Lo advierte el Reuters Institute, especializado en investigación sobre periodismo: los lectores están más que hartos de oír hablar del coronavirus. Tanto es así que cae el número de visitas a medios y su confianza en los mismos. Ahora solo el 36 % de los españoles se fía de lo que dicen las noticias. Ocurre aquí y en el resto del mundo, y la pérdida de lectores alcanza tal magnitud que grandes cabeceras como The Washington Post han inaugurado secciones con historias de personas que se sobreponen y adaptan su vida a la pandemia. Contradiciendo así la primera norma del periodismo, que las buenas noticias no son noticias. Con estos datos sobre la mesa la pregunta no es solo de qué tenemos que hablar, sino si la enfermedad nos está haciendo pasar por alto lo que sucede en el resto de ámbitos de la sociedad.
El gobierno acelera, o lo intenta
Esta estaba siendo la legislatura de la inacción. Ni cambios en la ley mordaza, ni derogación o cambios en la reforma laboral, ni el resto de promesas se habían concretado. La oposición parecía acertar al decir que la gran coalición de la investidura no funcionaba. Pero ha habido un acelerón, que comenzó con el anteproyecto de la ley de memoria democrática y sus once puntos fundamentales. Fue el arranque de un mensaje nuevo por parte de la coalición de gobierno, que parece dispuesta a arrancar un proyecto legislativo cada semana. Además de para reconciliarse con el pasado, para arreglar el presente.
Esta semana ha tocado la ley para la regularización del teletrabajo, que sí parece responder a una necesidad actual, pero que tiene poca trascendencia. Regula un acuerdo voluntario y reversible entre trabajador y empresario, y excluye a quienes ya estén teletrabajando. Que es tanto como decir que no está hecha para la pandemia. Cabe pensar que beneficia a los trabajadores, al haber sido criticada por el presidente de la CEOE, que ya amenazaba: si se regula el teletrabajo contratarán fuera de España, que es más barato. Exageraciones de Garamendi: eso ya se practica, igual que contratar falsos autónomos para abaratar costes.
Algo que podría cambiar a raíz de una sentencia del Tribunal Supremo a favor de un repartidor de Glovo, y suponer una reforma más radical que la del gobierno. Reconoce que los repartidores no son profesionales libres, lo que en teoría aplica a todo el colectivo, incluidos Uber, y tantas otras empresas tecnológicas. Que ya han visto dictámenes judiciales similares en Francia o California, a la que ahora intenta seguir Nueva York.
Este artículo de nuestro archivo está completo para lectores registrados. Registrarse es gratis y solo lleva un minuto.
El futuro esta en las administraciones y los gobernantes de no permitir a grandes multinacionales a destrozar un sector o mercado para poder monopolizarlo. Cada vez las pequeñas empresas le cuesta mas a mantenerse en pie…