historia eclesiástica. Se le imputaban perjurio, ambición ilícita y haber ocupado la sede romana de manera contraria al derecho canónico, cargos que en apariencia remitían a escrúpulos jurídicos, pero que en realidad expresaban la lucha feroz entre facciones romanas y la voluntad del nuevo pontífice, Esteban VI, de liquidar retrospectivamente la línea política de su predecesor. La sentencia fue la esperable, aunque la ejecución del castigo añadió un detalle de crueldad casi pedagógica, porque al cadáver se le arrancaron los ornamentos, se le amputaron los tres dedos con los que impartía la bendición y se declararon nulos sus actos como papa, con la intención de convertir aquel cuerpo exhausto en un soporte infamante sobre el que los vencedores pudieran fijar una nueva versión de la legitimidad. Después vendrían nuevas humillaciones, un entierro indigno, la exhumación otra vez y, según las fuentes, el arrojamiento del cuerpo al Tíber, como si Roma hubiera querido librarse físicamente de una memoria que seguía resultando incómoda aun cuando ya solo podía oler a tumba.

Lo que se castiga en estos casos, naturalmente, no es al muerto, que a esas alturas ya ha escapado de la jurisdicción terrestre y de todas sus variantes eclesiásticas, civiles o teatrales, sino a lo que sigue adherido a él con la tenacidad de una sombra, que es su nombre, su estela, la legitimidad que encarnó, la red de afectos y obediencias que dejó detrás, en definitiva esa supervivencia simbólica que a menudo resulta más irritante para los vencedores que la presencia física del enemigo. El cadáver, expuesto, ultrajado, exhumado o sometido a procedimiento, deja de ser un simple resto humano y pasa a convertirse en el lugar donde el poder exhibe su moraleja. Por eso el gesto de sentar a Formoso en un tribunal o de anular sus actos no pertenece solo al repertorio de la extravagancia medieval, sino a una lógica mucho más amplia y persistente, la de desacreditar públicamente el pasado de quienes han caído en desgracia, una práctica que en la tradición romana recibió después el nombre de damnatio memoriae y que perseguía precisamente eso, alterar la posteridad de un individuo mediante sanciones sobre sus imágenes, sus nombres o su legado.

Hay, además, una crueldad muy particular en este tipo de castigo, porque ni siquiera aspira a la simple destrucción, que sería una forma tosca pero comprensible de violencia, sino a algo más fino y quizá más siniestro, que consiste en domesticar el recuerdo ajeno para que trabaje a favor de quienes mandan. El muerto ya no puede defenderse, rectificar, pactar, huir ni dar su versión de los hechos, de manera que se vuelve ideal para la pedagogía de los vencedores, siempre tan interesados en presentar sus ajustes de cuentas como restauraciones morales del orden. De ahí que el juicio póstumo, el desentierro infamante o la mutilación ritual del cuerpo no deban leerse como excentricidades arqueológicas, sino como maniobras de control sobre la memoria colectiva que buscan advertir a los vivos y gobernar a los venideros, dejando claro que el poder auténtico no se limita a castigar conductas y siempre acaba aspirando a intervenir también en la posteridad.

Más sobrio en las formas, aunque no menos revelador en el fondo, fue el caso de John Wycliffe, que tuvo el dudoso privilegio de seguir resultando ofensivo cuarenta y tantos años después de muerto. Teólogo inglés, traductor de la Biblia y precursor bastante incómodo de futuras herejías para el gusto de Roma, Wycliffe había fallecido en 1384, pero sus ideas siguieron circulando con esa persistencia desagradable que tienen los pensamientos cuando han encontrado discípulos, lectores y enemigos suficientemente nerviosos. El Concilio de Constanza examinó sus enseñanzas en 1415 dentro de una operación más amplia de disciplinamiento doctrinal y, años después, la condena se prolongó hasta sus huesos, que fueron desenterrados en Lutterworth, quemados y arrojados al cercano río Swift, en un gesto que perseguía algo más ambicioso que la profanación, porque no se trataba de castigar un cuerpo ya inerte, sino de impedir que la tumba se volviera reliquia, de borrar físicamente la posibilidad de una descendencia simbólica, de recordar a los vivos que ciertas palabras pueden seguir pareciendo subversivas incluso cuando quien las pronunció lleva décadas reducido a polvo.

Todavía más aparatosa, ya en plena modernidad inglesa y con el añadido de esa teatralidad vengativa tan propia de las restauraciones políticas, fue la suerte del cadáver de Oliver Cromwell. Muerto en 1658 y depositado con honores en Westminster Abbey, Cromwell apenas disfrutó del prestigio funerario que corresponde a los vencedores, porque la restauración monárquica se encargó enseguida de demostrar que también los entierros pueden revocarse cuando cambia la música del poder y vuelve a sonar, con toda su pompa vengativa, la partitura de los legitimistas. Regresó Carlos II, regresó con él la necesidad de purgar retrospectivamente la anomalía republicana, y el cuerpo de quien había gobernado Inglaterra dejó de ser el de un jefe de Estado difunto para convertirse en una pieza de utilería en la ceremonia del desquite. La Cámara de los Comunes ordenó exhumar los restos de Cromwell, Henry Ireton y John Bradshaw, y el 30 de enero de 1661, en una fecha escogida con esa crueldad minuciosa que tanto gusta a los regímenes cuando quieren escribir su rencor con letra grande, los llevaron a Tyburn para colgarlos envueltos en sus sudarios, enterrarlos después bajo la horca y exhibir sus cabezas en Westminster Hall, donde el escarmiento adquiría al mismo tiempo forma de espectáculo, de advertencia y de reescritura histórica, como si la monarquía necesitara asegurarse, ante todo el mundo y ante sus propios fantasmas, de que al regicida había que matarlo otra vez. Hay aquí una diferencia de temperatura respecto al caso de Formoso y de Wycliffe, porque en la Inglaterra de la Restauración ya no comparece el cadáver ante un tribunal ni se le discute su ortodoxia, sino que se le somete a una ejecución retrospectiva con fines de propaganda, una representación de justicia diferida que necesitaba mostrar que el cuerpo del regicida, aun corrompido y quizá ya ni siquiera identificable con certeza, seguía siendo útil para la escenografía del poder.

El reverso de esta operación, menos frecuente y por eso mismo quizá más interesante, aparece cuando el poder decide que un muerto conviene más rehabilitado que perseguido, más limpio que infame, y empieza a devolverlo al circuito de los honores porque su memoria, de pronto, ha dejado de ser un estorbo y pasa a convertirse en una pieza útil del nuevo relato. Ahí aparece Juana de Arco. Quemada en Ruan en 1431 bajo una condena por herejía que tenía bastante menos de celo doctrinal que de ajuste político, porque al hundirla a ella se procuraba enturbiar de paso la legitimidad de Carlos VII, cuyo ascenso había quedado inseparablemente ligado a aquella muchacha visionaria y armada, Juana pasó en apenas unas décadas de amenaza espiritual y problema judicial a figura recuperable del nuevo decorado francés. Cambiaron las fuerzas, se alteró la temperatura del reino, variaron también las conveniencias de las instituciones, y lo que en un momento había sido presentado como el castigo debido a una exaltada sospechosa empezó a parecer un error rentable de corregir, una mancha que convenía retirar del expediente. Calixto III autorizó la revisión del caso, el llamado juicio de rehabilitación se abrió en 1455 y al año siguiente la sentencia fue anulada, con la solemnidad propia de esos arrepentimientos oficiales que no nacen tanto de un súbito amor a la justicia como de la necesidad de recolocar el pasado para que encaje mejor con el presente. Lo interesante no está, por tanto, en imaginar una verdad pura que por fin se abre camino entre las ruinas del tiempo, sino en observar cómo la memoria de Juana, aun sin cuerpo que profanar ni huesos que pasear en procesión infame, siguió siendo terreno de disputa, materia política, propiedad codiciada por poderes que habían comprendido perfectamente que ciertos muertos no dejan de actuar cuando mueren, sino que empiezan entonces una segunda vida, más abstracta y a menudo más eficaz, en la que ya no combaten con espada ni con voz, sino con el incómodo prestigio de lo que representan.

Visto en conjunto, todo este pequeño museo de infamias póstumas dice menos sobre los muertos que sobre la ansiedad de los vivos, sobre esa incapacidad del poder para aceptar que hay derrotas que no se corrigen ni con decretos, ni con concilios, ni con horcas simbólicas, ni con rehabilitaciones tardías dictadas cuando ya conviene admirar al mismo cuerpo que antes se quiso borrar. El cadáver juzgado, exhumado, quemado o absuelto deja de ser un resto humano y se convierte en una superficie sobre la que una época escribe sus miedos, sus venganzas y sus necesidades de legitimación, de manera que cada uno de estos episodios, desde Formoso hasta Juana de Arco, habla en el fondo de la misma obsesión, la de mandar también sobre la posteridad, la de decidir qué memoria merece conservarse y cuál debe pudrirse con oprobio. Hay en ello una lección bastante triste y bastante durable, porque cuando una sociedad siente la necesidad de procesar a sus muertos confiesa, sin querer, que todavía no ha logrado derrotarlos del todo.