Mirar el abismo: cuando el dolor pide silencio y la libertad exige palabras

Este no es un alegato a favor de la publicación de El odio, de Luisgé Martín, apoyado en el socorrido recurso de citar obras canónicas de la historia del arte o la literatura. No intentaré revestir de legitimidad estética lo que, en su esencia, es una pregunta mucho más incómoda: ¿tiene una sociedad el derecho —o incluso el deber— de enfrentarse al mal en estado bruto, sin filtros ni anestesia?

Vivimos tiempos en los que la censura ya no se impone a golpe de decreto, sino bajo la forma más insidiosa del paternalismo moral. Se la disfraza de compasión, de respeto a las víctimas, de sensibilidad institucional. Me pregunto si esa “sensibilidad” no es otra cosa que miedo: miedo a lo que ciertas obras podrían revelar sobre nuestra condición, sobre nuestros límites, sobre el vacío que se asoma cuando dejamos de mirar desde la comodidad de lo soportable y nos adentramos en el territorio de lo insoportable.

La literatura no es un acto de indulgencia; es un campo de batalla donde las palabras abren heridas y, a veces, las cierran. No hay lectura inocente, como no hay pensamiento inofensivo. El odio reconstruye el asesinato de Ruth y José, dos niños de seis y dos años, a manos de su padre. Lo hace desde una perspectiva radical: la mente del asesino, explorada por el autor a través de un intercambio directo. La madre de los niños, Ruth Ortiz, ha solicitado la paralización del libro, y la editorial Anagrama ha suspendido temporalmente su distribución mientras valora las posibles consecuencias legales. Así, el libro queda en vilo, suspendido no por el juicio crítico del lector, sino por un eventual veto legal, social o emocional.

Desde la empatía más absoluta hacia Ruth Ortiz, cuya pérdida no admite comparación posible ni consuelo alguno, conviene trazar una distinción fundamental. Una cosa es el lugar del duelo. Otra, el lugar del derecho. Comprendo su petición de detener la publicación del libro; en su situación, probablemente habría hecho lo mismo. Pero precisamente por ser ella una de las víctimas directas de este crimen atroz, su voz —aunque dolorosamente legítima en el plano humano— no puede ser la voz que determine los límites de lo decible en el espacio público. El dolor no puede ser criterio jurídico. Ser víctima otorga muchas cosas: dignidad, respeto, reparación. Pero no confiere la prerrogativa de censurar la mirada del otro.

La literatura, por definición, se sitúa fuera del pacto emocional entre los implicados. No escribe desde la herida, sino desde la interrogación. Y esa interrogación, para ser ética, tiene que ser libre. Ojalá existiera un libro capaz de aliviar el sufrimiento de Ruth Ortiz, pero ese libro no puede existir. De la misma manera, tampoco imagino que exista un libro que pueda incrementar su dolor. Pero aun asumiendo que las palabras ajenas pudieran reabrir el sufrimiento de esta madre (tarea que como digo considero imposible), no es función del derecho intervenir en ese territorio subjetivo. La justicia no debe protegernos del impacto emocional de una obra, sino garantizar que ese impacto no se convierta en coartada para silenciarla.

Quiero resaltar, antes de que se me juzque, que decir que Ruth Ortiz no es la persona adecuada para decidir sobre la existencia o distribución de este libro no es una falta de respeto. Es, paradójicamente, una forma de preservar el valor absoluto de su duelo, sin convertirlo en herramienta legislativa o en argumento moral universal. Si el derecho se dictara desde el corazón desgarrado de una víctima, deberíamos asumir también que podría reclamar, como acto de justicia, la venganza. Y sin embargo —y por fortuna—, la democracia se edifica precisamente sobre la renuncia a esa lógica del castigo visceral.

En el plano jurídico, el artículo 20 de la Constitución Española reconoce el derecho a la libertad de expresión, incluyendo la creación literaria y artística. Este derecho encuentra un reflejo en el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, cuya interpretación por parte del Tribunal Europeo ha sido inequívoca: la libertad de expresión protege también aquellas ideas que ofenden, perturban o hieren. De hecho, esa es su prueba más clara de autenticidad. Proteger solo lo que no incomoda no es proteger la libertad, sino sustituirla por una caricatura amable de sí misma. Ahora bien, esa libertad de expresión —como recuerda el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos— no es absoluta. Puede encontrar límites cuando colisiona con otros derechos fundamentales, como el honor, la intimidad o la propia imagen. La madre de los niños asesinados tiene derecho a que su duelo no sea explotado de forma morbosa ni degradada su intimidad, y el hijo, aunque fallecido, conserva a través de sus allegados el derecho al honor, que impide que su figura sea objeto de descrédito, banalización o escarnio público. Sin embargo, esos derechos tampoco son absolutos, y su protección no exige la supresión de toda obra que aluda a ellos, sino solo de aquellas que los lesionen de manera injustificada y desproporcionada. Mientras una obra literaria no distorsione la verdad con ánimo vejatorio, y sobre todo, no construya un discurso apologético del asesino —es decir, mientras no glorifique el mal ni trivialice el dolor—, no puede considerarse que vulnere la legalidad vigente. El derecho debe proteger a las personas de la injusticia, no del dolor. Solo cuando el ejercicio creativo se convierte en una forma encubierta de violencia, el Estado tiene el deber de intervenir. Hasta entonces, la literatura sigue siendo un espacio de interrogación legítima. Y necesaria.

Restringir el discurso porque perturba es consagrar el derecho a no ser perturbado, y eso no figura en ninguna constitución democrática. Lo que sí figura es la garantía de poder decir, escribir, representar y leer lo que desafía el consenso, lo que escuece. Y la literatura, precisamente por su capacidad de ahondar en los pliegues oscuros del alma humana, es uno de los últimos bastiones de esa libertad incómoda.

Hay aquí, además, una dimensión ética de gran calado. Cuando el Estado, la justicia o el mercado editorial deciden qué relatos pueden circular y cuáles deben ser silenciados, no están protegiendo a las víctimas: están infantilizando a la ciudadanía. Le están diciendo: “No eres capaz de procesar esto. No confío en tu juicio. Necesitas que alguien decida por ti”. Eso es una tutela moral que roza el autoritarismo cultural.

Como advertía John Stuart Mill en Sobre la libertad, suprimir una idea —por errónea, repugnante o peligrosa que nos parezca— es impedirle ser refutada. Y una idea no refutada es un dogma. La censura convierte a las sociedades en comunidades sin músculo crítico, incapaces de distinguir entre la denuncia y la celebración, entre el análisis y la apología. ¿Desde cuándo leer sobre un asesino convierte al lector en defensor del asesino? ¿No es más bien la ignorancia lo que nos desarma frente al mal?

La verdadera pregunta no es si El odio duele —claro que duele—, sino si estamos dispuestos a seguir educando a nuestros hijos en el miedo a las palabras, o si preferimos enseñarles a enfrentarlas, a debatirlas, a someterlas a escrutinio. Enseñarles a rebatir también las palabras del padre. Del monstruo. Porque lo que está en juego aquí no es un libro. Es el estatuto de la libertad en el siglo XXI.

Prohíban, mutilen, arranquen palabras. La literatura encontrará nuevas grietas por donde colarse. Porque la literatura, como el pensamiento libre, no necesita permiso. Solo necesita espacio. Y un lector con el coraje suficiente para leer sin temblar. O temblando.