La vuelta al cole que no te cuentan: mochilas nuevas, calor de siempre

Como cada septiembre, los telediarios se llenan de imágenes de mochilas nuevas, de madres comparando precios de cuadernos y de gráficas que repiten el mismo mantra: el gasto medio por alumno ha subido otro año más. La OCU cifra en más de 500 euros la vuelta al cole, un 18 % más que en cursos anteriores. Las emisoras de radio también se suben al barco de la inauguración del curso escolar, acuden a las aulas y hablan con los padres sobre la subida de los uniformes, los libros de texto que no se pueden heredar y el esfuerzo que supone llenar una mochila que, antes de empezar, ya pesa en la economía familiar. La prensa reproduce el mismo ritual, con reportajes fotográficos de niños entrando en fila a clase, entrevistas a libreros que confirman el repunte de ventas y artículos que convierten en dato lo que para muchas familias es un desvelo cotidiano.

Sin embargo, hay un elemento que casi nunca aparece en este coro mediático: el calor. Un calor impropio de septiembre que convierte las aulas en hornos, con termómetros que marcan treinta grados a primera hora de la mañana y alumnos que aprenden a soportar la jornada como un ejercicio de resistencia física. Se habla del precio de los libros, del uniforme, del gasto acumulado en material escolar, pero se evita mencionar que, mientras tanto, los niños estudian en condiciones térmicas que harían imposible cualquier reunión de trabajo de un adulto. Y aquí surge la pregunta incómoda: ¿por qué en las consejerías de Educación hay aire acondicionado y en las aulas no? La respuesta, aunque tentadora, no es tan simple como señalar la hipocresía del político que disfruta de su despacho refrigerado. No se trata solo de voluntad política o de indiferencia: el problema es más complejo, y es precisamente esa complejidad la que permite que se prolongue el absurdo.

Es verdad que climatizar los 14.000 colegios públicos de España con aparatos de aire acondicionado tendría un coste energético muy elevado: un split de 3,5 kW puede rondar los 500 kWh por curso si se utiliza únicamente durante las semanas de calor más intenso, unas dos o tres horas al día en los meses de septiembre y junio y durante las olas de calor de mayo u octubre. Extrapolado a las cerca de 300.000 aulas del sistema público, la cifra alcanzaría en torno a 150 millones de kWh anuales, lo que equivale al consumo eléctrico de unos 40.000 hogares medios. En un sistema eléctrico ya tensionado en verano, ese gasto no es un detalle menor. Y también es cierto que no todos los colegios sufren por igual: en zonas rurales, con más masa térmica y menos isla de calor, las aulas pueden mantenerse soportables con ventiladores de techo, toldos o sombras naturales, mientras que en los centros urbanos la temperatura roza lo insoportable. Aceptar esos datos, sin embargo, no elimina la incongruencia. Lo que la agrava es la ausencia de planificación: se invierte en soluciones tecnológicas vistosas —pizarras electrónicas, paneles fotovoltaicos— mientras se posterga lo que, siendo menos fotogénico, es más urgente para la vida cotidiana de los alumnos. Que las pizarras se financien con partidas específicas de planes estatales o europeos y que los paneles solares permitan generar excedentes para futuras baterías son matices administrativos ciertos, pero irrelevantes para quien tiene que sentarse seis horas en un aula a 30 grados. La política se parapeta en la ingeniería presupuestaria para justificar decisiones que, vistas desde el pupitre, carecen de sentido.